sábado, 8 de abril de 2017

Carta Abierta sobre dichos de Marcelino Perelló en Radio UNAM


Dr. Jorge Volpi Escalante

Coordinador de Difusión Cultural

P R E S E N T E


Al público en general:

 

El pasado 28 de marzo, en su programa de radio, "En Sentido Contrario" en Radio UNAM, Marcelino Perellóse atrevió a banalizar y a hacer apología de la violencia sexual. 


Al referirse a los casos de Tamara de Anda (quien denunció a un taxista que le gritó en la calle) y al caso de Daphne (quien sufrió abuso sexual y también fue violada en Veracruz), Perelló minimizó los hechos de ambos casos como si fueran producto de una exageración femenina y de la legítima satisfacción del sexo masculino

 

Repudiamos de la manera más enérgica los comentarios del Sr. Perelló en su programa de Radio UNAM del 28 de marzo pasado. 


Las mujeres que firmamos la presente, queremos señalar lo siguiente:

 

Resulta indignante que el locutor se refiera de esa forma a una víctima de violación y sobre todo que minimice el delito sufrido


Los comentarios que hizo, no sólo contribuyen a un ambiente de violencia hacia las mujeres sino que revictimizan a las personas cuyos casos fueron discutidosResultan sumamente problemáticas las afirmaciones de que la violencia sexual le sucede únicamente a cierto tipo de mujeres o a mujeres que provocan, conectando la violencia sexual con la belleza de las mujeres.

 

Existe un contexto de violencia generalizada hacia las mujeres en el país. Desde 2012, murieron asesinadas en México mas de 10 mil mujeres. Al menos 5 Estados de nuestro país están con alerta de género en estos momentos, el problema cultural de violencia en contra de las mujeres que vive México es tal, que ONU-Mujeres ha lanzado una campaña en contra del abuso sexual. 


Nos preocupa que en la Radio Universitaria se transmita el mensaje de que la violencia sexual se justifica desde el placer del agresor. Consideramos que el espacio de la Radio Universitaria debe ser educativo y contribuir a un ambiente de respeto, no aplaudir la violencia contra las mujeres e inclusive (o peor, hacer apología de esta). 


Además, la Radio Pública Universitaria debiera servir para informar al público, sin embargo, el locutor de este medio desinformó al sostener que la violación no se acredita si no existe la introducción del miembro viril. Conforme a la legislación penal vigente en la mayoría de los estados del país, para que se acredite la violación no es necesario que la penetración haya sido con el "miembro viril". El locutor por tanto, desinforma, haciendo creer que algo que es delito según las leyes, no lo es.

 

Radio UNAM es un espacio financiado con dinero público, tiene como misión fomentar –y formar- cultura. Nos preocupa así, que desde este espacio se legitimen voces que banalizan y justifican la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es inaceptable y los medios de comunicación deben contribuir a frenar este fenómeno tan común y lamentable en nuestra sociedad. En ese sentido, valoramos el mensaje claro que la dirección de Radio UNAM envió rechazando lo expresado por el conductor, la violencia de género y a favor de la equidad.

 

 

 

A T E N T A M E N T E

 

GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA

CATALINA PÉREZ CORREA

ANA MICAELA ALTERIO

MARÍA VALLARTA VÁZAQUEZ

ISABEL MONTOYA RAMOS

MARÍA DE JESÚS MEDINA ARELLANO

LAURA GARCÍA VELASCO

GABRIELA MORALES GRACIA

ALMA BELTRÁN Y PUGA

PAULINE CAPDEVIELLE

ANA PECOVA

SANDRA SERRANO 

ADRIANA ORTEGA ORTIZ

CATALINA RUIZ-NAVARRO

MARÍA ELISA FRANCO MARTÍN

LUCÍA RAPHAEL

FRANCISCA POU GIMENEZ

JAQUELINE SAENZ


[esta carta sigue abierta a firmas y se irá actualizando]



 

 







miércoles, 29 de marzo de 2017

Resumen Endrew: Educación para niños con discapacidad

EL CASO ENDREW:
ESTÁNDARES PARA UNA EDUCACIÓN ADECUADA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD
Geraldina González de la Vega 


Mientras el candidato del Presidente Donald Trump a la Suprema Corte, Neil Gorsuch, enfrentaba a los senadores de la comisión de justicia para su confirmación, la Corte Suprema emitía tres opiniones, entre ellas una que trata sobre el nivel educacional de niños con discapacidades.
Se trata del caso Endrew F. v. Douglas County School District en donde tocó decidir cuál es el nivel de beneficio educacional que los distritos escolares deben conceder a los niños con discapacidad para proporcionarles una educación apropiada pública y gratuita de acuerdo con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad (IDEA por sus siglas en inglés “Individuals with Disabilities Education Act”).
Se trata de una opinión relativamente corta (20 páginas) redactada por el Presidente de la Corte, John Roberts, y votada por unanimidad. El caso fue escuchado por los justices apenas el 11 de enero pasado (acá las audiencias).
La ley IDEA ofrece fondos federales a los estados para asistir en la educación a niños con discapacidad. La ley condiciona esos fondos a que se cumpla con ciertos requisitos legales que incluyen la obligación de que los estados proporcionen a cada niño elegible una “educación pública y gratuita apropiada” o FAPE por sus siglas en inglés, a través de un programa educativo  individualizado o IEP por sus siglas en inglés.
La educación pública y gratuita apropiada o FAPE incluye educación especial y servicios relacionados. La primera, es instrucción diseñada especialmente para apoyar las necesidades únicas de un niño con una discapacidad; los servicios, se refieren a los servicios de soporte requeridos para asistir al niño para que pueda beneficiarse de dicha instrucción. Un estado cubierto por la ley IDEA debe proveer a los niños con discapacidad con dicha educación especial y los servicios relacionados de conformidad con el programa de educación individualizado, o IEP.
Es decir, el IEP es la pieza central del sistema de educación para niños con discapacidad. Cuando existen desacuerdos entre padres y educadores, existen procedimientos de resolución de disputas reguladas en la ley IDEA.

El peticionario, en este caso, es Endrew F., un niño con autismo que recibió su IEP anual en su distrito escolar desde preescolar hasta el cuarto grado, en el cuarto grado los padres de Endrew consideraron que su educación se había estancado, la escuela propuso un IEP de quinto grado que no era adecuado y los padres de Endrew decidieron sacarlo de la escuela pública y lo inscribieron en una privada especializada, donde tuvo un progreso bastante significativo. Los representantes del distrito presentaron a los padres de Endrew un nuevo IEP para quinto grado, pero tampoco les pareció adecuado, por lo que buscaron un reembolso de la educación privada de Endrew mediante una demanda bajo la ley IDEA ante el Departamento de Educación estatal. Dicha demanda les fue negada primero por una Corte Administrativa y después, una Corte Federal de Distrito la confirmó. Posteriormente, nuevamente, el 10mo Circuito confirmó la resolución.
Esa Corte de Circuito interpretó un precedente  para establecer una regla de que el IEP de un niño es adecuado siempre y cuando sea calculado para conferirle un beneficio educativo que sea por encima de un mínimo (la sentencia utiliza la expresión latina de minimis que literamente significa “sobre las cosas pequeñas”) y concluyó que el IEP de Endrew había sido razonablemente calculado para permitirle tener cierto progreso, por tanto, la Corte determinó que Endrew sí había recibido FAPE, es decir, educación pública, gratuita y apropiada en términos de la ley IDEA.
La Corte Suprema de Estados Unidos no estuvo de acuerdo y determinó que:
Para alcanzar su obligación bajo la ley IDEA, una escuela debe ofrecer un IEP calculado razonablemente que permita a un niño tener un progreso apropiado a la luz de sus circunstancias personales.

Criterios:
La Corte se recarga en el precedente Board of Ed. of Hendrick Hudson Central School Dist., Westchester Cty. v. Rowley donde por primera vez se analizó el requerimiento FAPE bajo la ley IDEA. En aquella ocasión, recuerda el juez Roberts, la Corte declinó el difícil problema de presentar un solo estándar que determinase cuándo un niño con una discapacidad está recibiendo un beneficio educacional suficiente que satisfaga los requerimientos de la ley IDEA. Y explica que ese es precisamente el tema que les toca resolver ahora.
Un tema relevante fue que en Rowley la Corte no quiso articular un estándar, sino resolver el caso de la niña Rowley en específico y al decir que la ley IDEA no promete un resultado en particular, reflejaba simplemente que la IDEA no puede garantizar ningún nivel particular de educación, no que éste fuera el estándar.
Otro tema desarrollado en Rowley, fue que la frase “educación pública gratuita y apropiada” de ley IDEA era una frase muy compleja para reducirse a igualdad al hablar de oportunidades o servicios. Asimismo, la Corte optó por una posición intermedia al hablar sobre si la ley reconocía derechos sustantivos a los niños con discapacidad, pues ello está relacionado con su IEP.
Básicamente la Corte Suprema concluye que ni la escuela ni la Corte de Circuito leyeron de manera correcta el precedente.

La sentencia desarrolla tres temas fundamentalmente:
1.    El estándar del beneficio educativo debe ser individualizado
En Rowley la Corte apuntó a un enfoque general: para alcanzar la obligación sustantiva bajo la ley IDEA, una escuela debe ofrecer un IEP calculado razonablemente para permitir que un niño tenga un progreso apropiado a la luz de sus propias circunstancias.
La Corte señala que la cualificación “razonablemente calculada” se refiere al reconocimiento de que para diseñar un programa apropiado se requiere un juicio prospectivo por parte de los oficiales escolares, informados a través de su propio expertise y los puntos de vista de los padres o tutores del niño y que cualquier revisión del IEP debe apreciar la cuestión de si éste es razonable, no si la corte lo entiende como ideal. Es decir, un IEP debe apuntar al progreso del niño, la función esencial de un IEP es diseñar un plan para perseguir avances académicos y funcionales de un niño. Y el grado de progreso contemplado por el IEP debe ser apropiado a la luz de las circunstancias del niño. Ello refleja el enfoque individualizado del niño que es precisamente el núcleo de la ley IDEA, así como la obligación de que los estados ofrezcan educación diseñada especialmente para atender las necesidades únicas de ese niño a través de un programa de educación individualizada.
Asimismo, se señala que Rowley muestra lo que debe entenderse por progreso apropiado en muchos casos basado en la definición legal de lo que es la FAPE.
La Corte critica el enfoque de la Corte de Circuito, pues dice que proporcionar a un niño con discapacidad un programa que lo provea de un progreso mínimo año con año puede difícilmente ser entendido como una oferta educativa. Para niños con discapacidad, “recibir instrucción que apunta tan bajo sería equivalente a sentarse inmóvil y esperar a que los estudiantes crezcan y abandonen la escuela”. La ley IDEA demanda más, dice la Corte, y desarrolla un estándar que va más allá de la interpretación de la Corte de Circuito con su idea del de minimis, pues explica que las metas difieren atendiendo a las circunstancias de cada niño, y cada niño debe tener la oportunidad de alcanzar objetivos que le reten. Este estándar, dice, es más demandante que el test del mínimo aplicado.

2.    Principio de igualdad en las oportunidades educativas
Por otro lado, los padres de Endrew argumentan que la ley requiere a los estados que ofrezcan a los niños con discapacidades las mismas oportunidades educativas que a los niños sin discapacidades. Sin embargo, la Corte declina interpretar la FAPE de esta manera pues contradice el precedente de la Corte ya que la mayoría en Rowley rechazó ese estándar.

3.    Suficiencia del IEP depende de un proceso que tome en cuenta a las partes y las circunstancias únicas del niño
El hecho de que no exista una línea clara sobre la adecuación del IEP, no es una invitación a que las cortes incluyan sus visiones sobre la correcta política educativa.
La Corte es clara “no vamos a elaborar en qué significa progreso apropiado en cada caso”.
La naturaleza del proceso del IEP asegura que los padres y los representantes de las escuelas presenten sus opiniones sobre el grado de progreso que el IEP del niño debe perseguir; por ello, si una disputa llega a las cortes, las autoridades escolares ya habían podido presentar su expertise y su juicio en áreas de desacuerdo. Al momento en que se revise la decisión en una corte, las partes podrán ofrecer una explicación convincente de las decisiones que muestren que el IEP fue calculado razonablemente para el progreso apropiado atendiendo a las circunstancias del niño.

Por las razones anteriores, la Corte anula la sentencia y la devuelve a la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito para que proceda de acuerdo con la opinión.

Relevancia:
Este caso resulta además relevante, pues fue votado por unanimidad y la sentencia de la ponencia del presidente de la Corte, fue publicada durante la comparecencia de Gorsuch ante la Comisión de Justicia en el Senado para ser confirmado como justice en la Suprema Corte.
Gorsuch, quien es juez del 10mo Circuito[1], ha emitido opiniones contrarias al criterio hoy emitido por la Corte, en el caso Thompson R2-J School District v. Luke P., Gorsuch dio una lectura a la ley IDEA muy angosta y falló en contra de los padres de un niño con autismo que, como los padres de Endrew, buscaban que se les reembolsara la educación especializada de su hijo.
En Thompson, Gorsuch interpretó la ley IDEA igual que la sentencia que hoy fue revocada en Endrew: los beneficios educacionales deben ser poco más que lo mínimo.
Hoy, los 8 justices rechazaron el enfoque de Gorsuch, quien muy probablemente sea su colega el próximo mes.



[1] La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito está compuesta por 12 jueces, los casos son revisados por paneles de 3.

jueves, 9 de marzo de 2017

AR 644/2016 niños en centros de reclusión

Niños en centros de reclusión: un asunto pendiente

Geraldina González de la Vega

Desde siempre un dilema que se presenta al derecho y la ética penitenciaria es el de los hijos de las mujeres privadas de la libertad. ¿qué hacer con esas familias rotas? ¿deben vivir los menores con sus madres dentro de los centros penitenciarios? ¿es mejor enviarlos a una casa hogar? ¿qué tipo de vínculo debe haber entre la madre interna y sus hijos? ¿están mejor afuera con otros familiares? Realmente no existe una respuesta correcta, pues los niños y niñas no cometieron un delito y sin embargo, la sanción penal impuesta a sus madres (y padres) los alcanza a ellos.
Una medida que se ha usado en México es permitir a los menores de 3 años vivir con sus madres dentro del centro penitenciario, para después ser enviados al exterior. Ello representa un problema muy grave, pues la ruptura del vínculo materno-filial que viven estos menores es muy grave, más aún si pensamos que muchas de las personas privadas de su libertad no tienen los medios para asegurarse de que sus hijos “están mejor afuera”. Por otro lado, está la realidad que se vive dentro de los centros penitenciarios, pues los menores que viven allí dentro, están, también, privados de su libertad para efectos vivenciales.
¿Qué hacer? Una solución la propuso la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver un amparo relacionado con los menores que son separados de sus madres al cumplir los 3 años de edad.

El 8 de marzo de 2017, la Primera Sala resolvió por unanimidad un AR 644/2016 a propuesta del Ministro Zaldívar en donde una mujer privada de su libertad solicitaba que no la separaran de su hija de 3 años de edad, quien había nacido estando su madre interna. En su resolución, la Sala optó por amparar a la mujer para que le sea posible convivir con su hija y que sean separadas de forma gradual, sensible y progresiva, además de garantizarles el contacto cercano y frecuente a partir de la evaluación de las necesidades e intereses de la niña.

Hechos:
La quejosa A, es una interna que en 2001 fue sentenciada a 50 años de prisión por los delitos de secuestro, homicidio y robo. En octubre de 2006, A contrajo matrimonio con C, también sentenciado a la misma pena y por los mismos delitos.
En 2011, nació la menor B, quien desde entonces vivió con su madre en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla. En 2014, el abuelo de B la inscribió en el kínder y empezó a acudir, saliendo del CERESO de domingo a jueves, es decir, pasaba los fines de semana con su madre. Sin embargo, el director del CERESO le impidió que B siguiera viviendo –y accediendo- con su madre pues la niña había cumplido 3 años y el Reglamento de los CERESOs para el estado de Puebla dispone que es la edad máxima para que un menor viva con su madre interna.
La Sra. A solicitó amparo mismo que le fue negado pues se consideró que el artículo 32 del Reglamento impugnado no vulneraba el interés superior del niño ni su derecho a la convivencia familiar. Se presentó un recurso de revisión, la Sala lo conoció.

Criterios:
La Sala desarrolla su criterio a partir del principio del interés superior del niño como el eje principal de 4 premisas:
I.               El principio del mantenimiento del menor en su familia biológica
En este apartado, la Sala analiza la obligación del Estado de velar porque el menor no sea separado de sus progenitores salvo cuando ello resulte necesario en su interés superior, misma que se desprende de la Convención de los Derechos del Niño, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la propia Suprema Corte (ADR 3859/2014, ADR 3799/2014, AR 504/2014, AR 518/2013).
En este sentido, la Sala reitera la doctrina respecto del mantenimiento de las relaciones familiares de los niños y niñas sobre las obligaciones del Estado de mantener contacto con sus padres, a menos que ello resulte contrario a sus bienes o derechos. Además, explica que esta protección reviste especial fortaleza cuando se trata de niños pequeños.
Y concluye que “la relación afectiva entre un niño pequeño y su progenitora tiene una incidencia crucial en el desarrollo del infante. Esto fortalece el interés fundamental de que el menor de edad temprana mantenga cercanía con su madre. Como consecuencia, aun cuando la separación resulte necesaria, tratándose de menores de corta edad es especialmente importante que madre e hijo mantengan un contacto próximo, personal y frecuente en la medida de lo posible, a menos que tal circunstancia resulte contraria a los intereses del niño.”

II.              La situación de reclusión y la relación maternal
En este apartado, la Sala reconoce las condiciones difíciles y diferenciadas que existen entre una madre y sus hijos dentro de las instituciones penitenciarias. Se citan diversos estudios que destacan las condiciones poco óptimas para el desarrollo y bienestar de los niños dentro de un centro de reclusión, es decir, se trata de un contexto complejo pero que no debe servir de excusa para que los menores entablen una relación con sus madres.
En este sentido, la Sala afirma que “el Estado tiene un deber de diligencia especialmente reforzado para garantizar los derechos de los niños a la luz de su interés superior y los derechos de las madres, pues se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. Y para ello destaca que el Estado debe implementar acciones específicas encaminadas a garantizar que el niño tenga una vida cercana a su madre, disfrutando de su afecto y de sus cuidados en condiciones positivas.”
Así, explica, se deben hacer esfuerzos para articular en los centros penitenciarios un contexto respetuoso para la dignidad del niño y su derecho a la privacidad, amistoso con aquél y que contribuya a una interacción paterno-infantil positiva. Para ello, se citan las recomendaciones de Naciones Unidas y las llamadas Reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes.
La Sala además, reconoce que la relevancia de que los padres cuenten con un contexto que les permita desempeñar su rol de la mejor manera, sin las limitantes de la situación de reclusión, por lo que es relevante que se les brinde el máximo de posibilidades de dedicar tiempo a sus hijos.
En este sentido, se concluye que la privación de la libertad no puede ser una circunstancia que impida a una madre y su hijo tener una relación familiar, siempre y cuando ello sea lo que mejor convenga a los intereses del niño.

III.            La separación del menor
Se destaca que una razón frecuente para separar a los menores de sus madres privadas de la libertad es que hayan alcanzado una edad determinada. Y ello se debe a que, con el crecimiento, los menores de edad van desarrollando nuevas necesidades y la dependencia de su madre disminuye. Por ello, se comprende que el mero crecimiento del menor pueda justificar que entre en contacto con el exterior, es decir, que sea separado de su madre.
Sin embargo, la Sala reconoce que esta separación es delicada y puede llegar a tener un efecto devastador. Para ello, se recurre a la teoría del apego con base en la literatura especializada, destacando que se trata de un vínculo emocional duradero y trascendental que genera el niño a través de sus primeras interacciones sociales.
Así, se resalta que la separación de los hijos y sus madres en reclusión es especialmente problemática que otras formas de separación parental, pues está el estigma, la ambigüedad y la falta de apoyo social y compasión que ello comporta. Inclusive, afirma, la literatura reconoce que le rompimiento para la relación afectiva puede ser muy grave y dificultar la reconstrucción del vínculo posteriormente.
En este sentido, a juicio de la Sala “las autoridades deben articular una separación sensible y gradual, así como garantizar un contacto cercano y frecuente entre madre e hijo una vez distanciados, siempre que lo anterior sea lo más benéfico para aquél a la luz de todas las particularidades del caso concreto.”

IV.           Interpretación conforme de la norma impugnada
En este apartado, la Sala propone la validez de la norma impugnada al ser interpretada con apego al principio del interés superior del niño: “a efecto de que una vez alcanzados los 3 años de edad, la separación se conduzca manera paulatina y sensible con el niño, tomando en cuenta cuidadosamente sus intereses y asegurando que con posterioridad, madre e hijo mantengan un contacto cercano y frecuente, a la luz de lo que resulte mejor para el interés del menor.
Esto es, la norma impugnada será válida siempre y cuando se interprete en los siguientes términos:
-       La remoción del menor una vez que cumpla los 3 años de edad, deberá ser gradual, progresiva y de manera sensible.
-       Deberá realizarse una evaluación minuciosa de las condiciones reales del caso, atendiendo siempre al interés superior del niño y tomando en consideración su crecimiento real y no solamente su edad biológica
-       Procurar que madre e hijo mantengan un contacto cercano, frecuente y directo, al máximo de las posibilidades de cada caso, tomando, también, en consideración el interés superior del niño, así como las necesidades del menor en el exterior.
-       Tomar siempre en cuenta la opinión del niño o niña al separarlo de su madre y colocarlo con un cuidador alternativo, sin importar su edad. Son derechos de los niños el ser tomados en cuenta, evaluar su opinión en función de su madurez y justificar, en su caso, por qué no se tomará en consideración su opinión.
-       Finalmente, se deberá explicar a cada niño o niña, el por qué no puede permanecer al lado de su madre y tiene derecho a saber que podrá visitarla.

En vista de lo anterior, y de acuerdo con los hechos que obran en autos, la Sala concluye que la quejosa tiene razón en que se aplicó la norma de manera contraria a la Constitución, por lo que se concede el amparo y se ordena que la separación de A y su hija B, se realice de acuerdo con los estándares desarrollados y el interés superior de B.




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