jueves, 29 de abril de 2010

Derechos Humanos nota de @LGlzPlacencia

Ya saben, como Reforma cobra, comparto mi periódico con ustedes, como si lo dejara en mi asiento del metro...

Derechos humanos

Colaborador Invitado
29 Abr. 10

Luis A. González Placencia

El Senado de la República aprobó el 8 de abril pasado, un dictamen con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Constitución mexicana, para fortalecer el alcance y vigencia de los derechos humanos en México. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para que, de así considerarlo, sea aprobada y remitida a las legislaturas locales para concluir el proceso de reforma constitucional.

La aprobación de este dictamen es el resultado de la expresión de múltiples reivindicaciones de la sociedad civil, de aportaciones de juristas, académicos e investigadores y del contexto local e internacional de los derechos humanos.

Esta reforma es el resultado de exigencias legítimas de quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos y que no encontraron justicia, verdad ni reparación.

La reforma incorpora como principios constitucionales la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Define con precisión la jerarquía prioritaria de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano para que las personas gocen de los derechos que en éstos se estipulan. Establece un sistema de responsabilidades para que los gobernantes tengan la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, a través de la creación de una ley específica. Si el Estado violenta a sus ciudadanos en su integridad, dignidad y derechos, será responsable de pagar por el daño causado y realizar las acciones necesarias para evitar que esas violaciones se repitan.

Fortalece los órganos de protección y defensa de los derechos humanos, así como sus resoluciones, al establecer su autonomía y legitimidad frente a los poderes del Estado, obligándolo a que explique públicamente sus razones para aceptar o no una recomendación.

La facultad de investigación que se le atribuye a la CNDH permitirá acreditar violaciones graves a los derechos humanos, para evitar impunidad como ocurrió con el caso de Lydia Cacho.

El artículo 29 constitucional establece un bloque de derechos que bajo ninguna circunstancia pueden ser suspendidos o restringidos, como el derecho a no ser ejecutado de manera sumaria o arbitraria, el derecho de las y los niños, la libertad de expresión, la integridad física y las garantías del debido proceso.

La modificación de este artículo es fundamental ante la situación de inseguridad que actualmente vive el país, pues la incorporación de un núcleo de derechos imprescriptibles constituye un resguardo de las personas frente a los abusos de poder que se perpetran en nombre de la estabilidad y seguridad nacional.

La reforma constitucional cobra especial relevancia, no sólo por constituir uno de los elementos centrales para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, sino también porque refuerza las garantías y derechos de todas las personas en un contexto de suma inseguridad, violencia y ejercicio desmedido del poder público.

Más de 22 mil personas acribilladas en menos de 40 meses, debido a la denominada "guerra contra el narcotráfico", y el considerable aumento, en 500%, de quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, son evidencias de que el país existen riesgos de someter a ciudadanos a estados de excepción en que prima la impunidad y la ley del más fuerte.

Si bien, con la reciente aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional se considera juzgar a militares en tribunales civiles, cuando sus integrantes cometan delitos y violaciones de derechos humanos; es necesario advertir que la ley normaliza la presencia militar en tareas de seguridad que le corresponde atender a las autoridades civiles y fortalece la tendencia de resolver los conflictos sociales a través de la violencia institucional y el uso de la fuerza pública.

Frente a este contexto, es necesario que la Cámara de Diputados asuma el significado de la importancia de estas reformas para el Estado mexicano y sean aprobadas a la brevedad.

México merece ser un país de libertades y derechos y no un asidero de impunidad y de violencia. Requerimos avanzar, a pesar de los miedos generados, hacia una sociedad basada en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y en un régimen político y jurídico democrático y constitucional.


El autor es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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