Informe Amnesty International 2010: México

El México en guerra en el informe de Amnestía Internacional 2010

(El reporte sobre México se encuentra a partir de la página 212):

Aumentaron los informes sobre graves violaciones de derechos humanos a manos de miembros del ejército que realizaban actividades policiales. La policía federal y las policías estatales y municipales siguieron cometiendo también graves violaciones de derechos humanos en varios estados. Las mujeres sufrían elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia. Bandas de delincuentes secuestraron a miles de migrantes irregulares y asesinaron a algunos de ellos. Se registraron frecuentes violaciones de mujeres migrantes. Varios periodistas y defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidios,actos de acoso y cargos penales falsos. Las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico corrían el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negado su derecho a ser consultadas e informadas de manera adecuada. En dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

Policía y fuerzas de seguridad

Sistema de justicia militar y abusos del ejército
Aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.
Durante el año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre casos confirmados de abusos, frente a las 14 formuladas en 2008. Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del ejército. Las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos. En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los familiares de cuatro civiles desarmados a los que el ejército había matado a tiros en Santiago de los Caballeros (estado de Sinaloa) en marzo de 2008 no tenían derecho a impugnar que el sistema de justicia militar se encargara de la causa.
En marzo, miembros del ejército fueron responsables de la desaparición forzada de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas). En abril se encontraron sus cadáveres calcinados. A los familiares no se les permitió ver los cadáveres ni el informe de la autopsia. En mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que se había detenido a 12 militares, pero no se facilitó información oficial sobre los cargos ni sobre el juicio.
En marzo, tras detenerlos, el ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos (arraigo) en una basemilitar de Tijuana (estado de Baja California). Después de ser acusados formalmente de delitos vinculados con la delincuencia organizada, los agentes fueron trasladados a una prisión civil de Tepic, en el estado de Nayarit. Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera abierto ninguna investigación sobre las denuncias de tortura.

Fuerzas de policía
En enero entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella se preveía un aumento de la profesionalización y coordinación de la policía y una cierta mejora de la protección de los derechos humanos. La Ley de la Policía Federal, promulgada en junio, establecía un único cuerpo federal de policía dotado de nuevas atribuciones para atender denuncias y llevar a cabo investigaciones, incluidas labores de vigilancia electrónica y operaciones encubiertas, sin los adecuados controles judiciales.
Se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura.
En febrero, Gustavo Castañeda Puentes fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey (estado de Nuevo León). A pesar de que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos.
En marzo, la policía federal detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio de Chihuahua (estado de Chihuahua). Los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio. Jesús Arturo Torres quedó en libertad sin cargos. Presentó una denuncia, pero al concluir el año no se sabía si la investigación había avanzado o no.

Hasta aquí es textual el reporte de AI sobre Policía y fuerzas de seguridad

El informe relata también sobre violaciones de derechos de migrantes, de defensores de derechos humanos, de mujeres y niñas, de periodistas, violación de derechos a comunidades indígenas y comunidades marginadas, violaciones a derechos sexuales y reproductivos, así como la impunidad que ataca al país.

Cita su informe México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos

del ejército (AMR 41/058/2009)