Discutiendo sobre el aborto

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Discutiendo sobre el aborto
El Universal
Oct 19, 2007

Miguel Carbonell.
Jorge Carpizo ha dedicado buena parte de su carrera académica y profesional a la defensa de los derechos humanos. Fue Presidente fundador de la CNDH y ha recibido diversos premios y reconocimientos por su tarea en defensa de quienes no tienen el poder económico, político, ideológico o mediático para hacerse escuchar. Invariablemente, a lo largo de su fecunda vida, Carpizo se ha situado del lado de los sujetos débiles dentro de nuestra sociedad. Mostrando una vez más su enorme talento jurídico y su inagotable compromiso cívico, acaba de publicar una contribución mayúscula al debate social y jurídico sobre el tema del aborto (Milenio, edición especial, 12 de octubre de 2007).

Aunque comparto en todo el sentido de sus argumentos jurídicos para respaldar el derecho a la autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo, creo que la parte de su ensayo que puede ser más atractiva para el público en general se encuentra en los datos duros, de carácter estadístico, que nos ofrece; tales datos nos deberían llevar a una profunda reflexión sobre la necesidad de despenalizar (como ya lo ha hecho la Asamblea legislativa del Distrito Federal) el aborto voluntario dentro de las primeras semanas de la gestación, al menos. ¿Cuáles son esos datos que nos ofrece Carpizo en su ensayo? Entre otros son los siguientes:

-Según cifras de la ONU, de 193 países que forman parte de la organización, 189 permiten el aborto para salvar la vida de la mujer (solamente cuatro no lo permiten: Chile, El Salvador, Malta y la Santa Sede).

-122 países permiten el aborto para preservar la salud física de la mujer.

-120 países lo permiten para preservar la salud mental de la mujer.

-83 países lo permiten para el caso de violación o incesto.

-76 países lo permiten en caso de deterioro del feto.

-63 países lo permiten por razones económicas y sociales.

-En países donde vive el 40% de la población del mundo la sola petición de la mujer es suficiente para la interrupción del embarazo.

Estos datos son relevantes porque demuestran que en la ruta de la despenalización la Asamblea legislativa del DF no caminó en el vacío, sino que siguió el ejemplo de un buen número de países democráticos, mismos que cuentan con un largo historial de respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.

Hay, sin embargo, otros datos en el ensayo de Carpizo que nos hablan con rotundidad acerca del drama social a que da lugar la penalización del aborto. Son los siguientes.

-Según cifras de la Organización Mundial de la Salud ocurren 19 millones de abortos inseguros al año. De ellos, más de 4 millones son de mujeres adolescentes, que tienen entre 15 y 19 años.

-68,000 mujeres fallecen al año por esa causa (es decir, 1,863 cada día, 77 cada hora, más de una por minuto). Una tragedia humana que supera con mucho a los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York o al Tsunami que azotó el sudeste asiático hace unos años.

-En América Latina ocurren 3 millones 700 mil abortos inseguros cada año; 5 de cada mil mujeres mueren por esa causa, lo que representa más del 20% de muertes maternas.

-En México la cifra de abortos practicados es muy variable, pero oscila entre los 102 mil que reporta el CONAPO para el año 1997 y los 500 mil anuales que reportan algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los derechos de las mujeres.

-El 40% de los embarazos, en México, son indeseados; de ellos el 17% termina en aborto inducido. El aborto es la tercera causa de muerte materna en el país.

Esas son las cifras frías, los datos duros que deben tenerse en cuenta cuando se discute sobre el tema.

¿Qué es lo que la penalización del aborto genera en la práctica? ¿acaso la tipificación penal ha disminuido su incidencia? Los datos disponibles parecen señalar que no. Lo que ha sucedido es que los abortos se practican en la clandestinidad y cuando se persigue su realización el peso de la justicia cae, sin excepción, en mujeres pobres que deciden abortar en circunstancias personales, económicas o familiares sumamente angustiantes, a través de métodos inseguros y dañinos para su salud. La penalización del aborto castiga, en realidad, a la pobreza y a la ignorancia, supone una discriminación hacia la mujer y pretende instrumentalizar su cuerpo para satisfacer el deseo sexual o reproductivo del hombre. ¿Puede una democracia tolerar la ofensa a la dignidad humana que supone meter a la cárcel a una mujer por haber tomado una decisión libre y autónoma sobre su propio cuerpo? Yo francamente creo que no. Evitar el aborto es una preocupación que comparto, pero entiendo que la vía penal es la menos idónea para hacerlo.


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