Human Rights Watch envía una fuerte carta al Presidente Calderón para hacerle ver que las violaciones a los Derechos Humanos no son cosa de pesimistas.
Aunque se canse Sr. Presidente, ya basta!
La Carta es firmada por José Miguel Vivanco, Americas Director de Human Rights Watch y es enviada con copia para: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos; Carlos Pascual, Embajador de los Estados Unidos en México:
Estimado Presidente Calderón:
Nos dirigimos a S.E. con el fin de manifestar nuestra preocupación por los mensajes contradictorios que ha expresado en relación con la necesidad de proteger los derechos humanos en Mexico. Estos mensajes menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia de su gobierno contra el crimen organizado. Le sugerimos respetuosamente a S.E. manifestar públicamente que el respeto de los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos.
Coincidimos con S.E. en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como S.E. lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: "no ha sido solucionado adecuadamente". Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos, desde servidores públicos que intentan poner freno a sus operaciones, hasta periodistas que informan sobre sus actividades ilícitas. La rivalidad entre carteles y las pugnas en su interior, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad, han causado la muerte de más de 28.000 personas durante su gobierno, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad. En épocas de violencia extrema, el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad. Además, el gobierno debe defender la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, respetar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, es decir fortalecer el estado de derecho.
Lamentablemente, desde que su gobierno movilizó a decenas de miles de soldados para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares. En ese mismo período, la Comisión recibió más de 4.000 denuncias solamente de presuntos abusos perpetrados por el Ejército. Es particularmente preocupante que la cantidad de denuncias e informes de violaciones de derechos humanos por parte de los militares ha aumentado notablemente año tras año durante su gobierno.
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