Incompleta y lesiva la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar
México, D.F., 19 de octubre de 2010
Comunicado conjunto
La iniciativa presidencial mantiene inalteradas las condiciones que favorecen la impunidad en los casos de abusos militares
La jurisdicción castrense debe limitarse a delitos estrictamente militares cometidos por miembros del ejército
El Estado mexicano no satisface las exigencias derivadas de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer por Felipe Calderón al Senado de la República mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
La exigencia central de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército, de las organizaciones civiles y de organismos internacionales de derechos humanos no es atendida debido a que en la propuesta presidencial no se advierte la intención de establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Entre estos controles debe destacar la reducción de la jurisdicción militar a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. En la iniciativa la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene un carácter taxativo que deja un amplio margen para la impunidad. Ninguna razón justifica que las instancias militares extiendan su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense.
La exclusión de tres delitos —desaparición forzada de personas, violación y tortura—, cuya investigación sigue estando en manos de los militares, la posibilidad de su reclasificación para no ser tratados por el fuero civil, así como la manipulación de los hechos generan más incertidumbre que certezas y lesionan de manera grave los derechos de las víctimas. La única posibilidad para terminar con la impunidad en estos casos consiste en dejar fuera de la jurisdicción militar todos los delitos cometidos por miembros del ejército contra la población civil.
Por otra parte las atribuciones conferidas a la Policía Ministerial Militar, como auxiliar del Ministerio Público, así como la posibilidad de que ésta esté facultada para brindar protección a víctimas, ofendidos o testigos resulta, contra toda lógica, ineficiente para garantizar la vida o la integridad física de tales personas.
Resulta absurdo que el Ejecutivo presente su iniciativa como muestra de su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia. Maquilla las diferentes disposiciones legales para aparentar que cumple lo que en la práctica cotidiana niega, porque hasta la fecha se mantiene en la actuación del ejército la tendencia a la comisión de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos.
Las reformas presentadas por el Ejecutivo no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las Sentencias sobre los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles.
Todas las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo y por los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional constituyen paliativos ante la falta de voluntad para poner fin a una de los más graves obstáculos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas de abusos militares: la inconstitucional extensión del fuero militar. Mientras estas condiciones no se reviertan será imposible la construcción de una sociedad democrática.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Jalisco
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Fundación Diego Lucero, Michoacán
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Yucatán
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 70 organizaciones)
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Corta, iniciativa contra fuero militar: WOLA
Silvia Otero
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO
Martes 19 de octubre de 2010
'No acaba de cumplir con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la opinión pública exigen de México', lamentó la ONG estadounidense
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sostuvo que la reforma del fuero militar propuesta por el presidente Felipe Calderón se queda corta y "no acaba de cumplir con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la opinión pública exigen de México".
El organismo se sumó a las críticas de Naciones Unidas y Amnistía Internacional sobre la iniciativa que el Ejecutivo envió al Senado mexicano para reformar el Código Militar, es "un esfuerzo importante para hacerle frente a la impunidad histórica de la que ha gozado el Ejército por violaciones a los derechos humanos, pero que queda corto de lo que se esperaba de México".
Maureen Meyer, encargada del programa sobre México en WOLA, dijo que "es un paso importante, pues hoy en día el Ejército está presente en muchas ciudades del país y hay quejas de violaciones a los derechos humanos a diario", y éstas han quedado impunes en su mayoría pues los casos son tratados en las cortes castrenses.
Destacó que ha habido por los menos 4 mil quejas por abusos de militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el inicio del gobierno del Presidente Calderón en diciembre de 2006.
"La falta de castigo a estas violaciones ha fomentado nuevos abusos y debilita la confianza de los ciudadanos en las fuerzas armadas", afirmó Meyer.
Para WOLA la propuesta del gobierno federal se quedó corta, ya que solamente incluye tres tipos de violaciones a los derechos humanos: tortura, violación y desaparición forzada.
"Otros tipos de violaciones a los derechos humanos como la detención arbitraria, que por lo general lleva a otro tipo de violaciones a los derechos humanos, y la privación arbitraria de la vida, como son los ya varios casos de civiles que no pararon en un retén militar y fueron asesinados a manos de soldados, quedarán excluidos y seguirán siendo juzgadas dentro de las cortes militares".
Recordó que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México que ordenaron la reforma al artículo 57 del Código Militar "no hacen ninguna mención sobre la posibilidad de escoger qué violaciones a los derechos humanos sean excluidas de la jurisdicción militar; los estándares interamericanos de derechos humanos exigen que todas las violaciones a los derechos humanos sean investigadas por la jurisdicción civil".
Concluyó que una reforma realmente progresista haría que todas las violaciones a los derechos humanos contra civiles fueran tratadas en cortes civiles y fuera del sistema militar.
cg/fml
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ONU: iniciativa sobre fuero militar es limitada
Miguel Ángel Sosa y Silvia Otero
El Universal
Miércoles 20 de octubre de 2010
No incluye delitos graves que aún podrán ser conocidos exclusivamente por tribunales castrenses, pide que todos los delitos de soldados vayan a juzgados civiles
politica@eluniversal.com.mx
Las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales (ONG) consideraron que la iniciativa presidencial que busca que los militares que cometen tortura, desapariciones forzadas y violaciones sean juzgados por tribunales militares es limitada, pues deja fuera varios delitos graves que aún podrán ser conocidos exclusivamente por los tribunales castrenses.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 14 organizaciones civiles coincidieron en que la iniciativa para reformar el fuero militar en México —presentada al Senado por el Ejecutivo el lunes pasado— es incompleta, ya que debería establecer y garantizar que todas las violaciones cometidas por los elementos castrenses sean investigadas y juzgadas por los tribunales civiles.
La Oficina del Alto Comisionado dijo que la ruta abierta con el envío de la iniciativa para armonizar el Código de Justicia Militar con estándares internacionales de protección, plantea retos evidentes “dada la insuficiencia, entre otras, del muy limitado catálogo de exclusiones que se incorpora a la iniciativa”.
“Esta Oficina hace votos para que el debate que se inicie en el seno del Congreso de la Unión [...] avance decididamente a establecer y garantizar que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles”, dijo la instancia en un comunicado.
Recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo en marzo pasado que el Estado mexicano debía modificar su código de justicia militar con el fin de que sea competente en casos de violaciones en el rubro.
Explicó que “en ningún caso la justicia militar podrá juzgar los hechos cuyas víctimas sean civiles. Las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetrados por militares deben tener acceso a recursos eficaces”.
“Delitos graves quedan fuera”
Por separado, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, dijo que excluir del fuero militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, para que los responsables sean juzgados vía civil, es un avance, pero criticó que delitos igualmente graves, como ejecuciones extrajudiciales, no estén contemplados en el proyecto.
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