Inició discusión en la Corte Constitucional sobre corridas de toros y peleas de gallos en Colombia
Nota de El Tiempo.com
Los magistrados de la Corte Constitucional deciden, en Sala Plena, si acogen o rechazan la ponencia que presentó su colega Humberto Sierra Porto que pide mantener vivos el toreo, la riña de gallos y otros espectáculos con animales como el coleo o las corralejas, por representar una "tradición arraigada y respetable" en Colombia a pesar de que puedan ser actos crueles.
Mientras tanto, defensores de animales permanecen frente a la Corte con pancartas pidiendo que se declaren inconstitucionales las corridas de toros, peleas de toros, entre otros eventos.
Esta es la cuarta sesión de Sala Plena en la que se debate el tema. En la ponencia, Sierra Porto le pide a la Corte avalar esos espectáculos y no declararlos como actos de crueldad, pues a pesar de que en ellos se ejerce maltrato a un ser viviente están sustentados en una tradición arraigada en la cultura del país. En estos casos, dice el magistrado Sierra, el principio de diversidad cultural prevalece y obliga a mantener la excepción establecida en la ley.
En esto coincide con la opinión del procurador Alejandro Ordóñez, quien en sus conceptos ha calificado estos espectáculos como "expresiones culturales y artísticas que identifican a los colombianos (...) lo que hace tolerable el sufrimiento a que son sometidos los animales".
La demanda ataca la constitucionalidad de la norma que excluye el coleo, las corralejas, las corridas de toros, las becerradas y las peleas de gallos de un listado de tratos crueles penalizados por el Estatuto de Protección Animal. Porque vulneran el derecho a un ambiente social y cultural sano, atentan contra la paz y la convivencia y violan el libre desarrollo de la personalidad de quienes los rechazan. Apelan, incluso, al Artículo 12 de la Constitución y afirman que ni animales ni seres humanos deben ser sometidos a tratos degradantes.
En la Sala del pasado jueves, los magistrados Juan Carlos Henao, Jorge Pretelt y el conjuez Gustavo Cuello destaparon sus cartas y expresaron su apoyó la ponencia de su colega Sierra Porto. Ellos plantean que actos como las corridas de toros no sólo son una expresión cultural sino que cada persona tiene la libertad de asistir o no a esos espectáculos, por lo que no afectan los derechos de nadie en particular. Esa misma tesis, afirman, fue el alma de un fallo en el que la misma Corte declaró constitucional la ley del reglamento taurino.
Por el contrario, los magistrados Nilson Pinilla, Maria Victoria Calle, Jorge Iván Palacio y el conjuez Diego López se inclinan por considerar estos espectáculos como violatorios de la Constitución. Los tres miembros del alto tribunal y el conjuez que se oponen a la ponencia dicen que ante un trato cruel no puede haber excepciones.
En esta puja, sólo un magistrado podría inclinar la balanza hoy: Gabriel Mendoza Martelo, quien sostiene que la demanda no tiene fundamentos y que por lo tanto la Corte no debe pronunciarse. Algunos allegados a la Corte creen que este estado de la discusión se podría abrir paso una tesis alternativa que propone declarar constitucional la norma, pero condicionándola a que el Congreso reglamente estos espectáculos y minimice los actos de crueldad hacia los animales.
Uno de los ejemplos que se miran es el de Portugal, donde desaparecieron de las corridas la muerte del animal, las banderillas y el castigo con la pica.
Los conjueces Cuello y López participan en la votación en reemplazo de los magistrados Mauricio González Cuervo -presidente de la Corte- y Luis Ernesto Vargas Silva, quienes se encontraban fuera del país representando a la corporación. Según el reglamento de ese tribunal, los magistrados que no participaron de la discusión sobre una ley quedan excluidos para votar su constitucionalidad.
La segunda demanda es la segunda sobre el mismo tema que estudia la Corte en menos de un año. En octubre del año pasado, la Corte revisó una demanda similar, pero en esa ocasión se declaró inhibida para decidir sobre ella por problemas de técnica legal en la demanda. En esa ocasión, el magistrado Jorge Iván Palacio presentó una ponencia en la que pedía que se declarara inconstitucional la excepción de la ley y calificaba este tipo de violencia contra los animales como "una tara ancestral".
En esa oportunidad, los magistrados Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Pinilla manifestaron su salvamento de voto, por cuanto, a su juicio, la demanda si reunía los requisitos mínimos de aptitud para proferir un fallo.
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