Pues ayer invadió los diarios y los medios electrónicos la noticia de la suspensión del juez español Baltasar Garzón. Resulta que hay noticias que uno sigue con atención y otras de las que "se entera", el caso Garzón era una de esas de las que me enteré, pero no seguí con atención, por lo que ayer en la tarde me puse a averigüar de qué se trataba.
Personalmente encuentro al juez Garzón un tipo bastante protagónico, que en su afán de hacer justicia aprovecha los reflectores, creo que le gusta salir en TV y en las portadas de las revistas, pero más ser visto como un luchador á la Brave Heart. Ello no implica que las injusticias que persiga no lo sean ni que las víctimas de ellas no merezcan la reparación de los daños, aunque sea en forma simbólica. Pero yo creo que no hay justificación para torcer el derecho a nuestro antojo, aunque el fin sea bueno,
Dicho eso, y que es además creo yo la razón por la que no puse mucha atención al asunto, intentaré explicar lo que yo he entendido sucedió con Garzón.
España vivió una tremenda guerra civil entre 1936 y 39, de donde surgió la dictadura franquista. A la muerte de Francisco Franco en 1975, Juan Carlos fué llamado de nuevo al trono por parte de las Cortes y comienza lo que es conocido como el periodo de la transición, en donde se realizan pactos políticos, se expiden leyes de amnistía para los crímenes del franquismo y se expide la Constitución de 1978. Durante esa época se decidió pasar la página y olvidar. Sin embargo, llegó el momento en que tapar el sol con un dedo no era ya suficiente.
El juez Garzón intentó revivir la causa en octubre de 2008 declarando nulas las leyes de amnistía por contravenir el derecho internacional humanitario, y abriendo la instrucción para conocer de las desapariciones forzadas de miles de personas, cuyo paradero hasta la fecha se desconoce. Al tratarse de un delito de lesa humanidad y, de acuerdo con cierta parte de la doctrina, de un delito continuado -es decir que desde que la persona desapareció y hasta que no se encuentre se entiende que se sigue cometiendo- el juez Garzón estimó que no ha prescrito. El problema radicaba en que los presuntos responsables habían ya fallecido y es que se trataba de brigadas y grupos armados del Gobierno bien identificados. De esta forma, Garzón solicita las actas de defunción de los presuntos para declarar que por esta razón no se puede abrir un proceso, pero según él si es posible resarcir los derechos de las víctimas y en ciertos casos encontrar a los desaparecidos, organizando grupos de forenses y fiscales. Entonces, al estar muertos los implicados no existía responsabilidad penal, por lo que los juzgados territoriales correspondientes tendrían que hacerse cargo del caso. Para ello, Garzón se inhibió un mes después en favor de estos 62 juzgados, quienes deberían investigar cada desaparición.
Hay quien argumenta que Garzón excedió sus facultades al declararse competente por encima de la Ley de Amnistía, por otro lado hay quien dice que la Ley de Amnistía contradice los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos y que Garzón interpretó correctamente. Hay quien dice que aún así, Garzón no tenía la competencia para determinar esto, pues tendría que haber sido un juez de mayor jerarquía o un juez constitucional. En fin, hay varias posturas al respecto, lo que hacen del caso Garzón, no sólo políticamente importante, sino también jurídicamente relevante.
La cuestión de la apertura de la investigación de Garzón fué que revivió al franquista que algunos españoles tenían dentro, y lo que nadie esperaba era ver en 2010 a una España nuevamente dividida entre franquistas y republicanos. El franquista de clóset se volvió contra Garzón y el delicado debate entre la competencia y la aplicación del derecho, se ha convertido en un debate entre los fascistas y los demócratas. Por ello creo que es bien importante en este caso distinguir entre ambas posturas, pues se puede estar en contra de la causa que abrió Garzón desde el punto de vista estrictamente jurídico, estrictamente político o ambos.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional (de la que Garzón forma parte, concretamente como juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional) Javier Zaragoza, acusó a Garzón de abrir una "causa general" contra el franquismo lo que dice: "violentaba las reglas y límites del proceso penal. El fiscal pidió la nulidad de la investigación, que calificó de "disparate jurídico" al tratar de juzgar unos hechos que están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977."
Para mayo de 2009 los grupos franquistas como "Manos limpias" y otros falangistas, presentaron una querella contra Garzón por esta causa, la cual fué aceptada por el Tribunal Supremo. Los grupos fueron: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. En las querellas, se le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias en la investigación del franquismo. El Supremo además, incluyó en sus argumentos el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que se oponía a la investigación de Garzón.
Garzón en su defensa, tachó las acusaciones contra él de "burdas represalias". "Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación."
Garzón está acusado de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años.
La defensa de Garzón dijo a su favor que: "Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto. ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos".
El problema es que "actuar conforme a derecho", y la prevalencia de las normas de derecho internacional humanitario son cuestiones interpretables, y eso hace que el caso Garzón sea aún más polémico. El mismo fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias, a la denuncia porque consideró que adoptar decisiones "discutibles en derecho" no constituye en caso alguno un delito de prevaricación.
El magistrado del Supremo Luciano Varela es el instructor de la causa contra el juez.
Y ha actuado de forma en que parece estar de acuerdo con los querellantes, franquistas de hueso duro, por lo que se ha buscado su recusación. Varela ha apoyado las querellas en tanto que ha recomendado su integración para que pudiera abrirse el proceso contra Garzón. A finales de abril, Varela admitió a trámite la recusación, que finalmente fue rechazada.
El pasado 12 de mayo, el juez Luciano Varela ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ello con la intención de bloquear la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de trasladarse al Tribunal Penal Internacional durante los próximos siete meses, como pidió el día antes de que Varela hiciera pública la apertura de juicio oral.
Ayer, 14 de mayo, vino la suspensión de Garzón por parte del Poder Judicial por investigar los crímenes del franquismo. La decisión era obligada por ley tras la apertura de juicio oral por parte del instructor. Según entiendo, la suspensión es por lo que dure el juicio, es decir, es una medida precautoria, no una sanción.
Aún así, la suspensión ha causado la furia de muchos, y con razón, pues se trata de un terríble episodio de la historia española que intentó ser olvidado y como ahora resulta evidente, podrían olvidar los no implicados o los que algún interés tendrían en hacerlo, pero aquellos que tienen todavía la fotografía de su familiar perdido, tienen el derecho a saber qué pasó con él/ella.
Ayer decía yo que me da tristeza que el mito de La Transición española se desmorone, pero es que queda claro hoy que ese pacto estaba parado sobre una caja de pandora. Garzón la abrió, espero que España salga airosa en su lucha interna y triunfe la democracia, la libertad, pero sobre todo la verdad.
Hay quien argumenta que Garzón excedió sus facultades al declararse competente por encima de la Ley de Amnistía, por otro lado hay quien dice que la Ley de Amnistía contradice los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos y que Garzón interpretó correctamente. Hay quien dice que aún así, Garzón no tenía la competencia para determinar esto, pues tendría que haber sido un juez de mayor jerarquía o un juez constitucional. En fin, hay varias posturas al respecto, lo que hacen del caso Garzón, no sólo políticamente importante, sino también jurídicamente relevante.
La cuestión de la apertura de la investigación de Garzón fué que revivió al franquista que algunos españoles tenían dentro, y lo que nadie esperaba era ver en 2010 a una España nuevamente dividida entre franquistas y republicanos. El franquista de clóset se volvió contra Garzón y el delicado debate entre la competencia y la aplicación del derecho, se ha convertido en un debate entre los fascistas y los demócratas. Por ello creo que es bien importante en este caso distinguir entre ambas posturas, pues se puede estar en contra de la causa que abrió Garzón desde el punto de vista estrictamente jurídico, estrictamente político o ambos.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional (de la que Garzón forma parte, concretamente como juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional) Javier Zaragoza, acusó a Garzón de abrir una "causa general" contra el franquismo lo que dice: "violentaba las reglas y límites del proceso penal. El fiscal pidió la nulidad de la investigación, que calificó de "disparate jurídico" al tratar de juzgar unos hechos que están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977."
Para mayo de 2009 los grupos franquistas como "Manos limpias" y otros falangistas, presentaron una querella contra Garzón por esta causa, la cual fué aceptada por el Tribunal Supremo. Los grupos fueron: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. En las querellas, se le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias en la investigación del franquismo. El Supremo además, incluyó en sus argumentos el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que se oponía a la investigación de Garzón.
Garzón en su defensa, tachó las acusaciones contra él de "burdas represalias". "Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación."
Garzón está acusado de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años.
La defensa de Garzón dijo a su favor que: "Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto. ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos".
El problema es que "actuar conforme a derecho", y la prevalencia de las normas de derecho internacional humanitario son cuestiones interpretables, y eso hace que el caso Garzón sea aún más polémico. El mismo fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias, a la denuncia porque consideró que adoptar decisiones "discutibles en derecho" no constituye en caso alguno un delito de prevaricación.
El magistrado del Supremo Luciano Varela es el instructor de la causa contra el juez.
Y ha actuado de forma en que parece estar de acuerdo con los querellantes, franquistas de hueso duro, por lo que se ha buscado su recusación. Varela ha apoyado las querellas en tanto que ha recomendado su integración para que pudiera abrirse el proceso contra Garzón. A finales de abril, Varela admitió a trámite la recusación, que finalmente fue rechazada.
El pasado 12 de mayo, el juez Luciano Varela ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ello con la intención de bloquear la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de trasladarse al Tribunal Penal Internacional durante los próximos siete meses, como pidió el día antes de que Varela hiciera pública la apertura de juicio oral.
Ayer, 14 de mayo, vino la suspensión de Garzón por parte del Poder Judicial por investigar los crímenes del franquismo. La decisión era obligada por ley tras la apertura de juicio oral por parte del instructor. Según entiendo, la suspensión es por lo que dure el juicio, es decir, es una medida precautoria, no una sanción.
Aún así, la suspensión ha causado la furia de muchos, y con razón, pues se trata de un terríble episodio de la historia española que intentó ser olvidado y como ahora resulta evidente, podrían olvidar los no implicados o los que algún interés tendrían en hacerlo, pero aquellos que tienen todavía la fotografía de su familiar perdido, tienen el derecho a saber qué pasó con él/ella.
Ayer decía yo que me da tristeza que el mito de La Transición española se desmorone, pero es que queda claro hoy que ese pacto estaba parado sobre una caja de pandora. Garzón la abrió, espero que España salga airosa en su lucha interna y triunfe la democracia, la libertad, pero sobre todo la verdad.
Creo que otro tema lateral al que habrá de estar atentos es el de la monarquía, pues si recordamos que Franco fué quien "abdicó" en favor de Juan Carlos y la organización del Estado español como monarquía constitucional no fué algo que decidió el pueblo, podríamos pensar que la corona de España también peligra una vez abierta la puerta al pasado y al cuestionamiento sobre las bases de la democracia española.
Una vez más el derecho internacional de los Derechos Humanos demuestra su fuerza, y es que no podemos seguir cerrando los ojos ante la existencia de normas que pretenden protegernos a todos del autoritarismo, de la transgresión, de la limitación o privación total de nuestros derechos y libertades en nombre de unas mayorías nacionales.
Ayer se presentó un enorme reto al sistema internacional, ojalá sea capaz de resolverlo, para bien y pase la prueba.
*Esta nota fué elaborada en gran medida con información de el especial sobre el tema en El País
Una vez más el derecho internacional de los Derechos Humanos demuestra su fuerza, y es que no podemos seguir cerrando los ojos ante la existencia de normas que pretenden protegernos a todos del autoritarismo, de la transgresión, de la limitación o privación total de nuestros derechos y libertades en nombre de unas mayorías nacionales.
Ayer se presentó un enorme reto al sistema internacional, ojalá sea capaz de resolverlo, para bien y pase la prueba.
*Esta nota fué elaborada en gran medida con información de el especial sobre el tema en El País
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1 comentarios:
Gracias por esta entrada tan rápidamente y bien elaborada. Creo que la incongruencia mayor en este caso se da en que en muchas de las causas que previamente instruyó Garzón por delitos de lesa humanidad contra españoles en otros países (argentina o chile, por ejemplo) existían leyes de amnistía o punto final que fueron dejadas de lado bajo el principio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Nadie protestó ni acusó a Garzón de prevaricar entonces. Ahora, cuando ese criterio se vuelve hacia el interior de España, surge la política y deviene en un juicio. Será muy interesante la resolución final que se de a este caso por la Justicia Española.
No creo que la transición sea un mito, pero evidentemente no fue ni es tersa y perfecta como la vimos desde América y sin duda este caso ha reforzado y revivido el viejo enfrentamiento entre los españoles.
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