Así se ve el discurso de Calderón de hoy vía @antoniomarvel
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viernes, 26 de agosto de 2011
lunes, 18 de abril de 2011
Pensamientos para @FelipeCalderon
"Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?"
- Bertolt Brecht nach dem Gedicht: Die Lösung.
(Original: Nach dem Aufstand des 17. Juni // Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands // In der Stalinallee Flugblätter verteilen // Auf denen zu lesen war, daß das Volk // Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe // Und es nur durch verdoppelte Arbeit // Zurückerobern könne. Wäre es da // Nicht doch einfacher, die Regierung // Löste das Volk auf und // Wählte ein anderes?)
- Bertolt Brecht nach dem Gedicht: Die Lösung.
(Original: Nach dem Aufstand des 17. Juni // Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands // In der Stalinallee Flugblätter verteilen // Auf denen zu lesen war, daß das Volk // Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe // Und es nur durch verdoppelte Arbeit // Zurückerobern könne. Wäre es da // Nicht doch einfacher, die Regierung // Löste das Volk auf und // Wählte ein anderes?)
**En inglés**
Some party hack decreed that the people
had lost the government's confidence
and could only regain it with redoubled effort.
If that is the case, would it not be be simpler,
If the government simply dissolved the people
And elected another?
- Bertolt Brecht
"The Solution" ["Die Lösung"] (c. 1953), as translated in Brecht on Brecht : An Improvisation (1967) by George Tabori, p. 17
Some party hack decreed that the people
had lost the government's confidence
and could only regain it with redoubled effort.
If that is the case, would it not be be simpler,
If the government simply dissolved the people
And elected another?
- Bertolt Brecht
"The Solution" ["Die Lösung"] (c. 1953), as translated in Brecht on Brecht : An Improvisation (1967) by George Tabori, p. 17
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lunes, 7 de febrero de 2011
Vida privada del Presidente: ¿De interés público?
No comparto las formas del diputado Fernández Noroña. Considero una cuestión de suma importancia la posible censura por parte del Gobierno a una periodista, la que sea. No soy fan de Carmen Aristegui, pero respeto su trabajo.
Si la terminación de su contrato fue cosa entre MVS y ella, es cuestión entre particulares. Cada medio es libre de fijar su línea editorial. Si hubo presión por parte de Presidencia, eso es grave, es censura.
Comparto el cuestionamiento de Aristegui a Presidencia, más sería cuidadosa, pues no creo que sea ni el Presidente nisu oficina los obligados a probar lo negativo : que el Presidente no es alcohólico. Pues si lo es, ¿ por qué habrían de conceder? Quien está obligado a probar es quien afirma. ¿Qué datos o pruebas se tienen para afirmar que Felipe Calderón es alcohólico? ¿Con base en qué afirma el PT que el Presidente es alcohólico?
Ahora las preguntas que me parecen pertinentes son dos:
1) ¿sería relevante para el interés público que el Ejecutivo sufra de alcoholismo u otra enfermedad que pudiera afectar el ejercicio de su función? De ella se desprende: ¿Qué enfeermedades serían relevantes, cómo se determina, por qué? Hay casos conocidos de abuso de alcohol y no están necesariamente relacionados con un ejercicio viciado de funciones (Churchill) Hay casos en que es más peligrosa una ideología o un religión que una enfermedad.
2) ¿Tenemos derecho a conocer el estado de salud mental y física del Presidente de la República? De ello se desprende una necesaria ponderación entre la vida privada y el interés público.
Estas dos preguntas plantean Una serie de cuestiones interesantes y creo que ese es el debate. Hay quienes ya han tomado una postura y responden ambas con un rotundo No. Hay quienes plantean Más preguntas. Creo que vale la pena tratarlas. Analizar los límites del interés público y los de la vida privada. Los alcances de la confidencialidad médico-paciente, los alcances de la responsabilidad del jefe de Estado y de Gobierno, la toma de decisiones, la posibilidad de suplencia (pienso en el caso de la operación de Fox) Y con ello, viene a cuento, también el problema de la falta absoluta de Presidente y el procedimiento para sustituirle.
Temas que merecen reflexión....
-Geramóbil
Si la terminación de su contrato fue cosa entre MVS y ella, es cuestión entre particulares. Cada medio es libre de fijar su línea editorial. Si hubo presión por parte de Presidencia, eso es grave, es censura.
Comparto el cuestionamiento de Aristegui a Presidencia, más sería cuidadosa, pues no creo que sea ni el Presidente nisu oficina los obligados a probar lo negativo : que el Presidente no es alcohólico. Pues si lo es, ¿ por qué habrían de conceder? Quien está obligado a probar es quien afirma. ¿Qué datos o pruebas se tienen para afirmar que Felipe Calderón es alcohólico? ¿Con base en qué afirma el PT que el Presidente es alcohólico?
Ahora las preguntas que me parecen pertinentes son dos:
1) ¿sería relevante para el interés público que el Ejecutivo sufra de alcoholismo u otra enfermedad que pudiera afectar el ejercicio de su función? De ella se desprende: ¿Qué enfeermedades serían relevantes, cómo se determina, por qué? Hay casos conocidos de abuso de alcohol y no están necesariamente relacionados con un ejercicio viciado de funciones (Churchill) Hay casos en que es más peligrosa una ideología o un religión que una enfermedad.
2) ¿Tenemos derecho a conocer el estado de salud mental y física del Presidente de la República? De ello se desprende una necesaria ponderación entre la vida privada y el interés público.
Estas dos preguntas plantean Una serie de cuestiones interesantes y creo que ese es el debate. Hay quienes ya han tomado una postura y responden ambas con un rotundo No. Hay quienes plantean Más preguntas. Creo que vale la pena tratarlas. Analizar los límites del interés público y los de la vida privada. Los alcances de la confidencialidad médico-paciente, los alcances de la responsabilidad del jefe de Estado y de Gobierno, la toma de decisiones, la posibilidad de suplencia (pienso en el caso de la operación de Fox) Y con ello, viene a cuento, también el problema de la falta absoluta de Presidente y el procedimiento para sustituirle.
Temas que merecen reflexión....
-Geramóbil
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martes, 18 de enero de 2011
Rechaza la Secretaría de Marina recomendaciones CNDH
A esto se refiere el llamado de NO MAS SANGRE!
JAQUE MATE
El rechazo
Sergio Sarmiento
18 Ene. 11
"Un reino fundado en la injusticia nunca dura".
Séneca
La Secretaría de Marina ha decidido ponerse del lado de los grupos armados que violan la ley y asesinan a inocentes en nuestro país. Su rechazo a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es sólo una negativa a reconocer siquiera un error sino que manda un mensaje a la población en el sentido de que la Armada de México puede cometer con impunidad cualquier abuso o incluso asesinato en cumplimiento de sus órdenes en la guerra contra el narcotráfico.
Uno puede aceptar que haya errores por parte de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen organizado. En los casos que citan estas recomendaciones de la CNDH, sin embargo, se trata de actos que resultaron en la muerte de dos personas inocentes. Es difícil pensar que las víctimas hayan sido atrapadas en un fuego cruzado o que no hayan querido detenerse en un retén. Patricia Terroba, objeto de la recomendación 83/2010, fue acribillada con 60 disparos a una distancia de casi 200 metros de donde se llevaba un operativo de la Marina el 11 de diciembre. Ignacio Aguilar, sujeto de la recomendación 72/2010, fue agredido con 53 disparos que le quitaron la vida el 16 de diciembre.
Cuando la Armada rechaza las recomendaciones de la CNDH, las cuales señalan que "los elementos de la Marina incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron, en perjuicio de los agraviados, los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica", y cuando se niega incluso a proporcionar información sobre lo que ocurrió en esos casos, se está colocando en una situación de ilegalidad que no permite distinguirla de las organizaciones criminales que está combatiendo.
Se ha hecho ya una modificación a la Constitución que permitirá que en el futuro ni la Secretaría de Marina ni ninguna otra dependencia puedan lavarse las manos con tanta facilidad de las recomendaciones de la CNDH. Pero esas enmiendas todavía no son ley, por lo que la aceptación de las recomendaciones sigue siendo voluntaria. Esto significa que, ante el rechazo citado, los homicidios de la señora Terroba y el señor Aguilar quedarán impunes.
El rechazo a las recomendaciones, o incluso a proporcionar información para aclarar lo ocurrido, puede tener consecuencias en el futuro. Hemos visto ya en distintos lugares del mundo cómo se hacen investigaciones posteriores sobre los abusos de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad. Estas acusaciones pueden evitarse si las autoridades se ajustan a las leyes y mantienen una absoluta transparencia en la forma en que operan. Pero en una situación en la que la Secretaría de Marina se niega siquiera a que se investiguen los homicidios queda una responsabilidad que podría generar acciones legales en el futuro.
Me dicen que la Secretaría de Marina ha sido particularmente eficaz en las tareas de combate al narcotráfico que le ha encomendado el Presidente. Esto explicaría por qué se le han dado tareas cada vez más importantes en zonas del país, como Morelos, donde se registraron las dos muertes que cita la CNDH, o en otros lugares del país muy alejados del mar donde deberían concentrarse sus responsabilidades.
Pero de nada sirve que una institución sea eficaz para combatir conductas ilícitas si lo hace cometiendo abusos y crímenes a veces peores que los que combate. Por eso es inaceptable que Marina rechace las recomendaciones de la CNDH y se niegue no sólo a que se haga justicia sino incluso a que se realice una investigación a fondo que permita realmente saber qué ocurrió.
JAQUE MATE
El rechazo
Sergio Sarmiento
18 Ene. 11
"Un reino fundado en la injusticia nunca dura".
Séneca
La Secretaría de Marina ha decidido ponerse del lado de los grupos armados que violan la ley y asesinan a inocentes en nuestro país. Su rechazo a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es sólo una negativa a reconocer siquiera un error sino que manda un mensaje a la población en el sentido de que la Armada de México puede cometer con impunidad cualquier abuso o incluso asesinato en cumplimiento de sus órdenes en la guerra contra el narcotráfico.
Uno puede aceptar que haya errores por parte de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen organizado. En los casos que citan estas recomendaciones de la CNDH, sin embargo, se trata de actos que resultaron en la muerte de dos personas inocentes. Es difícil pensar que las víctimas hayan sido atrapadas en un fuego cruzado o que no hayan querido detenerse en un retén. Patricia Terroba, objeto de la recomendación 83/2010, fue acribillada con 60 disparos a una distancia de casi 200 metros de donde se llevaba un operativo de la Marina el 11 de diciembre. Ignacio Aguilar, sujeto de la recomendación 72/2010, fue agredido con 53 disparos que le quitaron la vida el 16 de diciembre.
Cuando la Armada rechaza las recomendaciones de la CNDH, las cuales señalan que "los elementos de la Marina incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron, en perjuicio de los agraviados, los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica", y cuando se niega incluso a proporcionar información sobre lo que ocurrió en esos casos, se está colocando en una situación de ilegalidad que no permite distinguirla de las organizaciones criminales que está combatiendo.
Se ha hecho ya una modificación a la Constitución que permitirá que en el futuro ni la Secretaría de Marina ni ninguna otra dependencia puedan lavarse las manos con tanta facilidad de las recomendaciones de la CNDH. Pero esas enmiendas todavía no son ley, por lo que la aceptación de las recomendaciones sigue siendo voluntaria. Esto significa que, ante el rechazo citado, los homicidios de la señora Terroba y el señor Aguilar quedarán impunes.
El rechazo a las recomendaciones, o incluso a proporcionar información para aclarar lo ocurrido, puede tener consecuencias en el futuro. Hemos visto ya en distintos lugares del mundo cómo se hacen investigaciones posteriores sobre los abusos de derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad. Estas acusaciones pueden evitarse si las autoridades se ajustan a las leyes y mantienen una absoluta transparencia en la forma en que operan. Pero en una situación en la que la Secretaría de Marina se niega siquiera a que se investiguen los homicidios queda una responsabilidad que podría generar acciones legales en el futuro.
Me dicen que la Secretaría de Marina ha sido particularmente eficaz en las tareas de combate al narcotráfico que le ha encomendado el Presidente. Esto explicaría por qué se le han dado tareas cada vez más importantes en zonas del país, como Morelos, donde se registraron las dos muertes que cita la CNDH, o en otros lugares del país muy alejados del mar donde deberían concentrarse sus responsabilidades.
Pero de nada sirve que una institución sea eficaz para combatir conductas ilícitas si lo hace cometiendo abusos y crímenes a veces peores que los que combate. Por eso es inaceptable que Marina rechace las recomendaciones de la CNDH y se niegue no sólo a que se haga justicia sino incluso a que se realice una investigación a fondo que permita realmente saber qué ocurrió.
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lunes, 10 de enero de 2011
¡Basta de sangre!
Hoy, lunes 10 de enero de 2011, varios "moneros" de México se unen en un llamado, más bien un reclamo al Presidente Calderón: YA BASTA, NO MÁS VIOLENCIA, NO MÁS SANGRE, al cual yo me uno.
¡Basta de sangre!
30,000 muertos en esta administración. De acuerdo con las estadísticas oficiales, cada día mueren ejecutadas 21 personas a causa de esta cruzada.
La Jornada publica un editorial Alto a la Violencia y publicita la la campaña ¡Basta de sangre!:
Esta última imagen es cartel de la campaña ¡Basta de sangre! iniciativa de Eduardo del Río (Rius). Diseño: Alejandro Magallanes
La Jornada publica un editorial Alto a la Violencia y publicita la la campaña ¡Basta de sangre!:
...la campaña ¡Basta de sangre!, una iniciativa de Eduardo del Río (Rius) para iniciar, a partir de hoy, una masiva movilización ciudadana en demanda de un alto a la violencia que padece el país. Los promotores invitan a la población a reproducir la consigna y pegarla en parabrisas de automóviles, repartirla entre amigos y vecinos, exhibirla en puertas y ventanas y propagarla en redes sociales como Facebook y Twitter. Tenemos que hacerle saber a los de la estúpida guerra que estamos hasta la madre de ellos, que también los muertos tienen familia, señalaron en Twitter @monerohernandez y @Monosdepatricio
Esta última imagen es cartel de la campaña ¡Basta de sangre! iniciativa de Eduardo del Río (Rius). Diseño: Alejandro Magallanes
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miércoles, 17 de noviembre de 2010
Y si los "daños colaterales" fueran sus hijos?
Copio íntegro el editorial de La Jornada, el cual suscribo.
Tabasco: muertes injustificables
Editorial del diario La Jornada
El fin de semana pasado, en el municipio tabasqueño de Jalpa de Méndez, dos jóvenes civiles, Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román (21 y 23 años, comerciante y trabajador de Pemex, respectivamente), fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el contexto de un operativo conjunto, en el que participaban, además, fuerzas del Ejército, de la Procuraduría General de la República y de las policías federal y estatal. Las versiones de lo ocurrido difieren: mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que las víctimas intentaron evadir un puesto de control, por lo que personal de la Armada de México accionó sus armas de fuego contra ellas, la Semar dijo, en un comunicado emitido ayer, que los jóvenes efectuaron disparos.
Por su parte, habitantes de la localidad aseguraron que los fallecidos fueron tiroteados tras rebasar un convoy de las fuerzas federales. De acuerdo con reportes de la prensa local, tras las muertes de los jóvenes, un grupo de pobladores intentó, sin éxito, linchar a decenas de efectivos castrenses. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció ayer el inicio de una queja de oficio y enfatizó que las tareas de seguridad pública deben efectuarse con apego a derecho y con respeto a los derechos fundamentales a la vida y la integridad física de todas las personas.
En este caso, como en todos los otros episodios en los que el accionar de las fuerzas de seguridad ha desembocado en la muerte de civiles, resulta perentorio esclarecer los hechos con precisión y honestidad, no sólo porque ello resulta indispensable para la procuración e impartición de justicia, sino porque, además, los intentos por distorsionar lo ocurrido acaban por ahondar la falta de credibilidad de las instituciones, en este caso, las castrenses. Sin embargo, en lugar de desempeñarse con transparencia, en el episodio referido ha resultado notoria la opacidad en el recuento de lo ocurrido. Tras la muerte de los jóvenes, las fuerzas que participaban en el operativo acordonaron el lugar e impidieron, durante horas, que las autoridades municipales ingresaran para dar fe de los hechos.
En lo inmediato, las muertes de Chan Javier y de Pérez Román se suman a los incidentes en los que efectivos de las instituciones castrenses han ultimado a civiles sin justificación alguna, y obligan a recordar, entre otros, los casos de los dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey asesinados en marzo pasado por integrantes del Ejército; de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, muertos cuando el vehículo de su familia fue atacado a granadazos por efectivos militares, en las inmediaciones de Nuevo Laredo, en abril, y de la familia De León, que perdió a dos de sus integrantes cuando su automóvil fue tiroteado por soldados en el municipio nuevoleonés de Escobedo, en septiembre.
En todos los casos, las llamadas bajas colaterales –que se agregan a los de por sí escandalosos saldos cotidianos de muerte que padece el país– son inadmisibles. Ninguna estrategia de seguridad, ningún alegato sobre la recuperación del estado de derecho, justifica que las propias autoridades violen, así sea en forma accidental, el derecho básico a la vida. Si es improcedente y deplorable el pedido de paciencia a la sociedad que el pasado 7 de noviembre formuló el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ante los ataques de la delincuencia organizada, la tolerancia a la violencia que procede de las propias autoridades contra la población sería, llanamente, suicida. Así sea de manera tardía, el gobierno federal debe escuchar el clamor que exige un cambio de fondo en su fallida estrategia de seguridad y de combate a la delincuencia, liberar a las fuerzas armadas de las tareas policiales que les han sido impuestas y evitar nuevas e injustificables muertes de civiles a manos de militares.
(negritas mías)
Tabasco: muertes injustificables
Editorial del diario La Jornada
El fin de semana pasado, en el municipio tabasqueño de Jalpa de Méndez, dos jóvenes civiles, Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román (21 y 23 años, comerciante y trabajador de Pemex, respectivamente), fueron acribillados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el contexto de un operativo conjunto, en el que participaban, además, fuerzas del Ejército, de la Procuraduría General de la República y de las policías federal y estatal. Las versiones de lo ocurrido difieren: mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que las víctimas intentaron evadir un puesto de control, por lo que personal de la Armada de México accionó sus armas de fuego contra ellas, la Semar dijo, en un comunicado emitido ayer, que los jóvenes efectuaron disparos.
Por su parte, habitantes de la localidad aseguraron que los fallecidos fueron tiroteados tras rebasar un convoy de las fuerzas federales. De acuerdo con reportes de la prensa local, tras las muertes de los jóvenes, un grupo de pobladores intentó, sin éxito, linchar a decenas de efectivos castrenses. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció ayer el inicio de una queja de oficio y enfatizó que las tareas de seguridad pública deben efectuarse con apego a derecho y con respeto a los derechos fundamentales a la vida y la integridad física de todas las personas.
En este caso, como en todos los otros episodios en los que el accionar de las fuerzas de seguridad ha desembocado en la muerte de civiles, resulta perentorio esclarecer los hechos con precisión y honestidad, no sólo porque ello resulta indispensable para la procuración e impartición de justicia, sino porque, además, los intentos por distorsionar lo ocurrido acaban por ahondar la falta de credibilidad de las instituciones, en este caso, las castrenses. Sin embargo, en lugar de desempeñarse con transparencia, en el episodio referido ha resultado notoria la opacidad en el recuento de lo ocurrido. Tras la muerte de los jóvenes, las fuerzas que participaban en el operativo acordonaron el lugar e impidieron, durante horas, que las autoridades municipales ingresaran para dar fe de los hechos.
En lo inmediato, las muertes de Chan Javier y de Pérez Román se suman a los incidentes en los que efectivos de las instituciones castrenses han ultimado a civiles sin justificación alguna, y obligan a recordar, entre otros, los casos de los dos alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey asesinados en marzo pasado por integrantes del Ejército; de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, muertos cuando el vehículo de su familia fue atacado a granadazos por efectivos militares, en las inmediaciones de Nuevo Laredo, en abril, y de la familia De León, que perdió a dos de sus integrantes cuando su automóvil fue tiroteado por soldados en el municipio nuevoleonés de Escobedo, en septiembre.
En todos los casos, las llamadas bajas colaterales –que se agregan a los de por sí escandalosos saldos cotidianos de muerte que padece el país– son inadmisibles. Ninguna estrategia de seguridad, ningún alegato sobre la recuperación del estado de derecho, justifica que las propias autoridades violen, así sea en forma accidental, el derecho básico a la vida. Si es improcedente y deplorable el pedido de paciencia a la sociedad que el pasado 7 de noviembre formuló el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, ante los ataques de la delincuencia organizada, la tolerancia a la violencia que procede de las propias autoridades contra la población sería, llanamente, suicida. Así sea de manera tardía, el gobierno federal debe escuchar el clamor que exige un cambio de fondo en su fallida estrategia de seguridad y de combate a la delincuencia, liberar a las fuerzas armadas de las tareas policiales que les han sido impuestas y evitar nuevas e injustificables muertes de civiles a manos de militares.
(negritas mías)
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Por esto precisamente es que el esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia debe estar en manos de autoridades civiles y no, como ahora, militares. No al fuero militar en delitos contra civiles.
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viernes, 12 de noviembre de 2010
Informe Amnesty International 2010: México
(El reporte sobre México se encuentra a partir de la página 212):
Aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del ejército que realizaban actividades policiales. La policía federal y las policías estatales y municipales siguieron cometiendo también graves violaciones de derechos humanos en varios estados. Las mujeres sufrían elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia. Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos. Se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes. Varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios,actos de acoso y cargos penales falsos. Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada. En dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.
Policía y fuerzas de seguridad
Aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del ejército que realizaban actividades policiales. La policía federal y las policías estatales y municipales siguieron cometiendo también graves violaciones de derechos humanos en varios estados. Las mujeres sufrían elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia. Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos. Se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes. Varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios,actos de acoso y cargos penales falsos. Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada. En dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.
Policía y fuerzas de seguridad
Sistema de justicia militar y abusos del ejército
Aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.
Durante el año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos, frente a las 14 formuladas en 2008. Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del ejército. Las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos. En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los familiares de cuatro civiles desarmados a los que el ejército había matado a tiros en Santiago de los Caballeros (estado de Sinaloa) en marzo de 2008 no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.
En marzo, miembros del ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas). En abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cadáveres ni el informe de la autopsia. En mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que se había detenido a 12 militares, pero no se facilitó información oficial sobre los cargos ni sobre el juicio.
En marzo, tras detenerlos, el ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos (arraigo) en una basemilitar de Tijuana (estado de Baja California). Después de ser acusados formalmente de delitos vinculados con la delincuencia organizada, los agentes fueron trasladados a una prisión civil de Tepic, en el estado de Nayarit. Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera abierto ninguna investigación sobre las denuncias de tortura.
Fuerzas de policía
En enero entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella se preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos. La Ley de la Policía Federal, promulgada en junio, establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y llevar a cabo investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.
Se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura.
En febrero, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey (estado de Nuevo León). A pesar de que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos.
En marzo, la policía federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio de Chihuahua (estado de Chihuahua). Los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Jesús Arturo Torres quedó en libertad sin cargos. Presentó una denuncia, pero al concluir el año no se sabía si la investigación había avanzado o no.
Hasta aquí es textual el reporte de AI sobre Policía y fuerzas de seguridad
El informe relata también sobre violaciones de derechos de migrantes, de defensores de derechos humanos, de mujeres y niñas, de periodistas, violación de derechos a comunidades indígenas y comunidades marginadas, violaciones a derechos sexuales y reproductivos, así como la impunidad que ataca al país.
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viernes, 5 de noviembre de 2010
El chiste de la semana, Mr. Mouriño en el museo de cera
Este episodio es digno de cualquier novela de literatura latinoamericana que narra el autoritarismo megalómano y alucinado de un ridículo "Jefe":
A la ceremonia también acudieron los padres del ex funcionario panista
Por Antonio Baranda REFORMA
Ciudad de México (4 noviembre 2010).- A dos años de su muerte, la figura del ex Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, fue develada esta noche en el Museo de Cera.
La figura fue colocada a un costado del personaje del Presidente Felipe Calderón en la sala donde se montó la exposición temporal "Vivamos el Bicentenario", que entre otros se encuentran Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, Francisco Villa, Porfirio Díaz, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón.
Además, la figura del ex candidato presidencial y crítico del extinto funcionario, Andrés Manuel López Obrador, fue retirada de la sala, donde se montó la exposición temporal y, mientras otros personajes como Barack Obama y Evo Morales fueron reubicados en otras salas, el perredista fue "guardado".
A la develación de la figura acudió la Primera Dama, Margarita Zavala, quien resaltó algunas de las cualidades del ex colaborador cercano del Primer Mandatario, como la amistad sincera, la capacidad para armar grandes proyectos y explotar las cualidades de sus colaboradores.
"Dejó de lado su vida resuelta para poner en el centro de su vida a su País. Siempre estará con nosotros en nuestras vidas, en nuestras aspiraciones y en nuestro camino", aseguró.
....
En tanto, el Presidente Calderón a través de su cuenta de Twitter recordó la muerte de su hombre de confianza.
"Hoy hace dos años murió nuestro querido amigo Juan Camilo Mouriño", escribió.
*
* *
Al ganar la elección presidencial de 2012 evitaremos la regresión autoritaria que
pretende devolver al país a las épocas del patrimonialismo en el ejercicio del poder; así cerraremos el círculo y consolidaremos la que fuera nuestra primera victoria cultural, la que construyó Carlos [Castillo Peraza] y la que pudo ver en vida.
~ César Nava, palabras en el homenaje a Carlos Castillo Peraza del 25.10.2010
Yo me pregunto, cuántos amigos de Zedillo, Salinas, de la Madrid, López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, etc. etc. etc. hay en la sala de presidentes del Museo de Cera? Cuántos amigos de los mencionados tienen una estela de luz, un busto y quién sabe qué más homenajes, pues como quedan todavía dos (laaaargos) años para que acabe el sexenio y el Presidente cada aniversario se le devela algo a Juancami, pues habrá que ver si al rato no quitan a Juárez del patio en Palacio y ponen a Juancami. Digo, ya sacaron a AMLO (y miren que no soy su fan) de la sala...
Y bueno, ya que estamos en esto, imagínense que están en el Museo con sus hijos:
¿Oye papa, quién es ese héroe histórico?
A ver responde la pregunta. Eso, claro está si logras reconocerlo, porque más allá de que nadie sepa quién era Juan Camilo Mouriño, la figura no se parece.
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domingo, 24 de octubre de 2010
Los límites a la jurisdicción militar
Los límites a la jurisdicción militar
REFORMA
Colaborador Invitado
24 Oct. 10
José Antonio Guevara
El pasado 18 de octubre el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos jurídicos con el objeto de, entre otros, cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco.
La iniciativa busca reformar, entre otros, el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, que actualmente le otorga competencia a los tribunales militares para conocer de los delitos "[...]cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo". En español: en tiempos de paz los militares investigan y procesan los delitos que ellos mismos cometen.
Desde hace más de 15 años organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos han evidenciado -de manera reiterada- la necesidad de que los tribunales ordinarios civiles conozcan los delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Las razones que se han esgrimido para buscar extirpar a la jurisdicción militar las violaciones a los derechos humanos son múltiples, pero las principales se refieren a la falta de independencia e imparcialidad de los jueces que integran los tribunales militares al no formar parte del Poder Judicial federal; y a la muy limitada o inexistente cantidad de sentencias por violaciones a los derechos humanos, como tortura o desaparición forzada de personas.
El ejemplo más claro es la desapa- rición del señor Rosendo Radilla por efectivos militares en el estado de Guerrero en el año 1974, que fue conocida por los tribunales militares y hasta ahora, conjuntamente con cientos de casos similares de la guerra sucia -documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República-, permanecen en la absoluta impunidad. No hay ni un solo responsable material ni intelectual por esos abusos, no se ha reparado el daño a ninguno de los familiares de los desaparecidos ni a las víctimas de otros delitos (privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, entre otros), ni tampoco se ha esclarecido la verdad de lo que sucedió.
El 16 de diciembre de 1998, México le reconoció la competencia a la Corte Interamericana para conocer de casos de violaciones a los derechos humanos; por consiguiente, conforme al ordenamiento jurídico nacional, las sentencias de dicho tribunal son definitivas, inapelables y de obligado cumplimiento. Así lo reconoce la misma exposición de motivos de la iniciativa presidencial.
Dicho tribunal en la sentencia del caso Radilla ordenó, entre otros asuntos, la reforma al Código de Justicia Militar, para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y procesadas por la justicia ordinaria civil.
La Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia constante que -en tiempos de paz- los Estados democráticos tienden a limitar, si no es que a desaparecer, la jurisdicción militar y que en los casos en los que se conserva debe ser mínimamente utilizada. Considera la Corte que dicha jurisdicción debe tener un alcance restrictivo y excepcional, encaminada exclusivamente a proteger los intereses jurídicos propios de las Fuerzas Armadas.
De esa manera, los delitos que implican violaciones a los derechos humanos, al no guardar relación con la disciplina militar, deben ser conocidos siempre por tribunales ordinarios, es decir, por jueces imparciales e independientes. De lo contrario se viola el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso legal de las víctimas del delito.
En esa misma línea, la iniciativa presidencial reconoce que: "[...] la jurisdicción militar debe acotarse a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculadas a las funciones propias de las fuerzas militares, esto es, a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar. En tal virtud, se considera que los delitos objeto de esta reforma bajo ninguna circunstancia justifican la intervención de la jurisdicción militar, pues dichos delitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense".
El Ejecutivo Federal propone entonces, de manera limitativa, excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación. Pero lo que no se explica es por qué esos tres delitos, cuando muchos otros deben ser excluidos de la jurisdicción militar, al afectar bienes jurídicos propios de la dignidad de la persona, como lo son la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la personalidad jurídica, la seguridad personal, el derecho al debido proceso legal, la vida privada y familiar, entre otros.
Es de celebrarse, pues, que el Ejecutivo presente la iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar bajo la lógica de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana; sin embargo, el Congreso tendrá que garantizarle a la población, pero sobre todo a las víctimas del abuso del poder, que los delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos los conocerán jueces imparciales e independientes.
Para ello los legisladores podrán optar por derogar en su totalidad el párrafo II del artículo 57 del citado Código o bien seguir la línea trazada por el Ejecutivo. De ser este el caso, tendrán que incrementar significativamente el listado de delitos que no conocerá la jurisdicción militar e incluir entre otros: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los delitos cometidos contra menores -corrupción, lenocinio, trata, pederastia-, los delitos cometidos por servidores públicos, los delitos contra la administración de justicia, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, las amenazas, el allanamiento de morada, las lesiones, el homicidio, la violencia familiar, el secuestro, el robo, el fraude, la extorsión, el despojo y el daño en propiedad ajena.
Sólo así se estaría en cumplimiento pleno con las obligaciones internacionales del país, pero sobre todo se respondería a las justas exigencias de una sociedad democrática que quiere vivir en paz y que anhela que se respeten los pilares sobre los que descansa el Estado de derecho: la democracia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
El autor es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
REFORMA
Colaborador Invitado
24 Oct. 10
José Antonio Guevara
El pasado 18 de octubre el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos jurídicos con el objeto de, entre otros, cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco.
La iniciativa busca reformar, entre otros, el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, que actualmente le otorga competencia a los tribunales militares para conocer de los delitos "[...]cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo". En español: en tiempos de paz los militares investigan y procesan los delitos que ellos mismos cometen.
Desde hace más de 15 años organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos han evidenciado -de manera reiterada- la necesidad de que los tribunales ordinarios civiles conozcan los delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Las razones que se han esgrimido para buscar extirpar a la jurisdicción militar las violaciones a los derechos humanos son múltiples, pero las principales se refieren a la falta de independencia e imparcialidad de los jueces que integran los tribunales militares al no formar parte del Poder Judicial federal; y a la muy limitada o inexistente cantidad de sentencias por violaciones a los derechos humanos, como tortura o desaparición forzada de personas.
El ejemplo más claro es la desapa- rición del señor Rosendo Radilla por efectivos militares en el estado de Guerrero en el año 1974, que fue conocida por los tribunales militares y hasta ahora, conjuntamente con cientos de casos similares de la guerra sucia -documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República-, permanecen en la absoluta impunidad. No hay ni un solo responsable material ni intelectual por esos abusos, no se ha reparado el daño a ninguno de los familiares de los desaparecidos ni a las víctimas de otros delitos (privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, entre otros), ni tampoco se ha esclarecido la verdad de lo que sucedió.
El 16 de diciembre de 1998, México le reconoció la competencia a la Corte Interamericana para conocer de casos de violaciones a los derechos humanos; por consiguiente, conforme al ordenamiento jurídico nacional, las sentencias de dicho tribunal son definitivas, inapelables y de obligado cumplimiento. Así lo reconoce la misma exposición de motivos de la iniciativa presidencial.
Dicho tribunal en la sentencia del caso Radilla ordenó, entre otros asuntos, la reforma al Código de Justicia Militar, para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y procesadas por la justicia ordinaria civil.
La Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia constante que -en tiempos de paz- los Estados democráticos tienden a limitar, si no es que a desaparecer, la jurisdicción militar y que en los casos en los que se conserva debe ser mínimamente utilizada. Considera la Corte que dicha jurisdicción debe tener un alcance restrictivo y excepcional, encaminada exclusivamente a proteger los intereses jurídicos propios de las Fuerzas Armadas.
De esa manera, los delitos que implican violaciones a los derechos humanos, al no guardar relación con la disciplina militar, deben ser conocidos siempre por tribunales ordinarios, es decir, por jueces imparciales e independientes. De lo contrario se viola el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso legal de las víctimas del delito.
En esa misma línea, la iniciativa presidencial reconoce que: "[...] la jurisdicción militar debe acotarse a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculadas a las funciones propias de las fuerzas militares, esto es, a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar. En tal virtud, se considera que los delitos objeto de esta reforma bajo ninguna circunstancia justifican la intervención de la jurisdicción militar, pues dichos delitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense".
El Ejecutivo Federal propone entonces, de manera limitativa, excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación. Pero lo que no se explica es por qué esos tres delitos, cuando muchos otros deben ser excluidos de la jurisdicción militar, al afectar bienes jurídicos propios de la dignidad de la persona, como lo son la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la personalidad jurídica, la seguridad personal, el derecho al debido proceso legal, la vida privada y familiar, entre otros.
Es de celebrarse, pues, que el Ejecutivo presente la iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar bajo la lógica de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana; sin embargo, el Congreso tendrá que garantizarle a la población, pero sobre todo a las víctimas del abuso del poder, que los delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos los conocerán jueces imparciales e independientes.
Para ello los legisladores podrán optar por derogar en su totalidad el párrafo II del artículo 57 del citado Código o bien seguir la línea trazada por el Ejecutivo. De ser este el caso, tendrán que incrementar significativamente el listado de delitos que no conocerá la jurisdicción militar e incluir entre otros: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los delitos cometidos contra menores -corrupción, lenocinio, trata, pederastia-, los delitos cometidos por servidores públicos, los delitos contra la administración de justicia, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, las amenazas, el allanamiento de morada, las lesiones, el homicidio, la violencia familiar, el secuestro, el robo, el fraude, la extorsión, el despojo y el daño en propiedad ajena.
Sólo así se estaría en cumplimiento pleno con las obligaciones internacionales del país, pero sobre todo se respondería a las justas exigencias de una sociedad democrática que quiere vivir en paz y que anhela que se respeten los pilares sobre los que descansa el Estado de derecho: la democracia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
El autor es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
martes, 28 de septiembre de 2010
Dear Mr. President @FelipeCalderon
Human Rights Watch envía una fuerte carta al Presidente Calderón para hacerle ver que las violaciones a los Derechos Humanos no son cosa de pesimistas.
Aunque se canse Sr. Presidente, ya basta!
La Carta es firmada por José Miguel Vivanco, Americas Director de Human Rights Watch y es enviada con copia para: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos; Carlos Pascual, Embajador de los Estados Unidos en México:
Estimado Presidente Calderón:
Nos dirigimos a S.E. con el fin de manifestar nuestra preocupación por los mensajes contradictorios que ha expresado en relación con la necesidad de proteger los derechos humanos en Mexico. Estos mensajes menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia de su gobierno contra el crimen organizado. Le sugerimos respetuosamente a S.E. manifestar públicamente que el respeto de los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos.
Coincidimos con S.E. en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como S.E. lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: "no ha sido solucionado adecuadamente". Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos, desde servidores públicos que intentan poner freno a sus operaciones, hasta periodistas que informan sobre sus actividades ilícitas. La rivalidad entre carteles y las pugnas en su interior, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad, han causado la muerte de más de 28.000 personas durante su gobierno, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad. En épocas de violencia extrema, el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad. Además, el gobierno debe defender la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, respetar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, es decir fortalecer el estado de derecho.
Lamentablemente, desde que su gobierno movilizó a decenas de miles de soldados para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares. En ese mismo período, la Comisión recibió más de 4.000 denuncias solamente de presuntos abusos perpetrados por el Ejército. Es particularmente preocupante que la cantidad de denuncias e informes de violaciones de derechos humanos por parte de los militares ha aumentado notablemente año tras año durante su gobierno.
COMPLETA EN ESPANOL AQUÍ
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viernes, 17 de septiembre de 2010
Antimexicanos, Sarmiento
Prometo que es la última entrada sobre el tema, sin embargo el Reforma cobra y quiero compartir esta nota de Sarmiento, que yo firmaría, pues mi sentimiento es el mismo.
Al final el comentario de Mónica Creel muestra exactamente esa actitud de la que yo no me siento orgullosa: "es ahora o nunca, bota la lana, y ya mañana vemos, mañana."
En fin. y como dicen, el hubiera no existe, de manera que pasemos la página.
JAQUE MATE
Antimexicanos
Sergio Sarmiento
17 Sep. 10
"Cada año, el 15 de septiembre a las once de la noche, en todas las plazas de México, celebramos la fiesta del Grito; y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año".
Octavio Paz
Me cuestionan severamente varios funcionarios públicos, lectores e incluso amigos por los artículos en que he criticado el gasto de los festejos del bicentenario. ¿Qué no eres patriota?, me dicen. ¿No quieres a México?
Por supuesto que quiero a México, pero amar al país no significa dejar de lado una actitud crítica que ha sido, de hecho, uno de los pilares más sólidos de la nación mexicana.
No podemos olvidar que estamos festejando hoy el bicentenario de un acto de rebeldía, el cual llevó al cura Miguel Hidalgo a encabezar un movimiento armado en contra del gobierno virreinal. A Hidalgo se le llamó traidor y antipatriota y por ello se le ejecutó en 1811, pero hoy se le venera como el padre de la patria mexicana.
Francisco I. Madero estaba en la cárcel en septiembre de 1910 cuando el presidente Porfirio Díaz presidió los festejos del centenario de la independencia. Se le consideraba traidor a la patria y antimexicano por haber osado postularse como candidato a la Presidencia de la República en oposición a Díaz, el Presidente que había dado tranquilidad a México durante más de tres décadas. Hoy Madero es también uno de los héroes más brillantes del panteón nacional.
A Octavio Paz, cuando publicó El laberinto de la soledad en 1950 y en varias ocasiones posteriores, se le tildó de antimexicano por haber cuestionado al gobierno y al sistema político mexicano. La crítica se extendió al Grito, que consideraba como un ritual para no gritar el resto del año. Hoy Paz es un orgullo nacional por haber ganado el Premio Nobel de literatura.
El propio presidente Felipe Calderón, como muchos panistas, fue señalado como antimexicano en los tiempos en que se distinguió por ser un aguerrido dirigente del Partido Acción Nacional. Hace algunos años, de hecho, el ex presidente Ernesto Zedillo le recordó a Calderón en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos lo duro que había sido como jefe de la oposición. El propio presidente Calderón reconoció que las cosas se ven distintas cuando a uno le toca ejercer el poder.
Criticar una política o una decisión gubernamental no lo hace a uno antimexicano. Por el contrario, quedarse callado puede ser la verdadera traición al país.
Yo reconozco la espectacularidad de los festejos del bicentenario. No me tocó vivir, por supuesto, la celebración del centenario durante la Presidencia de Díaz, pero al parecer la del presidente Calderón la superó en fasto y gasto. Aun los festejos más caros, sin embargo, pueden salir mal y, hasta donde yo pude ver, los de estos 15 y 16 de septiembre fueron impecables.
Mantengo, no obstante, mi posición personal de que pudimos haber tenido una celebración menos fastuosa y costosa pero igualmente emotiva. Esto no me hace antimexicano. Estoy convencido, por ejemplo, de que Benito Juárez fue un Presidente profundamente nacionalista aunque haya mantenido un gobierno tan austero que se le tildaba de tacaño. Quizá Juárez no habría tenido festejos tan vistosos por la independencia como los de Díaz o los del actual gobierno, pero eso no significa que no tuviera amor por México. Muchos mexicanos, de hecho, podemos ser críticos del gobierno o del costo de los festejos sin dejar de amar profundamente a nuestro país.
VIVA MÉXICO
La lectora Mónica Creel critica mi artículo del 15 de septiembre: "Cómo que fallida fiesta. Ni siquiera sabes bien cómo va a estar y ya le estás dando ese adjetivo negativo.... Yo fui el domingo al Zócalo a ver la iluminación y ya era una fiesta, estaba lleno y todos felices... Sí es mucho gasto, [pero] seguro si fuera más austera también se criticaría. Es una fiesta que hasta [dentro] de 100 años habrá otra... Estamos de fiesta y no hay que aguarla".
www.sergiosarmiento.com
Al final el comentario de Mónica Creel muestra exactamente esa actitud de la que yo no me siento orgullosa: "es ahora o nunca, bota la lana, y ya mañana vemos, mañana."
En fin. y como dicen, el hubiera no existe, de manera que pasemos la página.
JAQUE MATE
Antimexicanos
Sergio Sarmiento
17 Sep. 10
"Cada año, el 15 de septiembre a las once de la noche, en todas las plazas de México, celebramos la fiesta del Grito; y una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para callar mejor el resto del año".
Octavio Paz
Me cuestionan severamente varios funcionarios públicos, lectores e incluso amigos por los artículos en que he criticado el gasto de los festejos del bicentenario. ¿Qué no eres patriota?, me dicen. ¿No quieres a México?
Por supuesto que quiero a México, pero amar al país no significa dejar de lado una actitud crítica que ha sido, de hecho, uno de los pilares más sólidos de la nación mexicana.
No podemos olvidar que estamos festejando hoy el bicentenario de un acto de rebeldía, el cual llevó al cura Miguel Hidalgo a encabezar un movimiento armado en contra del gobierno virreinal. A Hidalgo se le llamó traidor y antipatriota y por ello se le ejecutó en 1811, pero hoy se le venera como el padre de la patria mexicana.
Francisco I. Madero estaba en la cárcel en septiembre de 1910 cuando el presidente Porfirio Díaz presidió los festejos del centenario de la independencia. Se le consideraba traidor a la patria y antimexicano por haber osado postularse como candidato a la Presidencia de la República en oposición a Díaz, el Presidente que había dado tranquilidad a México durante más de tres décadas. Hoy Madero es también uno de los héroes más brillantes del panteón nacional.
A Octavio Paz, cuando publicó El laberinto de la soledad en 1950 y en varias ocasiones posteriores, se le tildó de antimexicano por haber cuestionado al gobierno y al sistema político mexicano. La crítica se extendió al Grito, que consideraba como un ritual para no gritar el resto del año. Hoy Paz es un orgullo nacional por haber ganado el Premio Nobel de literatura.
El propio presidente Felipe Calderón, como muchos panistas, fue señalado como antimexicano en los tiempos en que se distinguió por ser un aguerrido dirigente del Partido Acción Nacional. Hace algunos años, de hecho, el ex presidente Ernesto Zedillo le recordó a Calderón en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos lo duro que había sido como jefe de la oposición. El propio presidente Calderón reconoció que las cosas se ven distintas cuando a uno le toca ejercer el poder.
Criticar una política o una decisión gubernamental no lo hace a uno antimexicano. Por el contrario, quedarse callado puede ser la verdadera traición al país.
Yo reconozco la espectacularidad de los festejos del bicentenario. No me tocó vivir, por supuesto, la celebración del centenario durante la Presidencia de Díaz, pero al parecer la del presidente Calderón la superó en fasto y gasto. Aun los festejos más caros, sin embargo, pueden salir mal y, hasta donde yo pude ver, los de estos 15 y 16 de septiembre fueron impecables.
Mantengo, no obstante, mi posición personal de que pudimos haber tenido una celebración menos fastuosa y costosa pero igualmente emotiva. Esto no me hace antimexicano. Estoy convencido, por ejemplo, de que Benito Juárez fue un Presidente profundamente nacionalista aunque haya mantenido un gobierno tan austero que se le tildaba de tacaño. Quizá Juárez no habría tenido festejos tan vistosos por la independencia como los de Díaz o los del actual gobierno, pero eso no significa que no tuviera amor por México. Muchos mexicanos, de hecho, podemos ser críticos del gobierno o del costo de los festejos sin dejar de amar profundamente a nuestro país.
VIVA MÉXICO
La lectora Mónica Creel critica mi artículo del 15 de septiembre: "Cómo que fallida fiesta. Ni siquiera sabes bien cómo va a estar y ya le estás dando ese adjetivo negativo.... Yo fui el domingo al Zócalo a ver la iluminación y ya era una fiesta, estaba lleno y todos felices... Sí es mucho gasto, [pero] seguro si fuera más austera también se criticaría. Es una fiesta que hasta [dentro] de 100 años habrá otra... Estamos de fiesta y no hay que aguarla".
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jueves, 16 de septiembre de 2010
El tesoro de los próximos 100 años.
Guarden bien el video, porque es lo único que podremos enseñarles a las nuevas y venideras generaciones: el bicentenario se celebró con circo (bonito) y cuetes.
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Festejos efímeros (y banales): 7 toneladas de pólvora.
la foto de la vajilla, es mía. Asumo que se trata de esta, pues era un bellísimo diseño para el bicentenario que vendían en la casa Uriarte de Puebla. Me llama la atención el poco valor que damos a lo permanente. Hay ocasiones en que "vivir el momento" es demasiado infantil. 7 toneladas de pólvora y fuegos artificiales durante 15 minutos, Para?
Sergio Sarmiento
15 Sep. 10
"Nuestra pobreza puede medirse por el número y la suntuosidad de nuestras fiestas populares".
Octavio Paz
Si alguna ciudad en el país tiene buenas instalaciones para la realización de conciertos o festejos es el Distrito Federal. Contamos para actos masivos con el Foro Sol, el Estadio Azteca, la Plaza México, el Estadio Azul, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional y la Sala Nezahualcóyotl, entre otros. Además hay foros más pequeños, como el Teatro de la Ciudad, el Teatro Metropólitan y muchos otros. Sin embargo, el gobierno federal ha preferido cerrar el corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico, con pérdidas multimillonarias y molestias enormes para residentes y trabajadores, con el fin de llevar a cabo los dispendiosos conciertos y festejos del Bicentenario.
Lo peor de todo es que, como lo ha señalado Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del Distrito Federal, éste es "un evento más para la televisión". Por eso las autoridades están pidiendo a la gente que no acuda al centro a participar en los festejos sino que mejor se queden en casa viendo todo por televisión.
Si permanece en casa, sin embargo, la gente tendrá dificultades hasta para hacer un brindis. Ayer la Gaceta Oficial del Distrito Federal anunció restricciones a la venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 24:00 horas del 17. ¡Tres días completos de ley seca en un festejo! Esta restricción no se aplica a la venta de bebidas alcohólicas en cantinas, restaurantes, bares o cines; solamente está prohibida la venta de bebidas en envases cerrados en supermercados y tiendas. En otras palabras, las autoridades no quieren que la gente beba en casa, pero a casa la están mandando a ver los festejos a pesar de haber cerrado una parte muy importante de la Ciudad de México.
Esta celebración tiene poco de nacionalista. El gobierno federal no sólo está gastando una cantidad extraordinaria, de cuando menos 3 mil millones de pesos, sino que además ha mostrado un inaceptable malinchismo en la asignación de este gasto. Si para algo somos buenos los mexicanos es para tronar cohetes, pero los organizadores del festejo han preferido contratar a un francés, Christophe Berthonneau, para los fuegos pirotécnicos de la noche del 15. El espectáculo de luz y sonido en el Zócalo no lo llevará a cabo ninguna de las empresas mexicanas que se dedican a esta actividad, sino la de Ric Birch, un australiano radicado en Milán, Italia.
Por lo menos la vajilla de la cena del 15 en Palacio Nacional sí será mexicana. Se trata de un juego de Talavera de Puebla con diseño de Katia Ramírez Romero y un costo de un millón 881 mil pesos.
Toda la fiesta parece hecha, en efecto, para el goce y disfrute de unos cuantos políticos y funcionarios. Los ciudadanos, que pagamos los costos, no estamos invitados. Se nos pide más bien permanecer en casa para ver la celebración por televisión. Pero entonces habría sido mejor hacerla sin ningún problema en un estudio o auditorio.
Es una lástima porque pudimos haber utilizado este Bicentenario para reflexionar sobre nuestra historia y sobre nuestro futuro. La idea de regalar 27 millones de volúmenes de Viaje por la historia de México de Luis González y González, uno para cada hogar en el país, era quizá la parte más valiosa del festejo y una de las menos costosas. Pero tengo dudas acerca de la eficacia de este reparto de libros. Yo por mi parte no he recibido mi ejemplar, ni tampoco casi nadie que conozco.
Alianza contra alianzas
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador parecen haber hecho una alianza para oponerse a las alianzas en los comicios del estado de México del 2011. Los dos tienen sus razones. Peña Nieto no quiere que una derrota del PRI nuble sus posibilidades de ser candidato presidencial en el 2012; López Obrador quiere imponer al PRD a su candidata en el Edomex para el 2011. Lo interesante, sin embargo, es que los dos buscan el mismo objetivo de prohibir las alianzas.
www.sergiosarmiento.com
| AQUE MATE Fallida fiesta |
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15 Sep. 10
"Nuestra pobreza puede medirse por el número y la suntuosidad de nuestras fiestas populares".
Octavio Paz
Si alguna ciudad en el país tiene buenas instalaciones para la realización de conciertos o festejos es el Distrito Federal. Contamos para actos masivos con el Foro Sol, el Estadio Azteca, la Plaza México, el Estadio Azul, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional y la Sala Nezahualcóyotl, entre otros. Además hay foros más pequeños, como el Teatro de la Ciudad, el Teatro Metropólitan y muchos otros. Sin embargo, el gobierno federal ha preferido cerrar el corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico, con pérdidas multimillonarias y molestias enormes para residentes y trabajadores, con el fin de llevar a cabo los dispendiosos conciertos y festejos del Bicentenario.
Lo peor de todo es que, como lo ha señalado Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del Distrito Federal, éste es "un evento más para la televisión". Por eso las autoridades están pidiendo a la gente que no acuda al centro a participar en los festejos sino que mejor se queden en casa viendo todo por televisión.
Si permanece en casa, sin embargo, la gente tendrá dificultades hasta para hacer un brindis. Ayer la Gaceta Oficial del Distrito Federal anunció restricciones a la venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del 15 de septiembre hasta las 24:00 horas del 17. ¡Tres días completos de ley seca en un festejo! Esta restricción no se aplica a la venta de bebidas alcohólicas en cantinas, restaurantes, bares o cines; solamente está prohibida la venta de bebidas en envases cerrados en supermercados y tiendas. En otras palabras, las autoridades no quieren que la gente beba en casa, pero a casa la están mandando a ver los festejos a pesar de haber cerrado una parte muy importante de la Ciudad de México.
Esta celebración tiene poco de nacionalista. El gobierno federal no sólo está gastando una cantidad extraordinaria, de cuando menos 3 mil millones de pesos, sino que además ha mostrado un inaceptable malinchismo en la asignación de este gasto. Si para algo somos buenos los mexicanos es para tronar cohetes, pero los organizadores del festejo han preferido contratar a un francés, Christophe Berthonneau, para los fuegos pirotécnicos de la noche del 15. El espectáculo de luz y sonido en el Zócalo no lo llevará a cabo ninguna de las empresas mexicanas que se dedican a esta actividad, sino la de Ric Birch, un australiano radicado en Milán, Italia.
Por lo menos la vajilla de la cena del 15 en Palacio Nacional sí será mexicana. Se trata de un juego de Talavera de Puebla con diseño de Katia Ramírez Romero y un costo de un millón 881 mil pesos.
Toda la fiesta parece hecha, en efecto, para el goce y disfrute de unos cuantos políticos y funcionarios. Los ciudadanos, que pagamos los costos, no estamos invitados. Se nos pide más bien permanecer en casa para ver la celebración por televisión. Pero entonces habría sido mejor hacerla sin ningún problema en un estudio o auditorio.
Es una lástima porque pudimos haber utilizado este Bicentenario para reflexionar sobre nuestra historia y sobre nuestro futuro. La idea de regalar 27 millones de volúmenes de Viaje por la historia de México de Luis González y González, uno para cada hogar en el país, era quizá la parte más valiosa del festejo y una de las menos costosas. Pero tengo dudas acerca de la eficacia de este reparto de libros. Yo por mi parte no he recibido mi ejemplar, ni tampoco casi nadie que conozco.
Alianza contra alianzas
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador parecen haber hecho una alianza para oponerse a las alianzas en los comicios del estado de México del 2011. Los dos tienen sus razones. Peña Nieto no quiere que una derrota del PRI nuble sus posibilidades de ser candidato presidencial en el 2012; López Obrador quiere imponer al PRD a su candidata en el Edomex para el 2011. Lo interesante, sin embargo, es que los dos buscan el mismo objetivo de prohibir las alianzas.
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martes, 14 de septiembre de 2010
Los ridículos "festejos"
El hoyo del bicentenario
REFORMA
Jorge Alcocer V.
14 Sep. 10
Hace años leí una encuesta con motivo del bicentenario de la revolución francesa, decía que la mayoría de los franceses tenían una vaga idea del motivo de los festejos; la mayoría de ellos no pudieron mencionar más de dos protagonistas de aquella gesta.
A punto de turrón los fastos de nuestro bicentenario, cabe preguntar cuántos mexicanos podrían mencionar los nombres de más de dos héroes insurgentes. Lo que parece cierto es esa materia no interesa a las nuevas generaciones; menos aún cuando la historia patria quedó relegada a deficientes libros de texto.
Festejar el bicentenario es decisión de cada quien; pero si en algo podemos coincidir es en no celebrar los herraderos y despilfarros en que el gobierno ha incurrido con tal motivo. Lo que mal empieza, mal acaba. Vicente Fox instauró una comisión, al frente de la cual nombró a Cuauhtémoc Cárdenas, quien abandonó la tarea a los pocos meses. Felipe Calderón nombró al ex embajador en Italia, Rafael Tovar y de Teresa, quien al poco tiempo también renunció al encargo.
Dijo entonces el presidente Calderón que asumía la coordinación directa de los festejos; pero cambió de opinión y designó para la tarea a un aficionado a la historia, prácticamente desconocido en el medio, sin trayectoria ni obra reconocida, quien se dedicó a impulsar fantasiosos proyectos que condujeron a una rebatiña por contratos y dineros públicos. No será extraño que en la memoria colectiva quede registrado el derroche y los fracasos como lo recordable de 2010.
Lo que veremos mañana en la ciudad de México es un ejemplo extremo de ineficacia e improvisación. Fuegos fatuos, miles de toneladas de pólvora quemadas para iluminar el cielo del Zócalo (el 16 el DF podría estar en contingencia ambiental por el humo); cantantes reciclados de épocas pretéritas; orquestas traídas a México con pagos millonarios y apuros nunca resueltos; aglomeraciones en Paseo de la Reforma y el Zócalo.
Para el libro de la conmemoración sus autores podrían utilizar como ilustración de portada el hoyo de 50 metros de profundidad, cavado al lado de los leones de Chapultepec, verdadero testimonio de los festejos oficiales del bicentenario. No será la "estela de luz", sino el socavón excavado para sus cimientos, la herencia que el gobierno entrega a las actuales y futuras generaciones. Un hoyo que nadie sabe si servirá para algo; un parque sin fecha de apertura y la reapertura del Palacio de Bellas Artes pospuesta para el 20 de noviembre, es el saldo del señor Villalpando.
El hoyo del bicentenario es físico, es presupuestal y es también, y por encima de lo demás, testimonio de la incapacidad o indiferencia del gobierno.
Inevitable la comparación: en el centenario, el gobierno porfirista inau- guró obras de infraestructura, palacios municipales, mercados públicos, parques, jardines, monumentos, como el Ángel de la Independencia; la mayoría de ellos permanecen en pie y en uso, un siglo después. Los trabajos de aquel entonces fueron encomendados a personalidades y técnicos de reconocido prestigio y probada capacidad, no a los amigos de don Porfirio.
¿Dónde está la obra que este gobierno entrega al pueblo de México por el bicentenario? Lo que hay es un enorme hoyo.
La comisión de los festejos naufragó por las ocurrencias, incapacidad y desorden de su titular; al rescate entró, tarde y mal, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, para explicar los motivos del fracaso y fijar, sin mayor sustento, nuevas fechas para inaugurar obras que, por elemental decoro, deberían ser canceladas de inmediato. Rellenar el hoyo será un acto físico y simbólico. Luego habrá que llamar a cuentas a los responsables del despilfarro y el fracaso.
A pesar de los pesares, queda para el festejo la decisión de los hombres que hace 200 años decidieron luchar y dar la vida por hacer surgir una nación independiente, libre, sujeta a sus propias leyes, responsable de su propio destino. Los hechos y decisiones de esos hombres y del pueblo que los secundó en sus afanes, es el origen de la Historia Patria -con mayúsculas- que no requiere ser reescrita, bastaría -creo- con terminar de escribirla.
Festejemos por ellos; porque nos dieron Patria.
REFORMA
Jorge Alcocer V.
14 Sep. 10
Hace años leí una encuesta con motivo del bicentenario de la revolución francesa, decía que la mayoría de los franceses tenían una vaga idea del motivo de los festejos; la mayoría de ellos no pudieron mencionar más de dos protagonistas de aquella gesta.
A punto de turrón los fastos de nuestro bicentenario, cabe preguntar cuántos mexicanos podrían mencionar los nombres de más de dos héroes insurgentes. Lo que parece cierto es esa materia no interesa a las nuevas generaciones; menos aún cuando la historia patria quedó relegada a deficientes libros de texto.
Festejar el bicentenario es decisión de cada quien; pero si en algo podemos coincidir es en no celebrar los herraderos y despilfarros en que el gobierno ha incurrido con tal motivo. Lo que mal empieza, mal acaba. Vicente Fox instauró una comisión, al frente de la cual nombró a Cuauhtémoc Cárdenas, quien abandonó la tarea a los pocos meses. Felipe Calderón nombró al ex embajador en Italia, Rafael Tovar y de Teresa, quien al poco tiempo también renunció al encargo.
Dijo entonces el presidente Calderón que asumía la coordinación directa de los festejos; pero cambió de opinión y designó para la tarea a un aficionado a la historia, prácticamente desconocido en el medio, sin trayectoria ni obra reconocida, quien se dedicó a impulsar fantasiosos proyectos que condujeron a una rebatiña por contratos y dineros públicos. No será extraño que en la memoria colectiva quede registrado el derroche y los fracasos como lo recordable de 2010.
Lo que veremos mañana en la ciudad de México es un ejemplo extremo de ineficacia e improvisación. Fuegos fatuos, miles de toneladas de pólvora quemadas para iluminar el cielo del Zócalo (el 16 el DF podría estar en contingencia ambiental por el humo); cantantes reciclados de épocas pretéritas; orquestas traídas a México con pagos millonarios y apuros nunca resueltos; aglomeraciones en Paseo de la Reforma y el Zócalo.
Para el libro de la conmemoración sus autores podrían utilizar como ilustración de portada el hoyo de 50 metros de profundidad, cavado al lado de los leones de Chapultepec, verdadero testimonio de los festejos oficiales del bicentenario. No será la "estela de luz", sino el socavón excavado para sus cimientos, la herencia que el gobierno entrega a las actuales y futuras generaciones. Un hoyo que nadie sabe si servirá para algo; un parque sin fecha de apertura y la reapertura del Palacio de Bellas Artes pospuesta para el 20 de noviembre, es el saldo del señor Villalpando.
El hoyo del bicentenario es físico, es presupuestal y es también, y por encima de lo demás, testimonio de la incapacidad o indiferencia del gobierno.
Inevitable la comparación: en el centenario, el gobierno porfirista inau- guró obras de infraestructura, palacios municipales, mercados públicos, parques, jardines, monumentos, como el Ángel de la Independencia; la mayoría de ellos permanecen en pie y en uso, un siglo después. Los trabajos de aquel entonces fueron encomendados a personalidades y técnicos de reconocido prestigio y probada capacidad, no a los amigos de don Porfirio.
¿Dónde está la obra que este gobierno entrega al pueblo de México por el bicentenario? Lo que hay es un enorme hoyo.
La comisión de los festejos naufragó por las ocurrencias, incapacidad y desorden de su titular; al rescate entró, tarde y mal, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, para explicar los motivos del fracaso y fijar, sin mayor sustento, nuevas fechas para inaugurar obras que, por elemental decoro, deberían ser canceladas de inmediato. Rellenar el hoyo será un acto físico y simbólico. Luego habrá que llamar a cuentas a los responsables del despilfarro y el fracaso.
A pesar de los pesares, queda para el festejo la decisión de los hombres que hace 200 años decidieron luchar y dar la vida por hacer surgir una nación independiente, libre, sujeta a sus propias leyes, responsable de su propio destino. Los hechos y decisiones de esos hombres y del pueblo que los secundó en sus afanes, es el origen de la Historia Patria -con mayúsculas- que no requiere ser reescrita, bastaría -creo- con terminar de escribirla.
Festejemos por ellos; porque nos dieron Patria.
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los berrinches de Felipe,
México
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Soldaten Sind Mörder!
photos by Horst Faas, Henri Huet, Sal Veder, Rick Merron, Bill Ingraham, John Nance, Nick Ut.El título de esta entrada es una frase de Kurt Tucholsky de la Glosa Der bewachte Kriegsschauplatz (el vigilado escenario de la guerra), quien la publicó en la revista Die Weltbühne en 1931:
"Da gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich: Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.“– Kurt Tucholsky(Durante cuatro años hubo metros cuadrados de tierra donde el homicidio era obligatorio, mientras que a apenas una media hora de distancia, estaba estrictamente prohibido. Yo dije: Homicidio? naturalmente, homicidio. Los soldados son asesinos.)
Y para festejar la militarización del país, perdón, el BiCentenario, pues qué mejor que ¡¡¡Más Soldados!!! ...qué padre, lástima que no estaré en el país para festejar esto tan único, tan tan... lindo, tan ad hoc tan shalalalá. Creo que a Franco o a Hitler, a Mussolini, o a Pinochet les hubiera fa-sci-na-do un desfile así. Nacionalista y con soldaditos de todos colores, batallones, la guerra imaginaria, toda ella pasando, marchando, alrededor de la Plaza de la Constitución, ¡ay! Deberán saludar al Presidente cuando pasen frente a él?
Ahora mexicanos, no sólo podrán deleitarse al ver su ciudad o los caminos cerca de su ciudad llenos de retenes militares, sin estrategia, sin plan, sin límite de tiempo, sin reglas. Retenes peligrosos, claro, para una buena aventura á la mexicana, si uno se pasa el retén, a diferencia de otros países, los soldados tienen permiso de disparar a los ciudadanos, si se equivocan, no importa! con que pidan disculpas y la CNDH les emita una recomendación "no vuelvas a hacerlo soldado", total, la justicia militar los exonera, es una tarea peligrosa y por eso el Estado mexicano no quiere tocarla.
Y qué se le ocurre al Gobierno Federal para conmemorar a los ya casi 30mil muertos? pues ¡¡claro!! celebrarlo con soldados de todo el mundo, para que veamos que los soldados son asesinos, que ese es su trabajo, matar, y que lo están haciendo bien y esto nos demostrará Calderón, que en cualquier país, no importa la nacionalidad, todos son asesinos.
Ahora, nada más y nada menos que nuestro Presidente, el general de cinco estrellas, Don Felipe Calderón, no sólo ha autorizado la quema de dinero a manos llenas en el Zócalo de la ciudad con foquitos y estelas de luz, cancioncitas cursis y espejitos, también habrá"lounges" muy modernos para que los funcionarios públicos "no mezquinos ni pecadores ni divisores" festejen estos 200 años de libertad y 100 de bienestar social. Porque la Independencia y la Revolución eso trajeron a que no?
Ahora, para completar el festejo, el Presidente nos trae desde 16 países del mundo otras tropas, si amigüito, este 16 de septiembre, no sólo desfilarán los soldados que están apostados fuera de tu casa, los que están allí vigilando ciudadanos, como si fueran enemigos de guerra, esos mismos que asesinaron a los estudiantes del Tec y mintieron, los que mataron a Bryan y Martin y mintieron, los que violaron a la mujer en Zongolica y mintieron, los que dispararon a la familia de Nuevo León hace unos días, etc. etc. etc. no amigüito, este 16 podrás admirar los uniformes y armas de soldados de !toooodo el mundo! Podrás ver a esos soldados que matan en Irak, Afganistán, en el Golfo Pérsico. Apoco no es padrísimo nuestro Gobierno fascista, perdón, federal?
Lo peor, tenemos un Senado con la misma fascinación por los soldados, que en lugar de cuestionar la medida, se queja por la premura. Quisiera yo saber cuándo cuestionará el Congreso la presencia del ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública.
Qué no hubiera sido mejor traer a las sinfónicas de esos 16 países? grupos de danza? de teatro? escritores, intelectuales? pero soldados? en serio, soldados?
Cuál habrá sido el criterio para invitarlos? o invitaron a toooodos los ejércitos del mundo, esperando tener en la Ciudad de México una convención de militares?
Qué es lo lindo de ver desfilar batallones de guerra? sobre todo cuando el país está en guerra? Lo mismo hacia Stalin. Así festejaba Honecker.
Y a todo esto, cuánto costara? quién pagará los gastos de traslado y hospedaje? o por preguntona me dirán mezquina y pecadora?
Senado aprueba desfile de tropas extranjeras
Ricardo Gómez y Elena Michel
El Universal
Ciudad de México
Martes 07 de septiembre de 2010
El pleno aprobó la entrada de 16 ejércitos para el desfile militar del próximo 16 de septiembre
No sin críticas por la premura del tiempo, el Senado aprobó la solicitud de permiso del Ejecutivo federal para el ingreso a México de contingentes militares de 16 países que participarán en el desfile militar del próximo 16 de septiembre, con motivo del Bicentenario de la Independencia de México.
El pleno aprobó la entrada de los ejércitos extranjeros por 89 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Los ejércitos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela participarán en los festejos del Bicentenario de la independencia de México, en el desfile del próximo 16 de septiembre.
Por el tiempo, debido a que hoy comienza el ingreso de militares de cinco países, se consideró el tema de urgente y obvia resolución, y se dispensaron los trámites por el pleno de la cámara alta.
El senador del PRD Pablo Gómez criticó el procedimiento. Por la premura del tiempo afirmó que el Congreso no está "a la hora del Ejecutivo".
Echó en cara que apenas hoy se dictamine la petición de permiso, ya que hoy mismo está programada la entrada de militares de cinco ejércitos: España, China, Colombia, Rusia y Francia.
Sin embargo, se pronunció porque el Senado apruebe la solicitud.
El vicepresidente del Senado, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), informó que el permiso llegó ayer por la noche.
En su turno, el coordinador del PT Ricardo Monreal dijo que es el tercer año consecutivo en que se tramita un permiso a destiempo.
Criticó que desde hace dos meses corrieron las invitaciones a los ejércitos de otros países y apenas hoy se pide permiso.
El presidente de la comisión de Marina, Sebastián Calderón Centeno (PAN), habló a favor del dictamen.
En total participarán 575 efectivos de esos países, que incluyen los festejos del centenario del inicio de la Revolución.
El presidente Felipe Calderón pidió permiso al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI para que puedan ingresar las tropas extranjeras a México, como lo pide la ley.
La solicitud de permiso aparece publicada hoy en la Gaceta del Senado de la República.
En la petición al Congreso, se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional extendió formal invitación a institutos armados de 16 países con la finalidad de que participen en el desfile del próximo 16 de septiembre.
Se alojarán en instalaciones del Colegio Militar y abandonarán territorio nacional entre el 17 y el 20 de septiembre.
*
* *
Comparto totalmente la siguiente nota de Lorenzo Córdova:
Derechos y guerra al crimen
Lorenzo Córdova Vianello
El Universal
Miércoles 08 de septiembre de 2010
El fallecimiento de civiles en el contexto del combate al crimen organizado corre el riesgo de convertirse en un componente cotidiano del trágico paisaje que nos está dejando la oleada de violencia que ha azotado al país en los últimos años.
La muerte violenta de una persona ajena a los enfrentamientos es de por sí condenable, con independencia de si es cometida por grupos del crimen organizado o por las fuerzas de seguridad. Pero en este segundo caso, el tema es más complejo porque lo que se pone en cuestión es el eventual abuso de la fuerza que legítimamente se concentra en manos del Estado. Para decirlo de otra manera, en un caso estamos ante un asunto que penalmente se considera un homicidio, en el otro estamos, además, frente a una violación de derechos humanos, es decir, un uso indebido y excesivo de la autoridad pública.
Lo peor es que ante la desbocada crisis de seguridad, y los efectos que sobre la cohesión social provoca, se ha abonado el terreno para justificar como “inevitables” las muertes de inocentes que son abatidas en los fuegos cruzados o por los cada vez más frecuentes errores de las fuerzas del orden. Parecería que los márgenes de exigencia del respeto de los derechos y del uso racional y proporcional de la fuerza por parte de las policías y los militares son cada vez más estrechos y que su transgresión eventualmente puede ser justificada como un mal menor frente a la consecución de un bien superior.
Es cierto que en las semanas recientes, el Presidente ha abandonado la desafortunada expresión de “guerra al narcotráfico” con la que gustó de caracterizar durante los primeros tres años y medio de su gobierno, a la estrategia gubernamental de combate al crimen. Fue un peligroso abuso lingüístico que alimentó una lógica de confrontación, polarización y excepcionalidad en la que era aceptable adoptar e ideas como el que el mismo gobierno usó para justificar las bajas de inocentes: “daños colaterales”. Ésa es una idea y concepto inaceptable en democracia constitucional, pero que hoy es recurrente y parece haberse instalado en el imaginario colectivo como algo natural e inevitable. Seamos claros, nadie pretende que el Estado claudique en perseguir los delitos y confrontar al crimen, pero eso, o bien ocurre en el marco del respeto absoluto de los derechos fundamentales, o bien estamos ante una crisis del Estado mismo (entendido como un Estado constitucional).
La muerte de dos miembros de la familia De León, acontecida el domingo pasado, en la carretera Monterrey-Laredo, a manos de efectivos militares, es el último episodio de una serie de casos de irracional (ab)uso de la fuerza que de ninguna manera puede justificarse y frente a los cuales no debemos perder la capacidad de indignación.
Desafortunadamente, esos casos son los que evidencian de modo dramático lo equivocado de una estrategia unidimensional de confrontar de manera primordial (y prácticamente exclusiva) un fenómeno complejo y multidimensional como lo es el crimen organizado.
Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han demostrado (a diferencia de casi todas sus homólogas latinoamericanas) una profunda vocación institucional. Salvo el lamentable episodio de la “guerra sucia” de los años setenta (que se explica por el sesgo autoritario que caracterizaba el antiguo régimen), su actuación había sido respetuosa de la ley y de la institucionalidad. Ello redundó en el generalizado aprecio social que las investía.
Pero desnaturalizar la función del Ejército al utilizarlo en tareas de policía para las que no está preparado (ni concebido), significa exponerlo a una situación en la que la presencia de abusos y violaciones a derechos humanos de su parte era sólo cosa de tiempo. El problema es que todo ello se traduce, poco a poco, en un gradual y peligroso desprestigio social de las fuerzas armadas que a nadie conviene.
Lejos de lo que podría pensarse en la lógica prevaleciente en muchos de los circuitos gubernamentales, la mejor estrategia para impedir ese desprestigio de nuestra milicia (en tanto no se le saca de las calles) es castigar los abusos, exigir responsabilidades, suprimir el fuero militar y, con ello mandar el mensaje, de que en la defensa de la seguridad pública no todo se vale y el respeto de los derechos es algo intransigible.
Investigador y profesor de la UNAM
Comparto totalmente la siguiente nota de Lorenzo Córdova:
Derechos y guerra al crimen
Lorenzo Córdova Vianello
El Universal
Miércoles 08 de septiembre de 2010
El fallecimiento de civiles en el contexto del combate al crimen organizado corre el riesgo de convertirse en un componente cotidiano del trágico paisaje que nos está dejando la oleada de violencia que ha azotado al país en los últimos años.
La muerte violenta de una persona ajena a los enfrentamientos es de por sí condenable, con independencia de si es cometida por grupos del crimen organizado o por las fuerzas de seguridad. Pero en este segundo caso, el tema es más complejo porque lo que se pone en cuestión es el eventual abuso de la fuerza que legítimamente se concentra en manos del Estado. Para decirlo de otra manera, en un caso estamos ante un asunto que penalmente se considera un homicidio, en el otro estamos, además, frente a una violación de derechos humanos, es decir, un uso indebido y excesivo de la autoridad pública.
Lo peor es que ante la desbocada crisis de seguridad, y los efectos que sobre la cohesión social provoca, se ha abonado el terreno para justificar como “inevitables” las muertes de inocentes que son abatidas en los fuegos cruzados o por los cada vez más frecuentes errores de las fuerzas del orden. Parecería que los márgenes de exigencia del respeto de los derechos y del uso racional y proporcional de la fuerza por parte de las policías y los militares son cada vez más estrechos y que su transgresión eventualmente puede ser justificada como un mal menor frente a la consecución de un bien superior.
Es cierto que en las semanas recientes, el Presidente ha abandonado la desafortunada expresión de “guerra al narcotráfico” con la que gustó de caracterizar durante los primeros tres años y medio de su gobierno, a la estrategia gubernamental de combate al crimen. Fue un peligroso abuso lingüístico que alimentó una lógica de confrontación, polarización y excepcionalidad en la que era aceptable adoptar e ideas como el que el mismo gobierno usó para justificar las bajas de inocentes: “daños colaterales”. Ésa es una idea y concepto inaceptable en democracia constitucional, pero que hoy es recurrente y parece haberse instalado en el imaginario colectivo como algo natural e inevitable. Seamos claros, nadie pretende que el Estado claudique en perseguir los delitos y confrontar al crimen, pero eso, o bien ocurre en el marco del respeto absoluto de los derechos fundamentales, o bien estamos ante una crisis del Estado mismo (entendido como un Estado constitucional).
La muerte de dos miembros de la familia De León, acontecida el domingo pasado, en la carretera Monterrey-Laredo, a manos de efectivos militares, es el último episodio de una serie de casos de irracional (ab)uso de la fuerza que de ninguna manera puede justificarse y frente a los cuales no debemos perder la capacidad de indignación.
Desafortunadamente, esos casos son los que evidencian de modo dramático lo equivocado de una estrategia unidimensional de confrontar de manera primordial (y prácticamente exclusiva) un fenómeno complejo y multidimensional como lo es el crimen organizado.
Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han demostrado (a diferencia de casi todas sus homólogas latinoamericanas) una profunda vocación institucional. Salvo el lamentable episodio de la “guerra sucia” de los años setenta (que se explica por el sesgo autoritario que caracterizaba el antiguo régimen), su actuación había sido respetuosa de la ley y de la institucionalidad. Ello redundó en el generalizado aprecio social que las investía.
Pero desnaturalizar la función del Ejército al utilizarlo en tareas de policía para las que no está preparado (ni concebido), significa exponerlo a una situación en la que la presencia de abusos y violaciones a derechos humanos de su parte era sólo cosa de tiempo. El problema es que todo ello se traduce, poco a poco, en un gradual y peligroso desprestigio social de las fuerzas armadas que a nadie conviene.
Lejos de lo que podría pensarse en la lógica prevaleciente en muchos de los circuitos gubernamentales, la mejor estrategia para impedir ese desprestigio de nuestra milicia (en tanto no se le saca de las calles) es castigar los abusos, exigir responsabilidades, suprimir el fuero militar y, con ello mandar el mensaje, de que en la defensa de la seguridad pública no todo se vale y el respeto de los derechos es algo intransigible.
Investigador y profesor de la UNAM
jueves, 2 de septiembre de 2010
IV informe de Gobierno en Wordle
En el rubro de Estado de Derecho y Seguridad se usa la palabra derechos humanos 5 veces.
**Se usa el resumen ejecutivo.
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Magdalena: "mezquina y pecadora"
VIDEO Desinformémonos
“Mezquinos”, los críticos del Bicentenario: Lujambio
“Vamos a festejar nuestra existencia, nuestro ser y nuestra cultura”, asegura.
Es pecado no festejar Bicentenario: Episcopado
La Iglesia Católica considera que guardar silencio ante el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución sería un pecado de omisión
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miércoles, 1 de septiembre de 2010
Que el Presidente dará un mensaje abusivo.
Y como dijo @andreslajous, a esto Freud le dio nombre. Ahí se las dejo.
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sábado, 28 de agosto de 2010
Está cansadito Sr. Presidente???
Calderón: cansa cantaleta sobre abusos de militares
INTERVIEW: DEMANDING JUSTICE FOR A SON KILLED BY ARMED MEN IN MEXICO
Dice @presidente_fch q violaciones a DDHH son "cantaletas" con Lopez Doriga y relator de ONU
Informe Especial CNDH sobre Secuestro (y trato) a migrantes en México 2010
La cifra de 9,758 migrantes secuestrados se obtuvo, primero, mediante la detección de 238 fuentes la mayor parte testimonios de las víctimas, que aportaron información sobre 198 eventos de secuestro segundo, a través de los testimonios de los migrantes que informaron con cuántas personas más fueron secuestradas cuántas personas cautivas vieron en las casas de seguridad o en los lugares en los que se les resguardaba.
l cuántos en realidad haya no es posible determinar ya que se trata de personas que no son echadas de menos, pues son migrantes.
Los datos son recopilados de testimonios y quejas de los propios agraviados, de manera que sólo "se sabe" esos secuestros.
5,316 migrantes fueron secuestrados en México(55%)---SOLO EN LA FRONTERA SUR, en el norte, 981 (11.8%); en la zona centro, 124 (1.2%), no fue posible precisar el lugar en que fueron secuestradas 3,237 víctimas (32%).
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