Nuestro Despotita

Despotismo
Por Javier González Garza

Con un maniqueísmo burdo, el calderonismo acusa a los demás de no estar contra el narco mientras su gobierno hace uso de las instituciones con fines electoreros

Para Carmen Aristegui, porque no está sola.

Cuando un gobierno sucumbe ante la tentación de usar ilegítimamente el poder para combatir a sus adversarios, lo único que consigue es debilitar el Estado de derecho. Pero cuando desde el gobierno se modifica la ley para darse más poder, las consecuencias son devastadoras pues se atenta contra la democracia misma.

Las recientes modificaciones en materia penal han dado más poder y discrecionalidad al régimen calderonista, que ha utilizado dicha legislación de manera artera y autoritaria para objetivos claramente electoreros, empequeñeciendo aún más las cadavéricas instituciones del país. La infortunada declaración de que "el gobierno no pide permiso, actúa", lanzada en Morelos hace unos días, habla de la visión despótica con que opera Calderón. Creer que desde el gobierno federal se puede pasar sobre los gobiernos que conforman la Federación, los otros Poderes de la Unión e incluso sobre los ciudadanos y sus libertades, revela una delirante añoranza del totalitarismo.

Durante décadas el autoritarismo del régimen político mexicano se disfrazó como "legalismo", pero lo que realmente imperaba era la discrecionalidad y corrupción en la impartición de justicia. La "aplicación de la ley" era una simple herramienta de coerción política. Los gobiernos del PAN y el PRI se hermanan ante el ejercicio del poder y utilizan las leyes a su conveniencia para atacar a quienes los cuestionan.

Mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial se modificó el "Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales y para toda la República en materia federal" en su artículo 145, integrándose el delito de "disolución social". Incurrían en dicho delito el extranjero o mexicano que realizara propaganda política, defendiendo "ideas, programas o normas de acción" de cualquier gobierno extranjero que perturbaran el orden público o pusieran en riesgo la soberanía de la nación. Se justificó como una previsión para impedir que, en el marco de la Guerra Mundial, hubiera injerencia de gobiernos interesados en la posición estratégica de México. Pero tal delito nunca fue utilizado en ese contexto. El gobierno priista lo utilizó reiteradamente años después contra genuinos movimientos sociales que lo cuestionaron: maestros, ferrocarrileros, médicos, estudiantes y miembros de la oposición eran encarcelados con ese pretexto.

Algo equivalente vivimos hoy en día. El 12 de diciembre de 2007 se aprobaron diversas modificaciones a la legislación en seguridad pública y justicia penal en la Cámara de Diputados. Aunque el PRD propuso suspender esa discusión, el PRI y el PAN ejercieron una mayoría irreflexiva aprobando algunas aberraciones como el arraigo y la creación de la figura de "testigos colaboradores".

Con esas modificaciones en vez auspiciar eficiencia y profesionalismo en el Ministerio Público, en los cuerpos de seguridad pública y en el aparato de seguridad nacional se acepta y solapa la ineficacia y la mediocridad. Si no hay investigaciones o inteligencia, si no se pudo configurar una averiguación previa en los términos de ley, si no hay pruebas, si no hay elementos que acepte algún juez, no importa, se modifica la ley y punto. Si la Suprema Corte dice que es inconstitucional, pues se modifica la Constitución, ¡faltaba más!

El régimen calderonista decidió darse permiso para molestar a cualquiera en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin consecuencias. Porque aun cuando sea liberado luego de 80 días, nadie le resarcirá o pedirá disculpas pues ahora todo es "Constitucional". Aún más, puede que alguien denuncie anónimamente y haya testigos de los que no se conocerá su identidad, ni se sabrá si son veraces sus acusaciones y esto sea suficiente para apresar a un ciudadano, tal y como sucedía en la Santa Inquisición.

Con las nuevas iniciativas presentadas en materia de seguridad nacional, el gobierno del "haiga sido como haiga sido" pretende darse todavía más poderes, evitando "engorrosos trámites" del Poder Judicial o la aprobación del Congreso para suspender garantías. En su empeño por "no pedir permiso", Calderón configura un Estado policiaco.

El panismo calderonista centra su campaña electoral justo en eso: acusa a los demás de estar con el crimen en el más burdo maniqueísmo, y usa a sus empleados, el procurador y el secretario de Seguridad, para intentar ganar las preferencias electorales, mientras termina de derruir instituciones ya debilitadas, al utilizarlas con fines electoreros. Éste es el único país del mundo en donde en vez de ampliar derechos y garantías a los individuos se les restringen para conferírselos al gobierno.



Sonora


En estos días ocurrirán dos actos civiles con relación a la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Hoy a las seis de la tarde se llevarán a cabo movilizaciones en todas las poblaciones de ese estado. La sociedad sonorense saldrá a las calles, indignada, a exigir justicia y en contra de la subrogación de las guarderías del IMSS. El segundo acto se trata de una marcha el próximo sábado 4 de julio a las diez de la mañana, que saldrá de las oficinas del IMSS en Reforma, en la Ciudad de México, con el mismo propósito.



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