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Discurso de odio en el proceso electoral de 2018
Geraldina González de la Vega (c)
Aún cuando la Ciudad de México figura formalmente como una ciudad incluyente, esto es, con herramientas jurídicas para combatir la discriminación, sabemos que no escapa a la realidad que se vive en todo el país.
Según resultados preliminares de la ENADIS 2018 elaborada por CONAPRED, el 70% de la población mexicana es discriminada y el 30% que no lo es, es la población que concentra la mayor riqueza: son blancos, no indígenas ni afromexicanos. Pero no son solamente los ricos y blancos los que discriminan, sino cualquiera que se siente o se encuentra en una posición de superioridad. En México discriminamos. México es un país con profunda desigualdad social. México es un país racista y clasista; también homófobo y misógino. Según la ENADIS de 2010más del 60% de los chilangos estaban en desacuerdo y muy en desacuerdo con que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños, mientras que el 44% no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. En lo que se refiere a las mujeres, según DATA4 (2017) entre 2004 y 2015, han sido asesinadas 23 mil 461 mujeres en México; 3 mil 836 de ellas murieron estranguladas, asfixiadas o sofocadas. Según el mapa creado por María Salguero, en 2018 van 87 feminicidios en la Ciudad de México.
La discriminación su sustenta en prácticas estructurales que vulneran derechos y obstaculizan la prestación y el acceso a servicios de educación y cultura, de salud, de justicia a personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. La discriminación estructural entonces se fundamenta en un sistema de privilegios y un esquema de desigualdad que reproduce sistemas de dominación.
Uno de estos sistemas de dominación es el lenguaje. El lenguaje tiene el poder de denostar y de perpetuar la desigualdad de ciertos grupos. El lenguaje es performativo, el lenguaje menoscaba, degrada y a la vez, ese insulto puede significar o resignificar la existencia social, el estatus político, la idea que se tiene de alguien.
Se ha dicho que el lenguaje opresivo ES violencia.
También se ha dicho que el lenguaje mismo no discrimina, en el sentido jurídico en que entendemos la discriminación: el trato diferente arbitrario que tiene como consecuencia la negación de derechos o de servicios.
¿Cómo decirle "naco" a una persona discrimina? Se preguntan algunos. ¿Por qué gritar en los estadios de futbol discrimina a los homosexuales? "no pretendí discriminar a las personas con discapacidad dicendole retrasado mental a otra persona" dicen.
En realidad, no es la expresión concreta la que está discriminando, lo que hace es contribuir al reforzamiento de esos sistemas de dominación, a perpetuar la opresión de determinados grupos, a repetir la significación social negativa de ciertas cualidades o características. A continuar con su exclusión de la esfera pública.
Por ello, el Convenio de Colaboración que se firma el día de hoy entre el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX es de enorme relevancia.
La Constitución General vincula a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y ello implica, también, el respeto irrestricto al principio de igualdad y no discriminación. Además, nuestra Constitución representa una serie de valores que vinculan a todas las personas que vivimos y convivimos en este país, de manera que también vincula a los y las candidatas que participan en procesos electorales, como el que celebramos este 2018.
Más aún, los y las candidatas revisten un rol especial, pues si bien son ciudadanos que buscan convertirse en representantes, esto es, en servidores públicos o autoridades, en términos de nuestra Constitución; fungen durante las campañas como canales de comunicación, como voceros en el debate público, como transmisores en una democracia deliberativa. Las y los candidatos traducen nuestros ideales y nuestras preocupaciones, las comunican, las explican, para que sean discutidas y confrontadas, y, eventualmente, se elijan las más adecuadas para representarnos.
En este sentido, la libertad de expresión resulta ser una de las piedras angulares de la democracia, así lo han dicho la Corte Interamericana y la Corte mexicana dándole a ésta, una posición preferente dentro del ordenamiento jurídico. El papel de la libertad de expresión en una democracia es crucial, pues sin ésta no podemos hablar de deliberación plural, si se vetaran determinadas expresiones, estaríamos limitando el discurso, relegando algunos puntos de vista y velando opiniones no mayoritarias.
La Corte mexicana ha dicho que "Tanto la libertad de expresión, como el derecho a la información son dos derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional de derecho pues aseguran a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual, espacios que deben ser respetados y protegidos por el Estado; y que gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas centrales para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa."
No obstante, como en toda libertad, existen límites. La Corte ha señalado que, aunque en las sociedades democráticas es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la libertad de expresión que el riesgo de una restricción general de la libertad correspondiente, ante un conflicto entre la dignidad de las personas, se deberá ponderar entre ambas.
Así, existen ciertos discursos dirigidos a denostar a ciertos grupos de manera directa, por ejemplo,cuando se dijo en una campaña electoral "que todos los mexicanos somos criminales y violadores"; o de manera indirecta, por ejemplo,cuando en un proceso electoral mexicano un candidato llamó "mariquita" a otro. Cuando alguien dice que los delincuentes provienen de familias no tradicionales, que las mujeres somos lavadoras de dos patas, que hay trabajos que ni los negros quieren hacer.
Se ha desarrollado en la doctrina el concepto de discurso de odio para señalar el "tipo de expresiones que incitan a la violencia –física, verbal, psicológica, entre otras- contra los ciudadanos en general, o contra determinados grupos caracterizados por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos y se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. La problemática social en relación a los discursos del odio, radica en que mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos." (ADR 2806/2012)
Estoy consciente de que no es pacífica la postura respecto de la limitación a la libertad de expresión cuando se trata de expresiones de odio. Sin embargo, considero que, desde una visión estructural de la desigualdad, es decir, desde una postura que mira a la discriminación como actos anclados en sistemas de opresión arraigados institucional y socialmente, y no como actos aislados contra individuos; es posible tomar una postura a favor de la limitación de los discursos de odio en tanto que fomentan y legitiman la discriminación, la exclusión y la violencia en contra de ciertas personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
Hablaba hace un momento sobre la desigualdad rampante que vivimos en México, de cómo existe una minoría privilegiada que es finalmente la que define y determina qué entra en el discurso, desde el cual se definen las políticas públicas y las leyes.
Idealmente, en una sociedad democrática todos y todas participamos en la esfera pública, este es un elemento indispensable para hablar de una democracia deliberativa, sin embargo, esto no es así.
Y justamente porque existe desigualdad, es obligación del Estado preservar la integridad del debate público, integridad en un sentido democrático, plural. El Estado tiene la obligación de velar por las diferencias y evitar que éstas generen desigualdad o discriminación. En una democracia deliberativa debe existir la responsabilidad de promover y proteger una atmósfera de respeto mutuo (Waldron).
Entonces, es cuestión de quiénes definen el discurso y cómo insertan a ciertos grupos en él, qué significados les dan. Sobre todo, cuando muchos de estos grupos no están representados y no cuentan con representantes que les den voz en sus demandas. Por ello es relevante que hoy tanto el Instituto como el Copred inviten a la reflexión a quienes participan en el proceso electoral y busquen, no solo evitar el discurso de odio, sino fomentar la inclusión de grupos en situación de desigualdad y vulnerabilidad.
Jeremy Waldron, explica que el discurso de odio es una afrenta tanto a la dignidad de los miembros vulnerables en una sociedad y un asalto calculado al bien público de la inclusión.
Y creo que es verdad, pues en la medida en que el discurso ataca la posición social (el fundamento de la reputación que les faculta para ser tratados como iguales en la operación ordinaria de la sociedad) y les descalifica como miembros de la sociedad, les excluye, minando las bases de una sociedad plural y democrática en donde deberían tener cabida las diferencias.
Dice Waldron que el discurso de odio es como veneno de acción lenta que amenaza la paz social, pues se acumula en todas partes, palabra a palabra, de manera que cada vez es más difícil y menos natural, inclusive para los miembros de la sociedad de buen corazón, hacer su papel para mantener el bien público de la inclusión y la seguridad.
Un ejemplo patente y actual sobre cómo el discurso político puede legitimar actos de discriminación lo vemos en los Estados Unidos, donde su actual Presidente inició discursos en contra de minorías raciales y en contra de las mujeres y hoy vemos que el uso de esos discursos ha cobrado fuerza, excluyendo grupos, menoscabando su acceso a servicios. No se trata de ser ingenuos y pensar que antes no había discriminación, no. Sin embargo, es verdad que los discursos legitiman la violencia, la fomentan, transmiten un mensaje de que está bien denostar, menospreciar a quienes son diferentes o a quienes no forman parte de la mayoría. Los discursos de odio llevan hacia la impunidad, la multiplican.
Se ha intentado medir el perjuicio social de los discursos a través de la Escala de Perjuicios de Allport, desarrollada por el psicólogo Gordon Allport en 1954: Escala 1, Antilocución. Escala 2, Evasión o aislamiento. Escala 3, Discriminación. Escala 4, Ataque físico. Escala 5, Exterminación.
El término de la Escala 1 –Antilocución- definido por Allport, se refiere a las observaciones verbales contra una persona, grupo o comunidad que no son directamente dirigidas hacia un objetivo. Antilocución significa entonces que un grupo mayoritario se siente libre para hacer bromas acerca de un grupo minoritario. El discurso se presenta en términos de imágenes y estereotipos negativos que son vistos por la mayoría como inocuos. Para Allport la Antilocución puede no ser dañina a primera instancia, pero puede ser el comienzo para manifestaciones más severas de prejuicios y normalmente crea el ambiente en donde la discriminación es aceptable.
Justamente en este punto es en donde se debe atacar el discurso de odio. Donde debe ser frenado. No se trata de ser policías de la corrección política, pero sí de señalar y evidenciar discursos que excluyen y que no contribuyen a la inclusión de personas y grupos históricamente desiguales.
Personalmente creo que la intervención del Estado en los casos de discursos de odio deben ser la mínima, apelando a un concepto usado en materia penal: de última ratio. Pues creo que el discurso debe ser combatido dentro del mercado de ideas y ser la propia sociedad quien limite y sí, censure, el discurso de odio. Por ello, el papel de los y las ciudadanas es crucial. Pero también creo que el rol de los medios de comunicación es de enorme relevancia, pues en la medida en que repliquen los discursos sin un espíritu crítico, se convierten en cómplices de la discriminación. Por último, toca a las autoridades hacer su papel, en el caso que nos reúne hoy, al IE de la CDMX y al COPRED de la CDMX en el ámbito de sus facultades. Así como a las instancias jurisdiccionales, en su caso.
Los y las candidatas a funciones de representación pública tienen la responsabilidad de velar porque el discurso sea uno incluyente y plural; en la medida en que en sus discursos y debates se utilice lenguaje incluyente y se omita el discurso de odio, por más "arraigado en nuestra cultura que se crea que es".
Los candidatos y candidatas tienen la obligación de velar por los valores fundamentales que hemos elegido para convivir; deben honrar los principios constitucionales, aún antes de ser electos y entrar a ejercer una función pública. Uno de ellos es proteger y garantizar la igualdad y la dignidad de las personas y no menoscabar o anular sus derechos y libertades.
Para poder lograr una situación ideal del discurso en la esfera pública (Habermas) es indispensable que todas las personas participemos con la misma significación: ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y libertades; ello no puede suceder en la medida en que dentro del discurso público, los grupos privilegiados dan el significado a los demás; y justo eso sucede cuando un candidato o candidata emite un discurso de odio. Un discurso que excluye o que denuesta, niega o menosprecia las realidades de los otros.
Muchas gracias.
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