jueves, 9 de marzo de 2017

AR 644/2016 niños en centros de reclusión

Niños en centros de reclusión: un asunto pendiente

Geraldina González de la Vega

Desde siempre un dilema que se presenta al derecho y la ética penitenciaria es el de los hijos de las mujeres privadas de la libertad. ¿qué hacer con esas familias rotas? ¿deben vivir los menores con sus madres dentro de los centros penitenciarios? ¿es mejor enviarlos a una casa hogar? ¿qué tipo de vínculo debe haber entre la madre interna y sus hijos? ¿están mejor afuera con otros familiares? Realmente no existe una respuesta correcta, pues los niños y niñas no cometieron un delito y sin embargo, la sanción penal impuesta a sus madres (y padres) los alcanza a ellos.
Una medida que se ha usado en México es permitir a los menores de 3 años vivir con sus madres dentro del centro penitenciario, para después ser enviados al exterior. Ello representa un problema muy grave, pues la ruptura del vínculo materno-filial que viven estos menores es muy grave, más aún si pensamos que muchas de las personas privadas de su libertad no tienen los medios para asegurarse de que sus hijos “están mejor afuera”. Por otro lado, está la realidad que se vive dentro de los centros penitenciarios, pues los menores que viven allí dentro, están, también, privados de su libertad para efectos vivenciales.
¿Qué hacer? Una solución la propuso la Primera Sala de la Suprema Corte al resolver un amparo relacionado con los menores que son separados de sus madres al cumplir los 3 años de edad.

El 8 de marzo de 2017, la Primera Sala resolvió por unanimidad un AR 644/2016 a propuesta del Ministro Zaldívar en donde una mujer privada de su libertad solicitaba que no la separaran de su hija de 3 años de edad, quien había nacido estando su madre interna. En su resolución, la Sala optó por amparar a la mujer para que le sea posible convivir con su hija y que sean separadas de forma gradual, sensible y progresiva, además de garantizarles el contacto cercano y frecuente a partir de la evaluación de las necesidades e intereses de la niña.

Hechos:
La quejosa A, es una interna que en 2001 fue sentenciada a 50 años de prisión por los delitos de secuestro, homicidio y robo. En octubre de 2006, A contrajo matrimonio con C, también sentenciado a la misma pena y por los mismos delitos.
En 2011, nació la menor B, quien desde entonces vivió con su madre en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla. En 2014, el abuelo de B la inscribió en el kínder y empezó a acudir, saliendo del CERESO de domingo a jueves, es decir, pasaba los fines de semana con su madre. Sin embargo, el director del CERESO le impidió que B siguiera viviendo –y accediendo- con su madre pues la niña había cumplido 3 años y el Reglamento de los CERESOs para el estado de Puebla dispone que es la edad máxima para que un menor viva con su madre interna.
La Sra. A solicitó amparo mismo que le fue negado pues se consideró que el artículo 32 del Reglamento impugnado no vulneraba el interés superior del niño ni su derecho a la convivencia familiar. Se presentó un recurso de revisión, la Sala lo conoció.

Criterios:
La Sala desarrolla su criterio a partir del principio del interés superior del niño como el eje principal de 4 premisas:
I.               El principio del mantenimiento del menor en su familia biológica
En este apartado, la Sala analiza la obligación del Estado de velar porque el menor no sea separado de sus progenitores salvo cuando ello resulte necesario en su interés superior, misma que se desprende de la Convención de los Derechos del Niño, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la propia Suprema Corte (ADR 3859/2014, ADR 3799/2014, AR 504/2014, AR 518/2013).
En este sentido, la Sala reitera la doctrina respecto del mantenimiento de las relaciones familiares de los niños y niñas sobre las obligaciones del Estado de mantener contacto con sus padres, a menos que ello resulte contrario a sus bienes o derechos. Además, explica que esta protección reviste especial fortaleza cuando se trata de niños pequeños.
Y concluye que “la relación afectiva entre un niño pequeño y su progenitora tiene una incidencia crucial en el desarrollo del infante. Esto fortalece el interés fundamental de que el menor de edad temprana mantenga cercanía con su madre. Como consecuencia, aun cuando la separación resulte necesaria, tratándose de menores de corta edad es especialmente importante que madre e hijo mantengan un contacto próximo, personal y frecuente en la medida de lo posible, a menos que tal circunstancia resulte contraria a los intereses del niño.”

II.              La situación de reclusión y la relación maternal
En este apartado, la Sala reconoce las condiciones difíciles y diferenciadas que existen entre una madre y sus hijos dentro de las instituciones penitenciarias. Se citan diversos estudios que destacan las condiciones poco óptimas para el desarrollo y bienestar de los niños dentro de un centro de reclusión, es decir, se trata de un contexto complejo pero que no debe servir de excusa para que los menores entablen una relación con sus madres.
En este sentido, la Sala afirma que “el Estado tiene un deber de diligencia especialmente reforzado para garantizar los derechos de los niños a la luz de su interés superior y los derechos de las madres, pues se encuentran en una especial condición de vulnerabilidad. Y para ello destaca que el Estado debe implementar acciones específicas encaminadas a garantizar que el niño tenga una vida cercana a su madre, disfrutando de su afecto y de sus cuidados en condiciones positivas.”
Así, explica, se deben hacer esfuerzos para articular en los centros penitenciarios un contexto respetuoso para la dignidad del niño y su derecho a la privacidad, amistoso con aquél y que contribuya a una interacción paterno-infantil positiva. Para ello, se citan las recomendaciones de Naciones Unidas y las llamadas Reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes.
La Sala además, reconoce que la relevancia de que los padres cuenten con un contexto que les permita desempeñar su rol de la mejor manera, sin las limitantes de la situación de reclusión, por lo que es relevante que se les brinde el máximo de posibilidades de dedicar tiempo a sus hijos.
En este sentido, se concluye que la privación de la libertad no puede ser una circunstancia que impida a una madre y su hijo tener una relación familiar, siempre y cuando ello sea lo que mejor convenga a los intereses del niño.

III.            La separación del menor
Se destaca que una razón frecuente para separar a los menores de sus madres privadas de la libertad es que hayan alcanzado una edad determinada. Y ello se debe a que, con el crecimiento, los menores de edad van desarrollando nuevas necesidades y la dependencia de su madre disminuye. Por ello, se comprende que el mero crecimiento del menor pueda justificar que entre en contacto con el exterior, es decir, que sea separado de su madre.
Sin embargo, la Sala reconoce que esta separación es delicada y puede llegar a tener un efecto devastador. Para ello, se recurre a la teoría del apego con base en la literatura especializada, destacando que se trata de un vínculo emocional duradero y trascendental que genera el niño a través de sus primeras interacciones sociales.
Así, se resalta que la separación de los hijos y sus madres en reclusión es especialmente problemática que otras formas de separación parental, pues está el estigma, la ambigüedad y la falta de apoyo social y compasión que ello comporta. Inclusive, afirma, la literatura reconoce que le rompimiento para la relación afectiva puede ser muy grave y dificultar la reconstrucción del vínculo posteriormente.
En este sentido, a juicio de la Sala “las autoridades deben articular una separación sensible y gradual, así como garantizar un contacto cercano y frecuente entre madre e hijo una vez distanciados, siempre que lo anterior sea lo más benéfico para aquél a la luz de todas las particularidades del caso concreto.”

IV.           Interpretación conforme de la norma impugnada
En este apartado, la Sala propone la validez de la norma impugnada al ser interpretada con apego al principio del interés superior del niño: “a efecto de que una vez alcanzados los 3 años de edad, la separación se conduzca manera paulatina y sensible con el niño, tomando en cuenta cuidadosamente sus intereses y asegurando que con posterioridad, madre e hijo mantengan un contacto cercano y frecuente, a la luz de lo que resulte mejor para el interés del menor.
Esto es, la norma impugnada será válida siempre y cuando se interprete en los siguientes términos:
-       La remoción del menor una vez que cumpla los 3 años de edad, deberá ser gradual, progresiva y de manera sensible.
-       Deberá realizarse una evaluación minuciosa de las condiciones reales del caso, atendiendo siempre al interés superior del niño y tomando en consideración su crecimiento real y no solamente su edad biológica
-       Procurar que madre e hijo mantengan un contacto cercano, frecuente y directo, al máximo de las posibilidades de cada caso, tomando, también, en consideración el interés superior del niño, así como las necesidades del menor en el exterior.
-       Tomar siempre en cuenta la opinión del niño o niña al separarlo de su madre y colocarlo con un cuidador alternativo, sin importar su edad. Son derechos de los niños el ser tomados en cuenta, evaluar su opinión en función de su madurez y justificar, en su caso, por qué no se tomará en consideración su opinión.
-       Finalmente, se deberá explicar a cada niño o niña, el por qué no puede permanecer al lado de su madre y tiene derecho a saber que podrá visitarla.

En vista de lo anterior, y de acuerdo con los hechos que obran en autos, la Sala concluye que la quejosa tiene razón en que se aplicó la norma de manera contraria a la Constitución, por lo que se concede el amparo y se ordena que la separación de A y su hija B, se realice de acuerdo con los estándares desarrollados y el interés superior de B.




miércoles, 8 de marzo de 2017

Anotaciones sobre el #8M Día Internacional de la Mujer

Muchas mujeres amanecimos hoy con felicitaciones, rosas, chocolates, regalos y otras cursilerías propias del 14 de febrero o del 10 de mayo.
Gracias a Facebook, Whatsapp, Twitter y demás redes, es posible enviar y reenviar a "todo el mundo" JPEGs o fotitos, tipo tarjetas de felicitación. Y así, nuestras redes se empiezan a inundar de rosas, globos, ositos de peluche, siluetas de mujeres, corazones, paisajes, etc.. con mensajes planos de felicitación, pero otras con frases cursis y ofensivas tales como: 

"soñadoras, atrevidas, complicadas, apasionadas, lindas e inteligentes"
"y Dios dijo: hágase lo más hermoso del universo.... y creó a la mujer"
"La mujer en el hogar es reina que hay que amar"

Y otras cosas así (estoy copiando las que me dolió leer)

La realidad es que NO, hoy NO es un día para felicitar a nadie, ni para celebrar la feminidad (lo que sea que signifique para cada una), mucho menos la maternidad, ni nuestra biología, tampoco eso que algunos creen que es "el gen" de las labores del hogar y de cuidado, "el instinto femenino/materno" (¿existe?), y otras mafufadas del estilo que lo único que hacen es encasillarnos en roles de género: somos mamás (todas), que nos gusta y por amor,  planchamos, lavamos sus calzones y pasamos la aspiradora. NO. 

El 8 de marzo no sirve para esto, ni tampoco para reprochar a las mujeres que han optado por ser mamás de tiempo completo. 

El día internacional de la mujer es un día en que, primero, se conmemora el incendio de una fábrica en Nueva York, en 1904, en donde más de un centenar de mujeres murió calcinada pues el patrón las dejó encerradas dentro. Y la razón: ellas estaban protestando por sus derechos. Así que, hoy, se conmemora a esas mujeres que luchaban para que muchas mujeres hoy tengamos derechos laborales, pero también, se trata de subirnos a sus hombros y reivindicar otros derechos, como lo son la equidad y justicia en el reparto del trabajo del hogar y de cuidado, erradicar la violencia de género, los feminicidios y la violencia sexual. En fin. 

Hoy, mandar corazones ofende, decirnos guapas y mandarnos besos es una afrenta a las mujeres que día a día sobreviven la discriminación, la violencia y la precariedad; es un insulto a las que no sobrevivieron.

Acá dejaré algunas notas que se han publicado a propósito de hoy para que las compartan con esas personitas confundidas que quieren celebrar solo nuestras vaginas.   

¿A tí quién te cuida? de Estefanía Vela

Repensar la Convivencia de los Espacios Laboral y Privado de Regina Tamés

Cuando Cuidar Empobrece (y la ley lo permite) de Luz Helena Orozco

La resistencia Trans de Jessica Marjane

¿Felicitar a las mujeres "en su día"? de Regina Larrea

El trabajo doméstico en la Suprema Corte de Geraldina González de la Vega

Cerrar el abismo entre hombres y mujeres en el mercado laboral de Eva Arceo

Y acá unos videos de Estereotipas:







Clara Zetkin, de soltera Eissner (1857 - 1933) fue una política comunista alemana y una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento en el que ingresó en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD), concretamente en su ala más izquierdista, la Liga Espartaquista, que acabaría formando posteriormente el Partido Comunista de Alemania (KPD). Fue miembro del Reichstag por este partido durante la República de Weimar desde 1920 a 1933. Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Entre 1891 y 1917 editó el periódico "Igualdad" y en 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la Mujer del SPD.
Zetkin fué quien propuso que a partir del 8 de marzo de 1911, dicha fecha se considerara el "Día Internacional de la Mujer" o "Día de la Mujer Trabajadora". Hoy mejor conocido como el Día Internacional de la Mujer, declarado así en su 2° segunda conferencia, se conmemora cada 8 de marzo pues en esta misma fecha, pero en 1909, un incendio originado en una fabrica de Nueva York, Estados Unidos; ocasiono que 129 mujeres perdieran la vida.


Carta que envié a mis alumnxs:


Queridxs alumnxs:
Como saben, hoy se conmemora el día internacional de la mujer.
Hoy no se felicita a las mujeres por ser mujeres, hoy se reflexiona sobre la desigualdad, la violencia, la precariedad. 
Hoy se debe ser crítica en contra de las tradiciones y las estructuras que siguen reforzando roles asignados por el sexo con que nacemos.
Hoy, los hombres y las mujeres debemos hacer un compromiso para lograr que haya verdadera igualdad, que las labores del hogar y de cuidado se realicen de manera justa y equitativa, que se reconozcan como trabajo, que a las mujeres nos paguen el mismo salario, que los hombres también tengan flexibilidad laboral para cuidar a sus hijos, que no haya más feminicidios, que no haya trata ni se exploten los cuerpos de las mujeres, que cuando violen a una mujer no se le responsabilice a ella, mejor: que no haya abuso y violencia sexual, que nadie crea que puede abusarnos, que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, que no se nos vea solo como madres en potencia, que se nos respete como individuas con autonomía, que las niñas tengan igual acceso a educación, que las viejas no vivan en pobreza.
En fin.
Hoy no es un día de poemas, rosas y corazones, hoy es un día de reivindicación de la igualdad.
Lxs invito a conmemorarlo así.


Pensemos el feminismo. 




martes, 7 de marzo de 2017

Notas sobre el caso Fontevecchia y la Corte Suprema de Argentina

Lo que sigue se trata de una nota informativa sobre un caso que me parece relevante en el sistema interamericano. 

El pasado 14 de febrero, la Corte Suprema de Argentina emitió un fallo relevante relacionado con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ sentencia del 29 de noviembre de 2011.

Antecedentes:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado argentino por la sanción judicial impuesta a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico debido a una publicación que supuestamente habría afectado la vida privada del entonces Presidente de Argentina (hijo fuera del matrimonio). 

En 1997 un juez de primera instancia en lo civil rechazó la demanda interpuesta por el señor Carlos Menem. La sentencia fue apelada y en 1998, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revirtió la decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico a pagar la suma de la suma de $150.000,00. Los demandados interpusieron un recurso extraordinario federal. En el año 2001 la Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida aunque modificó el monto indemnizatorio, reduciéndolo a la suma de $60.000,00.

En las reparaciones, la CorIDH determina, entre otras cuestiones, que:
El Estado debe dejar sin efecto la  condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico así como todas sus consecuencias, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores le pide a la Corte Suprema que dé cumplimiento a este punto. La Corte emite su sentencia y básicamente dice que no lo hará, pues la CorIDH no tiene competencia para ordenarle dejar sin efecto una condena civil resuelta por ella misma.

La sentencia  
Con los votos de tres jueces, Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz, la Corte Suprema determinó que no cumplirá con la oblgación impuesta por la CorIDH. Hubo un voto concurrente de Rosatti y uno particular, de Maqueda. Decisión 4-1.

Acá el comunicado y la sentencia:

“El voto conjunto consideró que no correspondía dejar sin efecto la condena civil, en tanto ello supondría transformar a la Corte IDH en una “cuarta instancia” revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional.
En este sentido, entendió que el texto de la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.).
Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia firme —en razón de lo ordenado en la decisión “Fontevecchia” de la Corte Interamericana— implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.”

“El concurrente del juez Rosatti compartió, en lo sustancial, los argumentos expuestos y reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales (con base en los arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional).
El juez agregó, que en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que maximice la vigencia de los derechos en juego sin afectar la institucionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución Nacional, por lo que hay que lograr que sus criterios –en cada caso concreto- se complementen y no colisionen.
Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de publicación del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado por la Corte Interamericana, no resultando posible la revocación formal del decisorio de la Corte Suprema nacional.”

“En disidencia, el juez Juan Carlos Maqueda mantuvo su postura fijada en otros votos, según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso concreto, resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2001 que había condenado a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por publicaciones realizadas en la prensa, dado que la Corte Interamericana había resuelto en 2011 que esa sentencia constituía una violación al derecho a la libertad de expresión reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13).”

Roberto Gargarella hace un análisis de los votos y concluye que los tres se encuentran equivocados.

Acá un análisis muy completo del centro de estudios legales y sociales.

Zaffaroni, actual juez interamericano, criticó el fallo, acá.

Víctor Arbamovich aquí


Las críticas:
Se ha criticado que la Corte, como tribunal nacional, defina las competencias de la CorIDH, un tribunal internacional.
Que se intenta demostrar que un tribunal internacional no tiene potestades remediales. Critican que esto privaría de efecto útil al sistema.
Se dio marcha atrás a la posición de apertura que la Corte Suprema mostró en casos como “Esposito” que daba cumplimiento a Bulacio o el caso “Bueno Alves”, donde “había establecido que el margen de decisión de los tribunales argentinos quedaba acotado por la integración del país en un sistema de protección internacional de derechos humanos, lo cual obligaba a cumplir las decisiones de la Corte IDH que eran obligatorias y vinculantes para el Estado en los términos del artículo 68 de la Convención Americana. Esa obligación existía aun cuando no se estuviera de acuerdo con lo decidido, e incluso si se advertía contradicción con el propio orden constitucional…” Pues ahora la Corte dice que “en princpio las decisiones de la CorIDH son de cumplimiento obligatorio, y que no deben cumplirse si la CorIDH excede sus competencias o cuando la condena contradice los principios de derecho público constitucional argentino. (Abramovich) 
También Abramovich señala que el fallo no tiene un tono dialógico, sino de franca disputa con la CorIDH, señalando su exceso de competencia.
Otra crítica se endereza en contra de la idea de que la CorIDH sea una cuarta instancia, pues ésta lo que revisa es si se cumplió o no con la CADH y su facultad remedial no se limita a fijar reparaciones patrimoniales, sino que también puede obligar al Estado a dejar sin efecto, revisar o anular la decisión o sus efectos jurídicos. Técnicamente no es una revocación, explica Abramovich, “El proceso internacional es un nuevo proceso judicial, diferente al litigio interno, con sus instancias, sus propias partes litigantes, su sistema de prueba y de responsabilidad y su propio aparato remedial. Lo que hace la Corte Interamericana es ordenarle al Estado que adopte los mecanismos necesarios para dejar sin efecto o privar de efectos jurídicos a la decisión. En ocasiones, la Corte Interamericana manda a seguir adelante una investigación indicando que no puede oponérsele obstáculos a eso, lo que implícitamente obligará al Estado por los mecanismos que el propio Estado disponga, a reabrir ese proceso si hubiera sido cerrado en sede judicial. No altera esta facultad el hecho de que la decisión judicial que se dispone revisar provenga de la máxima instancia del Poder Judicial del Estado. Todas las instancias del Estado están obligadas por la Convención Americana en la esfera de su competencia, a dar cumplimiento de buena fe a las sentencias de la Corte IDH de acuerdo al Artículo 2 y 68 de la Convención (la idea del “control de convencionalidad” que desarrolla con mayor precisión la Corte Interamericana en la resolución de cumplimiento del caso “Gelman”).” Y añade que “La competencia convencional de la Corte Interamericana para ordenar que se revisen sentencias de tribunales nacionales es coherente con el principio del previo agotamiento de los recursos internos que contribuye a definir su papel subsidiario. Sería absurdo que la Convención por un lado disponga que las víctimas deben agotar los procesos judiciales nacionales antes de acceder con sus demandas al sistema de protección internacional, y luego inhibiera a los órganos del sistema de revisar el alcance de esas decisiones judiciales. Si así fuera las víctimas quedarían en medio de una trampa.” 
Asimismo, se critica la idea de que puede dejar de cumplirse con el fallo interamericano porque esté en franca contradicción con los principios fundamentales de derecho público argentino, pues por un lado, contradice los criterios de la Corte nacional, pero además sienta un precedente peligroso de cumplimiento de las decisiones de la CorIDH que cambia la interpretación constitucional de la jerarquía de los tratados de derechos humanos y devuelve a Argentina a una posición dualista de la relación entre derecho internacional y derecho interno.
Abramovich destaca que “La tesis contraria, similar a la que sostiene la Corte Constitucional colombiana, y que era mayoritaria en la corte hasta “Fontevecchia”, sostiene que los tratados incorporados a la Constitución, y el resto de la norma constitucional, conforman una única estructura jurídica, un “bloque de constitucionalidad”. Ese bloque normativo debe ser interpretado como una unidad, buscando coherencia entre sus normas. Ello conduce a una interpretación que no pretende desplazar una norma por otra superior originaria, ya que normas de igual rango no pueden invalidarse mutuamente. Dicho en otros términos, no existe un “valladar” de principios de derechos público argentino que nos resguarda de las amenazas exógenas de los tratados de derechos humanos, por cuanto esos tratados integran plenamente el orden constitucional.”

Jorge Contesse hace un análisis interesante acá y señala los cuatro puntos más relevantes de la decisión:

1)     La renuncia a la interpretación progresiva que incorporaba el derecho internacional al establecer excepciones a su cumplimiento.
2)     La revisión de las competencias interamericanas por una Corte nacional.
3)     La caracterización de cuarta instancia de la CorIDH.
4)     La naturaleza de la orden de la CorIDH, es decir, la cuestión respecto  de la implementación regional de las normas de derechos humanos y la justicia remedial interamericana.
Contesse llama la atención respecto de una tendencia en el continente de resistencia a los fallos interamericanos desde 2012 y menciona los casos de la denuncia de Venzuela, el fallo de la Cote Constitucional de República Dominicana rechazando la jurisdicción interamericana en 2014, así como los procesos de enderezamiento por que han pasado algunos Estados entre 2011 y 2013.

El voto de minoría de Maqueda:
Gargarella señala que el voto mayoritario básicamente fue una reacción de la Corte que vio amenazado su propio poder y de manera optimisma señala que “la Corte argentina –es mi convicción- sigue creyendo en el peso y el carácter obligatorio de las decisiones del tribunal interamericano, por buenas y malas razones. En su decisión, el tribunal quiso dejar a salvo su propio poder, frente a las decisiones del tribunal internacional, y de ningún modo vaciar de autoridad a la Corte Interamericana “


Gargarella rechaza el carácter autoritativo de las decisiones de la Corte Interamericana, dice que “los disensos que surgen en cuanto a cómo interpretar los principios básicos de nuestro derecho –que incluyen, por supuesto, a la CADH- no se deciden a través de las órdenes de ninguna autoridad, persona o institución particular, llámese el presidente, la Corte argentina o la Corte Interamericana. Tales desacuerdos deben decidirse a través de una conversación que involucra, también, y de modo relevante, a todos los actores antes citados. Y si la Corte argentina, a través de su voto mayoritario, yerra al no tomar en serio a la palabra de la Corte Interamericana (más aún, al tratar de privarla de autoridad frente a sí misma), Maqueda se equivoca al asignar a la “voz” de la Corte Interamericana una autoridad fulminante, superior o definitiva” Y ello porque “La Corte argentina, repito, debió hacer caso a la Corte Interamericana, en esta oportunidad, “revocando” la “condena civil” que le fuera impuesta a Fontevecchia, no porque la Corte Interamericana la obligue con sus órdenes, sino porque –bajo un razonamiento que el derecho argentino ya ha afirmado- mostraba tener razón, en este caso.”
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