Sobre la Procuración de Justicia
Por: Geraldina González de la Vega*
In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: The police, who investigate crime, and the district attorneys, who prosecute the offenders. These are their stories. –Frase inicial de la serie norteamericana Law & Order.
El caso Greg es el que ocupa hoy más tinta, pero recordemos también el de los funcionarios municipales de Michoacán, o el desafuero de AMLO. Tenemos también en la memoria reciente el caso Paulette con una decisión unilateral de “archivo“ o no ejercicio de la acción penal, sin particpación judicial y sin impugnación, pues Paulette no tiene quien hable por ella. Recordamos la lamentable negligencia en el caso del News Divine en donde se tomaron decisiones para complacer a la opinión pública, pero no para hacerle justicia a los adolescentes muertos. O recordemos el caso de Paco Stanley, donde la fabricación de delincuentes fué su mayor logro; y ¿qué tal los casos de René Bejarano y Carlos Ímaz frente al linchamiento de Carlos Ahumada? y claro, por supuesto está también el tan terríble caso de la Guardería ABC. La indignada opinión pública se lanza con mayor frencuencia en contra del titular del ejecutivo, ya sea el Presidente o sea un Gobernador, el Procurador es un empleado suyo, y por ello es éste quien debe responder por la negligencia en la investigación, por la omisión o por la posible utilización de la procuración de justicia como un arma política. Hoy nos vemos enredeados en el caso de Gregorio Sánchez, Greg, candidato a gobernador del estado de Quintana Roo y quien es investigado y aprehendido por la Procuraduría General de la República a unas semanas de las elecciones en su estado. Las preguntas que quedan en el aire son:
¿No es hora de que comenzemos a pensar en serio en la indispensable autonomía del Ministerio Público, por un lado, y de su separación en autoridad investigadora y persecutora, por otro?
A partir de 1917 y hasta la fecha, la Procuraduría General de la República ha sufrido reformas y modificaciones que responden a los cambios sociales, y al aumento y a la organización de la delincuencia, por ejemplo el Narcotráfico. Dada la marcada dependencia del Procurador hacia el Ejecutivo, la Constitución fue modificada para que su nombramiento fuera ratificado por el Senado, aun así la Procuraduría depende del Presidente, el Procurador forma parte del gabinete presidencial y aunque goza de autonomía técnica, se percibe la dependencia del Ejecutivo, por ello, y por el extraordinario crecimiento de la inseguridad en el País, se ha pensado lograr su autonomía o dividir sus funciones en dos instituciones.
Esta propuesta que se ha venido reflexionando hace ya varios años estuvo a punto de concretarse con el cambio de gobierno en 2000. El llamado "Equipo de Transición" presentó su proyecto de justicia y seguridad pública donde se habló de una Secretaría de Justicia y de un Abogado General de la Federación, de formación de policías universales y de una acumulación de atribuciones en una nueva institución. En 2000 se creó la Secretaría de Seguridad Pública, pero la Procuraduría quedó intacta. Lo cierto es que urge una reforma medular a la procuración de justicia y la seguridad pública, temas que actualmente son una de las mayores preocupaciones de los mexicanos y para lograrlo se necesita la especialización, la profesionalización y la autonomía, así como la división de atribuciones en instituciones especializadas.
Hace falta devolver las tareas de investigación y persecución de los delitos a la sociedad, el Ministerio Público no debe servir a los intereses del Estado sino a los de la sociedad. La procuración de justicia requiere de equilibrio y control, por ello es indispensable escindir de la hoy todopoderosa Procuraduría General de la República las diversas facultades con que cuenta. La idea es pues separar las facultades del Ministerio Público con el objetivo de adelgazar sus atribuciones y distribuirlas en dos instituciones, una encargada de velar por la sociedad, representándola como parte en los juicios de orden penal y otra, como autoridad investigadora e integradora de la averiguación previa, lo que traería como consecuencia una disminución del poder que actualmente goza el Procurador General de la República. (para las propuestas: ver La Lucha contra el Delito de René González de la Vega.)
Se propone lo siguiente:
1) Que se reforme el artículo 102 apartado A para dividir al Ministerio Público en dos instituciones. Una dedicada a la investigación de los delitos y otra dedicada a la persecución de éstos. Un Abogado General de la Federación recibiría la función acusatoria del orden jurídico, su carácter deberá ser autónomo y su titular ser nombrado a propuesta del Ejecutivo con ratificación del Senado, pudiendo ser removido por dicha Cámara. El Abogado continuaría ejerciendo las atribuciones que la Procuraduría General de la República tiene actualmente, en materia de extradición, asistencia jurídica en materia internacional y ejercería las atribuciones de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como las funciones en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y denuncias de contradicción de tesis; el Centro Nacional contra las Drogas queda integrado como está actualmente, es decir, continuaría en manos del Abogado, pero revisando y reestructurando sus funciones.
2) El Ministerio Público continuaría como parte de la Administración Pública Federal y contaría con las atribuciones que hasta ahora la Procuraduría tiene para la investigación de los delitos. Las decisiones de No ejercicio y de archivo serían revisadas por el Abogado General. La idea de separar las funciones del Ministerio Público no obedece a un capricho, ni a una moda. Es una necesidad, el Ministerio Público debe ser una representación social y como tal, debe estar sujeta a un sistema de pesos y contrapesos en donde cada institución compita por la credibilidad y la confianza de la sociedad a la que representa.
3) Es indispensable la creación de un Instituto Autónomo Nacional de Servicios Periciales, que atendería por igual los requerimientos del Ministerio Público y de los particulares, con plena independencia y autonomía, lo que daría una mayor transparencia a los dictámenes realizados.
4) Un Instituto de información y estadística criminal, algo como “un INEGI” de la criminalidad que informe a la población. El Instituto también deberá contar con autonomía para generar información confiable, veraz, precisa, oportuna y transparente, así como para darle un sentido e interpretación. Se trata de una Institución que informe a la población de manera abierta. Hoy vemos que muchos procuradores ocultan información, maquillan cifras y presentan datos que están subordinados a la política. El Instituto de información deberá trabajar con indicadores de medición de informes que presenten información veraz, indicadores nacionales parejos de medición, manejo de bases de datos nacionales con criterios técnicos y no supeditados a la política. Pienso en el caso del “mata viejitas” en el D.F. donde se ocultó información, perfiles, datos y avisos a la población. También pienso en los números de personas muertas a propósito de la “guerra contra el narco”, no sólo los números verdaderos, sino quiénes son esos muertos.
Actualmente, y en el marco de las propuestas de Reforma del Estado presentadas por el PRI y PRD-PT-Conv, así como por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, existen diversas propuestas en este sentido. La propuesta del PAN no tiene ninguna sobre el tema. La del PRI propone que el Procurador de la República sea nombrado por 2/3 del Senado por 4 años con posibilidad de una reelección, junto con un Consejo del Ministerio Público. La propuesta conjunta del PRD-PT-Conv mantiene que el Procurador de la República debería ser nombrado por 2/3 del Senado por 5 años, junto con 10 integrantes de un Consejo Consultivo. En ninguna de las dos propuestas de partidos se propone la escisión de las tareas de la Procuraduría.
La propuesta IIJ-UNAM en cambio, sí habla de distinguir la función persecutoria de los delitos de la función de representación social que, dice, actualmente confluyen, de conformidad con el artículo 102, apartado A de la Constitución, en el Ministerio Público de la Federación. De esta forma, la propuesta IIJ-UNAM recomienda que la primera función, considerada como función de Estado, sea encomendada a un órgano constitucional autónomo: la Fiscalía General del Estado; mientras que la segunda función, en cambio, permanecería como atribución del Ministerio Público de la Federación a cargo de un Procurador General de la República. La titularidad de la Fiscalía General del Estado se depositaría en un “Fiscal General”, en cuya designación participarían el Presidente y el Senado de la República, pero bajo un procedimiento que garantice su independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Un detalle que me parece digno de agregar, es la propuesta de que los fiscales pertenezcan al servicio civil de carrera y tengan las mismas prerrogativas que gozan los jueces del Poder Judicial a efecto de que realicen su labor con independencia e imparcialidad.
Ninguna de las cuatro propuestas habla sobre el Instituto de estadística ni sobre la independencia de los Servicios Periciales, un ejemplo digno de mencionar en este sentido es el del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses que “como órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene como objeto propiciar la práctica y emisión de dictámenes periciales con los avances de la ciencia y la técnica, de carácter imparcial y con autonomía técnica de las autoridades a las que auxilian” (ver su Ley Orgánica). ¡Que bien hubiera servido para el caso Paulette!
Es importante mencionar que las propuestas aquí analizadas son únicamente de carácter Federal, por lo que sería deseable que también el D.F., y los Estados de la República siguieran el modelo.
También es importante mencionar que la intención de reformar el sistema de procuración de justicia tiene ya más de una década, y nuestros legisladores siguen sentados en sus laureles. ¿Para cuándo estaremos en condiciones de adecuar el Estado mexicano a nuestras aspiraciones democráticas?
Nota elaborada para Deliberación.org
*Geraldina González de la Vega es constitucionalista y ensayista. Es autora del blog Gera´s Place. Se ha dedicado principalmente a los temas relacionados con los derechos fundamentales y la teoría de la constitución. Ha sido profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Anáhuac del Sur, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad AutónomaBenito Juárez. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace Email:geraldinagvh@googlemail.com
0 comentarios:
Publicar un comentario