Ayer en la comparecencia del Secretario de Goberación ante los diputados federales, finalmente se le increpó sobre el uso del ejército en tareas de seguridad pública que según la Constitución corresponden a autoridades civiles (art. 21 y 129). El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dijo "El combate a la delincuencia organizada, que ha sido su principal bandera, ha derivado en un verdadero fracaso; pues hasta ingobernabilidad reconocida tenemos en regiones enteras del país. No hay estrategia clara al respecto.Se ha hecho un uso indebido del Ejército en funciones de seguridad pública y no hay plazo para el regreso de las fuerzas militares a los cuarteles. Necesitamos saberlo. Igualmente, se ha hecho un uso abusivo de las figuras del arraigo y de los testigos protegidos. En esa lucha infructuosa en ambos casos se han violado garantías individuales y derechos humanos."
Después, sobre el tema del ejército, el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional, increpó al Secretario sobre el respeto al Federalismo, dijo "Claro ejemplo de ello ha sido la incursión del Ejército y las policías federales en todo el país que, sin mediar coordinación con los gobiernos estatales, se introducen en procuradurías, detienen a elementos de diferentes corporaciones y señalan con índice de fuego a funcionarios públicos locales; pretendiendo descalificar, acusar y mediáticamente destruir, antes de ser juzgado, a todo aquel servidor público que colabore en gobiernos que, casualmente, no son de Acción Nacional." Y la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, sobre "el costo que estamos pagando como sociedad y los riesgos y desgaste a que se somete a instituciones tan valiosas y tan apreciadas por los mexicanos, como lo es el Ejército Mexicano, es demasiado alto."
Ya es hora de que nuestros representantes cuestionen al Gobierno de Calderón la violación a la Constitución mediante el uso de 45mil tropas militares para realizar tareas que corresponden a la autoridad civil.
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont respondió: "¿En qué medida hemos recurrido a las reservas institucionales de las Fuerzas Armadas para poder reconstruir las instituciones de seguridad en este país, que sean hartas, suficientes y potentes para brindar seguridad a los ciudadanos? El gobierno federal, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dicho que las tareas que actualmente realizan el Ejército y la Marina no le son normales y ordinarias. Que, en la medida en que las instituciones en su conjunto han visto amenazadas su capacidad para brindar de manera eficiente seguridad a los ciudadanos, han sido convocadas al auxilio de estas instituciones del Estado.
Que en tanto la fortaleza institucional de las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo las de seguridad pública, estén en condiciones de cumplir su tarea, las Fuerzas Armadas del Ejército y la Marina se irán retirando de la tarea, como viene sucediendo.
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Hoy en Chihuahua las Fuerzas Armadas se van retirando en la medida que se reconstruyen las instituciones municipales y estatales de seguridad.
Ése es el convenio que firmamos autoridades federales, estatales y municipales. Esa es la lógica de este esfuerzo. Ése es el compromiso que en este tiempo tenemos que cumplir por México.
En la medida que avancemos la violencia se abatirá. No existe una alternativa razonable para someter la violencia y para someter a los violentos que la aplicación de la ley por fuerzas de seguridad públicas subordinadas a mandatos de autoridades democráticas.
No existe otra alternativa razonable (!!). El gobierno está dispuesto a escuchar y ha dicho que esto es una condición necesaria pero no es suficiente. En este sentido, reitero que por convicción democrática y por preservación de la seguridad nacional, esos cuerpos están abocados a respetar los derechos fundamentales. Cuando se ha faltado a la disciplina para que estos cuerpos de seguridad no respeten los derechos humanos, cuando ha sido tentación dejar que procedan sin disciplina, sin arreglo y sin respeto a la ley, dichos cuerpos en buena medida han dejado a las instituciones y han transitado a las organizaciones criminales.
No es ni puede ser permitido ningún acto de crueldad de las instituciones de seguridad. La ley es garantía para todos, pero para ellos mismos, para ellos mismos para preservar honor, vida y cumplir deber."
*Ajá Sr Secretario, pero la alternativa no puede ser violar la Constitución! Cómo habla de la ley como garantía, si lo primero que hace el Gobierno Federal es justificar la ilegalidad como la única alternativa razonable?**
Claro, reviraron los diputados: la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: "A nivel internacional se ha comprobado que la participación del Ejército en acciones de seguridad se recomienda sólo como una acción temporal y en casos de emergencia, por lo que es urgente que se evalúen otros mecanismos de combate a la delincuencia, que eviten el desgaste de esta institución tan valiosa, como es el Ejército.
Es cierto que México vive una crisis de inseguridad y que dicha coyuntura requiere una respuesta eficaz. En este sentido, consideramos que esta respuesta debe estar fundada en el desempeño profesionalizado por parte de la policía. La prevención y sanción de la corrupción de las fuerzas de seguridad, la prevención del delito y en todo momento el respeto a los derechos humanos.
Por el contrario, se persiste en la estrategia de promover numerosos operativos que han llevado a la militarización de nuestras calles, con la justificación de atacar el crimen organizado. Los resultados son preocupantes.
En agosto pasado, al concluir la Cumbre de América del Norte, el presidente de la república afirmó que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército están siendo juzgadas efectivamente en México. Y que su gobierno tiene un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos. Y que sus críticos deberán probar un caso, un solo caso en el que haya actuado la autoridad en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.
Sin embargo, a pesar de tal posición, Human Rights, en su informe de abril de 2009 documentó en detalle 16 casos de abuso que fueron investigados por agentes del Ministerio Público militar, en los cuales no se ha hecho justicia.
Desde que el gobierno desplegó más de 40 mil efectivos para la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico, los abusos contra la población civil han sido parte de la agenda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió mil 230 denuncias de abusos cometidos en el contexto de operativos militares, una cantidad seis veces mayor que las denuncias recibidas hace tres años.
Los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos que se suponen abusos contra civiles; y han señalado que la jurisdicción de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar. A esas denuncias, aún se espera respuesta.
Para Nueva Alianza es urgente que el Estado mexicano cumpla con su compromiso de contar con cuerpos policíacos profesionales, honestos y suficientes para hacer efectivo el estado de derecho y poder liberar al Ejército de una tarea para la cual no ha sido creado.
Nuestro Ejército ha cumplido de manera efectiva y con un alto sentido de compromiso su misión en diversas situaciones de desastre para apoyar a la población civil, resguardar las instituciones estratégicas para el país y es garante de nuestra soberanía. Le reconocemos su valentía y su entrega por las causas de México. Es cuanto, presidente.
Después intervino el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien a pesar de su forma grosera e irrespetuosa, tiene razón en algunos puntos: "Secretario del gobierno de facto, cinco preguntas. Human Rights Watch entregó un informe en abril de este año que acredita 17 violaciones graves, 70 víctimas, entre 2007 y 2008, de asesinatos, torturas, violaciones sexuales, gastritis mal cuidadas diría su jefe, y detenciones arbitrarias. No hay un solo soldado detenido ni juzgado. Samuel González Ruiz, de la extinta Unidad Especializada del Delito Organizado de la PGR, habla de 7 mil violaciones. ¿Qué van a hacer para detener esa impunidad?
Tercer pregunta. ¿Por qué no le han pedido la suspensión de derechos y garantías constitucionales a esta soberanía como corresponde, según el artículo 29 constitucional, y violan con la militarización del país permanentemente derechos y garantías constitucionales?
¿Por qué Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga, no se militariza y sí se militariza México?"
El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta responde: "Señores diputados y diputadas, Human Rights Watch, entre otras organizaciones internacionales, ha reconocido que frente al estado de cosas se justifica la intervención de las fuerzas armadas. Ya he hablado con el señor Roth, con el señor Vivanco, y ellos no han cuestionado esa decisión de su comandante supremo.
Hoy analizan y presentan un informe de 17 casos, si no mal recuerdo, donde se alegan violaciones a los derechos humanos, y éste es un tema delicado. Primero, el puro informe no necesariamente prueba la existencia de las violaciones, sí de las quejas. ¿Y por qué es especialmente delicado, señores? El Estado mexicano está comprometido a tomar muy en serio estas investigaciones, y bajo sus propios procedimientos, determinar qué ha sucedido ahí.
Ni está en su interés el tolerar abusos; pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten.
No se puede hacer una generalización, ni que en todos los casos se trata de abusos, ni que en todos los casos se trata de infamia y de calumnias. Se debe investigar con rigor y bajo los esquemas y procedimientos de las leyes.
Les sostengo aquí, que más allá del interés del comandante supremo, en los altos mandos de las fuerzas armadas existe una voluntad absoluta de preservar el amplio margen de reconocimiento social que tienen las fuerzas armadas, y no denostarlos mediante el abuso o soltando el control sobre las tropas, que en buena parte interviene en esta decisión para interrumpir las mecánicas de violencia que siempre se dan sobre los más vulnerables, para someterlos a las necesidades de reclutamiento y de exacción de las organizaciones criminales.
En muchos lugares del país son las fuerzas armadas aquellas a las que más confianza se les tiene para interrumpir estas cadenas de miedo. Así pues, estamos en el proceso de realizar esas investigaciones. Pedimos de ustedes buena fe y apertura de mente para analizar todas las posibilidades en cuanto a los hechos que ahí se narran.
Entender que puede haber espacios para difamar a nuestras fuerzas armadas y con ello desgastar uno de sus activos principales, que es su sentido del honor y el prestigio que tiene con la comunidad. Los que se están jugando la vida por proteger a los más vulnerables se merecen esa buena fe.
Por lo que toca a la intervención de las fuerzas armadas, hoy existe en el Senado una iniciativa de seguridad nacional para que se reglamente el concepto constitucional previsto en el artículo 86, fracción I, de seguridad interior, que sólo se ha desarrollado incipientemente por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se vea en qué condiciones puede y debe intervenir a fortalecer a las instituciones de seguridad pública en este país.
El presidente ha propuesto una discusión democrática al respecto, a la soberanía popular, de una facultad que ya le había reconocido la Corte, de Fuerzas Armadas que piden a la representación política el desarrollo de reglas para que lo que hagan hoy no les sea reprochado en el futuro, por haber sido realizado en razón de las instrucciones de autoridades electas y de reglas previstas y claras dictadas por el Congreso de la Unión."
***Sr. Gómez Mont, la Corte efectivamente determinó la constitucionalidad de la coadyuvancia, pero diga usted 45mil tropas son coadyuvancia? En Alemania el hecho de tener estacionadas solamente 3mil en Afganistán debe ser discutido y votado anualmente por el Bundestag. En los Estados Unidos también y para la guerra de Afganistán han desplegado 48mil. Al Gobierno fascista de Felipe Calderón se le llena la boca denominando al Presidente como "El Comandante Supremo" prefieren que lo llamemos así de ahora en adelante? A mi me gusta más Felipe I, pero si quieren: Felipe I Comandante Supremo, suena ad hoc.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña con su estilo, hizo ver al secretario Gómez Mont las continuas violaciones al "artículo 16 constitucional, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Dicho de otra manera, ningún retén militar es legal, viola derechos y garantías constitucionales si no le han pedido a esta soberanía, con fundamento en el artículo 29 constitucional, la suspensión de derechos y garantías. Así es que se pasan el estado de derecho por encima, no les importa nada."
**Y sí, los modos y formas del diputado Fernández Noroña me parecen deleznables, pero no puedo dejar de reconocer que, en esta discusión, él llevaba la razón. Pero mientras el Gobierno Federal se siga llenando la boca con las decisiones del Comandante Supremo y la inconstitucionalidad como la única alternativa razonable, entonces hasta sujetos como Fernández Noroña tienen la razón. Claro, eso si pretendemos que México sea una democracia constitucional.
A lo que ha llegado México!
Ayer leía una nota de El Universal en donde autoridades de Juárez justifican los homicidios de adictos en centros de rehabilitación por parte de miembros de cárteles, como algo "normal entre ellos". Las autoridades mexicanas no pueden banalizar el cumplimiento de la ley, y dejarlo a discrecionalidad. El Estado de Derecho no admite excepciones. Cuándo lo van a entender?
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