Hoy en día México vive un periodo de violencia desmesurada, en el que el combate a la delincuencia parece ya no regirse por las reglas del Estado de Derecho y en donde los derechos humanos se han convertido en límites incómodos para la realización de tareas de seguridad pública. A pesar de la –trunca- reforma penal, la sensación del ciudadano común es que nuestros derechos son una quimera y que el respeto a éstos es simplemente una promesa vacía que hiciere la autoridad en tiempos de bonanza.La reforma constitucional de Derechos Humanos embona perfectamente con el objetivo de la reforma penal y de la recién aprobada reforma en materia de Amparo. La primera intenta redefinir la relación del ciudadano con el Estado en materia de justicia y procuración de justicia, donde el respeto a los derechos y garantías mínimas del proceso son piezas fundamentales. La reforma en materia de Amparo, amplía el alcance de este recurso e incluye la posibilidad de exigir justicia ante violaciones a los derechos humanos reconocidos por la vía de tratados, no sólo a través de normas o actos, sino a través de omisiones, lo que implica que la autoridad no solamente deberá abstenerse de violar derechos, sino que se esperan de ella, además, acciones concretas dirigidas a su promoción y protección.
La reforma no sólamente nos reconoce, a nivel constitucional, todos los derechos humanos incorporados por la vía de tratados internacionales, sino que además los hace obligatorios de manera inmediata. Vincula a todas las autoridades al respeto, promoción, garantía y protección de nuestros derechos y establece de manera clara los principios bajo los cuales, todas las autoridades, deberán interpretar y aplicar las normas de derechos humanos. Con la reforma se orienta toda la actuación del Estado hacia el respeto y la consideración, invariable, de los derechos humanos, esto no es poca cosa, implica un cambio de paradigma que tendrá efectos provechosos en México.
La reforma cambia los principios de la conducción de la política exterior con base en el irrestricto respeto a los derechos humanos, y las relaciones de México en el ámbito internacional, así como con personas de nacionalidad diversa a la mexicana, se verán notoriamente mejoradas al ser reguladas por el acatamiento de las normas que protegen libertades y derechos.
La reforma reformula y aclara el estado de excepción y se establecen reglas claras sobre derechos que en ningún caso podrían ser suspendidos, lo cual urge en el momento que vive nuestro país, donde en muchos estados de la República, la violencia y perturbación social que se vive es verdaderamente alarmante.
Además, mediante esta reforma se amplían las facultades del órgano encargado de velar por los derechos humanos en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendría la posibilidad de realizar investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos, facultad extraña en manos de la Suprema Corte. La reforma obligará a la autoridad a responder las recomendaciones que le haga la CNDH, lo que hoy se antoja indispensable al encontrarnos frente a una marea de recomendaciones no atendidas o rechazadas sin mayor explicación.
Finalmente, mediante esta reforma se admitirán acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la CNDH en contra de normas que vulneren derechos humanos (de acuerdo con el nuevo artículo 1°, es decir, no sólo los reconocidos en la Constitución, sino los reconocidos por la vía de los tratados).
En resumen, esta reforma encierra en un círculo virtuoso el sistema de derechos humanos en el que estos gozan de supremacía constitucional y en consecuencia vinculan directamente a todas las autoridades, es decir, se convierten en fuente y límite indispensable de cualquier norma o acto y son norma imperativa que no puede ni violarse ni incumplirse.
(extracto de mi texto 'Carta a nuestros Legisladores')
Según la CMDPDH, 12 de los 16 estados que la han aprobado tienen gobiernos priístas, 1 con coalicion PRI-PVEM-Nueva Alianza (Tamaulipas), 1 panista (Sonora) y 2 con un gobierno del PRD o proveniente de una coalición conformada por el PRD, PT y Convergencia (Chiapas y Baja California Sur).
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