jueves, 23 de febrero de 2017

Caso Alberta y Teresa

Este es un análisis que hice en 2013 para Equis sobre el Recurso de Apelación 2/2010 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Alberta y Teresa, quienes fueron acusadas de secuestro de AFIs. 
Consideré de interés subirlo aquí, aunque sea algo muy cortito (por el formato solicitado), pues el día de ayer, después de ONCE años, Alberta, Teresa y Jacinta recibieron el perdón de la PGR por estos hechos. 
Acá un video.

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE. 


HECHOS
El 26 de marzo de 2006, alrededor de 20 agentes de la Agencia Federal de Investigación realizan una inspección de narcomenudeo en el tianguis de Santiago de Mexquititlán, Municipio de Amealco en Querétaro. Durante la inspección, encuentran en diversos puestos discos apócrifos que recogen pues, como declaran más adelante, está dentro de sus facultades. En uno de los locales se encuentran además de discos “piratas”, paquetes presuntamente de cocaína, por lo que se procede a detener a las mujeres que se encontraban en el puesto. En seguida hombres, mujeres y niños de la población cierran el paso a los agentes para impedir que se lleven a las mujeres.
Según las declaraciones de los agentes, éstos fueron privados de su libertad por los pobladores instigados por dos mujeres, A y T. Declaran que durante dos horas fueron retenidos hasta que se les indicó que debían pagar un rescate para que los dejaran ir, como garantía debía quedarse retenido uno de los agentes y los demás debían ir a conseguir una suma determinada de dinero. Los pobladores advirtieron, según los agentes, que de no pagarse esa suma, se lincharía y quemaría al agente retenido. Después de unas horas, los agentes lograron reunir dicha suma de dinero entre ellos y con otros agentes locales y federales que contactaron en el municipio queretano. Antes de que venciera el plazo, se presentaron a pagar “el rescate” y los pobladores se repartieron el dinero dejando en libertad al agente retenido. Los agentes señalan como responsables a dos mujeres, A y T, quienes además eran las mismas mujeres del local en donde se habían encontrado los paquetes de cocaína.

SUMARIO
Se trata del caso de dos mujeres indígenas otomíes de la comunidad de Santiago de Mexquititlán en el estado de Querétaro. Una de ellas con un local en un tianguis, la otra niega tener un puesto en ese mercado. En marzo de 2006, agentes de la Agencia Federal de Investigación realizan una inspección de los locales del tianguis en dicha población. Presuntamente, los agentes no portaban uniformes ni gafetes ni utilizaban autos oficiales. Se incautaron discos apócrifos que encontraron en los locales y se encontraron en uno de ellos paquetes con polvo blanco que después identifican como cocaína. Proceden a detener a una mujer que estaba en el local y el pueblo les impide la salida.
Los agentes presentan una denuncia por secuestro, delito contra servidores públicos y delitos contra la salud por posesión de cocaína. Se aprehende a dos mujeres A y T por su presunta responsabilidad en tales delitos. El 19 de enero de 2009 se dicta sentencia en donde se les encuentra culpables, sin embargo el 7 de abril del mismo año se revoca ésta y se ordena reponer el procedimiento. El 19 de febrero de 2010 se dicta sentencia condenatoria por parte del Juez de Distrito pues encuentra que A y T son culpables de los delitos de secuestro, contra servidores públicos y contra la salud y les impone una pena de 20 años de prisión más dos mil días multa.
La sentencia del juez natural se basa primordialmente en los testimonios de los agentes y de policías locales y no toma en consideración las declaraciones de las inculpadas. En sus testimonios, los agentes señalan como instigadoras del secuestro a A y a T e indican que inclusive hicieron sonar las campanas de la iglesia para llamar a la gente para privar de su libertad y linchar a los agentes. Que ellas solicitaron el pago de una suma de dinero como rescate y que fueron éstas quienes amenazaron con linchar y quemar al agente que quedó retenido como garantía, de no realizarse el pago. El 23 de febrero de 2010 se interpone un recurso de apelación en contra de dicha sentencia y el 17 de marzo del mismo año la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia acuerda atraer esta apelación para “perfeccionar criterios relacionados con la no discriminación, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas”. En su resolución, la Sala encuentra que no hay pruebas suficientes para determinar la existencia de los delitos ni para determinar la responsabilidad de A y T por lo que resuelve su inmediata liberación. La sentencia de la Sala de la Corte encuentra fundados los agravios interpuestos por las inculpadas, quienes llevan ya casi 4 años en prisión. Argumenta que no se encuentra demostrada la responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, aún cuando éste sí haya sido acreditado. Asimismo, encuentra como no acreditados los elementos del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro debido a que los elementos probatorios son insuficientes y el juzgador no concede equidad a las pruebas de cargo y descargo, así como que la valoración y vinculación de éstas no reúne los requisitos de orden lógico para generar una convicción justa y apegada a la ley. Considera que las declaraciones de las víctimas y los testigos se contradicen y presentan elementos sospechosos, como ¿por qué no se emplearon estrategias policíacas en la liberación y se prefirió cooperar para juntar el dinero? Asimismo, señala como un vicio en el juicio el que se haya otorgado preponderancia a las acusaciones de los agentes y su visión de los hechos sin dar importancia a las declaraciones de las inculpadas. Tampoco encuentra como acreditado el delito contra servidores públicos debido a que para que exista, debe haber un delito, que en este caso era el del secuestro.
Por lo anterior, resuelve que debido a la insuficiencia probatoria como resultado de una inexacta valoración de la prueba circunstancial se ordena revocar la sentencia impugnada y absolver a A y T de los delitos que se les imputaron y ordenar su inmediata libertad.


ANÁLISIS
Lamentablemente la sentencia no contiene ni un solo elemento acerca de principios de no discriminación, derechos de la mujer o derechos de los pueblos indígenas, tal y como se argumentara para ejercitar la atracción. Ello es una grave falencia dado que la facultad de atracción de la Suprema Corte opera únicamente en el caso en que ésta deba fijar o desarrollar criterios trascendentales para el orden jurídico. En este caso la sentencia opera como una mera segunda instancia que corrige los errores del juez natural.
La sentencia si bien hace justicia al revocar una sentencia que a todas luces prejuzgó los hechos y otorgó una credibilidad ciega a los testimonios de los agente, no determina si los prejuicios se fundaron en el género o la calidad de las mujeres inculpadas.
El juez natural rechaza los dictámenes lingüísticos que indican que ambas mujeres hablan poco español (se indica que entre un 20 y un 39%) y casi no lo entienden (se indica entre 0 y 19%) pues 
los agentes declaran que ellas hablaban español. Además, no toma en consideración la situación socioeconómica de las mujeres, mucho menos su grado de instrucción. 
Ni el juez natural ni la Corte analizan si éstas fueron apoyadas con un traductor que les ayudara a comprender el proceso instaurado en su contra, mucho menos si su señalamiento como responsables del secuestro se debió a su género, pues resulta más fácil acusar a dos mujeres indígenas.
La sentencia no argumenta en ningún momento acerca de los derechos de las mujeres ni de los pueblos indígenas, de los estereotipos mixtos (mujer e indígena) y roles que se les adscriben. Esto es, la sentencia de la Sala bien podría ser una sentencia que corrige los errores de una sentencia de primera instancia contra dos hombres urbanos.   

miércoles, 8 de febrero de 2017

A Cien años. Reflexiones sobre la Constitución de 1917

Siempre es un momento oportuno para reflexionar sobre los retos del Estado Constitucional. Sin embargo, hay momentos de inflexión histórica que no son solo oportunos, sino que exigen meditar los desafíos que éste presenta de cara hacia el futuro.

El centenario aparece como uno de esos momentos cumbre, en que podemos conjugar esfuerzos para mirar hacia el pasado, entender el presente y avizorar el futuro.

La reflexión constitucional en este aniversario no debe limitarse a un repaso de la génesis constitucional mexicana, pues, si bien, la historia constitucional es un referente obligado para comprender –en el sentido filosófico del verstehen (entendimiento interpretativo)- comprender, pues, la Constitución; las meditaciones deben permitir renovar y robustecer no solo su existencia, sino su normatividad.

Han pasado 25 años desde la reforma sobre las relaciones entre el Estado y las iglesias (1992); 23 años desde la reforma judicial (1994) y 16 años desde la reforma de 2001 que modificó sustancialmente el artículo 2º e incluyó la cláusula de no discriminación al 1º.

Han pasado 9 años desde la reforma penal que no solo se refriere al sistema acusatorio y oral, sino que renovó de manera muy importante los principios, derechos y garantías en el proceso, tanto para imputados como para víctimas.

Han pasado ya 6 años desde las reformas de amparo y derechos humanos. Y 4, desde la promulgación de la nueva Ley de Amparo.

Por tan solo mencionar algunas de las que más directamente se relacionan con el reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos en México.

Los debates Constituyentes en 1916 fijaban su mirada en un horizonte igualitario, la educación, el trabajo justo, la tenencia de la tierra, la separación del Estado y las iglesias, fueron temas que destacaron en las discusiones que dieran lugar a la Norma fundamental que ahora festejamos.

El centenario de la CPEUM es momento para hacer un balance y análisis crítico sobre su normatividad, no para llevarle serenata.

Es tiempo de encontrar la constitución detrás de la Constitución. Analizar la praxis y la teoría constitucional, preguntarnos por la dogmática constitucional Mexicana.

Dejar atrás el positivismo y la doctrina descriptiva y descifrar la "constitución invisible", aquellos principios y valores que informan la concretización y la actualización constitucionales. La Constitución en acción.

Creo que ahora es momento de revisar sus reformas y valorar su adecuación a las necesidades del País. Lo decía antes, plantearnos los retos hacia el futuro, definiendo qué clase de Estado queremos ser.  

A vuela pluma se me han ocurrido algunas ideas, relacionadas todas con las reformas que he mencionado:

Ø Revisar las relaciones Estado-iglesias y la delimitación del concepto de laicidad en el ejercicio de derechos, no solo la libertad religiosa, sino por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos o el derecho a la muerte digna.

Ø Revisar el proceso de designación de ministros a la Suprema Corte que con su conformación de ternas se ha tornado inadecuado para dotarlo de transparencia y posibilitar el control democrático.

Ø Reflexionar sobre la necesidad de hablar de desigualdad estructural para remediar la discriminación en nuestro país. Pasar de la desigualdad como arbitrariedad, a la igualdad como no subordinación.

Ø Revisar de manera seria, igualitaria y profunda el artículo 2º constitucional que realmente lleve al reconocimiento, garantía y a la defensa de derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos.

Ø Revisar y cumplir a cabalidad con el tema de la tierra. Una de las promesas incumplidas de 1910 y que sigue pendiente a más de 100 años de distancia.

Ø Diagnosticar nuestro sistema educativo, el que a pesar de reformas recientes no ha podido adecuarse a las necesidades de los niños y niñas del país, y que proporciona educación mala, sino es que nula.

Ø Realizar una investigación sobre la eficacia y la comprensión de la aplicación de los principios del proceso penal, así como de los derechos y garantías procesales. –Los procesos son los medios a través de los que los derechos se efectivizan-

Ø Sistematizar la dogmática de los derechos humanos dispersa en normas y decisiones jurisdiccionales.

Ø Reflexionar sobre si es necesario continuar engrosando las listas de derechos humanos en el texto constitucional o mejor dotar de eficacia los principios básicos que informan a los derechos para hacer accesibles a todos y todas los principios de autonomía y libertad.

Ø Diagnosticar el acceso a la justicia, en general, pero sobre todo para los grupos vulnerables. La única forma de garantizar por un lado, la eficacia de los derechos y por otro, la normatividad de la Constitución, es asegurando el acceso a la justicia. De otra manera se tiene una Constitución pero no se está en Constitución.

En general, creo que el centenario de la Constitución de 17, así como los 160 años de su semilla liberal de 1857, son ocasión para replantearnos su finalidad.

Como carta de navegación, la Constitución mexicana sirve para definir el rumbo que queremos tomar como comunidad, en este sentido es eminente que nos planteemos a dónde queremos llegar y cómo queremos viajar hacia allá.

Pienso que desde 1917 pretendemos arribar a una sociedad más justa, una sociedad igualitaria donde cada persona sea autónoma, sea libre de perseguir la buena vida y en consecuencia, para ello, se requiere de un Estado constitucional robusto, eficaz y sobre todo, exigible.

En el departamento de Derecho de la IBERO pensamos que, de cara al futuro, es de enorme importancia compartir estas deliberaciones con los y las alumnas. 

Por ello, extendemos la invitación tanto a alumnos y profesorado, como al público en general, los días 3 y 4 de abril a las jornadas académicas "Desafíos y Propuestas sobre la Nueva Constitucionalidad en México" que se organiza por parte del Colegio de Derecho Constitucional.

Habrá ponentes de lujo y se analizarán temas del constitucionalismo contemporáneo, así como problemáticas actuales.  

Geraldina González de la Vega 


lunes, 10 de octubre de 2016

El orden de los apellidos, cuestión de igualdad

El orden de los apellidos, cuestión de igualdad
Geraldina González de la Vega (licencia commons)

El próximo 19 de octubre está listado el proyecto del AR 208/2016 presentado por el Ministro Zaldívar en donde se ampara a una pareja que demanda el haber tenido que registrar a sus dos hijas con los apellidos en un orden diverso al que ellos deseaban.

El Sr. Y y la Sra. X[1] son padres de las menores A y B, quienes nacieron prematuramente y tuvieron que ser ingresadas en incubadora por tres meses. Durante este tiempo, acudieron al Registro Civil para registrarlas solicitando que en primer lugar se anotara el apellido de la Sra. X y en segundo, el del Sr. Y. Es decir, primero el apellido de la madre y después, el del padre. El Registro se negó, pero debido a la situación de salud de las niñas, los padres decidieron registrarlas “ de manera tradicional”, con el apellido paterno en primer lugar, seguido del materno, como el oficial del Registro lo solicitaba. Seguidamente, interpusieron un amparo en contra de la negativa a su solicitud al aplicar el artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal por considerar que ello violaba sus derechos.

El Juez de Distrito, concedió el amparo pues consideró que el artículo impugnado era inconstitucional por las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que el nombre es un atributo de la personalidad de los seres humanos que, bajo ciertos supuestos puede ser modificado, no se debe perder de vista que dicha prerrogativa pertenece a los padres durante los primeros años de vida de los menores.

La disposición impugnada contiene una categoría sospechosa, ya que existe una presunción de que se debe colocar primero el apellido paterno antes que el materno. Lo anterior podría derivar en un tratamiento desigual pues esta costumbre transmite un sentido de propiedad del hombre sobre la familia. Esto, a su vez, transmite el mensaje de que el hombre posee mayor jerarquía familiar y social que la mujer. Por lo anterior, se justifica el estudio de la norma bajo un escrutinio estricto.
La norma no pasa el test de escrutinio con respecto a su idoneidad pues consideró que se trataba de una costumbre discriminatoria que refuerza estereotipos que denigran a las mujeres.

Inconformes, el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del D.F. interpusieron revisión, misma que fue atraída por la Primera Sala de la SCJN por considerar que se trataba de un asunto de importancia y trascendencia.

Los agravios del Gobierno y Asamblea se reducen a negar las consideraciones de la sentencia pues consideran que la norma impugnada ni viola el derecho al nombre ni es discriminatoria.

El proyecto considera que los agravios son infundados por razones adicionales a las consideraciones del Juez de Distrito. Veamos:

La norma impugnada:

Artículo 58.- El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos paterno y materno que le correspondan; asimismo, en su caso, la razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del mismo. Si se desconoce el nombre de los padres, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciendo constar esta circunstancia en el acta. (REFORMADO, G.O. 29 DE JULIO DE 2010)

El proyecto corre el test de escrutinio estricto a la norma impugnada pues considera que se trata de una medida que diferencia por género, cuestión que se encuentra prohibida por la cláusula de no discriminación del artículo1º constitucional. En este sentido, el test para verificar si la medida es constitucional debe ser más estricto pues el género es una categoría sospechosa.

Así, en un primer apartado, el proyecto realiza el análisis de la incidencia de la medida legislativa impugnada en el contenido prima facie del derecho al nombre con relación a la vida privada y familiar.  En esta etapa del análisis es necesario recurrir a la interpretación de las disposiciones normativas correspondientes. Por un lado, debe interpretarse la disposición legislativa impugnada con la finalidad de determinar los alcances de la prohibición u obligación que establece. Por otro lado, también debe interpretarse la disposición constitucional que aloja el derecho fundamental en cuestión, con la finalidad de fijar el alcance o contenido prima facie de éste.”

Resulta relevante mencionar que el proyecto admite que si bien de una interpretación literal del precepto no se desprende una prelación entre apellido, se analizará el sentido interpretativo que los operadores jurídicos le han dado a la norma, pues es éste el que en última instancia lastima los derechos de las quejosas. Así, advierte, resulta adecuado entender que la interpretación consolidada del artículo 58 es aquella según la cual se registra el apellido paterno primero, y el materno en segundo lugar.

Este criterio resulta relevante pues permite que se revise no solamente el texto de la norma para determinar su conformidad con la Constitución, sino también el sentido que se le ha venido dando en su aplicación, o lo que el proyecto llama interpretaciones acreditadas y consolidadas de cierto texto normativo, las cuales resultarían ser las transgresoras.

Otro aspecto que me parece muy relevante es el reconocimiento (del derecho a la vida familiar, pues dice “De esta amplia protección que merece la familia, se desprenden una serie de garantías, entre ellas, el respeto a la vida privada y familiar, la cual está expresamente entendida como derecho humano en el artículo 12.1 y 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.” Este derecho a la vida familiar ha sido recientemente desarrollado por la Sala, el precedente que el proyecto menciona es el ADR 3859/2014[2] en donde se reconoce que el derecho a la vida familiar se encuentra protegido en el artículo 16 constitucional.

¿qué tipo de relaciones o decisiones están cubiertas por la protección a la vida privada y familiar? La respuesta que da el proyecto es que todas aquellas que se encuentren dentro del ámbito de la relaciones familiares.

Tal y como ya lo ha establecido el Pleno de la SCJN, la familia más que un concepto jurídico es un concepto sociológico (AI 2/2010), de tal forma que “la base del grupo familiar se encuentra en la procuración de cariño, ayuda, lealtad y solidaridad.”

Y explica que “de las relaciones familiares se deriva la obligación de los padres de proporcionar a sus hijos lo necesario para vivir, pero también el derecho a participar, u opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación; y demás aspectos no patrimoniales. Dentro de este conjunto de derechos y obligaciones, se ubican diversas decisiones o actividades que encuentran protección en el derecho a la vida privada y familiar. Esto quiere decir, que ciertas decisiones sólo conciernen a la familia, por lo que el Estado no puede intervenir en ellas injustificadamente.”

Y por lo tanto, se concluye que una de las decisiones más importante para el núcleo familiar, en particular, para los progenitores, consiste en determinar el nombre de sus hijos, pues además de ser un lazo para con su familia (identidad), es un momento personal y emocional, razón por la cual queda circunscrito en su esfera privada, “la elección del nombre de los hijos genera un vínculo especial entre estos y sus padres. Así, puede decirse que los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias del Estado. Este derecho no sólo implica el elegir el nombre personal de sus hijos, sino establecer el orden de sus apellidos.”

Con respecto al derecho al nombre, el proyecto se recarga en el precedente del amparo directo en revisión 2424/2011, en donde se desarrolló el contenido del derecho al nombre al considerar que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad y por tanto, la elección de éste está regida por el principio de autonomía de la voluntad y, en consecuencia, debe ser elegido libremente por la persona misma, sus padres o tutores, según sea el momento del registro, elección que puede ser sujeta de reglamentación estatal, siempre que no se vulnere el contenido esencial del derecho.

Así pues, se concluye que la interpretación de la norma impugnada incide prima facie en el derecho a la vida familiar y el derecho al nombre, ambos reconocidos por la Corte.

En un segundo apartado, el proyecto corre el test de escrutinio estricto para determinar si la medida establece una diferenciación justificada constitucionalmente.

En este sentido, determina primero si la finalidad es constitucionalmente válida. Se concluye que la finalidad perseguida con el orden de los apellidos si bien está anclada en el principio de certeza jurídica, la historia del orden de los apellidos muestra que se trata de una costumbre que perpetúa las relaciones de poder entre hombres y mujeres dada la naturaleza patriarcal de la familia. Ello no solamente no se encuentra protegido por la Constitución, sino se encuentra prohibido.

“…el privilegiar el apellido paterno persigue mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer. Tal objetivo es inaceptable desde el derecho a la igualdad de género, el cual está reconocido en el artículo 4° de la Constitución, y artículos 1 de la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer; 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera general, y específicamente, en el 6 de la Convención Belem do Pará… el sistema de nombres actualmente vigente reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era éste quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia.”

Así, la medida no pasa la primer grada del test pues se concluye que “En ese sentido, la prohibición que establece el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, perpetúa un propósito que es inconstitucional, pues busca reiterar un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar.” Y por ello se decide no realizar el análisis de las siguientes  gradas pues no es posible analizar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una medida que persigue un fin contrario a la Constitución.

Lo anterior, aclara, no contraviene el principio de seguridad jurídica, pues se respeta el deseo de los padres respecto al orden de los apellidos de sus hijos  y la experiencia comparada muestra que dicha libertad no afecta la estabilidad y seguridad que debe prevalecer en las relaciones familiares, pues puede precisarse que todos los hijos tengan el mismo orden de apellidos.

En este sentido, concluye que, la negativa de la autoridad responsable de negar la inscripción de las niñas con los apellidos con el orden que las quejosas solicitaron, es inconstitucional en tanto el artículo en que se fundamenta, lo es.

En consecuencia, se ordena a las autoridades del Registro Civil a expedir nuevas actas de nacimiento a las niñas, a fin de que los apellidos aparezcan en el orden deseado por los padres, es decir, el apellido paterno de la madre primero y el paterno del padre después y se prevé que los futuros hijos de la pareja también lleven en ese orden los apellidos, con el fin de mantener un sistema que brinde seguridad jurídica sin restringir indebidamente el derecho a la vida privada y familiar.

Se trata de una sentencia muy relevante en materia de igualdad de género, pues como el propio proyecto lo explica, el orden de los apellidos se ancla en una cultura patriarcal que ve a la mujer como dependiente del hombre, sea su padre, sea su esposo. Por otro lado, la diversidad familiar, ya reconocida por la Corte en diversos precedentes y protegida por la Constitución, es una razón poderosa para reconocer que las familias no están constituidas siempre por un padre y una madre con sus hijos biológicos y que la libertad para determinar el orden de los apellidos atiende a la libertad de configurar la familia que tenemos todas las personas.

Otro aspecto que me parece de enorme relevancia es el reconocimiento del derecho a la vida familiar del artículo 16 constitucional, pues tradicionalmente el “derecho a la familia” ha sido desprendido siempre del artículo 4to, el cual protege la cara objetiva de éste, es decir, el artículo 4to constitucional protege el aspecto positivo del derecho a la familia que implica que el Estado deberá garantizar la protección y desarrollo de ésta a través de acciones positivas (políticas púbicas, leyes); pero hasta apenas unos meses, la Corte al reconocer el derecho a la vida familiar da cabida en nuestro orden jurídico al aspecto negativo del derecho a la familia, esto es, a la obligación del Estado de abstenerse de intervenir en las relaciones de familia o en el desarrollo de la vida familiar, sin una causa justificada,  lo cual incide directamente en cuestiones como la que este proyecto aborda.

Por último, merece destacarse la cuestión respecto de la inconstitucionalidad de la norma por la interpretación consolidada que se le ha dado, esto es, aunque la norma textualmente no discrimine, la interpretación que se le ha dado sí lo hace y por ello, es contraria a la Constitución. Al tratarse de un amparo en revisión, la norma continúa vigente hasta que no se realice la declaratoria general de inconstitucionalidad que el artículo 107 constitucional prevé. Sin embargo, resulta importante reconocer que las normas pueden ser invalidadas por que su concretización contraría los principios fundamentales.

Estemos pendientes el próximo 19 de octubre para conocer la votación de la Sala.
                                                                                                



























[1] las versiones públicas de las sentencias deben ocultar los datos personales de las partes, por lo general se utilizan diez asteriscos, afortunadamente en esta ocasión se utilizan otros medios para proteger los datos de las partes y permitirnos leer la sentencia
[2] En dicho asunto, que versó sobre si un padre que no había perdido la patria potestad sobre su hijo tenía el derecho a participar en el proceso de adopción del menor, se determinó que éste estaba protegido por el derecho a la protección de la vida privada y familiar, y se hizo notar su naturaleza de derecho humano.

Related Posts with Thumbnails