Caso
Hernández v. Meza
Los
hechos:
Unos chicos estaban jugando en la
frontera entre México y Estados Unidos, se retaban a pasar hacia el desagüe en
la zona vigilada por los Estados Unidos. Un agente federal (U.S. Border Patrol)
disparó y mató a Sergio Hernández, de 15 años de edad, quien estaba desarmado y
no representaba un peligro para el agente. Hernández fue muerto en territorio
mexicano, el agente, Jesús Mesa, disparó en territorio estadounidense.
En este asunto, se han planteado a la
Corte las siguientes cuestiones:
1)
Si debe realizarse un
análisis formalista o funcionalista respecto de la aplicación extraterritorial
de la prohibición del uso injustificado de la fuerza letal de la catorceava
enmienda, aplicada a un disparo transfronterizo de un ciudadano mexicano
desarmado pero dentro de un área controlada por los Estados Unidos.
2)
Si debe otorgarse inmunidad cualificada o no,
basada en hechos –tales como el estatus legal de la víctima- desconocidos por
el oficial al momento del incidente.
3)
Si la demanda en este caso puede
ser afirmada bajo el precedente de Bivens v. Six Unknown Federal Narcotics
Agents[1].
La
audiencia:
El pasado 19 de febrero se celebró la
audiencia en donde se desahogaron los argumentos orales del caso.
Por parte de los demandantes (los padres
de Hernández), el abogado Robert Hilliard, argumentó que se trataba de un caso muy fácil que involucraba la aplicación
de la ley de EEUU fuera del territorio, pues Mesa disparó desde EEUU a
Hernández, privándolo de su derecho fundamental a la vida y precisamente por
ello, aplicaba la enmienda catorce.
La cuestión en que presionaron los
ministros fue en el cómo hacer para fijar un criterio que no tenga efectos
adversos en otros casos similares.
El Presidente John Roberts expresó dudas
respecto de la alegada sencillez del caso, pues planteó, el caso de que un dron
disparara al otro lado de la frontera, desde Nevada.
Por su parte, Samuel Alito preguntó si
haría alguna diferencia que la víctima hubiera sido mayor de edad y si hubiera
estado armado, pero con los brazos en alto, o que hubiese estado a 200 yardas
del sitio. “no comprendo qué regla es la que quiere usted que adoptemos, que no
sea que usted gana el caso.”
Por otro lado, para Elena Kagan, Hilliard
tenía una regla: los Border Patrol que disparen desde los EEUU al otro lado de
la frontera pueden ser responsables. Lo que le preocupaba, eran más bien, las
razones de la regla. En el mismo sentido se expresó Breyer. Les preocupaba que
Hilliard no lograba definir la regla y que esta pudiera tener efectos negativos
o perversos en el futuro.
Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, por
otro lado, mostraron su simpatía con el caso y criticaron que aún y cuando Mesa
podría ser sancionado por violar órdenes, ello no compensaría a la familia
Hernández por el estrés emocional sufrido.
Sin embargo, aún y cuando logren
convencer a los jueces de que Hernández estaba protegido por la enmienda 14;
parece que el problema estará en convencerlos de que tienen legitimación con
base en el precedente de Bivens de 1971. Los 4 jueces más liberales (Bader,
Kagan. Sotomayor y Breyer) parecían más inclinados a afirmar que podían basarse
en el precedente.
El fiscal, Edwin Kneedler, enfatizó que
la Corte ha negado en los últimos años extender Bivens a nuevos contextos.
A ello respondió Breyer “¿por qué dice
que lo extenderíamos?” ello asume la respuesta a la pregunta. En Bivens, le
explicó, la Corte dejó en claro que cuando un agente federal viola la enmienda
catorce, y por ello lesiona a alguien, esa persona tiene un remedio, a menos
que existan factores especiales –por ejemplo que el agente federal esté en la
milicia-.
Pero lo que se ha resaltado como más
crítico, es que el juez Anthony Kennedy (el swing vote) no estaba comprando los
argumentos de la familia. “cuestiones como disparos transfronterizos, que
involucran áreas sensibles de affaires internacionales, deben ser resueltos por
los gobiernos y no por las cortes”.
Hilliard sugirió que las familias como la
Hernández deberían de poder demandar a la Border Patrol por el gran número de
disparos transfronterizos, pero Kennedy no estuvo de acuerdo. “la frecuencia
con que ocurren, refuerza la idea de que es un área crítica de política
exterior que pertenece a la rama ejecutiva.
Si hay un empate 4-4, eso confirma la
sentencia de Circuito, la que fue a favor de Mesa, es decir, contra los
Hernández. Pero la llegada de Gorsuch, si es confirmado en marzo, podría
obligar a una nueva audiencia para otoño o invierno…
(traducción de SCOTUSBlog.com)
El Gobierno mexicano ha presentado ante
la Corte Suprema dos escritos de Amicus
Curiae a favor de la familia Hernández.
En la primera, se plantea que 1) no hay
razón práctica para negar una reparación simplemente porque Hernández estaba
del lado mexicano al recibir el disparo fatal y 2) EEUU tiene obligación de
reparar las violaciones a los derechos humanos en ambos lados de la frontera.
En la segunda de ellas, se amplían los
temas: 1) no es un incidente aislado y 2) es muy relevante que los Estados
Unidos provean de un remedio efectivo en casos de disparos transfronterizos.
Recurre al precedente de Boumediene v. Bush donde se dijo que no hay una línea
clara donde los derechos constitucionales cesen, sino que se ha manejado de
manera contextual. Además, el caso que se revisa, no tomó en cuenta los
derechos humanos de fuente internacional que vinculan a los Estados Unidos, los
que incluyen el no ser privado arbitrariamente de la vida y el derecho a la
reparación cuando ese derecho ha sido violado.
[1] La demanda del quejoso tiene acción
federal bajo la enmienda catorceava a través de la cual se pueden exigir los
daños resultantes de la violación de esa enmienda de agentes federales, siempre
y cuando se pruebe el daño.
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