La desproporcion que genera el populismo penal mexicano

Suben penas... y delitos

Al Chapo Guzmán lo sentenciaron a 20 años de prisión, y se escapó; a Ignacio del Valle, un líder de Atenco, lo sentenciaron a 112 años

Por Martha Martínez

Ciudad de México (21 febrero 2010).- En mayo de 2009 Ignacio y su esposa Inés fueron sentenciados a dos años de prisión y una multa de 12 mil pesos, luego de que hurtaron de un estacionamiento público un carro de supermercado.

Días antes de ser arrestados, Inés había sufrido un accidente que la dejó discapacitada; sin recursos para acceder a un servicio médico o una silla de ruedas, la pareja sustrajo el carro, propiedad de una tienda de autoservicio y cuyo costo no superaba los mil pesos, para utilizarlo como medio de transporte.

La situación de la pareja, que se ganaba la vida lavando parabrisas en la Avenida Guadalupe de la delegación Gustavo A. Madero, no fue tomada en cuenta por el juez; por el contrario éste impuso su sentencia a ambos: a Ignacio por sustraer el carro y a Inés por apoyarlo.

El caso es uno de los muchos ejemplos de desproporcionalidad de penas que existen en el País.

Endurecimiento irracional

En los últimos 15 años, la respuesta de autoridades y legisladores a la demanda de seguridad pública ha sido el incremento de penas y de las conductas a sancionar. El argumento es que esta fórmula reduce los índices delictivos porque inhibe a los delincuentes de cometer delitos que son castigados con más años de prisión.

La idea es apoyada incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en septiembre de 2005 abrió la puerta para la legalización de sentencias que superan el promedio de vida de cualquier persona.

Ese año, el máximo tribunal declaró la constitucionalidad de la cadena perpetua al validar modificaciones al Código Penal de Chihuahua, las cuales prevén la acumulación de penas hasta por 105 años de prisión cuando se trate de homicidio doloso o secuestro en agravio de mujeres y menores de edad.

Aunque la resolución fue apoyada por nueve de los 11 ministros, las dudas sobre la efectividad de la estrategia se hicieron explícitas. Los ministros Jesús Silva Meza y José Ramón Cossío –quienes votaron en contra– advirtieron que nada indica que el endurecimiento de sanciones reduzca los índices delictivos.

Para la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ana Laura Magaloni, el endurecimiento de la política criminal es irracional.

"(El actual) es un Código Penal que refleja toda nuestra incompetencia en el combate al crimen, porque ya ha inflado extraordinariamente las penas y ha dejado de plantearse las preguntas relevantes, que son ¿quiénes deben estar en la cárcel?, ¿cuánto tiempo? y ¿qué buscamos lograr con ello?", señala.

Magaloni asevera que la estrategia ha sido capitalizable política y electoralmente, porque resulta más fácil prometer mano dura que hacer los cambios de fondo que se requieren para combatir el delito.

"En algún lugar sigue siendo sexy en términos electorales y políticos el incremento de penas. Claro, mejorar las procuradurías y tener una policía eficaz son promesas que toman muchos años, en cambio la del Código Penal se traduce en la votación de un día, de unos senadores y diputados que levantan la mano, es de efecto inmediato en términos mediáticos, pero no en términos de eficacia y de realidades concretas para los ciudadanos", subraya.

La especialista cuestiona que mientras en el mundo se discute la eficacia de utilizar la cárcel como principal mecanismo de control del delito, en México ni siquiera se ha planteado la necesidad de realizar un estudio que refleje el impacto real del sistema penitenciario como instrumento disuasorio.

Las reformas hechas al Código Penal en los últimos 15 años han hecho de la mexicana una de las políticas criminales más severas de América Latina y otras regiones del mundo.

En delitos como secuestro, robo y homicidio, se aplican sanciones que en algunos casos duplican las impuestas en otros países: mientras que en México la pena máxima es de 60 años –la cual puede incrementarse si se acumulan delitos–, en Brasil y Venezuela es de 30 años, en Colombia de 40 años y en España de 20 años.

En el caso específico del homicidio, la pena establecida por las leyes mexicanas es de entre 2 y 60 años de prisión de acuerdo con las agravantes del caso, en Colombia la pena es de 2 a 40 años, en Venezuela de 13 a 30 años, en Brasil de uno a 30 años y en España de uno a 20 años.

El delito de robo se castiga en México con penas que van de uno a 15 años de prisión. En los países mencionados la pena máxima es de 10 años.

Además, una modificación al Código Penal federal, en 1996, endureció la pena por el delito de robo con violencia, lo que incrementó las posibilidades de ser sancionado con al menos un año de prisión, sin importar el monto de lo sustraído.

No hay resultados

El endurecimiento de penas no ha reducido los índices delictivos; por el contrario, éstos siguen incrementándose año con año.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública indican que entre 2000 y 2009 la población penitenciaria aumentó en un 46 por ciento, de 155 mil a más de 277 mil reclusos.

A pesar de ello, señala la SSP, entre 2000 y 2008 las denuncias de hechos presentadas ante el fuero federal se incrementaron de más de 81 mil a más de 136 mil. En el fuero común pasaron de más de un millón 338 mil, a un millón 628 mil.

Los delitos que registran incrementos en su incidencia son aquellos cuyas sanciones fueron endurecidas.

Por ejemplo, de mil 396 denuncias que se recibieron diariamente por el delito de robo en 2001, la cifra aumentó a mil 798 en 2008.

Los delitos contra la salud se incrementaron de 66 a 200 denuncias diarias en el mismo lapso de tiempo, mientras que el secuestro pasó de 1.6 a 2.9 denuncias diarias.

Para la ex segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Patricia Colchero, otros factores que hacen del endurecimiento de penas una política poco efectiva son la poca profesionalización de los cuerpos policiacos, su limitada capacidad investigadora y la corrupción.

Advierte que estas deficiencias generan un círculo vicioso difícil de romper, pues el hecho de que las instituciones policiacas hagan poca investigación implica que se dediquen principalmente a detener personas que, pese a cometer delitos menores, son encarcelados porque el Código Penal considera graves sus infracciones.

Colchero señala que la corrupción impide la aplicación de sentencias justas, pues hasta ahora las sanciones emblemáticas no han sido impuestas a grandes criminales, sino a personas pobres, sin acceso a una defensa adecuada, o bien, que resultan incómodas para la autoridad.

Así, a Joaquín El Chapo Guzmán se le impuso una sentencia de 20 años de prisión por delitos contra la salud, asociación delictuosa y cohecho, mientras que Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue sentenciado a 112 años de cárcel por el delito de secuestro equiparado, luego de que retuviera a funcionarios del estado de México durante los enfrentamientos en San Salvador Atenco.

Otro ejemplo del fracaso de la política criminal basada en el endurecimiento de penas es el Distrito Federal: en 2003 la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones al Código Penal local para tipificar como grave cualquier tipo de robo.

Los resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y el estado de México, dados a conocer recientemente por el CIDE, señalan que como resultado de esta reforma, entre 2003 y 2009 la población penitenciaria de la ciudad se incrementó en un 84 por ciento, al pasar de 21 mil 500 a 39 mil 500 internos.

La misma encuesta indica que en el Distrito Federal y el estado de México, 55 por ciento de los reclusos cumplen sentencia por robo y de ellos, la mitad se encuentra encarcelado por hurtos menores a los 5 mil pesos y una cuarta parte por menos de 700 pesos.

Elena Azaola, especialista en sistema penitenciario y una de las autoras de la encuesta, advierte que muchos de estos internos son jóvenes que robaron algún producto en el Oxxo, mujeres que hurtaron alguna prenda de vestir en el supermercado, o personas que, como Ignacio e Inés, sustrajeron algún producto por necesidad. Sus delitos pueden ser castigados hasta con dos años de prisión.

La especialista indica que estas cifras preocupan, porque significan que el aparato de justicia utiliza mucho tiempo, esfuerzo y dinero en sancionar pequeños delincuentes, en lugar de perseguir y castigar a los grandes criminales.

Efectos sociales

Aunque el incremento de penas no ha tenido un impacto sustantivo en la reducción del delito, sí lo ha tenido en la sociedad.

El empeoramiento de las condiciones de vida de la población encarcelada, el incremento de personas que tienen contacto directo con los centros de reclusión y la pérdida de legitimidad de la cárcel como mecanismo de impartición de justicia y contención del delito son problemas que trascienden los muros de los centros penitenciarios.

Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que abrir las puertas de los reclusorios a cualquier tipo de delito ocasiona que estos centros pierdan su potencial como amenaza.

"Si tú sabes que tu hermano estuvo en la cárcel y no necesariamente le fue mal, sino que le pudo haber ido mejor porque las cárceles se han convertido en bolsas de trabajo para la delincuencia organizada, o ya sabes lo que es vivir la cárcel porque creciste visitando a tu papá, a tu tío o a tu hermano, le pierdes el miedo", indica.

Actualmente un recluso puede recibir cuatro visitas a la semana y en cada una de ellas pueden ingresar cuatro familiares. A decir del ombudsman capitalino, la cantidad de personas que tienen contacto con los centros de reclusión convierte a la política criminal en un fenómeno de enormes dimensiones sociales.

Ana Laura Magaloni asegura que esto sucede porque el uso de la prisión –el castigo más severo que puede poner el Estado a un ciudadano– deja de ser selectivo.

La especialista indica que es esta selectividad la que le da racionalidad y utilidad al sistema penitenciario, por lo que utilizarlo de manera indiscriminada le resta legitimidad y razón de ser.

"Estamos inflando el derecho penal, pensando que cualquier conducta que sea molesta para la sociedad merece ser castigada en el Código Penal; no nos hemos dado cuenta que el uso de la prisión debe ser muy selectivo, porque eso le da racionalidad, utilidad y legitima el castigo frente a la sociedad", insiste.

Para los especialistas, el endurecimiento de la política criminal ha provocado más efectos negativos que positivos, por lo que consideran necesario analizar el impacto que realmente tiene la cárcel en la reducción de delitos.

Los expertos subrayan la importancia de replantear desde el Legislativo las penas que actualmente rigen el sistema de justicia, así como implementar con seriedad medidas alternativas a la prisión, pues a pesar de que éstas se encuentran contempladas por la ley, en los hechos no operan.

Lejos de reforzar el modelo inquisitorio, los especialistas consideran que el país debe avanzar hacia la implementación de un sistema que evite que las personas pisen las cárceles y, cuando lo hagan, garantice la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de la infracción.

Alertan que de no avanzar hacia este esquema, las cárceles no sólo seguirán siendo "bolsas de trabajo para la delincuencia organizada", sino que su deterioro se convertirá en un peligro para los internos y la sociedad en general.

La Tercera Encuesta a Población en Reclusión del Distrito Federal y el estado de México advierte sobre procesos de deterioro que desde ahora convierten a los centros penitenciarios en focos rojos: 20 por ciento de los internos no tiene suficiente agua para beber, 70 por ciento considera que la cantidad de alimentos es insuficiente, 65 por ciento reporta no recibir atención médica cuando enferma, los cobros indebidos a los familiares han ido en aumento y más del 29 por ciento de los internos de la Ciudad de México no se sienten seguros en sus propias celdas.


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Fecha de publicación: 21-Feb-2010