Estado Gandalla = Ciudadanos Gandallas

En el post pasado escribía sobre la importancia del respeto de los derechos de tod@s.


Acá encontré una entrevista con David Razú que lo resume perfecto: Si el Estado es gandalla manda la señal de que ese es el valor que tiene primavía: el gandallismo, el abusado, el que logra salirse con la suya, porque como he dicho un millón de veces, para este Gobierno el fin justifica los medios...

Respetemos los Derechos, son de tod@s

Hoy se anunció la muerte de dos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en Chilpancingo. Al parecer un grupo de estudiantes venía desde hace ya tiempo haciendo demandas al Gobierno de Guerrero que incomodaban o molestaban a los demás ciudadanos de esa entidad. El día 12 de diciembre hubo un "enfrentamiento" entre estos estudiantes y la policía ministerial de Guerrero, todo indica que los estudiantes no iban armados. La policía disparó contra varios de ellos, mató a dos y al menos he leído que hay otra persona grave en el hospital.
Si las demandas de los estudiantes eran alucinantes, no importa.
Si bloqueaban calles y avenidas, no importa.
Si eran insoportables, una lacra social, delincuentes, en fin, todo eso no importa. El Estado no puede disparar en contra de ciudadanos simplemente porque sí, para que un policía haga uso de la fuerza letal se tienen que cumplir varios requisitos, entre otros que el ciudadano tenga un arma y que exista un peligro inminente de que la use en contra suya, de terceros o de sí mismo. 
La fuerza letal no está justificada nunca nada más porque "se cree" que son delincuentes, en México parece que confundimos el uso de la fuerza pública con el uso de la fuerza letal, la policía NO está para matar delincuentes, los militares no están para hacer tareas de seguridad pública y no existe ninguna justificación para que una autoridad armada dispare en contra de una persona que se presume ha cometido algún delito.
Estos son principios básicos del Estado de Derecho, el principio de legalidad, junto con otro de sus pilares, son los derechos humanos.
Es intolerable que periódicos de gran circulación permitan publicar sin más cartones como este:

Los derechos humanos no son recursos hippies ni retórica progre para proteger delincuentes ante ciudadanos desesperados, no, los derechos humanos son tuyos, son míos, son del Chapo y de los estudiantes abatidos hoy en la carretera del Sol, cuando se violan los derechos de unos se violan los de todos.
Los derechos son escudos que nos protegen a todos, buenos y malos, de los abusos de la autoridad, de los abusos de las mayorías, de los abusos de quienes creen, piensan o ven el mundo de forma distinta. 
Es verdaderamente lamentable leer justificaciones desde "eran unos revoltosos" "se lo buscaron" "para qué andaban tapando la circulación" "no nos dejan pasar", nada tiene que ver sus actos con el uso de la violencia  injustificada. 
Quieren tolerar eso? bien, pero cuidado no vayan a acabar como Robespierre, con la cabecita también bajo esa guillotina.
Revísen sus estándares. 


Agradezco a @carlosbravoreg  el cartón de Calderón, quien me dice fue publicado a propósito del informe de Human Rights Watch. 

Violaciones graves a los Derechos Humanos en México

El día de ayer la organización Human Rights Watch hizo público su reporte sobre la "estrategia" de seguridad en México. Vivanco se reunió con el Presidente Calderón, así como con el ministro Silva Meza, Presidente de la Corte, para presentar los resultados de este informe: se comenten graves violaciones a los Derechos Humanos en México por medio de la "estrategia" de seguridad pública lanzada en 2006 por el Presidente Felipe Calderón.

Este informe es de lectura obligatoria para quien se interese en México y la situación de los Derechos Humanos, confirma lo que hemos venido leyendo y escuchando: las fuerzas armadas torturan, ejecutan, desaparecen, con enorme impunidad. La "estrategia" del Gobierno Federal ha incrementado la violencia, las quejas por violaciones a los Derechos Humanos ante la CNDH han aumentado impresionantemente y los ministerios públicos no investigan las muertes.


Conclusión de HRW:

"Mediante este análisis, Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigarían adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país."

Después de leer esto me alegro de haber firmado apoyando la denuncia de Felipe Calderón et.al. ante la Corte Penal Internacional. Qué no cumple con los requisitos para ser aceptada? qué más dá? el objetivo de la denuncia es expresarla, no la formalidad en sí misma, se trata de demostrar que somos miles de ciudadanos que queremos que esto se acabe y sobre todo, somos miles de ciudadanos que deseamos que esto se sepa en el mundo: Que la "estrategia" del Gobierno de Felipe Calderón mata, viola, desaparece, tortura y todo con una enorme impunidad y lo peor, complicidad, por parte del Ejecutivo y sus funcionarios, quienes por cierto no tienen responsablidad ante el Congreso. Para quienes existen márgenes de error en el respeto a los Derechos Humanos y para quienes los derechos son retórica pura.
Quién se hará responsable de los muertos? de las mujeres violadas? de las personas torturadas y desaparecidas? de las familias rotas? de los niños que crecen enmedio de esta violencia?


 Más información sobre la denuncia contra Calderón y otros AQUÍ


Increíble que hoy todavía exista alguien que defienda esto y defienda a Calderón y su equipo, quienes se empeñan en minimizar estos hechos:


Números:
Tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010.
El gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento drástico cada año: pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. 
En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico.
Actualmente, más de 50.000 soldados están asignados a operativos de gran escala contra el narcotráfico en todo México.
A los operativos de las Fuerzas Armadas se han sumado miles de miembros de la recientemente reconstituida Policía Federal y más de 2.200 fuerzas policiales distintas de los estados y los municipios, si bien la cooperación entre estas fuerzas de seguridad es a menudo limitada o superficial.
HRW realizó investigaciones exhaustivas en cinco estados profundamente afectados por la violencia vinculada al narcotráfico: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
Se efectuaron más de 200 entrevistas a un amplio espectro de funcionarios, se analizaron estadísticas oficiales, se recabaron datos a través de pedidos de información pública y se examinaron expedientes, procedimientos legales y denuncias de violaciones de derechos humanos, además de otras pruebas.
Human Rights Watch obtuvo pruebas creíbles de tortura en más de 170 casos en los cinco estados relevados en el presente informe.
Human Rights Watch documentó 39 “desapariciones” en las cuales existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad.
En 24 casos, Human Rights Watch obtuvo pruebas creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, y en la mayoría de los casos, intentaron encubrir los delitos.
 La mayoría de las víctimas en los casos documentados por Human Rights Watch eran hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora. Muchos tenían familia e hijos pequeños.
Entre 2003 y 2006 la CNDH recibió 691 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles; esta cantidad aumentó a 4.803 en el período entre 2007 y 2010.
Y, mientras que entre 2003 y 2006 la CNDH emitió 5 recomendaciones en las cuales concluía que autoridades federales habían cometido torturas, en el período de 2007 a 2010 formuló 25 recomendaciones de este tipo.
Según el Ejército, por ejemplo, los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 210 investigaciones de delitos cometidos por soldados contra civiles en 2007, 913 en 2008 y 1.293 en 2009.


 **México ha sido condenado por la Corte Interamericana en varios casos de abuso por parte de miembros de las fuerzas armadas y se ha instado a reformar el llamado fuero militar contenido en el Código de Justicia Militar que es además de contrario a la Convención Americana, contradice el art. 13 de la Constitución Mexicana.
** Asimismo, la Corte Mexicana se ha pronunciado en el mismo sentido en la decisión conocida como Radilla
** Ver el informe de HRW de 2009, Impunidad Uniformada
y mi texto sobre el Código de Justicia Militar
y mi texto sobre la Decisión Radilla de la SCJN**

"En los cinco estados relevados en el presente informe, desde 2007 los agentes del Ministerio Público militar han iniciado 1.615 investigaciones de violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por soldados contra civiles, según datos oficiales obtenidos a través de pedidos de información pública. En ninguna de estas investigaciones militares en los cinco estados se han dictado condenas. A su vez, la Procuraduría General de Justicia Militar indicó haber iniciado 3.671 investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre 2007 y junio de 2011. Durante este período, solamente fueron condenados 15 soldados; es decir, menos del 0,5 por ciento."

 Este apartado merece ser reproduido textualmente aquí: Retórica peligrosa

"A pesar de que no se investigan adecuadamente los casos de violaciones de derechos humanos, es habitual que funcionarios públicos desestimen las denuncias de las víctimas como falsas y describan a las víctimas como delincuentes –incluso cuando altos funcionarios expresan públicamente su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos–. El modelo para este discurso contradictorio ha sido proporcionado por el Presidente Calderón, quien por una parte ha reconocido a los derechos humanos como la “premisa central” de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada, y por otra parte ha expresado su disgusto ante denuncias de abusos cometidos por militares “que no son ciertas”. Calderón también ha señalado en varias oportunidades que el 90 por ciento de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de bandas de delincuencia organizada.

El mensaje del presidente ha sido reproducido por funcionarios civiles y militares en todos los niveles, como el secretario de Marina, quien recientemente declaró que grupos delictivos habían conseguido, mediante engaños, que organizaciones de la sociedad civil “utilizar[an] la bandera de los derechos humanos [para] dañar la imagen de las instituciones [gubernamentales]”. 

Un agente del Ministerio Público federal en Tijuana indicó a Human Rights Watch que las denuncias de tortura de los detenidos eran falsas debido a que “el único que miente es el propio inculpado”.

Las estadísticas de Calderón también han sido replicadas por políticos locales, por ejemplo, en las declaraciones efectuadas recientemente por funcionarios de Nuevo León que indicaban que el 86 por ciento de las víctimas en casos de homicidios violentos ocurridos en ese estado en 2011 pertenecían a carteles. Estas afirmaciones fácticas efectuadas por Calderón y otras autoridades estarían justificadas si se basaran en investigaciones rigurosas y objetivas. No obstante, la gran mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad nunca son investigadas adecuadamente y prácticamente no se juzga ninguno de los homicidios que se presumen vinculados al narcotráfico. La ausencia de investigaciones permite dudar de los fundamentos de las afirmaciones expresadas por el presidente y otros funcionarios, y revela además una tendencia intrínseca en el gobierno a prejuzgar a las víctimas. Esta retórica transmite a los funcionarios judiciales el mensaje que las denuncias de las víctimas son infundadas y no ameritan una investigación seria, y a la vez insinúa a las fuerzas de seguridad que sus abusos no serán cuestionados."  

---Se acuerdan de la "mitología" de Alejandro Poiré?----- AQUÍ su blog


Lamentable:
 "En varios casos, Human Rights Watch comprobó que funcionarios de las comisiones [de Derechos Humanos, nacional y estatales] no adoptaban medidas básicas para investigar las denuncias, no iniciaban investigaciones cuando existían amplias pruebas de abusos, o bien las concluían en forma prematura. Y, en más de una decena de casos, Human Rights Watch observó que la CNDH no ejerció su competencia para investigar denuncias donde existían pruebas que señalaban claramente que se habían cometido violaciones de derechos humanos y, en lugar de ello, remitió los casos a las autoridades civiles y militares antes de efectuar una investigación exhaustiva, mediante una práctica conocida como “vía de orientación”.


Tampoco se salvó el Poder Judicial:

"...es común que agentes del Ministerio Público no examinen en forma crítica las pruebas que señalan posibles maltratos de los detenidos, como las pericias médicas donde se documentan lesiones graves o los casos en que las “confesiones” de varias personas presuntamente involucradas en un delito son prácticamente copias textuales unas de otras. Como resultado de estas falencias, los funcionarios judiciales no excluyen aquellas confesiones que fueron obtenidas mediante tortura ni recaban pruebas que son cruciales para juzgar a soldados y policías que aplican tácticas abusivas. Por el contrario, los agentes del Ministerio Público, y en algunos casos los jueces, desestiman las afirmaciones de las víctimas por considerar que se trata de una estrategia para eludir ser castigadas, y clasifican sistemáticamente los casos de posibles torturas como el delito más leve de “lesiones”, sin antes investigar las denuncias en forma adecuada...."

"Cuando se pide a funcionarios judiciales que expliquen las razones por las cuales sólo se consiguen condenas en casos excepcionales, presentan varias explicaciones, incluyendo el volumen abrumador de causas, la complejidad y el riesgo inherente que supone llevar adelante investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada y la falta de certeza sobre si un homicidio corresponde a la jurisdicción federal o de los estados, entre otras. No obstante, varios agentes del Ministerio Público señalaron en confianza a Human Rights Watch que uno de los principales obstáculos que impiden investigar y juzgar eficazmente estos casos es el amplio repertorio de abusos cometidos por soldados y policías. Según han señalado funcionarios judiciales, no sólo es común que las fuerzas de seguridad contaminen y manipulen la escena del crimen, sino que además ponen a los detenidos a disposición de agentes del Ministerio Público casi exclusivamente sobre la base de confesiones que, como luego se determina, se obtuvieron mediante golpizas, amenazas u otros abusos. En este contexto, los agentes del Ministerio Público enfrentan la alternativa de ignorar posibles abusos y sustentar la acusación en las confesiones obtenidas mediante la violación de los derechos de los presuntos delincuentes, o bien desestimar estas pruebas y confesiones dudosas e iniciar su propia investigación desde cero."

---AQUÍ un reporte crítico de la CNDH de HRW---


Algo que ya sabíamos -o percibíamos, al menos-: No mejora la seguridad pública dice HRW que:

"Las violaciones de derechos humanos no sólo debilitan el estado de derecho, sino que además pueden tener efectos contraproducentes para la reducción de la violencia, la desarticulación de redes delictivas y la construcción de la confianza pública en las instituciones que resulta indispensable para la efectividad de los operativos contra el narcotráfico.
Desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente; las prácticas abusivas de control policial han perjudicado la investigación y el juzgamiento de presuntos delincuentes; y la corrupción y los abusos generalizados han generado hostilidad entre la población civil, que de otro modo podría brindar información crucial a las fuerzas de seguridad. Los homicidios que son producto de la violencia vinculada al narcotráfico han aumentado cada año desde que el Presidente Calderón implementó su estrategia de seguridad pública.
Por ejemplo, las cerca de 15.000 muertes presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada ocurridas en 2010 representan un aumento de casi el 60 por ciento respecto del año anterior. En Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas —estados donde el gobierno federal ha puesto en marcha importantes operativos contra el narcotráfico con intervención del Ejército— la tasa de homicidios tanto en 2008 como en 2009 prácticamente duplicó los niveles récord correspondientes a las dos décadas anteriores.
Asimismo, la afirmación del gobierno de que los operativos de seguridad pública habían conseguido reducir la delincuencia en lugares como Tijuana no se ve respaldada por las estadísticas, que muestran que se mantienen niveles alarmantes de homicidios, robos violentos, secuestros y extorsión, a pesar de algunos descensos modestos y efímeros.
 El Presidente Calderón ha señalado en reiteradas oportunidades que la alarma por la magnitud de la violencia en México es exagerada e indicó que la tasa de homicidios del país es mucho menor que la de otros países de América Latina, como Brasil y Colombia. No obstante, la tasa total de homicidios ofrece una descripción incompleta de la violencia en México, dado que los hechos de violencia vinculados con el narcotráfico afectan a algunas regiones mucho más que a otras. Por ejemplo, casi un tercio del total de homicidios vinculados a la delincuencia organizada ocurridos en 2010 en México se produjeron en tan sólo cinco ciudades, de acuerdo con datos del propio gobierno. Por lo tanto, es posible obtener una apreciación más realista de la gravedad de la violencia a través del análisis de las tasas de homicidios correspondientes a determinados estados y ciudades que, casi sin excepción, presentan tendencias ascendentes. Por ejemplo, en Ciudad Juárez la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se elevó de 14,4 en 2007 a 75,2 en 2008, y a 108,5 en 2009. La tasa de homicidios en Juárez durante 2009 no sólo fue aproximadamente siete veces superior al índice nacional para todo México, sino que es además una de las más elevadas del mundo, y supera ampliamente a las de Río de Janeiro, Brasil, y Medellín, Colombia, dos ciudades con las cifras más altas de homicidios de la región. "

 Y los ministerios públicos? Dice HRW que:

 "...si bien el gobierno afirma que entre diciembre de 2006 y enero de 2011 ocurrieron 35.000 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, la Procuraduría General de la República solamente registró 13.845 homicidios. (De conformidad con la Constitución mexicana, si todos estos homicidios estuvieran efectivamente vinculados a la delincuencia organizada, los agentes del Ministerio Público federal estarían facultados a investigarlos y juzgarlos). La PGR brindó datos contradictorios sobre la proporción de estos casos que estaban siendo investigados, e informó en un primer momento que había iniciado 1.687 investigaciones de homicidios, y tres meses después señaló que sólo había iniciado 997. Solamente han sido acusadas 343 personas en estos casos. Y, según estadísticas proporcionadas a Human Rights Watch por el poder judicial federal en respuesta a un pedido de información pública, la justicia federal solamente ha aplicado condenas en 22 casos de homicidios y otras lesiones vinculados con la delincuencia organizada. Los resultados a nivel estatal son igualmente deficitarios." 

 Y esto es sólo la punta del iceberg:

"... Sin embargo, la confianza de la cual depende esta cooperación se construye con la experiencia, y muchos mexicanos no creen que los delitos que denuncian serán debidamente investigados, o temen que la delincuencia organizada se haya infiltrado en la justicia y en los organismos de seguridad pública locales. Si a esto se suman los abusos generalizados cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, que profundizan aún más la desilusión pública, no resulta sorprendente que muchos civiles consideren que la denuncia de delitos puede ser una alternativa más riesgosa que guardar silencio. Esta desconfianza se refleja en la baja proporción de delitos y violaciones de derechos humanos que los ciudadanos denuncian ante las autoridades. En diálogos con Human Rights Watch, agentes del Ministerio Público y funcionarios de derechos humanos han coincidido en que tan sólo una proporción mínima de víctimas denuncian los abusos sufridos, como resultado de una combinación de temor y falta de confianza en las autoridades. Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez, por ejemplo, estima que solamente una de cada diez víctimas de abusos militares presenta una denuncia ante la comisión. Agregó que los civiles que no denuncian violaciones de derechos humanos seguramente tampoco denuncien otros delitos. Asimismo, se ha determinado a través de encuestas nacionales que casi el 90 por ciento de los delitos en México nunca se denuncian. Esta renuencia a denunciar delitos, a su vez, alimenta un círculo de impunidad que protege a los responsables y favorece la delincuencia."

El Informe completo lo puedes descargar o leer online AQUÍ:

Ni Seguridad, Ni Derechos

Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México

CONTENIDO

• Ni Seguridad, Ni Derechos
• Estados de México donde Human Rights Watch realizó esta investigación
• Resumen ejecutivo
• Principales recomendaciones
• Metodología
• Tortura
• Desapariciones forzadas
• Ejecuciones extrajudiciales
• Anexo 1: Glosario de términos jurídicos e instituciones claves - Amparos, Quejas, Recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales
• Anexo 2: Índice de casos ilustrativos
• Agradecimientos

Prioridades

CHOROS, ROLLOS o palabras vacías

Así se ve el discurso de Calderón de hoy vía @antoniomarvel

Dieciséis Constitucional.

A veces se olvidan que existe.

México

‎

"Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí"

~ Martin Niemoeller

URGENTE FAVOR DE DIFUNDIR DENUNCIA DE EFRAIN BARTOLOME. NO ES EJERCIO LITERARIO. ES LA DESPIADADA REALIDAD QUE VIVIMOS EN MEXICO

Efraín Bartolomé

¿DE VERDAD ESTAMOS TAN SOLOS?

Son las 4:43 de la mañana del día 11 de agosto de 2011.

Hace aproximadamente dos horas un grupo de hombres armados irrumpieron en mi casa ubicada en Conkal 266 (esq. Becal), Col. Torres de Padierna, 14200, México, D. F.

Comenzamos a escuchar golpes violentos como contra una puerta metálica y me extrañó porque se escuchaba demasiado cerca y no hay ninguna puerta así en la casa.

Prendí la luz.

Los golpes arreciaban ahora como contra nuestras puertas de madera.

Quité la tranca que protege la puerta de nuestra recámara y me asomé al pasillo: hacia el comedor veía luces (¿verdosas? ¿azulosas? ¿intermitentes?) acompañando los golpes violentos contra el cristal que da al sur.

Mi mujer me gritó que me metiera.

Así lo hice apresuradamente y alcancé a poner la tranca de nuevo.

Oí cristales rompiéndose y pasos violentos hacia nuestra recámara: rápidos y fuertes.

“¡Abran la puerta!” era el grito que se repetía antes de que empezaran a golpear con violencia mayor nuestra puerta con tranca.

Nos encerramos en el baño y busqué a tientas un silbato que cuelga de un muro sin repellar: comencé a soplarlo con desesperación, unas diez veces, quizá.

Mi mujer está llamando a la policía.

Les dice que están entrando a la casa, que vengan pronto por favor, que nos auxilien.

Yo sigo soplando el silbato con desesperación.

En la oscuridad, mi mujer se ubicó tras de mí mientras oíamos que la tranca de la puerta se quebraba y los hombres entraban.

¿Tres, cuatro, cinco?

Quise cerrar la puerta del baño pero ya no alcancé a hacerlo.

Empujé unas cajas hacia dicha puerta y en algo estorbó los empujones.

“¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, hijos de la chingada...!” gritaban mientras empujaban y metían sus rifles negros hacia el interior.

Quise detener la puerta con mis manos pero no tenía sentido: vencieron mi mínima resistencia y entraron.

Policías vestidos de negro, con pasamontañas y lo que supongo que serían “rifles de alto poder”.

“¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, hijos de la chingada! ¡Al suelo y no se muevan!”

Uno de los hombres me da un manazo en la cabeza y me tira los lentes.

Alcanzo a pescarlos antes de que toquen el suelo.

Me quita el silbato.

−¡No golpee a mi esposo! –grita mi mujer.

−¡El teléfono! ¡Déme el teléfono! –le responde y pregunta si no tenemos otro teléfono o un celular.

Ella y yo nos arrodillamos primero y después nos medio sentamos en el suelo de cemento de este baño sin terminar.

Policías jorobados y nocturnos, como en el romance de García Lorca.

Quién lo diría: aquí, en nuestra amada casa donde cultivamos y enseñamos la armonía.

Aquí...

Justo aquí estos hombres de negro, con pasamontañas, con guantes, con rifles de asalto, con chalecos o chamaras que tienen inscritas las siglas blancas PFP, nos apuntan con sus armas a la cabeza.

Uno de ellos, siempre amenazante, nos interroga.

Dos más permanecen en la puerta.

− ¡Las armas! ¡Dónde están las armas!

− Aquí no hay armas, señor, somos gente de trabajo.

− ¡A qué se dedica!”

−Soy psicoterapeuta y escribo libros.

−¿Desde cuándo vive aquí?

− Desde hace treinta años...

−Cómo se llama.

−Efraín Bartolomé.

−Cuántos años tiene.

−60.

−A qué se dedica.

−Ya se lo dije, señor, soy psicólogo y escribo libros.

−Usted cómo se llama... –se dirige a mi mujer.

−Guadalupe Belmontes de Bartolomé.

−A qué se dedica.

−Soy arqueóloga y ama de casa.

−Cuántos años tiene.

−54.

−Tranquilos. Respiren profundo... Voy a verificar los datos.

El hombre sale.

Oigo ruidos en toda la casa.

Están vaciando cajones, abriendo puertas, pisando fuerte sobre la duela de madera.

Oigo ruidos afuera, en el cuarto de huéspedes, en la torre, en el estudio de abajo.

Nos cambiamos de posición.

Mi mujer pone algo sobre el frío piso de cemento.

Cinco o siete minutos después regresa el hombre y repite su interrogatorio.

Si recibimos gente en la casa, con qué frecuencia, cada cuánto salimos de viaje, quién cuida entonces.

Respondemos a todo brevemente.

Dice nuevamente que va a verificar los datos y que volverá a decirnos porqué están aquí.

El tiempo pasa.

Oímos que abren nuestro carro en el garage.

Voces ininteligibles en el patio del norte.

Más tiempo.

Varios minutos después se oyen motores que se prenden y carros que arrancan.

Mi mujer y yo seguimos en la oscuridad.

Comenzamos a movernos.

Sólo silencio.

Nos incorporamos con cierto temor.

Salimos del baño hacia la recámara iluminada.

Desorden.

Cajones abiertos.

Cosas volcadas en el buró.

La chapa de la puerta en el suelo.

Restos de la tranca destrozada.

La puerta de tambor machacada y rota, pandeada en su parte media.

Salimos al pasillo: un cuadro en el suelo y abiertas las puertas de lo que fueron las recámaras de mis hijos.

Desorden en el interior: maletas y cajas abiertas, cajones vaciados.

Vamos hacia el comedor: uno de los vidrios roto en su ángulo inferior izquierdo, muchos cristales en el piso.

La puerta de la sala está rota de la misma forma en que rompieron la de nuestra recámara: la chapa en el suelo y fragmentos de duela en el piso.

Está abierta la puerta de la torre y prendidas las luces del cuarto de huéspedes.

Salimos por la puerta de la sala y nos asomamos con cierto temor.

Nada.

Mi mujer llama por segunda vez a la policía.

Es en vano: piden los datos una vez más.

Dicen que ya enviaron una unidad.

Llego a la barda y me asomo: no hay carros.

El portón del garage está intacto.

Bajamos las escaleras hasta la puerta de acceso: rota igual que las de adentro.

El estudio de abajo está con las luces prendidas.

De por sí desordenado, ahora lo está más.

Vamos hacia la torre y entramos al cuarto de huéspedes: cajones volcados, revistas en el suelo, cosas sobre la mesa, puertas del clóset colgando, zafadas de su riel inferior.

Subo al tercer piso: una esculturita de alambre volcada pero no se nota demasiado desorden.

Subo a los pisos superiores: no hay daño en la salita de arte.

En el último piso dejaron abierta la puerta a la terraza.

Volvemos al interior: queremos tomar fotos pero no está la cámara de mi mujer que estaba sobre el buró.

“¡Tampoco está la memoria de mi computadora!”, grita.

También se la llevaron

Quiero ver la hora y voy al buró por mi reloj: ha desaparecido mi querido Omega Speedmaster Professional que me acompañó por casi cuarenta años.

Tiene mi nombre grabado en la parte posterior: Efraín Bartolomé.

Oímos que un auto se estaciona y nos asomamos.

Mi mujer llama una vez más a la policía: lo mismo.

Ya tienen los datos pero nunca enviaron apoyo.

Indefensión.

Del auto blanco baja un joven y avanza hacia la esquina.

Se asoma y regresa.

Lo saludo y responde.

Le preguntamos qué pasa y responde que viene en atención a una llamada de su amiga que vive a la vuelta y a cuya casa también se metieron.

Mi mujer pregunta de qué familia se trata, cómo se apellida.

Magaña, responde el joven.

¡Es Paty!, dice mi mujer.

Salimos a la calle y voy hacia allá.

Encontramos a Patricia Magaña, bióloga, investigadora universitaria, acompañada de su papá, en la calle.

Entraron a ambas casas la de ella y la de sus padres, con la misma violencia que a la nuestra.

Patricia y su hija estaban solas.

Sus padres octogenarios también estaban solos.

Volvemos a nuestra casa vejada y con la puerta rota.

Atranco la destruida puerta de la calle.

Con todo, mantenemos una sorprendente calma.

“Pudieron habernos matado”, dice mi mujer.

Yo imagino por unos segundos nuestros cuerpos ensangrentados en el baño en desorden.

¿Sabe el presidente Calderón esto que pasa en las casas de la ciudad?

¿Lo sabe Marcelo Ebrard?

¿Lo sabe el procurador Mancera?

¿Ordenan Maricela Morales o Genaro García Luna estos operativos?

¿Sabrán quién fue el encargado de este acto en contra de inocentes?

Antenoche volvimos a casa levitando, en la felicidad más plena, tras la amorosa y conmovedora recepción del público ante nuestro libro presentado en Bellas Artes.

Un día después, en la atroz madrugada, la PFP irrumpe violentamente en nuestra casa, quiebra nuestras puertas, destruye los cristales, hurga sin respeto en nuestra más íntima propiedad, nos amenaza con armas poderosas a mi bella mujer y a mí, a la edad que tenemos...

Y pensar que también son humanos los que hacen esto contra su prójimo.

Subo al estudio a escribir esto.

Allá, abajo, la ciudad parece embellecida por la calma.

Arriba la impasible Luna de agosto, casi llena.

Son ya las 6:35 de la mañana.

La luz de oriente comienza a colorear y a inflamar el horizonte.

La policía nunca llegó.

¿De verdad estamos tan solos?

En contra de la #LSN

Carta abierta a diputadas y diputados sobre la Ley de Seguridad Nacional

Carta abierta a diputadas y diputados sobre la Ley de Seguridad Nacional (extracto) Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes les enviamos un cordial saludo y aprovechamos para manifestarles nuestra preocupación por las deliberaciones en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), actualmente en dictamen por parte de su Comisión. Como es de su conocimiento, el pasado 21 de abril de 2009 el Ejecutivo Federal presentó al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que prevé un procedimiento administrativo con una mera opinión consultiva del Congreso para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas en supuestos hechos de disturbio de la paz pública, entre otras causales. El procedimiento es llamado “alerta de seguridad interior”. Carta íntegra de organizaciones en formato PDF. En su minuta del 22 de abril de 2010, el Senado incorporó a ese procedimiento un conjunto de controles democráticos conducentes a garantizar a los civiles el acceso a la justicia y a garantías judiciales efectivas, ante tribunales competentes, independientes, objetivos e imparciales, por casos de delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos cometidos por elementos de la Fuerza Armada Permanente, así como el monitoreo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación sobre las actuaciones de elementos castrenses en las alertas de seguridad interior. Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones y académicos firmantes exhortamos a las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras y a las y los coordinadores de las fracciones parlamentarias a: Que toda redacción de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional se sujete a la obligación objetiva del Estado mexicano de garantizar el respeto y protección irrestrictos de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano a la seguridad, con la debida integralidad e indivisibilidad de todos los derechos de los que las personas somos titulares, lo que implica que la protección de un derecho jamás representaría la suspensión o restricción de otro en un estado de normalidad democrática; Que en el dictamen de la Cámara de Diputados se acate lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo tocante a la prohibición de aplicar extensivamente la jurisdicción militar a casos en los que se encuentren involucrados civiles; Que incorporen los estándares y recomendaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana a los que hemos hecho referencia en este escrito, a fin de que la seguridad que provea el Estado responda a un enfoque integral, comprensivo de las dimensiones sociales, políticas y económicas de la innegable problemática de seguridad que hoy atraviesa nuestro país, y no sola ni privilegiadamente al uso de la fuerza; Que discutan en sesión de las Comisiones Unidas de ambas Cámaras involucradas en la dictaminación de la minuta, conjuntamente con la representación del Ejecutivo Federal y de la sociedad civil, para que antes de llevar los dictámenes al Pleno de la Cámara de Diputados se formule una propuesta que recoja puntos de vista plurales. Confiamos que la Cámara de Diputados atenderá a la alta responsabilidad que hoy tiene de establecer un marco jurídico en materia de seguridad que resulte en todo momento respetuoso de los derechos humanos de todas y todos, a fin de consolidar la democracia, la paz y el bienestar de México. Atentamente, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, A.C. (AFADEM) Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México, A.C. (AMARC-México) Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, A.C. (FrayBa) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, O.P., A.C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (PRODH) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL) FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C. i(dh)eas – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. INCIDE – Social, A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Litiga OLE, A.C. Niunoniunamás Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca Veracruzana Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT) (conformada por 73 organizaciones en 23 estados) Sin Fronteras, I.A.P. Clara Jusidman John M. Ackerman Rodrigo Olvera Briseño

Ley de Seguridad Nacional, preocupémonos.

Ley de Seguridad Nacional
Miguel Concha
La Jornada

Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, pidiéndoles que la semana próxima no turnen al Pleno el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin antes al menos, como ordena el reglamento, discutirlo y aprobarlo en sus respectivas comisiones.

El asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando ampliamente La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envió el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril del año pasado; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; reglamenta su participación indefinida en labores de seguridad pública; desacata abiertamente y a posteriori las cuatro peticiones formales que desde el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano, y cuya jurisdicción es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y maneja una extraña concepción gradualista de paz, que no tiene nada que ver con el significado que sobre ella establecen los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, ni los mecanismos de su observación y cumplimiento, a los que también se ha obligado el Estado mexicano. Para estos últimos, en efecto, la paz es interdependiente del cumplimiento integral e indivisible de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y de la democracia.

No hay que olvidar tampoco que al cumplirse el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó en su documento: No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar.

Para legalizar la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior, que de acuerdo con la CIDH deben también corresponder a las autoridades civiles en un Estado democrático y de derecho, el documento de marras en cambio maneja una concepción belicista de paz, que más bien recuerda lo que Norberto Bobbio rechaza en su libro El problema de la guerra y las vías para la paz. Es decir, una concepción de la guerra como mal necesario, que se va deslizando a una concepción de la guerra como guerra justa, e incluso como guerra legítima y legal. Y todo ello sin haber reconocido en la Constitución el derecho explícito de la ciudadanía a la paz, y la obligación de garantizarla por parte del Estado, como ha sucedido ya en la mismísima Colombia, y sin tomar en cuenta las mínimas prevenciones que establecen los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, para proteger a los civiles en conflictos armados, no sólo entre Estados, sino también al interior de ellos.

Luego de muchas negociaciones, ocasionadas por las fuertes presiones políticas de personeros del Ejecutivo federal y de miembros del Ejército, el Senado estableció en el artículo 72 de su minuta, que en las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos, y afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales.

Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución establece que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil correspondiente, y el 133 que los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema, así, con mayúsculas, de la nación. Es más, la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso, y que ya circula para su aprobación en las legislaturas de los estados, confiere rango constitucional a los derechos humanos aprobados por México en tratados internacionales.

El impresentable predictamen que venimos comentando modifica la minuta del Senado y establece mañosamente que las conductas delictivas que llegasen a cometerse los servidores públicos de las instancias y demás autoridades participantes a una afectación de la seguridad nacional serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen, es decir, en nuevo desacato a las sentencias de la CIDH, el Código de Justicia Militar, el fuero castrense. En él se autoriza además a las fuerzas armadas para que puedan realizar intervención de comunicaciones, así como detención y mantenimiento de supuestos delincuentes sorprendidos in fraganti, en acuerdo con la PGR, que también así se militariza legalmente.

Acá puedes bajar el documento:
DICTAMENSEGURIDADNACIONA.PRI.Sedena

¡Ya Basta! ¡Ni Un@ más!

El 24 de enero publiqué este texto en Gurú Político, lo reproduzco pues reflexiono sobre la violencia, el ¡Ya Basta! no puede ser sólo hacia el Gobierno, el ¡Ya Basta! es para todos.

Receta para México:

menos Maquiavelo y más Montesquieu

Por: Geraldina González de la Vega

Hace una semana, en su editorial de los lunes, Jesús Silva-Herzog Márquez criticó la campaña ¡Basta de Sangre! pues en su opinión confunde a los responsables: “[pareciera que] el problema que padecemos es de hechura exclusiva del gobierno. El presidente Calderón es el causante de una guerra costosísima y sólo a él corresponde declarar de inmediato el armisticio. Él inventó una guerra y a él toca pararla. El “¡Ya Basta!” se dirige al gobierno, ¡no a los criminales!” (Reforma 17.01.2011). En su nota, JSHM propone que lo que en realidad se debe exigir al Presidente es cumplir con la ley y dar resultados, que se conduzca con responsabilidad e inteligencia, que no politice la lucha. Jesús llama la atención a lo que él llama el dato central: “la mayor amenaza de México es el crimen organizado [no el Gobierno]”.

No se puede más que estar de acuerdo con lo que apunta Jesús, los “malos y violentos” son los criminales y es obligación del Gobierno combatir el delito y dar seguridad a sus ciudadanos, y a quienes los ciudadanos debemos gritar un ¡Ya Basta! es a quienes violan la ley y no a las autoridades. Sin embargo, quedan en el aire dos preguntas: ¿y si la autoridad al combatir la ilegalidad, también viola la ley? ¿qué precio estamos dipuestos a pagar los ciudadanos para que el Gobierno haga (bien) su tarea? Y pienso que ésta es la llamada de la cruzada de Rius: que no estamos dispuestos a que el Gobierno realice sus tareas básicas a cualquier precio (destrozando el Estado de Derecho y violentando derechos a diestra y siniestra), no estamos dipuestos a que se derrame más sangre en una guerra que no tiene justificación legal ni legitimidad y mucho menos estamos dispuestos a que el Gobierno asesine en nombre de la justicia (y con esto hablo no solamente de los indignantes casos de civiles muertos a manos de fuerzas armadas, sino también de los presuntos delincuentes que han sido muertos arteramente), como bien dice Miguel Carbonell en su nota pasada, “la vida es sagrada”. En ella, Miguel se refiere al respeto irrestricto de “cualquier vida”, sí, también a la de los presuntos narcos: “La muerte de cualquier persona es un fracaso del Estado mexicano, que tiene el deber de protegernos a todos, incluso a aquellas personas que realizan actividades ilícitas, a las cuales hay que detener, juzgar y encarcelar con todo el rigor que está previsto en la ley, pero no permitir que se les prive de la vida.” (El Universal 13.01.2011)

La Jornada publicó la justificación detrás de la campaña ¡Basta de Sangre! y Rius, el caricaturista de ese diario y su iniciador, explicó sus razones: “...para protestar contra la violencia que se vive en el país producto de las estrategias contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón... Porque tú [Felipe Calderón] eres el responsable de una estrategia fallida e irresponsable. Porque tu falsa guerra es anticonstitucional y la estamos pagando todos. Porque la persecución policiaca y militar no puede por sí misma derrotar al narco. Porque en esta falsa guerra sólo se ha conseguido encarecer la droga y abaratar la vida.” (Jornada 11.01.2011)

El ¡Ya Basta! va dirigido al Gobierno porque en esta espiral de violencia es la “parte razonable”, los miembros del crímen organizado están dispuestos a todo, en cambio la autoridad es la que DEBE cumplir y hacer cumplir con la ley, las fuerzas armadas DEBEN respetar los derechos humanos. Sería francamente naif lanzar una campaña de ¡Ya Basta! contra quienes están decididos a delinquir, cueste lo que cueste. ¿De qué serviría gritar desesperadamente “queremos un alto a la delincuencia” si las autoridades no son capaces de pararla? Lo único que logra distinguir a unos de otros (para no perdernos en la idea de la equivalencia moral que advierte JSHM) es precisamente que el Gobierno en su “lucha” busca que se cumpla con la ley y que actúa en nombre de ésta y con base en ésta. La tarea básica del Leviatán es protegernos del lobo, y es a él (al Estado) a quien debemos exigírselo todo. El Presidente es un funcionario electivo y en consecuencia el ejercicio de este poder no es completamente independiente, y es en este sentido que los ciudadanos podemos (y tenemos el deber) de exigirle no sólo que haga su tarea, sino que la haga bien: con apego a la legalidad y de forma eficaz.

Pedro Aguirre, autor del blog “El Oso Bruno”, respondió a Jesús: “No es que se convoque a que el gobierno deje de perseguir criminales y a pactar con ellos. Increiblemente (porque, efectivamente, es increíble) el gobierno no tiene legitimidad en su lucha contra el narco porque no ha sabido explicar las razones por las que este "flagelo" nos perjudica y que la opción de legalizar es ilusoria. ¿Eso de quien es culpa?” Y yo coincido, además de exigirle al Ejecutivo la realización eficaz y legal de su tarea básica como apunta JSHM, el respeto a la vida de todos, como apunta Miguel Carbonell, los ciudadanos debemos exigirle al Presidente que rinda cuentas.

¿Y dónde está el Congreso? El Ejecutivo ha movilizado cerca de 50mil tropas para perseguir delitos aludiendo coadyuvancia con las autoridades encargadas de la seguridad pública (tesis jurisprudencia 38/2000) y nuestros "representantes" están callados, no han exigido información, están impávidos ante el espectáculo militar que nos ha preprarado el Presidente Calderón, y como la retórica de Los Pinos ha sido el maniqueo “conmigo o con los narcos”, entonces difícilmente los legisladores abren la boca, ¿para qué? si en tres o seis años tendrán otro trabajo.

La realidad es que no se ha accionado el sistema de pesos y contrapesos en la llamada “guerra contra el narco”. ¡México necesita menos Maquiavelo y más Montesquieu! Pienso que puede corregirse el rumbo respetando el principio de división de poderes, que no implica separación, sino coordinación y control recíproco. El hecho de que el Ejecutivo sea el comandante supremo de las fuerzas armadas no implica que pueda disponer de ellas de forma arbitraria, debe justificarlo. Para ello, la Constitución ha dispuesto el control de las fuerzas armadas (art. 73 XII, art. 76 II y IV, art. 89 IV, V, VI, VII y VIII y art. 129) y esto es así porque “para que exista libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro” (El Espíritu de las Leyes) y como en los grandes Estados los hombres libres no pueden legislar por sí mismos “el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo.” Los tres poderes de la Unión son ejercidos por distintos individuos y corporaciones, pero no están aislados unos de otros, para que se respeten las libertades deben controlarse entre ellos. A esto es a lo que el constitucionalismo norteamericano llamó sistema de pesos y contrapesos (checks and balances), que, además, no es exclusivo de los tres poderes (interorgánico), sino que sucede también a su interior (intraorgánico), entre la Federación, los Estados y Municipios (principio federal) y entre el Gobierno y la opinión pública (principio democrático y derechos fundamentales).

El control por parte del Congreso me parece indispensable, esto puede hacerse a través de comisiones ordinarias o, mejor, a través la creación de una comisión especial dedicada únicamente al seguimiento de la lucha contra el narco, para ambos casos el artículo 93 contempla la convocatoria de funcionarios para comparecer ante pleno o comisiones, la posibilidad de hacerles preguntas e interpelaciones, así como la obligación de entregar a los legisladores la información que les soliciten. En los Estados Unidos las comisiones de investigación no están textualmente reguladas en su Constitución, pero la Corte ha determinado que forman parte inherente del trabajo legislativo y deben estar limitadas a la función legislativa (Watkins vs. United States). Creo que a pesar de que el artículo 93 habla de comisiones de investigación para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, el Congreso está en posibilidades de establecer una comisión especial para atender e investigar al Ejecutivo y a la Administración Pública Federal en materia de combate al narcotráfico. Ello no contradice la división de poderes, al contrario, refuerza el sistema de controles y obedece el principio republicano: el Presidente está sometido a la voluntad nacional y es únicamente un agente temporal de la soberanía, la cual reside en el pueblo. Las comisiones de investigación se encargan de aclarar cuestiones de relevancia para el interés público. A través de ellas nuestros representantes tendrían la posibilidad de comprobar hechos de forma independiente y autónoma, cumpliendo con su obligación constitucional de representar al pueblo y su responsabilidad de controlar al Ejecutivo. Pero, quizá, la función más importante de ellas es el derecho de las minorías para funcionar como un contrapeso de la mayoría, se dice en Alemania que las comisiones de investigación “son una filosa espada en manos de la oposición”. De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano se pueden crear comisiones especiales cuando así lo consideren las cámaras.

Por otro lado, existe el control a través del principio federal (artículo 124), mismo que deberá ser ejercido por parte de los gobiernos locales. La “guerra contra el narco”, así como algunas normas emitidas a propósito (por ejemplo las de “Narcomenudeo”) violan el principio de división de facultades entre los estados y la Federación. Este tema excede el objetivo de esta nota, pero creo que vale la pena resaltar tanto el papel del Senado como el uso de los recursos de control constitucional.

Por último, el control de la opinión pública y aquí es, creo yo, donde entra la propuesta de Rius de ¡No Más Sangre! Que los ciudadanos ejerzamos nuestra obligación de controlar a los funcionarios electos, no sólo a través de las urnas.

Considero que si se atiende al sistema de pesos y contrapesos en estos rubros y se presta atención a dos ingredientes fundamentales: transparencia y rendición de cuentas, podría el Presidente Calderón legitimar el combate al narco. El debate sobre la estrategia es indispensable, pero debe hacerse sobre una base constitucional. Los ciudadanos queremos saber si la acción militar es indispensable; si existe una amenaza a un interés vital de seguridad nacional; si se tiene un objetivo claro y alcanzable; cuál sería su definición de triunfo; si se han analizado franca y exhaustivamente los riesgos y los costos; si se sabe que se tiene una fuerza superior a la del enemigo; si se han agotado todos los demás medios políticos no violentos; si existe una estrategia de salida plausible para evitar un enredo sin final claro; si se han considerado a su totalidad las consecuencias de la acción; si el pueblo de México apoya de manera conciente e informada la acción; si se cuenta con el aval de otros países (nunca está de más saber qué opinan otros con experiencia); entre otras (Se trata de las premisas de la Doctrina Powell).

Se nos ha dicho que la realidad ha rebasado esta exigencia y que las policías, sobre todo las locales, no están a la altura de la tarea, esta es también es una cuestión que debe ser comprobada por el Ejecutivo. Ahora bien, si la acción militar es indispensable, entonces se requiere de una ley del Congreso que autorice el movimiento de tropas y se declare el Estado de excepción (ver mi nota sobre el tema).

No estoy de acuerdo con que se haga uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, pienso que a pesar de que el principio Posse Comitatus proviene del sistema anglosajón, éste puede ser aplicable como un principio general del derecho, congruente con el principio pro homine. El Posse Comitatus establece que no se debe hacer uso de “la fuerza del Estado” contra los propios ciudadanos por atentar en contra de su vida y libertad. Y pienso que nuestra Constitución reconoce este principio al establecer en el artículo 21 que las funciones de seguridad pública deberán ser ejercidas por autoridades civiles; al distinguir el tiempo de guerra y el de paz en los artículos 16 y 129; así como la obligación en el artículo 129 de que en tiempo de paz las tropas deberán permanecer acuarteladas. El ejército sirve para combatir, para hacer la guerra, para acabar con el enemigo. Hoy todavía el narcotráfico sigue siendo una cuestión de seguridad pública –es un delito- y lo apegado a la Constitución sería la investigación y la persecución de los delitos a través de inteligencia e información y no los asaltos con armas largas ni las tomas de ciudades ni las violaciones diarias a los derechos humanos, como lo son, por el sólo hecho de existir, los retenes. Ciudad Juárez no es más segura porque haya más soldados en las calles y si la situación se ha agudizado (como establece la tesis de jurisprudencia 38/2000) entonces que se declare el Estado de excepción. Los soldados no están capacitados para investigar y perseguir delitos, están capacitados para acabar con su enemigo y su presencia en las calles no sirve más que para generar más violencia. Declarar enemigos a los narcotraficantes (civiles delinuentes) es una política autoritaria.

La Constitución Mexicana es muy clara en la distinción de dos tareas: la seguridad pública, destinada a proteger a las personas y la seguridad nacional, destinada a proteger al Estado mexicano. En el primer caso se habla de la prevención y persecución de los delitos que atentan contra los individuos (delitos contra la salud). En el segundo, de delitos que atentan contra el Estado y sus instituciones (rebelión, como en Chiapas). Sin duda, la delincuencia organizada en México ha rebasado el delgado límite entre ambas, pero para que el Ejército intervenga en la defensa de la seguridad interior y realice de manera subsidiaria (la situación de las fuerzas armadas ya no es de coadyuvancia) las tareas de las instituciones de seguridad pública que deberían realizar las autoridades civiles federales, locales y municipales, se requiere de la intervención del Congreso, como un mecanismo necesario de control de un Estado Constitucional -como México pretende serlo. En este sentido, sería deseable que ambas Cámaras defendieran la representación que ostentan y para la que los mexicanos los elegimos: la representación de la Federación en el Senado y la representación popular en la Cámara de Diputados. Un Presidente que actúa sin límites a su poder y sin respeto a la Constitución se convierte en un tirano. Nuestros legisladores tienen el deber de controlarlo. Puede ser que estén más preocupados por sus cotos electorales que por su mandato constitucional, y así, quieren que los volvamos a votar este 2012.

Quienes reclamamos el apego estricto a la Constitución y a las leyes, no queremos que el Gobierno se cruce de brazos, ni que pacte, pero sí esperamos que combata ilegalidad con legalidad y sobre todo, que se tome muy enserio los Derechos Humanos.

Los datos no dejan mentir, según Fernando Escalante “la violencia ha aumentado fuera de toda lógica especialmente en los lugares donde hubo grandes operativos policiacos y militares” (Nexos 397. enero 2011). En lo que va del sexenio, las dependencias contra las que más quejas sobre violaciones a los derechos humanos se han presentado son la Secretaria de la Defensa y la Secretaria de Marina. Las organizaciones de protección de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han documentado las ilegalidades que se cometen por parte de las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y claro, está también el incumplimiento a las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana contra México por abusos militares. La realidad es que la gente en México vive entre dos frentes y aunque uno sea “fuego amigo”, éste también mata.

De manera que el ¡Ya Basta! no puede ser exclusivo hacia el Presidente y su gabinete, debe ser, también, una exigencia de los ciudadanos a nuestros representantes en el Congreso y a nuestros gobiernos locales, pues la culpa de la violencia que vive México la tenemos todos. Calderón ha hecho mal con esta guerra, pero en las repúblicas democráticas los presidentes no son (afortunadamente) todopoderosos y para resolver los problemas es necesario accionar todo el sistema que hace funcionar a los estados constitucionales, y hasta ahora veo a muchos cruzados de brazos, esperando las cuentas del 2012.