¡Ya Basta! ¡Ni Un@ más!

El 24 de enero publiqué este texto en Gurú Político, lo reproduzco pues reflexiono sobre la violencia, el ¡Ya Basta! no puede ser sólo hacia el Gobierno, el ¡Ya Basta! es para todos.

Receta para México:

menos Maquiavelo y más Montesquieu

Por: Geraldina González de la Vega

Hace una semana, en su editorial de los lunes, Jesús Silva-Herzog Márquez criticó la campaña ¡Basta de Sangre! pues en su opinión confunde a los responsables: “[pareciera que] el problema que padecemos es de hechura exclusiva del gobierno. El presidente Calderón es el causante de una guerra costosísima y sólo a él corresponde declarar de inmediato el armisticio. Él inventó una guerra y a él toca pararla. El “¡Ya Basta!” se dirige al gobierno, ¡no a los criminales!” (Reforma 17.01.2011). En su nota, JSHM propone que lo que en realidad se debe exigir al Presidente es cumplir con la ley y dar resultados, que se conduzca con responsabilidad e inteligencia, que no politice la lucha. Jesús llama la atención a lo que él llama el dato central: “la mayor amenaza de México es el crimen organizado [no el Gobierno]”.

No se puede más que estar de acuerdo con lo que apunta Jesús, los “malos y violentos” son los criminales y es obligación del Gobierno combatir el delito y dar seguridad a sus ciudadanos, y a quienes los ciudadanos debemos gritar un ¡Ya Basta! es a quienes violan la ley y no a las autoridades. Sin embargo, quedan en el aire dos preguntas: ¿y si la autoridad al combatir la ilegalidad, también viola la ley? ¿qué precio estamos dipuestos a pagar los ciudadanos para que el Gobierno haga (bien) su tarea? Y pienso que ésta es la llamada de la cruzada de Rius: que no estamos dispuestos a que el Gobierno realice sus tareas básicas a cualquier precio (destrozando el Estado de Derecho y violentando derechos a diestra y siniestra), no estamos dipuestos a que se derrame más sangre en una guerra que no tiene justificación legal ni legitimidad y mucho menos estamos dispuestos a que el Gobierno asesine en nombre de la justicia (y con esto hablo no solamente de los indignantes casos de civiles muertos a manos de fuerzas armadas, sino también de los presuntos delincuentes que han sido muertos arteramente), como bien dice Miguel Carbonell en su nota pasada, “la vida es sagrada”. En ella, Miguel se refiere al respeto irrestricto de “cualquier vida”, sí, también a la de los presuntos narcos: “La muerte de cualquier persona es un fracaso del Estado mexicano, que tiene el deber de protegernos a todos, incluso a aquellas personas que realizan actividades ilícitas, a las cuales hay que detener, juzgar y encarcelar con todo el rigor que está previsto en la ley, pero no permitir que se les prive de la vida.” (El Universal 13.01.2011)

La Jornada publicó la justificación detrás de la campaña ¡Basta de Sangre! y Rius, el caricaturista de ese diario y su iniciador, explicó sus razones: “...para protestar contra la violencia que se vive en el país producto de las estrategias contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón... Porque tú [Felipe Calderón] eres el responsable de una estrategia fallida e irresponsable. Porque tu falsa guerra es anticonstitucional y la estamos pagando todos. Porque la persecución policiaca y militar no puede por sí misma derrotar al narco. Porque en esta falsa guerra sólo se ha conseguido encarecer la droga y abaratar la vida.” (Jornada 11.01.2011)

El ¡Ya Basta! va dirigido al Gobierno porque en esta espiral de violencia es la “parte razonable”, los miembros del crímen organizado están dispuestos a todo, en cambio la autoridad es la que DEBE cumplir y hacer cumplir con la ley, las fuerzas armadas DEBEN respetar los derechos humanos. Sería francamente naif lanzar una campaña de ¡Ya Basta! contra quienes están decididos a delinquir, cueste lo que cueste. ¿De qué serviría gritar desesperadamente “queremos un alto a la delincuencia” si las autoridades no son capaces de pararla? Lo único que logra distinguir a unos de otros (para no perdernos en la idea de la equivalencia moral que advierte JSHM) es precisamente que el Gobierno en su “lucha” busca que se cumpla con la ley y que actúa en nombre de ésta y con base en ésta. La tarea básica del Leviatán es protegernos del lobo, y es a él (al Estado) a quien debemos exigírselo todo. El Presidente es un funcionario electivo y en consecuencia el ejercicio de este poder no es completamente independiente, y es en este sentido que los ciudadanos podemos (y tenemos el deber) de exigirle no sólo que haga su tarea, sino que la haga bien: con apego a la legalidad y de forma eficaz.

Pedro Aguirre, autor del blog “El Oso Bruno”, respondió a Jesús: “No es que se convoque a que el gobierno deje de perseguir criminales y a pactar con ellos. Increiblemente (porque, efectivamente, es increíble) el gobierno no tiene legitimidad en su lucha contra el narco porque no ha sabido explicar las razones por las que este "flagelo" nos perjudica y que la opción de legalizar es ilusoria. ¿Eso de quien es culpa?” Y yo coincido, además de exigirle al Ejecutivo la realización eficaz y legal de su tarea básica como apunta JSHM, el respeto a la vida de todos, como apunta Miguel Carbonell, los ciudadanos debemos exigirle al Presidente que rinda cuentas.

¿Y dónde está el Congreso? El Ejecutivo ha movilizado cerca de 50mil tropas para perseguir delitos aludiendo coadyuvancia con las autoridades encargadas de la seguridad pública (tesis jurisprudencia 38/2000) y nuestros "representantes" están callados, no han exigido información, están impávidos ante el espectáculo militar que nos ha preprarado el Presidente Calderón, y como la retórica de Los Pinos ha sido el maniqueo “conmigo o con los narcos”, entonces difícilmente los legisladores abren la boca, ¿para qué? si en tres o seis años tendrán otro trabajo.

La realidad es que no se ha accionado el sistema de pesos y contrapesos en la llamada “guerra contra el narco”. ¡México necesita menos Maquiavelo y más Montesquieu! Pienso que puede corregirse el rumbo respetando el principio de división de poderes, que no implica separación, sino coordinación y control recíproco. El hecho de que el Ejecutivo sea el comandante supremo de las fuerzas armadas no implica que pueda disponer de ellas de forma arbitraria, debe justificarlo. Para ello, la Constitución ha dispuesto el control de las fuerzas armadas (art. 73 XII, art. 76 II y IV, art. 89 IV, V, VI, VII y VIII y art. 129) y esto es así porque “para que exista libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro” (El Espíritu de las Leyes) y como en los grandes Estados los hombres libres no pueden legislar por sí mismos “el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo.” Los tres poderes de la Unión son ejercidos por distintos individuos y corporaciones, pero no están aislados unos de otros, para que se respeten las libertades deben controlarse entre ellos. A esto es a lo que el constitucionalismo norteamericano llamó sistema de pesos y contrapesos (checks and balances), que, además, no es exclusivo de los tres poderes (interorgánico), sino que sucede también a su interior (intraorgánico), entre la Federación, los Estados y Municipios (principio federal) y entre el Gobierno y la opinión pública (principio democrático y derechos fundamentales).

El control por parte del Congreso me parece indispensable, esto puede hacerse a través de comisiones ordinarias o, mejor, a través la creación de una comisión especial dedicada únicamente al seguimiento de la lucha contra el narco, para ambos casos el artículo 93 contempla la convocatoria de funcionarios para comparecer ante pleno o comisiones, la posibilidad de hacerles preguntas e interpelaciones, así como la obligación de entregar a los legisladores la información que les soliciten. En los Estados Unidos las comisiones de investigación no están textualmente reguladas en su Constitución, pero la Corte ha determinado que forman parte inherente del trabajo legislativo y deben estar limitadas a la función legislativa (Watkins vs. United States). Creo que a pesar de que el artículo 93 habla de comisiones de investigación para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, el Congreso está en posibilidades de establecer una comisión especial para atender e investigar al Ejecutivo y a la Administración Pública Federal en materia de combate al narcotráfico. Ello no contradice la división de poderes, al contrario, refuerza el sistema de controles y obedece el principio republicano: el Presidente está sometido a la voluntad nacional y es únicamente un agente temporal de la soberanía, la cual reside en el pueblo. Las comisiones de investigación se encargan de aclarar cuestiones de relevancia para el interés público. A través de ellas nuestros representantes tendrían la posibilidad de comprobar hechos de forma independiente y autónoma, cumpliendo con su obligación constitucional de representar al pueblo y su responsabilidad de controlar al Ejecutivo. Pero, quizá, la función más importante de ellas es el derecho de las minorías para funcionar como un contrapeso de la mayoría, se dice en Alemania que las comisiones de investigación “son una filosa espada en manos de la oposición”. De acuerdo con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General Mexicano se pueden crear comisiones especiales cuando así lo consideren las cámaras.

Por otro lado, existe el control a través del principio federal (artículo 124), mismo que deberá ser ejercido por parte de los gobiernos locales. La “guerra contra el narco”, así como algunas normas emitidas a propósito (por ejemplo las de “Narcomenudeo”) violan el principio de división de facultades entre los estados y la Federación. Este tema excede el objetivo de esta nota, pero creo que vale la pena resaltar tanto el papel del Senado como el uso de los recursos de control constitucional.

Por último, el control de la opinión pública y aquí es, creo yo, donde entra la propuesta de Rius de ¡No Más Sangre! Que los ciudadanos ejerzamos nuestra obligación de controlar a los funcionarios electos, no sólo a través de las urnas.

Considero que si se atiende al sistema de pesos y contrapesos en estos rubros y se presta atención a dos ingredientes fundamentales: transparencia y rendición de cuentas, podría el Presidente Calderón legitimar el combate al narco. El debate sobre la estrategia es indispensable, pero debe hacerse sobre una base constitucional. Los ciudadanos queremos saber si la acción militar es indispensable; si existe una amenaza a un interés vital de seguridad nacional; si se tiene un objetivo claro y alcanzable; cuál sería su definición de triunfo; si se han analizado franca y exhaustivamente los riesgos y los costos; si se sabe que se tiene una fuerza superior a la del enemigo; si se han agotado todos los demás medios políticos no violentos; si existe una estrategia de salida plausible para evitar un enredo sin final claro; si se han considerado a su totalidad las consecuencias de la acción; si el pueblo de México apoya de manera conciente e informada la acción; si se cuenta con el aval de otros países (nunca está de más saber qué opinan otros con experiencia); entre otras (Se trata de las premisas de la Doctrina Powell).

Se nos ha dicho que la realidad ha rebasado esta exigencia y que las policías, sobre todo las locales, no están a la altura de la tarea, esta es también es una cuestión que debe ser comprobada por el Ejecutivo. Ahora bien, si la acción militar es indispensable, entonces se requiere de una ley del Congreso que autorice el movimiento de tropas y se declare el Estado de excepción (ver mi nota sobre el tema).

No estoy de acuerdo con que se haga uso de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública, pienso que a pesar de que el principio Posse Comitatus proviene del sistema anglosajón, éste puede ser aplicable como un principio general del derecho, congruente con el principio pro homine. El Posse Comitatus establece que no se debe hacer uso de “la fuerza del Estado” contra los propios ciudadanos por atentar en contra de su vida y libertad. Y pienso que nuestra Constitución reconoce este principio al establecer en el artículo 21 que las funciones de seguridad pública deberán ser ejercidas por autoridades civiles; al distinguir el tiempo de guerra y el de paz en los artículos 16 y 129; así como la obligación en el artículo 129 de que en tiempo de paz las tropas deberán permanecer acuarteladas. El ejército sirve para combatir, para hacer la guerra, para acabar con el enemigo. Hoy todavía el narcotráfico sigue siendo una cuestión de seguridad pública –es un delito- y lo apegado a la Constitución sería la investigación y la persecución de los delitos a través de inteligencia e información y no los asaltos con armas largas ni las tomas de ciudades ni las violaciones diarias a los derechos humanos, como lo son, por el sólo hecho de existir, los retenes. Ciudad Juárez no es más segura porque haya más soldados en las calles y si la situación se ha agudizado (como establece la tesis de jurisprudencia 38/2000) entonces que se declare el Estado de excepción. Los soldados no están capacitados para investigar y perseguir delitos, están capacitados para acabar con su enemigo y su presencia en las calles no sirve más que para generar más violencia. Declarar enemigos a los narcotraficantes (civiles delinuentes) es una política autoritaria.

La Constitución Mexicana es muy clara en la distinción de dos tareas: la seguridad pública, destinada a proteger a las personas y la seguridad nacional, destinada a proteger al Estado mexicano. En el primer caso se habla de la prevención y persecución de los delitos que atentan contra los individuos (delitos contra la salud). En el segundo, de delitos que atentan contra el Estado y sus instituciones (rebelión, como en Chiapas). Sin duda, la delincuencia organizada en México ha rebasado el delgado límite entre ambas, pero para que el Ejército intervenga en la defensa de la seguridad interior y realice de manera subsidiaria (la situación de las fuerzas armadas ya no es de coadyuvancia) las tareas de las instituciones de seguridad pública que deberían realizar las autoridades civiles federales, locales y municipales, se requiere de la intervención del Congreso, como un mecanismo necesario de control de un Estado Constitucional -como México pretende serlo. En este sentido, sería deseable que ambas Cámaras defendieran la representación que ostentan y para la que los mexicanos los elegimos: la representación de la Federación en el Senado y la representación popular en la Cámara de Diputados. Un Presidente que actúa sin límites a su poder y sin respeto a la Constitución se convierte en un tirano. Nuestros legisladores tienen el deber de controlarlo. Puede ser que estén más preocupados por sus cotos electorales que por su mandato constitucional, y así, quieren que los volvamos a votar este 2012.

Quienes reclamamos el apego estricto a la Constitución y a las leyes, no queremos que el Gobierno se cruce de brazos, ni que pacte, pero sí esperamos que combata ilegalidad con legalidad y sobre todo, que se tome muy enserio los Derechos Humanos.

Los datos no dejan mentir, según Fernando Escalante “la violencia ha aumentado fuera de toda lógica especialmente en los lugares donde hubo grandes operativos policiacos y militares” (Nexos 397. enero 2011). En lo que va del sexenio, las dependencias contra las que más quejas sobre violaciones a los derechos humanos se han presentado son la Secretaria de la Defensa y la Secretaria de Marina. Las organizaciones de protección de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han documentado las ilegalidades que se cometen por parte de las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Y claro, está también el incumplimiento a las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana contra México por abusos militares. La realidad es que la gente en México vive entre dos frentes y aunque uno sea “fuego amigo”, éste también mata.

De manera que el ¡Ya Basta! no puede ser exclusivo hacia el Presidente y su gabinete, debe ser, también, una exigencia de los ciudadanos a nuestros representantes en el Congreso y a nuestros gobiernos locales, pues la culpa de la violencia que vive México la tenemos todos. Calderón ha hecho mal con esta guerra, pero en las repúblicas democráticas los presidentes no son (afortunadamente) todopoderosos y para resolver los problemas es necesario accionar todo el sistema que hace funcionar a los estados constitucionales, y hasta ahora veo a muchos cruzados de brazos, esperando las cuentas del 2012.