El asunto, que ya lleva varios años en el "mundo judicial", tiene como origen un artículo de Fernando García Ramírez titulado "Cómplices del terror", publicado marzo de 2004 en la revista Letras Libres. En dicho artículo García Ramírez acusa a La Jornada de tener lazos con el grupo terrorista vasco ETA y de haber firmado "un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA." El artículo controvertido tuvo como antecedente la visita del juez Baltasar Garzón para asistir la ampliación de su declaración en el proceso de extradición de seis detenidos vascos, acusados de pertenecer a ETA. La Jornada dio una cobertura de ello que no gustó a Garzón, a lo que publicó una carta acusando a La Jornada de de manipulación informativa.
"...me preocupa que presenten como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades...la dignidad de una sociedad se alcanza cumpliendo la ley "y no mintiéndole al pueblo como ustedes han hecho" (La Jornada, 31 de enero de 2004 -texto tomado de la columna de Krauze a que me refiero abajo).Hoy, en su editorial --que aparece enorme en la primera plana de su página Web-- y que titula "¿Libertad de expresión o ley de la selva?" La Jornada dice:
Más allá de la injusticia que se pretende consumar, la ponencia del ministro Zaldívar, de ser aprobada por la SCJN, establecería un precedente indeseable y peligroso para el periodismo nacional, por cuanto daría pie a la difusión de toda suerte de infundios en contra de lo que se denomina personas que se dedican a actividades públicas (físicas o morales), categoría aplicable a los medios, y los eximiría de cualquier responsabilidad legal por la propagación de falsedades, por evidentes que éstas sean... ...la adopción de la tesis del ministro Zaldívar por parte de la primera sala de la SCJN instauraría una suerte de ley de la selva en la que las entidades informativas podrían afirmar, unas de otras, las falsedades y acusaciones que quisieran, sin que por ello se les pudiera imputar en forma alguna. Y, en las condiciones de inequidad que caracterizan al país, tal escenario conduciría, de manera inevitable, al triunfo de los poderosos sobre los débiles, del músculo corporativo y financiero sobre las iniciativas sociales, de los discursos dominantes por encima de las voces disidentes.En pocas palabras a La Jornada le preocupa que un medio de comunicación diga algo que le molesta a otro y prefiere que la Corte limite la libertad de expresión, de manera que, ningún diario pueda en un futuro publicar nada que "lastime" el "honor" de otro diario, revista o publicación (el honor entre comillas implica que no considero que un medio de comunicación tenga honor, en todo caso reputación que por ser un medio de comunicación puede hacer y rehacer).
Sinceramente esta me parece una postura rarísima para un medio de comunicación.
Con justa razón Granados Chapa al referirse a este asunto dijo en su columna de Reforma (20 de junio de 2011):
Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual "la prensa se combate con la prensa", en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia, tan endeble en nuestro país. Presentó una denuncia penal y una demanda civil, la primera contra el autor y la segunda contra la casa editora de Letras Libres.Enrique Krauze, director de Letras Libres, opinó también en su columna de Reforma (12 de junio de 2011) que:
Para bien, la vertiente penal quedó cancelada por la derogación de los delitos de difamación y calumnia. Subsiste el litigio civil, a pesar de que se inició antes de la aparición de la ley para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, de mayo de 2006, y se invocó al iniciarlo el riesgoso y represor tratamiento que en 1982 le dio el código civil....No se comprende que lo haya hecho La Jornada, que necesita como del aire para respirar las libertades que resultarían conculcadas con un fallo adverso a Letras Libres. Ya está dicho: la prensa se combate con la prensa.Además, el mismo Krauze revela la doble cara de La Jornada cuando se trata de defender la libertad de expresión, pues:
En los últimos años, la Corte ha tenido la última palabra en varios conflictos sobre libertad de expresión, querellas entre particulares, entre autoridades y particulares, y entre medios y autoridades. En todos ellos ha protegido la libertad de expresión. Ahora, con el caso de La Jornada contra Letras Libres, la Corte atrae por primera vez un conflicto entre dos medios de comunicación. En última instancia, La Jornada ha esgrimido el sorprendente argumento de que la Ley de Imprenta vigente le parece insuficientemente restrictiva con respecto a la libertad de expresión. Sin embargo, en un litigio reciente con el Colegio Green Hills, La Jornada fundamentó su defensa en la misma ley que ahora quisiera limitar o poner en entredicho, y con ello logró el fallo positivo de la Suprema Corte.También, en junio pasado, Saúl López Noriega se refirió a este asunto en el Blog El Juego de la Corte de Nexos.
Existen dos antecedentes de la primera Sala en donde se diferencia entre personas (físicas o morales) que se dedican a actividades públicas: el amparo en revisión 2044/08 y el amparo directo 6/2009. En uno se revisa el asunto de un periodista vs un presidente municipal, en el otro se trata del asunto de la esposa del ex-Presidente Fox, Martha Sahagún y la revista Proceso.
Creo que no es verdad, como dice La Jornada, que el proyecto de Zaldívar se esté excediendo ni mucho menos que esté fallando a favor de los intereses que Letras Libres pudiera representar. En realidad se trata de que los límites a la libertad de expresión son mucho más laxos cuando se trata de personas cuya vida está expuesta al escrutinio público, el ámbito protegido de la intimidad de un candidato a Presidente de la República, de una actriz de televisión o de un cantante de moda es menor que el de una persona que no se dedica a actividades públicas. Más aún cuando se está frente a un conflicto entre dos medios.
En el ámbito Interamericano existe el caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, que, aunque también se refiere a la vida privada de un funcionario público, me parece también aplicable, pues resulta de interés público conocer información relacionada con un diario, como La Jornada, encargado de difundir información.
Esperemos que la resolución sea apegada a los valores democráticos, como parece estarlo el proyecto.
Pueden leer el proyecto AQUÍ
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