Discursos: Ministros electos durante el sexenio de Felipe Calderón

12 de diciembre de 2006. Designación del Ministro Fernando Franco.
No aparece su discurso ante el Pleno del Senado de la República en el Diario de los Debates



01 de diciembre de 2009. Designación del Ministro Luis María Aguilar. Ciudadano Luis María Aguilar Morales, a nombre del Senado de la República, doy a usted la bienvenida a esta sesión. Conforme al Acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna para su exposición, hasta por 15 minutos. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra. Adelante. - El C. Luis María Aguilar Morales: Con su venia, señor Presidente; distinguidas señoras Senadoras de la República y respetables señores Senadores de la República: Estar aquí por haber sido distinguido para integrar una de las ternas para elegir a quienes habrán de ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me llena de orgullo profesional y me compromete a presentarme ante ustedes con absoluta lealtad institucional y transparencia. La gran importancia que tiene la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como su legitimación constitucional y democrática se explica por la participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la determinación de quiénes deban ser los miembros que conformen el Tribunal Constitucional Mexicano. La función jurisdiccional federal ha sido siempre parte de mi vida. Nací oyendo del juicio de amparo, crecí comentándolo en casa, lo estudié por el amor que a él me inculcaron y me he especializado en la defensa jurisdiccional de la Constitución y los derechos que para todos consagra por absoluta convicción de hacer bien a México. Todo porque mi padre fue como jurista un pertinaz enamorado del Poder Judicial de la Federación donde trabajó cuarenta años y me hacía ver el orgullo de pertenecer a esta institución, lo que ahora me hace sentir un gran compromiso con la función protectora del Tribunal Constitucional. Cuando debí elegir la profesión a seguir puedo decirles que no tuve duda alguna en abocarme al estudio de la ciencia del derecho, y, sin más, absolutamente convencido, presenté examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México habiendo ingresado en febrero de 1969 a la Facultad de Derecho. He tenido el privilegio de vivir día a día desde hace más de 35 años la impartición de la Justicia Federal, la que se hace realidad en cada caso concreto sometido a la potestad de los tribunales, esa que debe ser la justicia real y alcanzable, la que surge de la recta interpretación y aplicación de la norma jurídica suprema, la que sirve en la vida cotidiana y permite la convivencia social, la que hace prevalecer los derechos de los seres humanos frente a la autoridad y procura de la sociedad un ente organizado. Experiencia que he obtenido desde los puestos más elementales en el Poder Judicial de la Federación como mecanógrafo, siendo estudiante, y posteriormente como Secretario, ya como abogado. Y si ello fue enriquecedor también lo han sido los más de 29 años en la alta responsabilidad de ser juzgador federal, primero como juez de distrito, y los últimos 24 años como Magistrado de Circuito. Como Juez de Distrito, en 1980, y más tarde como Magistrado, en 1985, y en muchos sitios del territorio nacional he conocido los más variados problemas sociales en casos penales, civiles, laborales, así como en la riquísima y amplia materia administrativa en la que destaca, sin duda alguna, la interesante y a veces compleja materia fiscal por su afinada técnica jurídica y por el frecuente planteamiento sobre constitucionalidad de leyes. Tuve la oportunidad de participar muy de cerca en la implementación de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación con motivo de las reformas de 1994, pues desde el encargo de Secretario General de la Presidencia y Oficial Mayor en la Suprema Corte pude incidir directamente en la conformación administrativa y presupuestal de lo que ahora es el Consejo de la Judicatura Federal. Convencido de que las oportunidades son siempre aprovechables para bien, como funcionario de la administración de la Corte impulsé su modernización administrativa y tecnológica, pero especialmente pude conocer muy de cerca de su gente, desde el más sencillo trabajador, hasta cada uno de los ministros. Ayer, 30 de noviembre, dio fin a mi responsabilidad como Consejero de la Judicatura Federal para el que me honró eligiéndome el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2004. Desde esa responsabilidad pude impulsar el mejoramiento de la carrera judicial, los concursos para la selección de jueces y magistrados, y las normas disciplinarias y de vigilancia, así como la transparencia del quehacer institucional. Nunca antes las decisiones de los jueces han sido tan importantes, nunca antes la vida social y democrática ha encauzado tanto sus conflictos en decisiones a través de los procedimientos imparciales, autónomos e independientes que por antonomasia deben garantizar los juzgadores. Así, los ministros de la Suprema Corte tienen la facultad constitucional como preservadores e intérpretes máximo de ella, de examinar los actos de autoridad para verificar su conformidad con los principios constitucionales y para lograr el debido equilibrio entre las funciones y responsabilidades que le han sido reservadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de forma que las decisiones de la Corte se alcen como una guía respetuosa de la gran responsabilidad social que a cada uno de esos otros poderes de la Unión corresponde. Estoy convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo órgano jurisdiccional del país se encuentra obligada ahora, más que nunca, a mostrarse a la sociedad, a transparentar sus ideas, a demostrar públicamente las razones y motivos que la llevan a tomar una decisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta muchos retos derivado de los problemas que conoce como órgano jurisdiccional y de su compromiso por cumplir ante el pueblo de México con una justicia constitucional idónea, aquella que ofrezca soluciones a los conflictos sociales y que permita mantener, con base en el respeto, la colaboración entre los poderes, la excelencia en la prestación del servicio de impartición de justicia no es un mero ideal del discurso, sino que exige constituirse en la meta concreta y real que se debe perseguir continuamente. Para ello, es necesario cuidar la calidad de las resoluciones y favorecer la prontitud en su dictado, pero sobre todo, es necesario tener en la mente como juzgador, la convicción de que se sirve a México y que las decisiones, si bien resuelven las controversias, también propician el orden y la paz social. Para mí, la Constitución es la norma condicionante que requiere ser entendida e interpretada de manera amplia, tanto por el Legislador como por el Tribunal Constitucional, es la norma que da sustrato de validez a la organización, a las facultades y a los ordenamientos que de ella derivan, con el claro objetivo de lograr la satisfacción de las necesidades sociales, pero especialmente para en una conceptualización abierta, lograr su efectiva protección. Son los derechos humanos, las garantías constitucionales, la meta de mi ejercicio como juzgador, lo he hecho durante 30 años como juez de distrito y como magistrado de circuito, y como ministro de la Suprema Corte, podré ampliar mis posibilidades, si ustedes, señoras Senadoras y señores Senadores, así lo determinan. Por ello, desde esta tribuna y de frente al Senado de mi país, me comprometo a trabajar para garantizar la Supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para lograr la mayor amplitud en el significado y alcance de los derechos humanos y su más completa protección jurisdiccional. Estaré atento a los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales que este Senado ha decidido y en el futuro decida ratificar. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será un punto de inspiración y de reflexión permanente en mi quehacer jurisdiccional. Es mi convicción que los derechos humanos deben ser protegidos invariablemente y sin condicionamiento alguno, mi compromiso es aportar y contribuir, mediante el ejercicio de una función jurisdiccional independiente, al orden de la República, a la paz social, a la protección íntegra y cabal de los derechos humanos, sociales, ecológicos e individuales, y lo asumo para hacer de ello mi meta permanente, mi compromiso es fortalecer la función jurisdiccional del alto Tribunal, especialmente en su tarea de control constitucional de las leyes. También me comprometo, señoras y señores Senadores, a resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se presenten con el fin de lograr el equilibrio que fortalezca la República mediante el respeto a la autonomía de las entidades federativas, de los ayuntamientos y del Distrito Federal, sin mengua de las necesarias competencias de la Federación. Ofrezco mi compromiso decidido con las mujeres, y en mi desempeño como juzgador, actuaré para lograr los objetivos de no discriminación, igualdad de oportunidades y de trata entre los géneros, del ejercicio de todos sus derechos y de una participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, sancionando con rigor la violencia de la que puedan ser víctimas. Me comprometo a impulsar la reforma penal de junio de 2008, en la medida y en el ámbito de competencia de la Suprema Corte, pues considero que la aprobación de la reforma fue, sin duda, un acierto de nuestro poder reformador de la Constitución y que merece todo mi respaldo, mis compromisos se darán, desde luego, dentro del marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación entre el alto tribunal y la sociedad, reconociéndolos como factores que fortalecen la confianza de los mexicanos en la institución y con ello la legitimidad de sus decisiones. Por ello, refrendo mi compromiso personal con la justicia en una defensa incansable por la protección de los derechos humanos, y ofrezco mi compromiso institucional para que el tribunal constitucional de México se mantenga a la vanguardia en esta defensa dentro del marco que la norma fundamental le asigna como órgano jurisdiccional. Mi compromiso, en fin, es actuar con valentía y fortaleza contra la corrupción, cualquiera que sea su cara y asegurar el cumplimiento de la garantía sustancial, patrimonio de todos, contenida en el artículo 17 que manda una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Señoras Senadoras, señores Senadores, el Estado mexicano evoluciona constantemente hacia la democracia y el estado de derecho, la Suprema Corte, como parte del Estado, debe evolucionar y prepararse para enfrentar las misiones que se agregan a la vida institucional de México, debe prever los retos que se avizoran en el horizonte nacional; el Tribunal Constitucional no puede ignorar los reclamos de justicia del pueblo de México, ningún juez puede serlo si no presta oídos atentos a los reclamos de la sociedad, los toma en consideración, los pondera frente a la norma suprema y toma la decisión que su conciencia le dicte como la mejor. Estoy profundamente convencido que el alto tribunal está obligado a tener una visión de Estado, basada en la Norma Fundamental, para tomar la mejor decisión sobre la protección de los derechos humanos. Mi vida profesional en el Poder Judicial de la Federación, ha sido una ruta de construcción de experiencias y conocimientos, alcanzar el alto sitial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si este Honorable Senado de la República, así lo considera, representa para un juzgador de carrera como yo, la realización y culminación de toda una vida consagrada a la impartición de la justicia constitucional, es lo que mejor sé hacer, es en donde más puedo ser útil a los demás, a mi comunidad, a mi país, a nuestro México. Tengo la certeza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cada día más, elemento fundamental en la vida político constitucional de nuestro país, pivote en el equilibrio de los Poderes de la Unión, máximo vigilante de los derechos humanos y con ello garante de la supremacía constitucional en tanto sustrato esencial del estado de derecho. Estoy consciente de la gran responsabilidad que pretendo asumir, no me es extraña, soy juzgador federal de carrera, con absoluta transparencia ofrezco mi experiencia y el haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de la justicia como exige el artículo 94 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Que mi experiencia y profundo conocimiento, no sólo del Poder Judicial de la Federación, sino también y especialmente de las necesidades de los justiciables, que durante largos años he percibido como juzgador federal, puedan significarse como garantía de mis compromisos personales e institucionales, los problemas a los que enfrentamos son enormes y complejos, pero como lo ha señalado acertadamente el jurista italiano Luigi Ferrajoli, con independencia de nuestro optimismo o nuestro pesimismo, no existe otra respuesta a la crisis del derecho que el derecho mismo y no hay alternativas posibles a la razón jurídica. Este es el único camino para responder a la complejidad social y para salvar, con el futuro del derecho, también el futuro de la democracia. Esa sería mi tarea en la Corte, proteger los derechos de todos, fortalecer la democracia y el equilibrio ante poderes y con ello trabajar para un México mejor. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias por su intervención, ciudadano Luis María Aguilar Morales.

01 de diciembre de 2009. Designación del Ministro Arturo Zaldívar. Bienvenido licenciado Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Larrea. Dispone usted hasta de 15 minutos para su exposición. Tiene usted el uso de la palabra. - El C. Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Larrea: Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores Senadores: Respetuosamente comparezco ante el Senado de la República consciente de la enorme responsabilidad que implica acudir ante la más alta representación de la nación en un acto que tiene como propósito último la integración del Tribunal Constitucional del Estado mexicano. Es para mí un honor y un privilegio asistir a uno de los ejemplos más claros de la colaboración entre poderes; cuando ustedes votan en este proceso su voto refrenda la solidez del Estado mexicano, el funcionamiento de la división de poderes y la vigencia plena de la Constitución y el estado de derecho en México. Gracias por permitirme exponer, así sea brevemente, mi visión sobre la Suprema Corte y la justicia constitucional en nuestro país. He dedicado toda mi vida al estudio y a la práctica del derecho constitucional; de los diversos instrumentos de derecho procesal constitucional, especialmente del Juicio de Amparo. Y por ende de los derechos fundamentales. A lo largo de mi carrera profesional he combinado el mundo de la academia con el libre ejercicio de la profesión de abogado en materia constitucional. Hace 25 años me gradué como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Soy orgullosamente doctor por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y he sido catedrático en varias universidades públicas y privadas del país, lo que me ha permitido participar activamente en la reflexión académica sobre las últimas tendencias y corrientes del derecho público contemporáneo. Me defino como un hombre de principios, un jurista demócrata, garantista, apegado a una visión creativa e innovadora de la interpretación constitucional. Me asumo en el humanismo en el sentido más amplio del concepto, mis dos valores prioritarios se resumen en las palabras: libertad y justicia. Tener la posibilidad de servir a México como ministro de la Suprema Corte de Justicia es, sin duda, el privilegio más grande al que puede aspirar un jurista, un privilegio que demanda una profunda vocación por la defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución y que conlleva, ante todo, una gran responsabilidad. Responsabilidad porque implica ser heredero de la gran tradición de juristas mexicanos que a lo largo de nuestra historia han integrado la Suprema Corte. Responsabilidad porque significa la elevada función de interpretar la Constitución juzgando muchos de los asuntos más delicados y los problemas más sensibles para los mexicanos. Responsabilidad porque ser Ministro de la Suprema Corte representa el reto de aportarle a México mejores condiciones de acceso a la justicia y desarrollo de los derechos fundamentales. Quiero ser un juez constitucional a partir de mi experiencia de muchos años como académico y abogado postulante, porque estoy convencido que este perfil fortalece la integración de la Corte y puede enriquecer con una visión diferente los debates de nuestro Tribunal Constitucional. El hecho de que un abogado postulante acceda a la función jurisdiccional es una condición normal en la integración de los tribunales constitucionales contemporáneos que se caracterizan por su pluralidad y su diversidad. Esta tendencia aporta a un tribunal la vivencia del derecho real en su ejercicio práctico, la visión del justiciable, del ciudadano. Se traslada la sensibilidad de quien pide justicia a la sensibilidad de quien imparte justicia. La integración y actuación de nuestro Tribunal Constitucional es un asunto que compete a todos los mexicanos. Esto porque la Suprema Corte está llamada a desempeñar un papel estratégico, un papel determinante en nuestro sistema democrático. Bajo el paradigma del Estado constitucional democrático de nuestros días, la democracia es mucho más que un sistema de reglas que establecen mecanismos de acceso al poder. La democracia requiere una dimensión sustantiva, una dimensión adicional a los aspectos formales o procesales y que se refiere precisamente a cómo se ejerce el poder en una sociedad. No es posible hablar hoy de democracia sin hablar también de Constitución, y más aún de constitucionalidad. Esa es la idea central del constitucionalismo, la limitación del poder que no puede lograrse si no a través de mecanismos de control del poder, límite y control se convierten así en binomio inseparable de forma similar a lo que ocurre con derecho y garantía. Para que los límites que fija la Norma Constitucional sean eficaces, se requieren órganos jurisdiccionales independientes que aseguren a los ciudadanos que dichos límites serán respetados. Los mexicanos hemos avanzado de manera consistente en esta dirección. Hemos construido y estamos construyendo la Corte de nuestra democracia, un auténtico Tribunal Constitucional que ha ido asumiendo y debe seguir desempeñando su papel como garante de la Constitución. Una Corte para la democracia que debe ser también la Corte de la consolidación de la democracia. Una Corte que como todo Tribunal de Constitucionalidad tiene encomendadas dos funciones esenciales para la vida democrática. Primero, constituirse en árbitro de las controversias político-constitucionales, juzgando la política desde fuera de la política, desde la óptica de la Constitución. Y segundo, ser protectora y garante de los derechos fundamentales que claramente son la razón de ser y el fin último de toda la ingeniería constitucional. Por lo anterior, estoy convencido que la consolidación de la democracia mexicana, el desarrollo de los derechos fundamentales y cualquier reforma profunda del Estado, pasa necesariamente por una Suprema Corte responsable, prestigiada, comprometida y que se legitime todos los días a través de la argumentación contenida en sus resoluciones. Considero que la Corte debe acometer una agenda pendiente que les ruego me permitan sintetizar en los siguientes diez puntos. Primero.- Es de la mayor importancia que la Suprema Corte construya una doctrina constitucional que dote de mayor consistencia y coherencia sus fallos, que sirva de referencia para su labor interpretativa y que haga más predecibles sus resoluciones. Necesitamos una Corte más congruente. Segundo.- Es necesario que la Suprema Corte profundice en la calidad interpretativa de sus sentencias, a efecto de que la argumentación que la sustenta justifique suficientemente el sentido de las resoluciones y que, si bien alguno de sus fallos puedan ser discutibles, nunca puedan ser tildados de arbitrarios. En esto se juega la legitimidad de su función como máximo intérprete de la Constitución. Tercero.- La Suprema Corte debe emprender una mayor actividad en la protección y desarrollo de los derechos fundamentales. Es necesario construir un tribunal garantista en sentido técnico y no demagógico. Debemos superar una justicia constitucional desequilibrada que privilegie a la resolución de conflictos entre órganos de poder frente a aquella que se ocupa de la defensa y desarrollo de los derechos fundamentales. Cuarto.- La Suprema Corte debe fundar su trabajo en una ética de la responsabilidad. Esto significa que la justicia no se imparte en abstracto ni de manera aislada, no es un acto teórico, la justicia es algo vivo que afecta la vida diaria de las personas. En la ética de la responsabilidad, el juez constitucional dicta sentencia para un momento determinado y una realidad concreta, debe tener presente, en la medida que el caso lo permita, las consecuencias políticas y sociales de sus resoluciones. Cada una de las palabras que se escriben en una sentencia debe estar alimentada de una gran conciencia social y de una visión de país. En cada sentencia se construye el futuro de México. Quinto.- Considero que el delicado papel que la Constitución otorga a la Corte exige prudencia y autolimitación. El juez constitucional debe ser valiente, pero sobre todo prudente. Debe ser audaz, pero siempre equilibrado. Debe tener presente que está obligado a tutelar al individuo en sus derechos fundamentales, pero también al Estado en su viabilidad. En todo el mundo los tribunales constitucionales parten de un principio de deferencia hacia los otros poderes del Estado, en especial al Legislativo. Esto significa que salvo que se afecte el núcleo esencial de un derecho fundamental, en principio las políticas públicas y las atribuciones de carácter técnico no son materia de control constitucional. Sexto.- Es necesario una Suprema Corte comprometida con la reforma integral del juicio de amparo, el instrumento por excelencia para la protección de los derechos fundamentales y, sin duda, la mayor aportación de nuestro país a la justicia constitucional comparada. Lamentablemente el amparo mexicano se ha quedado rezagado y no responde a las necesidades de una sociedad moderna. Por un lado, es insuficiente para la protección eficaz de los derechos fundamentales y, por el otro, sus anacronismos y formalismos provocan abusos en su utilización. Celebro la decisión del Senado de la República de emprender la tan postergada reforma integral del Juicio de Amparo. Con la cual, por cierto, he estado comprometido desde hace más de una década. Es indispensable que la Suprema Corte se comprometa con el nuevo paradigma de nuestro juicio constitucional. Séptimo.- Uno de los graves problemas de nuestro país es la falta de acceso a la justicia para los que menos tienen. Presenciamos todos los días una justicia elitista, una justicia que trata de manera diferente a quien tiene recursos económicos frente a quien carece de ellos. La Corte debe comprometerse con aquellos criterios y prácticas judiciales que permitan un mayor acceso a la justicia constitucional y que impregnen la función jurisdiccional con una eminente conciencia social. Octavo.- Desde el Tribunal Constitucional debe emprenderse un esfuerzo serio y profundo para que los procesos constitucionales sean más expeditos, y para que la justicia constitucional sea impartida con oportunidad y prontitud. Noveno.- Nuestro Tribunal Constitucional ha avanzado mucho en su agenda de transparencia y comunicación. Creo, sin embargo, que debe simplificarse la forma en que se redactan las sentencias, requerimos resoluciones más claras, más breves y que sean entendibles por la comunidad. Décimo.- Los mexicanos esperan un mayor compromiso de la Suprema Corte con la austeridad y la rendición de cuentas. Por conciencia elemental de los tiempos que vive el país es necesario impulsar un control efectivo del gasto público y una actuación responsable, republicana que sumen a la autoridad moral y a la credibilidad de nuestro más alto tribunal. Señoras y señores Senadores: Esta es mi visión sobre la Corte, de la manera más respetuosa la someto a su consideración. En ella están reflejadas mi vocación y mi aspiración para desempeñar el honroso cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de ser favorecido con la confianza de esta Soberanía, me comprometo con la defensa de los valores, los principios y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución a trabajar por México y por su gente, con una clara conciencia social; me comprometo a conducirme de manera honesta y honorable, y a cuidar en todo momento la dignidad de la investidura. Actuar con prudencia, con responsabilidad y con absoluta humildad intelectual. Me comprometo abrir las ventanas de la Corte para que entre aire fresco, el aire fresco de la sociedad; el aire nuevo de los jóvenes; y el aire de las doctrinas modernas sobre los derechos fundamentales y la interpretación constitucional. Los mexicanos queremos justicia, pocos reclamos hay en nuestro país tan añejos y tan vigentes; la Corte debe proporcionarla con imparcialidad, congruencia y transparencia, con sentido de Estado, con visión de país. Asumo con lealtad, con claro, total e irrestricto compromiso con las instituciones de un Estado democrático de derecho. Asumo con lealtad, con claro compromiso con México. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Navarrete Ruiz: Muchas gracias, licenciado Arturo Zaldívar por su intervención.

10 de febrero de 2011. Designación del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Adelante, señor Magistrado. - El C. Jorge Mario Pardo Rebolledo: Con su venia, señor Presidente; señoras y señores Senadores de la República: En el marco de lo dispuesto por el artículo 96 de nuestra Constitución, tengo el alto honor de comparecer ante esta Soberanía, en el proceso de elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponer, brevemente, los motivos que sustentan mi aspiración a integrar el Tribunal Constitucional de México. Me permito iniciar esta exposición, compartiendo una reflexión personal. La sociedad mexicana, en forma recurrente, ha expresado su insatisfacción con el sistema de impartición de justicia. Tenemos que reconocer que es necesario incrementar la confianza de la sociedad, en la labor de sus jueces. Se ha abierto una brecha profunda entre una aplicación de la ley, a veces reducida al registro de unos cuantos aspectos formales, y el clamor por una justicia digna de ese nombre. La justicia constituye un valor esencial, para la convivencia social armónica. Debe ser una constante en las relaciones entre el poder público y los particulares. La Constitución, por su parte, es el compendio de los principios y valores indiscutibles que nos definen como nación y dan razón de ser al Estado mexicano. El pueblo, como depositario original del poder, debe contar con la garantía de que todo acto que emana de las autoridades estará impregnado con el valor fundamental de la justicia y se ajustará a los principios establecidos en nuestra Carta Magna. Por tanto, las leyes que rigen la vida en sociedad, representan la fuente para distinguir lo que es justo. El acto de juzgar, representa el compromiso de hacer realidad el valor abstracto de la justicia en cada controversia que se resuelve. A través de la aplicación e interpretación de las normas, tanto constitucionales como legales, debe lograrse el objetivo de dar a cada quien lo que le corresponde. En el desempeño de tan grave responsabilidad, el juez enfrenta, en ocasiones, el dilema entre impartir justicia o atenerse a la aplicación estricta de la ley. En un estado constitucional democrático, la actividad del Poder Judicial debe estar regulada en un marco normativo que proporcione la seguridad de que los funcionarios públicos no abusarán del poder que les ha sido delegada. Las leyes deben establecer, con claridad y precisión, las atribuciones y los límites del ejercicio de la función judicial. Estableciendo procedimiento, a fin de que el juez desempeñe su función con apego a derecho. No obstante, con frecuencia nos percatamos de que la sociedad no queda satisfecha con aquellas resoluciones judiciales en las que el sentido de la decisión depende del cumplimiento o no de una serie de requisitos o formalidades establecidas en la ley. Desde mi perspectiva, el gran reto de los juzgadores en nuestro país, es encontrar el equilibrio perfecto entre la impartición de justicia en abstracto y la aplicación de la ley; pues sólo así podremos responder a las expectativas que se generan respecto del servicio público de administración de justicia. Hasta hoy, esas expectativas suelen quedar insatisfechas y el sistema judicial se devalúa a los ojos de la gente. Por tanto, resulta indispensable incrementar la confianza de la sociedad en sus jueces. Confianza, que debe cimentarse en la capacitación de excelencia, en la actualización permanente y, sobre todo, en la cercanía con la sociedad, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Confianza, que también debe provenir del reconocimiento a la carrera judicial y la exigencia de los principios de independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y excelencia que la rigen. Confianza, que debe descansar en la vigilancia estricta al trabajo de los jueces y en la certeza de que cuando se demuestre que algún impartidor de justicia ha traicionado los valores que son inherentes a la función jurisdiccional, reciba la sanción correspondiente a la falta cometida. Confianza que, finalmente, debe lograrse con base en la definición del perfil de juzgador que la sociedad exige: honesto, honorable, con vocación de servicio, sensible, sencillo, valiente y con un alto sentido de la responsabilidad. La Suprema Corte mexicana, por medio de sus criterios, orienta la tarea de dignificar la función judicial frente a la sociedad. Mi aspiración a integrar el Tribunal Constitucional, se sustenta exclusivamente en la trayectoria que he construido dentro de la carrera judicial. Para la administración de justicia mexicana, representa una pérdida irreparable la partida del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Resulta imposible llenar el vacío que deja en la labor interpretativa de la Constitución, desde nuestro máximo tribunal. Quienes tuvimos el privilegio de tratarlo, siempre daremos testimonio de su inteligencia, capacidad, independencia y profesionalismo, así como de su gran calidad humana. Con cariño y respeto, envío un abrazo a su familia. Consciente del inmenso reto que implica ocupar el lugar que dejó tan prestigiado Ministro, pretendo ocupar ese cargo poniendo a disposición de la sociedad mi experiencia como juzgador y el compromiso de unir mi esfuerzo en la consecución del mejoramiento del sistema de administración de justicia. Soy un Magistrado de Circuito, que desde la labor discreta, pero trascendente que realiza el Tribunal Colegiado que integro, recibe la gran distinción de participar en este procedimiento de designación. En un acto que trasciende a las personas y constituye un reconocimiento al principio de carrera judicial establecido en nuestra Constitución. La posibilidad de llegar a ser Ministro de la Corte se ha construido con el trabajo de 27 años dentro de la Judicatura Federal, a través del paso por las diversas categorías que la integran; con el esfuerzo diario y los sacrificios que implica el desempeño adecuado de esta función; con la solidez moral que me da un expediente limpio y con la madurez que proviene de enfrentar el conocimiento y resolución, con absoluta independencia e imparcialidad de casos de alto impacto en la opinión pública nacional e internacional. Tuve el honor y la gran responsabilidad de ser investido como juez federal, al cumplir la edad mínima que exige la ley para ese cargo. He compartido el ejercicio de la función, con generaciones anteriores de juzgadores que me dejaron grandes enseñanzas. Viví la experiencia de la transición que representó la reforma judicial de 1994, y formo parte del proceso de modernización que ha experimentado la justicia constitucional en los últimos años. Tengo arraigados los valores tradicionales de la judicatura; pero también conozco, comparto y practico las nuevas tendencias de la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. Estoy convencido que a la Suprema Corte, en su función de tribunal constitucional, le corresponde la misión de dar vida a los contenidos de la Carta Magna; garantizar un ámbito propicio para el desarrollo y respeto absoluto a los derechos humanos y contribuir en la consolidación democrática de nuestra nación. Es innegable el relevante papel que juega el máximo tribunal en el diseño, el funcionamiento y el desarrollo actual del Estado mexicano. Lo mismo se constituye en árbitro de conflictos entre los poderes públicos de los distintos niveles, que en garante de la vigencia de los derechos fundamentales de los gobernadores, poniendo especial énfasis en aquellos grupos o sectores vulnerables de la sociedad que se encuentran en estado de desventaja frente a los demás. De igual manera hace sentir su indiscutible legitimación como órgano impartidor de justicia en los casos relevantes que atrae a su conocimiento y genera seguridad jurídica, resolviendo las contradicciones que pudieran existir entre los criterios que emiten los tribunales de circuito y las salas que lo componen. La experiencia adquirida como juzgador federal me ha proporcionado los elementos necesarios para poder enfrentar la delicada responsabilidad que implica asumir el puesto de Ministro de la Suprema Corte. La oportunidad de intervenir en la resolución de diversos casos emblemáticos de la historia judicial de nuestro país, me ha dado la oportunidad de confirmar y fortalecer mi vocación como juzgador. Las presiones mediáticas y de todo tipo en asuntos que captan la atención de la opinión pública son un factor que los jueces debemos aprender a manejar adecuadamente. La solución del caso concreto con base en el análisis minucioso de las constancias que lo integran, el estudio y conocimiento profundo del derecho aplicable y de manera destacada el ejercicio pleno de la independencia y objetividad, representan los instrumentos que me han ayudado para cumplir con las funciones que me han sido encomendadas con dignidad y profesionalismo. Acostumbrado al trabajo colegiado desde hace 14 años en la función de Magistrado de Circuito, pongo a su consideración mi capacidad de trabajo en equipo y la preocupación constante por encontrar la mejor solución a las controversias que se deben resolver. La humildad y la honestidad intelectual para reconocer una opinión con mayor sustento que la propia, forman parte del debate cotidiano en el máximo tribunal y enriquecen la relación que las instituciones de justicia deben tener con la sociedad a la que nos debemos como servidores públicos. Todas las razones antes expuestas, ninguna otra, son las que legitiman mi pretensión y explican mi inclusión en esta terna. Antes de concluir quisiera expresar mi reconocimiento a los indiscutibles méritos de los señores magistrados Higuera Corona y Pérez Dayán, así como a todos mis compañeros jueces de distrito y magistrados de circuito que cotidianamente compartimos el privilegio de administrar justicia a nuestro semejantes y garantizar el orden constitucional en el Estado mexicano. Soy un hombre forjado en la cultura del esfuerzo. Mis anhelos por llegar a la Suprema Corte son ajenos a cualquier protagonismo o interés mezquino. Tengo la tranquilidad que deriva de la rectitud en el actuar y atesoro como valor fundamental la congruencia en todos los aspectos de mi vida. Señoras y señores Senadores, la integración completa de la Suprema Corte no admite mayor dilación. La defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos y la vigilancia del orden constitucional no acepta margen de espera. Consciente de la gran responsabilidad que implica la designación de un integrante de nuestro máximo tribunal en este ejercicio republicano de colaboración entre poderes, estoy seguro que la decisión a la que llegue este Senado será la que consideran mejor para la nación. En caso de alcanzar la distinción de ser nombrado Ministro por esta Soberanía, refrendo mi compromiso de desempeñar las funciones correspondientes al cargo con la vocación, la entrega y la responsabilidad que exige el pueblo de México. En esta nueva oportunidad de dirigirme a la máxima representación de la nación y a la sociedad mexicana, deseo reiterar que mi único compromiso es con la justicia; mi único vínculo es con la Constitución y mi principal objetivo es servir a mi patria. Muchas gracias. (Aplausos) - El C. Presidente Beltrones Rivera: Gracias por su exposición, señor Magistrado Pardo Rebolledo. Solicito a la comisión lo acompañe al salón contiguo e invite a pasar al señor Magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán.