domingo, 2 de diciembre de 2018

Palabras AMLO toma de posesión 1 diciembre 2018

Diputadas y diputados. Senadoras, senadores, autoridades locales y federales. Invitadas e invitados del extranjero. Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones. Pero, sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales.
Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto.
Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México, puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político.
A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.
Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la Independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, en la reforma por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la Revolución nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia.
Ahora, nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico, estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada.
En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo.
Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la Revolución, desde los años treinta, hasta los setenta del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5 por ciento.
Y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortíz Mena, la economía del país no solo creció al 6 por ciento anual sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortíz Mena no era economista sino abogado.
Posteriormente hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6 por ciento anual pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento.
En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en 2 por ciento anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales.
Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos: la política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética, que nos dijeron que vendría a salvarnos solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el gas y la electricidad.
Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9 por ciento de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, y apenas en 0.7 por ciento de la inversión prometida.
En los considerandos de las leyes aprobadas en ese entonces se aseguraba que en ese año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, y la realidad es que estamos extrayendo solo 1 millón 763 mil, 1 millón 763 mil barriles diarios. Es decir, 41 por ciento menos de lo estimado y con tendencia a la baja.
Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo, que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas sobreviven, téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país.
Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diesel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos.
En este periodo el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60 por ciento y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos, 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo.
Según la última medición de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos.
Por eso insisto. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.
En la época de la llamada, o del llamado desarrollo estabilizador, o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica ni mucho menos a enajenar el petróleo, pero en estas últimas tres décadas las máximas autoridades se han dedicado, como en el Porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos, e incluso funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros.
No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad.
Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación.
Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado.
No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país.
Estamos ante un asunto político de Estado, y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza, y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia.
Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir.
En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad...
Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la Presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el período neoliberal.
Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal y someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra.
Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir, pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos.
También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble no lo era.
Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público.
Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares.
Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad.
En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según la iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aun estando en funciones.
Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.
El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.
El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo, ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación.
Ahora resulta que los que aumentaron el precio a las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable, que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten seis refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles.
Tampoco, que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país.
Cuando terminó el sexenio del presidente Fox la deuda pública –esto no se sabe, pero no está de más recordarlo– era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento. Y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción.
Ahora la deuda es de 10 billones. Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil millones de pesos. Por eso, ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso.
No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares.
Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza.
Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica.
Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas.
Por ello, se construirá el tren maya, se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el Sur-Sureste. Se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero.
En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos.
En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos.
En tres años estará funcionando –me canso, ganso–, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales en la Base Aérea de Santa Lucía.
Asimismo, desde el primero de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana.
En otras palabras, en esta franja.... El día primero de enero. En otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento. El impuesto sobre la renta bajará al 20 por ciento. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo.
Esta será la última cortina de desarrollo para retener con trabajo y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia.
Hoy presento formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución, para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social.
Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices, es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados.
Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos. Que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres.
Nuestra consigna de siempre es, a partir de hoy, principio de gobierno. Enumero algunas acciones.
Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos, a la mitad del sexenio. Es mi compromiso.
Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal. En 2 millones 300 mil jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario mientras se van capacitando de 3 mil 600 pesos mensuales. Ya no va a haber ni-nis. No se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio.
Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad, se crearán 100 universidades públicas, se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología.
La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará, esa pensión, al doble, y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro.
Un millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores.
Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos, se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios.
Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía, y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre.
Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales, y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas.
También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos.
Como se comprenderá la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido, y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre.
Por eso, bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta legislatura. Van a bajar los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo.
Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5 mil millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos.
Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley.
Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios.
El presidente de la República ganará el 40 por ciento de lo que recibía el presidente saliente.
No habrá compras de vehículos para funcionarios, ser reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.
Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo por supuesto, las embajadas y los consulados.
Los 8 mil elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3 mil 200 agentes de Gobernación, hasta ayer dedicados al espionaje, pasarán a formar parte de la Guardia Nacional.
No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió, desde hoy, al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura.
Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional, si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales.
Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20 mil efectivos, que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo.
En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos.
Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad  lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos, pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos.
Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos.
Las Fuerzas Armadas están entre las mejores instituciones de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un Ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina.
La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo, en 1938-1939 y nunca el Ejército Mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el Ejército Mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado.
Ciertamente no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el Ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el Ejército cuenta con respaldo de la opinión pública, es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad.
Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen universidades, centros de investigación, poseen disciplina y espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista, y esto es muy importante, y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera.
Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina, téngase en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos instituciones.
Así pues, el Ejército y la Marina pueden ser previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos, y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.
Agrego que el Plan de Paz y Seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todos los días desde las seis de la mañana voy a presidir, en Palacio Nacional, la reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias.
Añado que según nuestras leyes el titular del Poder Ejecutivo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos.
En materia de política exterior nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo.
Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos y a su señora esposa, Karen Pence.
Y quiero destacar que, desde el día primero de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka.
La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones, para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro. Y enfrentar de esta forma, y no con medidas coercitivas, el fenómeno migratorio.
Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martí, quienes junto con Benito Juárez siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos.
Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras y su señora esposa, Ana García. Óscar Samuel Ortiz Ascencio, vicepresidente de la República del Salvador. Colville Young, gobernador general también de nuestra vecina República de Belice. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la hermana República de Cuba.
Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Jovenel Moïse, presidente de la República de Haití. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República bolivariana de Venezuela. Lenín Moreno Garcés, amigo Lenín, presidente de la República de Ecuador y su señora esposa Rocío González. Amigo Evo Morales, presidente del estado plurinacional de Bolivia. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú.
Agradezco la presencia de Julie Payette, gobernadora general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Democrática Saharaui. De Kim Yong-nam, presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Shen Yueyue, vicepresidenta de la Asamblea Popular China.
También agradezco, por los lazos de historia, de cultura, que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España. Del primer ministro António Costa, de la República portuguesa. De Eugene Philip Rhuggenaath, primer ministro y ministro de asuntos generales de Curazao. Ana Birchall, viceprimera ministra de Rumania. De Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay. De Gabriela Michetti, vicepresidenta de la República de Argentina. De Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay y su señora esposa, Lourdes Samaniego. De Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República de Costa Rica.
Agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales, de gobernadores, de autoridades, de varios países. Están aquí amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla, presidente del gobierno de Cantabria y su señora esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo, Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista.
Está también un embajador de la poesía y de la congruencia, Silvio Rodríguez, y su esposa, Niurka González.
Amigas y amigos, llegué a la Presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva. Aquí recuerdo a los que iniciaron este movimiento, a los que sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando. Dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, pero fueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. Nunca los vamos a olvidar.
Llegamos después de muchos años, y en mi caso, como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso particularmente, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida.
Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: Tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: No tengo derecho a fallar.
Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y que sólo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.
Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos, y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, pero soy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México que siempre han sido nuestras salvadoras.
Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades, y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo.
La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz, combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad.
Nuestro pueblo no es flojo, no es perezoso, no es indolente, por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del mundo, y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que por necesidad han ido a ganarse la vida a Estados Unidos y ahora están enviando a sus familiares 30 mil millones de dólares anuales.
Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país y el dinero de mayor beneficio social que recibimos del extranjero.
México no es el cuerno de la abundancia que su silueta en el mapa pareciera evocar, pero aun así tenemos muchos recursos naturales: agua, petróleo, gas, yacimientos minerales, vientos, sol, playas, contamos con bosques y selvas, con buenas tierras para la producción agropecuaria y forestal, y somos de los países con mayor biodiversidad en el mundo.
Por eso estoy optimista, creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre.
Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de México y dos de ellas están aseguradas de antemano. Lo reitero, un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero, un buen gobierno, y en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra.
Gobernaré con entrega total a la causa pública, dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia, logremos la cuarta transformación de la vida pública de México.
Por último, así como soy juarista y cardenista, también soy maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección.
Trabajaré 16 horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra de transformación, haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados.
Por eso aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que no sea fácil retrogradar.
Pero también dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme, por el contrario, me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia.
Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos, el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. Que viva México. Viva México. Viva México.

viernes, 14 de septiembre de 2018

Presentación Libro "Parlamento Democrático y Justicia Constitucional"


Presentación Libro Parlamento Democrático y Justicia Constitucional de Luis Felipe Nava Gomar (Tirant lo Blanch, 2018) en la Sala Regional Monterrey del TEPJF (Foros Regionales).
-6 de septiembre de 2018

Geraldina González de la Vega

El libro de Luis Felipe tiene un título provocador: PARLAMENTO DEMOCRÁTICO Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL.

Refleja las tensiones internas -y naturales- de las democracias constitucionales. El llamado coto vedado como límite consensual ante las mayorías, garantizados por la justicia constitucional.

Me gusta mucho la imagen de Ulises que constitucionalistas hemos desprendido del estudio de Elster sobre la racionalidad e irracionalidad: Ulises pidiendo a su tripulación atarlo al mástil para poder escuchar el canto de las sirenas. Dice Elster “Ulises no era por completo racional, pues un ser racional no habría tenido que apelar a este recurso; tampoco era, sencillamente, el pasivo e irracional vehículo de sus cambiantes caprichos y deseos, pues era capaz de alcanzar por medios indirectos el mismo fin que una persona racional habría podido alcanzar de manera directa.” Elster explica a través de ello la teoría de la racionalidad imperfecta, es decir, ser débil y saberlo.

Por esta razón también Böckenförde sentenciaba que el Estado secular liberal vive de prerrequisitos que no puede garantizar él mismo, pues como Estado liberal, solamente puede existir si la libertad que propugna en sus ciudadanos tiene una regulación en su interior, desde un punto de vista moral individual y desde una cierta homogeneidad de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, no puede por sí mismo procurar estas fuerzas interiores de regulación, desde sus propios medios, como la compulsión o el decreto autoritario. Pues hacerlo, derrotaría su carácter liberal y volvería, de manera secular, al reclamo de la totalidad.

El Estado Constitucional goza (o sufre, según prefiera verse) de una racionalidad imperfecta toda vez que atándose a sí mismo resuelve el problema de la flaqueza de voluntad – de querer escuchar el canto de las sirenas o dejarse llevar por la misma libertad que éste garantiza--

Sabemos pues que las democracias constitucionales han logrado garantizar que, a pesar de escuchar los cantos de las sirenas, los valores fundamentales no se vean amenazados pues, como Ulises, están atadas fuertemente al mástil del barco, por medio de la justicia constitucional. Las cuerdas son lo que llamamos de la mano de Ferrajoli “la esfera de lo indecidible”, para hablar en términos jurídicos de lo que Garzón planteó en su ya memorable texto en Doxa de 1989.

A primera vista, el título del libro pareciera entonces evocar a la llamada “dificultad contramayoritaria” (como la denominara Alexander Bickel, pero en realidad Luis Felipe plantea el problema desde una perspectiva previa: se refiere a las prerrogativas de los parlamentarios y en específico al derecho a la participación democrática y las condiciones generales de igualdad política de la función parlamentaria.

La dificultad Contramayoritaria plantea que: Hay una grave carencia de fundamento democrático que pueda sostener y avalar la actuación del poder judicial como controlador de la constitucionalidad, y esto es porque: la función de los jueces no garantizaría el proceso democrático que instaura la constitución pues los jueces –por cómo son designados y la duración antidemocrática de sus cargos- no representan al pueblo y no necesariamente deciden de acuerdo con sus intereses.

Conocemos las respuestas a este problema: básicamente se ha dicho que, la Constitución debe ser vista como un médium entre el consenso popular y la potestad judicial de revisión; se ha planteado también que las constituciones mismas son quienes disponen este sistema de jurisdicción constitucional para resguardarse a sí mismas de los procesos democráticos (el argumento de Ulises) y se ha explicado también que las constituciones no disponen procesos que sean resultados del consenso, sino más bien conflictos controlados. Que las decisiones de la jurisdicción tienden a proteger los derechos de las minorías o que la constitución asegura estructuras e instituciones perdurables para la resolución de conflictos políticos (participación orientada) y que es un proceso de representación reforzada.

Todos estos argumentos subyacen a la postura del texto de Luis Felipe, pues se entiende que la jurisdicción constitucional se erige como protectora de la representación democrática y sus procesos políticos y con ello, de las minorías.

Entonces si el problema contramayoritario plantea la contraposición entre el proceso político democrático y un proceso de adjudicación antidemocrática.

Luis Felipe plantea el problema desde una perspectiva ex ante:
La adjudicación constitucional como mecanismo de protección y garantía de que el proceso político será democrático y en sus términos, será democrático PORQUE la función de representación de TODOS los parlamentarios, esté representada.

Esta dificultad contramayoritaria da por un hecho que el proceso político es democrático por el solo hecho de que los legisladores llegaron a las cámaras por la vía democrática: mediante elecciones libres y periódicas a través del voto secreto, universal y directo de los y las ciudadanas.
Sin embargo, se desentiende de la función parlamentaria y del núcleo de prerrogativas que penden de ella y que hacen posible la representación efectiva.
Es decir, deja en manos del propio parlamento la definición de si su proceso es democrático y la autoregulación de los procesos intra-poder, pero sin revisar estos procesos, presumir que son democráticos porque el origen de los parlamentarios lo fue implica caer en una falacia.

El principio democrático ciertamente se recarga sobre la regla de la mayoría, pero ya nos advertía Kelsen: los derechos de las minorías son garantía de los de las mayorías, unos descansan sobre la existencia de los otros y ello nos lleva a concluir que hablar de democracia requiere necesariamente del componente material o sustancia: los derechos fundamentales y en este sentido, el principio de igualdad se convierte en el engrane que hace posible o que garantiza que los procesos políticos parlamentarios sean democráticos.

En la medida en que todos tienen garantizada la función parlamentaria podemos hablar de igualdad en la función de representación y no debemos perder de vista que la igualdad de la función de representación impacta directamente en la igualdad de los ciudadanos al garantizar que su voto tendrá un peso representativo. “los votos se cuentan, no se ponderan” sentenció el juez constitucional alemán, Ernst-Wolfgang Böckenförde y justamente por esto, aunque el 50+1represente la mayoría, esto es, quien se imponga en el juego deliberativo; el 49% restante, debe tener garantizado el acceso a las prerrogativas parlamentarias que hacen posible el ejercicio cabal y efectivo de la función representativa.

Luis Felipe explora le definición democrática de la deliberación parlamentaria, como el canal de comunicación de las determinaciones democráticas y destaca que los procedimientos parlamentarios deben estar caracterizados por la contradicción, el consenso, el pluralismo, la decisión mayoritaria y las garantías de publicidad, ritualidad e independencia parlamentaria; pero que para poder llevar el apellido democrático, hace falta que dichos procedimientos agreguen los derechos de las minorías a proponer junto con el derecho de las mayorías a decidir y que en la deliberación participen todos en igualdad de circunstancias.

Por ello cobra especial relevancia la definición del derecho a la participación democrática, es decir, la garantía constitucional al libre mandato representativo que pende del derecho a la participación política, mismo que se fundamenta en los principios de soberanía popular y pluralismo político.
Entonces, podremos hablar de un núcleo esencial de la función representativa que asegura las condiciones para una deliberación plural y democrática.

El texto de Luis destaca entonces el papel de las minorías en la deliberación parlamentaria explicando esta conexión entre la representación, la deliberación y el principio democrático que exige que los procesos se sustenten sobre el principio de igualdad. “las minorías personifican un papel esencial en la construcción de la democracia constitucional pues son muestra del pluralismo político”, pero además, tienen un papel crucial: la labor de control y fiscalización del Gobierno, como de la mayoría parlamentaria y ello incide en el grado democrático de la formación de la voluntad estatal.

Es importante destacar que las minorías, aunque impliquen un menor número de representantes, su potencia social y significado político es igual que el de las mayorías y ello cobra sentido si volvemos a la idea que Kelsen planteaba sobre “el derecho de la mayoría que supone la existencia de una minoría, por consiguiente, el derecho de la primera, implica también el derecho de la segunda a existir. Esta protección constituye la función esencial de los derechos públicos subjetivos.” En la medida en que todos los derechos o prerrogativas se garanticen, se fortalece la garantía de los mismos derechos, pues, en palabras del autor: “la garantía de igualdad de condiciones en el desempeño de las funciones parlamentarias personifica, al mismo tiempo, la garantía de la libertad del proceso político y de la libertad individual.

Entonces, el planteamiento de Luis Felipe nos lleva de la mano por el desarrollo de este juego deliberativo entre mayorías y minorías al mismo nivel en el proceso democrático, mismo que requiere de garantías a un núcleo esencial de igualdad política que necesita estar garantizado en el marco constitucional y que implica el marco de actuación de los representantes.

Luego, si hay un marco constitucional que encuadra estas condiciones generales de igualdad política que además se ancla en los principios democrático, de soberanía popular y por supuesto, de igualdad, tenemos que nada más y nada menos será la justicia constitucional la instancia encargada de garantizar que este núcleo no se disuelva en el juego mayoritario, protegiendo pues a las minorías y por supuesto, el canal de representación que son.

Entonces, como Ulises atado al mástil para escuchar el canto de las sirenas, el Estado democrático se da a sí mismo una Constitución como límite para proteger la deliberación democrática de sí misma, dado que ésta, como Ulises goza de una racionalidad imperfecta, se sabe débil y se ata al mástil para evitar invadir el núcleo de este estatus constitucional de los legisladores lo cual desembocaría en decisiones adoptadas por la regla de la mayoría, pero violentando la función de representación parlamentaria.

Explica Luis Felipe que existe un núcleo de la función representativa que es una precondición y coto vedado de la negociación y deliberación parlamentarias que asegura las condiciones para un gobierno duradero, donde el pluralismo y el desacuerdo enriquecen el debate en la medida en que todos los participantes son libres e iguales y dan lugar a un verdadero debate democrático.

En la última parte de su libro, se refiere que la Suprema Corte mexicana no ha avanzado aún en el entendimiento y desarrollo de este derecho a la participación democrática en su vertiente de función de representación y por ello quisiera referirme de manera muy breve a un voto concurrente que hace ya un par de años se emitió en el Pleno y que refiere precisamente la existencia de este derecho.

Se trata del voto concurrente del Ministro Arturo Zaldívar a la AI 39/2013:

El problema jurídico planteado fue el siguiente:
En el Congreso de Aguascalientes se reformó el artículo 12 párrafo segundo del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo permitiendo que un solo diputado pudiera integrar y presidir hasta cinco comisiones. Una minoría presentó una acción de inconstitucionalidad por considerar que por tratarse de la minoría, sería muy difícil lograr presidirlas.

se menoscaba el derecho de los suscritos de poder presidir una comisión legislativa previamente asignada, ya que se restringiría con la sola decisión del pleno del Congreso de remover las presidencias de las comisiones a su libre albedrío sin tomar en cuenta los perfiles de estudios, trayectoria laboral, experiencia legislativa, aptitudes e intereses de los diputados en función de las materias competencia de las comisiones legislativas.”
“…de facto, se crea un estado de excepción donde el legislador crea disposiciones que sólo son aplicables en perjuicio de los diputados que no cuenten con la mayoría dentro de la Legislatura, violentando disposiciones establecidas con anterioridad en la propia Constitución.”

Por unanimidad, el Pleno determinó que la demanda era infundada dado que no se violentaba los derechos de los legisladores de la minoría. Sin embargo, me parece que vale la pena destacar aquí el voto del Ministro Zaldívar pues se reconoce que lo efectivamente planteado por los promoventes es una transgresión a las condiciones generales de igualdad en el ejercicio de la función pública, en este caso particular, de la representación popular.
Y explica que ello debió de haberse analizado a la luz de los argumentos de los accionantes, por lo que consideró que el análisis debió girar en torno a los derechos de las minorías parlamentarias a que les sean garantizadas condiciones generales de igualdad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones y si la norma en cuestión lastima dicha garantía, no permitiendo un igual acceso a la presidencia de una comisión siendo un legislador de mayoría o uno de minoría.

Quisiera solamente destacar aquí el fundamento constitucional de tal reconocimiento pues como punto de partida del desarrollo de esta comprensión me parece muy relevante:

El voto destaca que el artículo 35 de la Constitución Federal, en sus fracciones I, II y VI[1], establece tanto el derecho fundamental al sufragio (voto activo y pasivo), como el derecho a acceder a una función pública. Por su parte el artículo 23[2] de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su inciso c) dispone que todo ciudadano debe tener derechos y oportunidades a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Así pues, explica, nuestro orden jurídico reconoce un conjunto de derechos que materializan la participación popular a través de los principios fundamentales de la soberanía popular, el pluralismo y la democracia representativa.
En vista de lo anterior, concluye el voto, podremos hablar de un núcleo esencial de la función representativa que asegura las condiciones para una deliberación plural y democrática.
Si bien en los precedentes de la Corte no se ha reconocido textualmente este derecho fundamental, sin embargo puede colegirse a partir de la interpretación que se ha realizado sobre los requisitos sustantivos que debe tener el proceso legislativo para poder ser calificado como conforme con la Constitución, pues se ha concluido que la democracia representativa se basa en la deliberación, y que en este sentido, debe entenderse como condicionada a que la toma de decisiones atienda realmente a la búsqueda del equilibrio en la oposición de intereses de los distintos grupos representados, lo que sólo se puede lograr en el seno de una auténtica asamblea deliberante.
Y con base en esta argumentación se definen las condiciones generales de igualdad política y el estatuto que nuestra Constitución garantiza para los representantes:
·               La función básica de los derechos fundamentales es el garantizar la libertad e igualdad del individuo, ello, es una condición misma de la democracia, y en este caso, particularmente referido a los derechos de participación política.
·               Si afirmamos que la función de representación se desprende del derecho a ser votado, luego entonces, se necesitan garantizar ciertas condiciones para que el ejercicio de esa función de representación popular, en este caso como legislador, sea realizado de manera plena.
·               Para ello, la igualdad en el ejercicio del cargo es fundamental, toda vez que sin esta garantía, los representantes electos no estarían en posibilidades de realizar las funciones que un cargo de representación popular requiere, entre otras, la participación en la deliberación política, lo cual incide de manera directa en los derechos de los ciudadanos.
·               La igualdad se proyecta sobre las relaciones entre mayorías y minorías, como una regla de procedimiento democrático en la construcción de la voluntad de los órganos del Estado.
·               La Constitución General y la Constitución del Estado de Aguascalientes protegen un estatus constitucional de representatividad de los diputados, el cual es el fundamento del papel soberano y representativo del propio Congreso como un poder a través del cual el pueblo ejerce su soberanía.
En este sentido, se puede concluir que el derecho al voto (activo y pasivo) en conexión con el principio de igualdad integran el derecho a tener condiciones de igualdad en el acceso, ejercicio y permanencia en las funciones públicas. Como garantías democráticas que protegen la voluntad popular tienen una doble faz: como derecho subjetivo, entendido como un derecho de participación democrática; y como derecho objetivo, entendido como un principio estructural del Estado constitucional que irradia todo el ordenamiento jurídico.
Esta garantía constitucional sirve como un medio que protege la libertad y la independencia funcional del órgano legislativo, como uno de los órganos constitucionales. En este sentido, estamos frente a una técnica de control inter-orgánico que protege las facultades y atribuciones que la Constitución asigna al Poder Legislativo. Y que como tal, entra dentro de la competencia de la jurisdicción constitucional, pues a partir de esos razonamientos se construye el estándar para un juicio de regularidad constitucional sobre las condiciones generales de igualdad del cargo de representación popular. Ello es así, pues estamos ante una garantía constitucional de la representación (los derechos de los representados) y la representatividad (función representativa) a través de este núcleo esencial. Este concepto servirá pues como punto de partida para determinar mediante un medio de control de constitucionalidad si hubo una vulneración al derecho de participación política.
Así pues, cerramos el círculo por el otro lado, pues para poder garantizar que la decisión parlamentaria emane de un proceso deliberativo iguailitario y plural, y por tanto sea democrática, hace falta una garantía que deberá ubicarse por fuera, es decir, en un mecanismo de control inter-poderes, posicionándose, de nuevo, la jurisdicción constitucional como la garante de que los procesos y estructuras por las que pasa el proceso deliberativo sirvan para resolver los conflictos a través de la representación igualitaria y den como resultado decisiones, o medidas democráticas, lo que no garantiza que sean válidas, pero esa, es ya otra historia.
Por último quisiera cerrar esta reflexión refiriéndome a dos iniciativas que esta semana se han planteado en las Cámaras del Congreso Federal: una, que las comisiones estén integradas de manera paritaria y que sean mujeres quienes encabecen las comisiones principales (dado que no hay ninguna en las coordinaciones de las bancadas en ambas cámaras) y otra, la propuesta de la Senadora Martha Tagle de conformar una bancada de mujeres con la intención de tener una agenda conjunta, en materia de desigualdad de las mujeres.

Ambas propuestas, me parece, inciden directamente en los temas que plantea Luis Felipe en su estupendo libro, pues si bien las minorías parlamentarias siempre nos llevan a pensarlas en términos de partidos políticos o grupos organizados alrededor de una ideología política; también es posible pensarlas en términos de grupos históricamente subordinados que, aunque no representan una minoría (las mujeres representamos el 51% de los habitantes del país), su participación en el proceso deliberativo muchas veces no goza de la efectividad que se deseara, pues el principio de paridad enclavado desde hace apenas 4 años en el artículo 41 de la Constitución tiene como finalidad cumplir con obligaciones de representación y participación política de las mujeres, lo que no necesariamente se hace realidad con un Congreso de integración paritaria, pues el hecho de que haya mujeres, no implica que éstas, como minoría vean su función de representación garantizada.

Con ello, pongo sobre la mesa la idea de que las minorías parlamentarias no son solamente aquellas que desarrollan su actividad en una posición de inferioridad numérica, sino que son también aquéllas que, por tratarse de grupos históricamente subordinados (como las mujeres o la comunidad LGBTI) no gozan ni del significado político ni de la potencia social (para parafrasear a Kelsen) para traducir el discurso que representan y que por ello, requieren, igual que las minorías clásicas, que su participación en la construcción democrática se vea asegurada.

En el clásico de Owen Fiss Groups and the Equal Protection Clause”, el autor plantea entender la cláusula de igualdad como una que mira hacia la no subordinación, y habla de reconocer la discriminación de facto a partir de la que se reconoce discriminación que no se basa en una clasificación, sino en el impacto de grupo. Y Fiss define a los grupos desaventajados o en situación de subordinación como aquellos que tienen como nota común la relación identitaria de sus miembros. Ello implica que exista una identificación entre los miembros de un grupo a través de afinidades, experiencias específicas, una historia común y la autoidentificación de los miembros de ese grupo como parte de él. Las características que Fiss atribuye a los grupos desaventajados son: 1) son un grupo social, 2) el grupo ha estado en una posición perpetua de subordinación, y 3) su poder político se encuentra severamente limitado.

Y es precisamente a partir de la tercera nota de esta caracterización que me planteo la idea de expandir el concepto de minorías parlamentaria a la de grupos que aún como parte de una bancada o fracción parlamentaria, constituyen una minoría y que en esa calidad ven su función representativa parlamentaria limitada o anulada por las mayorías privilegiadas.

Por ello, aplaudo la iniciativa de la bancada de mujeres, dado que, creo, se funda en el entendimiento del juego deliberativo dentro de un Estado democrático con jurisdicción constitucional, que Luis Felipe nos plantea en este inteligente y esencial libro.

Enhorabuena amigo.

Muchas gracias.
















[1]Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
[…]
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;
[…]”
[2] Artículo 23 de la CADH. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

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