lunes, 16 de julio de 2012
Temas Olvidados en las Campañas 2012
domingo, 27 de mayo de 2012
Estado Constitucional, no es oferta política, es obligación

Campañas electorales de 2012:
El Estado de Derecho se presenta como oferta política "me comprometo a cumplir con la Constitución", "esos derechos los someteremos a consulta popular", "mi gobierno seguirá con la lucha contra el narco pero respetará los derechos humanos", "gobernaré tomando en cuenta las normas constitucionales", en fin. Basta ver las propuestas en Derechos Humanos de los cuatro candidat@s
Segun el World Economic Forum, el Estado de Derecho en Mexico se encuentra en el lugar 111 (de 134 Países).
Por ello, creo que vale la pena re-publicar cuatro textitos que explican por qué ni el apego a las normas, ni el respeto y garantía de los derechos pueden ser ofrecidos como concesión, como parte de un programa político.
Sobre el Manifiesto de Enrique Peña Nieto escribí en Animal Político.
El Movimiento #YoSoy132 debería incluir el respeto irrestricto a la Constitución como parte de su pliego petitorio, pues a los partidos y sus políticos parece que se les olvida que no es una gracia cumplir con ella. Después de todo, su existencia pende de ella.
La constitucionalidad de los actos y las normas no debe ser algo que aplaudir ni que reconocer, debe ser como respirar o pestañear...
Estas 4 notas fueron publicadas en 2009 en mi columna Desde Alemania.
¿Qué quiere decir Estado de Derecho?
Por Geraldina González de la Vega.
Imagínen un letrero típico de una tienda de abarrotes que dice:
“Si fío, pierdo lo mío
Si doy, a la ruina voy
Si presto, al cobrar molesto
Y para evitar todo esto
...ni fío, ni doy, ni presto!”
El Estado de Derecho es un Estado de leyes, es un Estado en donde las autoridades son creadas a partir de una Constitución (ley) democrática, es decir creada por el pueblo y cuyas funciones están determinadas a través de leyes. En un Estado de Derecho la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite, y obviamente no puede hacer lo que le está prohibído. El poder del Estado nace de la Constitución y por lo tanto depende de ella.
El que un Estado de Derecho sea un estado de leyes apegadas a una ley superior suena quizá obvio, pero podríamos existir como un Estado de consejos, que sería un Estado en el que la autoridad y los ciudadanos guían su actuar por los consejos que da un "jefe supremo" o "un ciudadano notable", por ejemplo. Un Estado de Derecho regula el actuar del poder político y de sus ciudadanos a través del Derecho, el Derecho es un sistema de normas. Un Estado Constitucional de Derecho es aquél en el que el sistema de normas parte de una norma primera y jerárquicamente superior que determina cómo y quién puede crear las demás normas, cómo y quién las puede aplicar y cómo y quién puede resolver los conflictos en su aplicación.
Un Estado de Derecho es pues un Estado organizado por el Derecho.
El hecho de que el Estado esté organizado por leyes nos da certeza: confianza y seguridad, pues sabemos que las autoridades no van a amanecer un día con alguna nueva ocurrencia, que los legisladores no pueden un día prohibirnos usar pantalones negros o que si los jueces están de buen humor van a perdonar al homicida. El hecho de que un Estado pueda llamarse Estado de Derecho quiere decir que el Gobierno va a actuar conforme a esas leyes previamente establecidas y que yo como ciudadano debo esperar que así lo haga. En un Estado de Derecho cuando una autoridad no actúa conforme a la ley, tengo la opción de ir con un juez y pedirle que le exija a la autoridad que ha violado la ley, que me restituya o que actúe conforme a ella. En un Estado de Derecho puedo esperar no sólo una conducta de parte de las autoridades, sino también de parte de todos los demás individuos. Si vendo mi casa, espero que me paguen, y si no me pagan, tengo derecho a acudir con un juez y pedirle que le exija al comprador de mi casa que me pague. El juez tiene que actuar conforme a las leyes que le dan su autoridad y el deudor tiene que pagar el precio de la casa.
Vivir en un Estado de Derecho nos da a todos la seguridad de que las cosas funcionarán como esperamos que funcionen, estabiliza nuestras espectativas. El Gobierno sólamente puede hacer lo que las leyes le facultan y los individuos podemos hacer todo lo que no nos esté prohibido.
Cuando un Estado se organiza a través de leyes, necesita tener órganos que las creen y las apliquen. Cuando este poder se concentra y no le ponemos límites, entonces el órgano o persona puede crear las leyes que quieran y aplicarlas -o no- cuando quiera. Si dividimos y le ponemos límites al proceso de creación, aplicación e interpretación de las leyes, podemos estar más seguros de que las leyes y su aplicación e interpretación será justa --o de que al menos eso se intentará. Para eso sirve una Constitución: para dividir al poder y para determinar los límites a la creación y aplicación de las leyes, que son los derechos y libertades de las personas. Cuando una autoridad invade la tarea de otra o cuando una autoridad sobrepasa un límite, se acciona una garantía: la verificación de la constitucionalidad (superlegalidad) del acto. Esta garantía sirve para darnos la seguridad de que la autoridad debe actuar conforme a las leyes y si no lo hace, hay mecanismos para sancionarlo y restituirme en mi derecho violado.
Cuando vamos a una tienda de abarrotes o una papelería y pedimos al tendero que nos fíe la compra de útiles escolares para nuestros hijos porque es fin de quincena y no tenemos ya dinero pues tuvimos que pagar la colegiatura, la luz, el gas, el super, la gasolina y además las medicinas de la abuelita enferma, es muy probable que el tendero nos diga "No Fío". ¿Por qué? porque si nos fía a nosotros, no tendrá excusas para no fíarle a los demás, porque ahora mis razones suenan convincentes para que me fíe, pero más tarde llegará alguien con una historia mejor o razones más poderosas para fíarle; al final del día el tendero se quedaría sin mercancía y sin dinero, nosotros saldríamos ganando, pero el tendero, su familia y sus proveedores saldrían perdiendo. Cuando vamos a la tienda y vemos el típico letrero de "No Fío" entendemos las consecuencias y estamos conscientes de que por más razones que le demos al tendero y por más grave que sea nuestra situación, no puede ceder, al ceder quiebra su único sustento que es la idea de "no fíar a nadie, sea cual sea la razón", pues al ceder una sóla vez, pierde argumentos para negarse a hacerlo una próxima, pues no hay manera de saber de antemano cuál será la excepción válida para hacerlo.
Lo mismo pasa con el Estado de Derecho, si pensamos que hay una buena razón para realizar una excepción al Estado de Derecho: la delincuencia organizada por ejemplo, si aceptamos cualquier excepción al Estado de Derecho quebramos su sustento: la confianza y seguridad de que las autoridades actuarán siempre conforme a la ley. Por eso, el Estado de Derecho no admite excepciones, porque como el tendero, ni fía, ni da, ni presta!
El valor del Estado de Derecho
Por: Geraldina González de la Vega
Dieter Grimm, quien en 1987 se convirtió en el sucesor de Konrad Hesse como juez del Tribunal Constitucional Federal, escribe para la revista Juristen Zeitung número 12 de este año un clarísimo artículo sobre los niveles del Estado de Derecho. En él Grimm argumenta que el Estado de Derecho no puede ser visto como un concepto cerrado, que puede o no, ser adoptado, sino que es un estatus que puede irse alcanzando paso a paso. El centro de la cuestión está en la seguridad jurídica como un valor intrínseco del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho implica en primer lugar la vinculación al derecho de todos los actos de la autoridad, y también, de todas las leyes que emanen del Congreso. Esto último implica la constitucionalización del sistema normativo. Es decir, las leyes, todas, no deben ser sólo procedimentalmente (formalmente) constitucionales y vincular los actos de la administración y los jueces, sino también deben ser materialmente (su contenido) compatibles con la Constitución. La vinculación al Derecho efectivamente puede estorbar a la política en la persecución de metas o en la realización de determinadas medidas, que son para ella importantes. El cumplimiento de las normas jurídicas por parte de la autoridad puede tener efectos no deseados. Sin embargo, al final del día el Estado que se apega a las normas jurídicas tiene normalmente de su lado a la opinión pública, pues no está dispuesto a ceder cuando el derecho es impopular o es odioso, y eso lo hace un Estado de Derecho y ello da a los individuos seguridad jurídica, es decir, certeza de cómo va a reaccionar el Estado.
Si el Estado reconoce que existen razones para no tomar en cuenta el Derecho de forma excepcional, está a sólo un paso de darle la vuelta a cualquier objetivo ilegítimo que no corresponda a las percepciones de justicia subjetivas; o porque el resultado en el caso concreto no era el deseado; o porque no se quiere ese resultado político; porque se quiere dañar al adversario político o favorecer al amigo. El Estado de Derecho, para que funcione, debe ser anudado con la idea de seguridad jurídica, independientemente de si gusta o no gusta el resultado al haberse apegado a la ley. La seguridad jurídica implica certeza y por lo tanto inspira confianza. La seguridad jurídica estabiliza las expectativas y es un concepto formal. Por ello, se prohíbe la retroactividad, porque las leyes nuevas no pueden afectar actos pasados, si al llevarlos a cabo uno no tenía conocimiento de las consecuencias jurídicas que de ellos podrían derivarse.
Suele pasarse por alto en las discusiones sobre el Estado de Derecho que existen estados que se entienden como servidores de una verdad absoluta, que puede ser tanto religiosa como secular. Es decir, la legitimidad política se basa en esa Verdad, el poder político es legítimo sólo en tanto que ayuda a su consecución. El Estado de Derecho se convierte en un sistema incómodo para los Estados al servicio de una Verdad, pues se entiende que no importan los medios para llegar a ese fin, siempre y cuando éste sea el fin Verdadero para ese Estado. Por ello, para que el Estado de Derecho funcione y eche raíces en una sociedad, es indispensable que se funde en el pluralismo. Esto es, que el Estado no se funde en una Verdad, sino en una pluralidad de pretensiones de verdad, pues son ellas quienes llevan la legitimidad del poder político a través del consenso. De manera que es –debe ser- el consenso, y no la Verdad, la base del Estado de Derecho. Esto es, la posibilidad de que los individuos bajo el poder político puedan convivir de manera pacífica a pesar de las diferencias en sus creencias de lo bueno, lo correcto y lo razonable.
Un Estado que se basa en una Verdad tendrá pues grandes trabajos para sostener los postulados del Estado de Derecho, pues no se le confiere a las normas jurídicas una autonomía sino que las convierten en instrumentos al servicio de esa Verdad. En caso de conflicto entre la pretensión de la Verdad y la vinculación al Derecho, la balanza se inclina ante Ella, sin recargos de consciencia. En cambio, las sociedades plurales que basan su convivencia en un sistema jurídico producto de la decisión política consensuada, en donde de manera legítima concurren diversas ideas de justicia y de convivencia, encuentran un valor en la vinculación estricta y sin excepciones a las reglas de Derecho. Las cargas de consciencia se producen cuando se quiere servir a La Justicia o La Verdad en detrimento de las normas jurídicas.
En una democracia constitucional, las normas deben ser previamente discutidas y aprobadas por procedimientos plurales y abiertos, por lo que su sola existencia supone ya una aceptación, son productos de la misma sociedad a la que pretenden regir. El valor del Estado de Derecho radica en la comprensión de que una vez que las normas jurídicas entran en vigor, se emancipan de la política y adquieren un estatus autónomo. El respeto a ésta autonomía del Estado de Derecho es lo que estabiliza las expectativas de los individuos. El Estado de Derecho pues, tiene como sustento la tensión entre el poder político y el desarrollo de la individualidad. Una sociedad que otorga valor al desarrollo de la individualidad intenta limitar al Estado a favor de la libertad. Y el Estado encuentra sus límites de manera clara sólamente en el Derecho.
De manera que, un Estado que no otorga un valor al desarrollo de la individualidad y que se legitima en una verdad absoluta, jamás podrá llegar a tener un Estado de Derecho en plenitud. O dicho en palabras de Grimm “En aquellas culturas en donde el desarrollo de la individualidad no es un valor y el Derecho no se asocia con la posibilidad de la libertad, el Estado de Derecho no tendrá tierra fértil.”
Si, de acuerdo con el autor, el Estado de Derecho es cuestión de cualidad, entonces es posible mejorarlo.
Democracia, Derecho y Representación
Por: Geraldina González de la Vega
Que un Estado sea un Estado de leyes, no implica necesariamente que éste sea un Estado democrático. Es cierto que un Estado democrático idealmente debe ser un Estado de Derecho, y que los Estados no democráticos, normalmente no son Estados de Derecho. Sin embargo, un concepto no implica el otro.
Para que un Estado de Derecho, reciba la calidad de democrático, debe cumplir con algunos requisitos. Usualmente se relacionan los Estados que eligen a sus representantes por medio del sufragio universal y que usan la regla de la mayoría para la toma de decisiones, con Estados democráticos. Así, se entiende por democracia el principio de autogobierno de la mayoría en donde existe un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas (N. Bobbio). La democracia dice cómo tomar las decisiones, y si se trata de un Estado de Derecho, las reglas estarán basadas en las premisas del Gobierno de leyes (seguridad y certeza jurídicas) y en la universalidad del sufragio, así como en la existencia de derechos sociales mínimos para el igual ejercicio de la libertad. Así, volvemos a la definción de la vez pasada de democracia constitucional.
Si la democracia implica igualdad y libertad, implica por tanto pluralidad, pues cada individuo y cada opinión tienen el mismo valor y el mismo derecho. Porque en una democracia todas las opiniones son iguales, es necesario que se establezcan reglas para tomar las decisiones. En las sociedades complejas actuales sería imposible o muy difícil lograr el consenso, por ello, se ha adoptado la idea de que lo óptimo es que sea la mayoría de personas las que aprueben o nieguen las decisiones que han de afectar a todos los individuos. Como hoy en día es imposible que exista la democracia directa, es decir, que todos los ciudadanos participen en la toma de decisiones, se ha establecido como solución la democracia representativa. La representación de los ciudadanos en instancias como el Parlamento no es necesariamente una cualidad democrática, basta echar un vistazo a la historia para comprobar esto. Para que lo sea es necesario que los representantes sean electos vía sufragio universal, es decir, por el voto de todos los ciudadanos. Además, los representantes no deben adoptar decisiones atendiendo a sus intereses o a los intereses de un grupo, sino que deben hacerlo atendiendo a los intereses de la generalidad. Los representantes en una democracia constitucional no son delegados de sus electores, sean éstos electos por el principio de mayoría relativa (mayor número de votos en un distrito) o por el de representación proporcional (se reparten los escaños proporcionalmente entre los habitantes de una demarcación territorial). Los representantes son más bien fiduciarios, es decir, actúan en interés de sus representados sin un vínculo directo de mandato por lo que tiene cierta libertad de decisión. Ese mandato será revocable sólo por medio de una elección.
El jurista vienés, Hans Kelsen, meditó ampliamente sobre la naturaleza de la representación democrática. En primer lugar, Kelsen considera que los representantes no deben buscar una verdad absoluta o algo así como la voluntad nacional, sino que deben en todo caso representar distintos valores y por ello, la representación se basa en la relación entre la autonomía de los individuos y el gobierno. Como se sabe, Hans Kelsen sostenía el relativismo axiológico, esto quiere decir, que no reconocía que existieran verdades o valores absolutos, sino que cada individuo podía tener distintos puntos de vista. Por ello, para Kelsen la representación tiene como finalidad el compromiso, la negociación entre los distintos puntos de vista para encontrar el que la mayoría acepte como válido o menos malo para convivir. De esta forma es la idea de la tolerancia básica para la democracia en la teoría de Kelsen, pues al estar fijados los valores de forma subjetiva, la única forma para convivir es mediante el compromiso tolerante. Kelsen describe este compromiso como el resultado de un procedimiento dialéctico, es decir, una posición frente a otra distinta y la síntesis de ambas: los puntos en común y los puntos tolerables para las distintas posiciones. El compromiso se obtiene a través del principio de mayoría, esto es, el mayor número de representantes que acepte o niegue el compromiso será quien logre imponerse. Sin embargo, aquí es importante mencionar que esa mayoría tiene límites, los cuales se encuentran en los derechos de las minorías. El mismo Kelsen reconoce que existe el “derecho a la existencia de la minoría”, es decir, Kelsen basa la existencia de la mayoría (su posibilidad) en la protección de la minoría. Sobre ello hablaré la próxima vez.
Democracia, Derecho y Coto Vedado
Por: Geraldina González de la Vega
La representación democrática está basada en la búsqueda de compromisos entre los distintos valores representados. Para alcanzar un acuerdo, la democracia moderna opta normalmente por la regla de la mayoría, pues se ha entendido que es un medio óptimo para la toma de decisiones en sociedades complejas. Sin embargo, si una democracia está basada en la libertad y la igualdad en el ejercicio de esa libertad, todas las verdades y todos los puntos de vista son igual de valiosos, por ello no podrán ser sometidos o limitados por la mayoría, a menos que impliquen un daño para la colectividad. El jurista vienés, Hans Kelsen, apoya la existencia de la mayoría en la protección de la minoría, y esto no se debe a la relación lógica aritmética, sino a la posibilidad de que la minoría se convierta en mayoría, por un lado, y por otro, a que sus valores no puedan ser lastimados por esa mayoría. La protección de las minorías se convierte en una garantía de la democracia, pues tanto el autor, como la historia nos prueban que la mayoría puede convertirse en una tiranía. Para evitar ésto, se ha desarrollado la idea de que las mayorías no pueden disponer de ciertos derechos. Existen dos posturas muy parecidas: la del italiano Luigi Ferrajoli, que llama a éstos la “Esfera de lo Indecidible”, es decir, para Ferrajoli los derechos no pueden ser sujetos a decisiones de las mayorías; y la del argentino, Ernesto Garzón Valdés que describe a los derechos como un “Coto Vedado” a las mayorías.
Me quedaré con la idea del coto vedado que famosamente Garzón Valdés describe en su ensayo publicado en la revista Doxa número 6 de 1989 “Representación y Democracia”. La idea del coto vedado se basa en la justificación ética de la representación democrática, es decir, si ésta respeta la vigencia de los derechos de cada cual a los bienes primarios y procura satisfacer a través del compromiso la realización de los deseos secundarios de los miembros de una comunidad política (pag. 161). Garzón describe a los bienes primarios como aquéllos necesarios para la subsistencia del individuo, son aquellos intereses universalizables que no pueden ser objeto de recortes por parte de los compromisos parlamentarios (derechos humanos). Son pues, el núcleo no negociable de una constitución en su sentido moderno, y por lo tanto comprenden también los principios en que se basa el Estado. Por ejemplo, menciona Garzón, a la Constitución alemana, que prohíbe la reforma a los artículos que garantizan la dignidad y establecen el Estado Federal democrático y social de Derecho. Puedo mencionar como ejemplo reciente, la Constitución de Honduras, que prohíbe la reforma al principio de reelección presidencial. Garzón divide los bienes básicos en necesidades naturales y en necesidades derivadas, es decir, aquellas que no son las mismas en todos los lugares y en todos los tiempos. Los bienes secundarios son aquellos que se desprenden de los bienes básicos y sobre los cuales puede haber un compromiso casi ilimitado.
El que las mayorías se encuentren limitadas no contradice la idea democrática, pues sin un coto vedado frente a ellas, la democracia correría el peligro de convertirse en una tiranía. El mismo Garzón aclara que es necesaria una vinculación entre la democracia representativa y el coto vedado, pues la democracia representativa no significa el dominio de la mayoría, sino la vigencia del principio de la mayoría y éste necesariamente debe apoyarse en la garantía de la minoría. Evidentemente habrá quien defienda el principio democrático por encima de los propios derechos y se quejará de que éstos limitan el principio de mayoría, sucede por ejemplo con la libertad religiosa o con las limitaciones a la libertad frente a la seguridad. Pero si volvemos a la premisa de igualdad y autonomía (libertad individual) en que se basa la democracia, tenemos que una mayoría no puede socavar sus cimientos, para ello, necesita “autoprotegerse” para evitar “autodestruirse”. No es posible imaginar una democracia en donde la mayoría niegue la igualdad y la libertad, si son precisamente éstas las preciondiciones de su existencia.
La idea del coto vedado muestra cómo dentro del sistema de organización contemporáneo llamado democracia constitucional existe una tensión, misma que, dependiendo del punto de vista que se adopte, se inclina hacia la democracia o hacia la Constitución. Un Estado democrático de Derecho basado en una Constitución, entendida como norma superior garantizada, descansa sobre el arraigo de su obligatoriedad. Es evidente que el sistema descansa únicamente en su aceptación, y que por lo tanto las mayorías pueden en cualquier caso ignorar el “coto vedado”, reformar su Constitución o inclusive darse una nueva, arrasando con las garantías de la minoría. Por eso, con justa razón Ernesto Garzón Valdés declara incompetentes básicos a aquellos que en clara señal de irracionalidad o de ignorancia no aceptan la garantía de los propios bienes básicos. ¿Puede una democracia por medios democráticos eliminar las premisas que la sostienen? Creo que no pueden ser objeto del compromiso las condiciones que lo hacen posible. Por eso, me inclino hacia la Constitución.
viernes, 18 de mayo de 2012
jueves, 8 de diciembre de 2011
Los intelectuales y el poder: ¿Leer o no leer?
Leer ¿qué? ¿cuánto? ¿cómo? Leer Archie cada semana es leer, lo mismo lo es leer el Readers Digest y la revista sobre medicinas del consultorio médico.
¿Qué es lo que esperamos que lean los políticos, los candidatos, los presidentes?
¿Queremos que sean intelectuales? Que la pregunta de la FIL hubiera sido contestada con una cátedra riquísima sobre literatura? Yo creo que no, pero ello tampoco implica que entonces los políticos no estén obligados a leer.
La cuestión es que leer es un ejercicio indispensable para comprender el mundo que nos rodea. Es decir, sí creo que el político debe tener un mínimo de cultura literaria necesaria para participar, para aprehender y proponer, guiar, resolver, administrar que es en muy resumidas cuentas lo que hacen.
Ahora, lo que si no puedo comprender es que un político que aspira a ser presidente de un país ni siquiera sea capaz de nombrar libros de historia contemporánea, biografías o ensayos sobre política que yo esperaría que alguien que pretende gobernar nuestro país haya leído.
Jesús Silva Herzog Márquez, Ricardo García Mainou y Fernando Escalante han intentado más bien llevar la pifia a la arena del político, es decir, qué capacidad de respuesta tiene el político para salir de una situación inesperada.
En efecto, quizá conocer la obra de Hertha Müller o de Orhan Pamuk no es indispensable para gobernar México, pero saber quiénes son y conocer al menos el título y el sentido de su obra es necesario para participar en el mundo, para representar a un país, para sentarse en una mesa de negociación y para ser tomado en serio como un interlocutor.
Alguien que dice que ha leído partes de la Biblia "claro que no toda [porque es un libro bien laaargooo]" y no es capaz de nombrar un sólo libro, pienso que no puede ser tomado en serio.
En conclusión, Sí, leer es indispensable, inclusive para poder salir del paso de la pregunta: ¿cuáles han sido los tres libros que le han marcado? Así es, me temo que la cosa es circular.
Y bueno todo este rollo mío sin sentido es para presentar estos 6 textos de René G. de la Vega sobre los intelectuales y el poder que analizan la pregunta platónica sobre el Rey Filósofo. Creo que vienen muy bien al caso ahora.
martes, 6 de diciembre de 2011
Isaiah Berlin y la traición de la libertad
Los valores que AMLO propone son:
el derecho a la felicidad (que retoma del Constituyente de los Estados Unidos)
poder gozar del cielo, del sol, del aire puro, de toda la naturaleza,
el trabajo que nos gusta y hemos elegido libremente,
la armonía familiar,
la comunión libre y afectuosa con todos los hombres,
la salud, y la muerte sin enfermedad,
el apego a la verdad,
la honestidad,
la justicia,
la austeridad,
la ternura,
el cariño,
la no violencia,
la libertad,
la dignidad,
la igualdad,
la fraternidad y a la verdadera legalidad.
la no discriminación,
la diversidad,
la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas.
El objetivo lo comparto: la justicia y la legalidad, la igualdad y la libertad. Pero hacer una ¿constitución moral?
Me preocupa mucho que habla de la familia, el concepto de familia es uno que parece inocuo pero no lo es, a partir de éste se formulan las políticas públicas y muchas otras normas. Laborales, educativas, de salud, migratorias, financieras, en fin, al hablar de familia no sólo se habla del Código Civil, se habla de cómo quieres que sea la sociedad, por eso me interesa mucho saber de qué concepto de familia habla AMLO y cómo entiende la relación del Estado para con ésta.
Por otro lado, habla de valores, ¿esos valores tendrán fundamentos religiosos, democráticos? habla de patriotismo, ¿qué patriotismo? uno de símbolos o uno constitucional. Le preocupa la constitución moral, llamar a filósofos y sociólogos para crear un documento fundamental sobre cuestiones morales, ¿será normativo? ¿qué valor tendrá?
No menciona ni una sola vez a la Constitución mexicana, pero eso sí habla de rescatar las costumbres y usos de lo que él llama el México profundo. La palabra consenso no aparece en su discurso, y la palabra pluralismo aparece una cuando dice que "también" deben incorporarse valores de nuestro tiempo.
También deben incluirse valores y derechos de nuestro tiempo, como la no discriminación, la diversidad, la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas.En fin.
***Arieta nos comparte esto:
México Profundo. Una civilización negada (1987) es una obra del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. La referencia de Obrador es probable que surja de allí.
Aquí algunas reseñas:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/316/31630716.pdf http://www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/diccionario/Diccionario%20CIESAS/TEMAS%20PDF/Castaneda%2023f.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76038
Este texto fue parte de otro pero cuando leí la publicación de AMLO me acordé de él:
Isaiah Berlin en su libro “La traicion de la libertad. seis enemigos de la libertad” describe cómo el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau sobre la libertad y la autoridad, y su idea de la voluntad general, han pavimentado el camino de los grandes tiranos de la historia. El Filósofo concluye el capítulo dedicado al ginebrino diciendo que la tesis roussoniana sobre la voluntad general equivale a poder decirle a un hombre: “tú podrás creer que eres libre, tú podrás creer que eres feliz, tú podrás querer esto o aquello, pero yo sé mejor que tú qué es lo que tú quieres, aquello que te liberará” y es ésta, dice Berlin, “precisamente la siniestra paradoja de acuerdo con la cual un hombre que pierde su libertad política y que pierde su libertad económica, es liberado en un nivel mucho más alto, más profundo, más racional, más natural, el cual sólamente conoce el dictador o el Estado, o la asamblea o sólo la autoridad suprema, de forma que la más amplia libertad coincide con la autoridad más rigurosa y esclavizante...Rousseau [..] fué uno de los más siniestros y más formidables enemigos de la libertad de toda la historia del pensamiento moderno.”
En este capítulo, Berlin nos muestra cómo Rousseau en el afán de buscar una solución a la paradoja de la libertad ilimitada y la necesidad de reglas descarta el compromiso y se adhiere a la idea de que son lo mismo: “libertad y autoridad no pueden entrar en conflicto porque son una... entre más libre eres, más autoridad se tiene, y más obedeces...” La forma de unir ambos conceptos para Rousseau es fácil, se basa en la idea de que todos los hombres racionales quieren lo mismo pues “Lo que quiero necesariamente es lo que es bueno para mí, que es únicamente aquello que satisface mi naturaleza...” y como para Rousseau la naturaleza es armonía, entonces se sigue que “lo que yo realmente quiero, es decir, sólo aquello que satisface mi naturaleza, tiene que coincidir con lo que los demás –seres racionales- quieren y en consecuencia dos posibles respuestas a una pregunta genuina son incompatibles y ello es lógicamente imposible pues destruiría la armonía natural. Como la naturaleza es –debe ser- armoniosa (de otra forma se cae en la tragedia) y lo que satisface a un hombre racional necesariamente debe satisfacerlos a todos”, entonces Rousseau dice que “no es necesario buscar fines que entran en conflicto con otros fines, pues hay hombres que buscan estos fines porque son corruptos, porque no son racionales, porque no son naturales” y sigue “ser un hombre natural implica ser bueno, si todos los hombres fueren naturales, todos serían buenos, lo que buscasen sería algo que les satisfaga a ellos y a todos los hombres, unidos en un todo armonioso. Pues la unanimidad de los seres racionales que quieren fines racionales es un único fin. En el momento en que varios individuos en la asamblea se comprendan a sí mismos como un único cuerpo que tiene una voluntad única, la voluntad constante de todos los miembros del Estado se constituirá en la voluntad general.”
En el Contrato Social de Rousseau lo que se busca es que el individuo se rinda con todos sus derechos a la totalidad de la comunidad. “Si te rindes a la totalidad de la comunidad, como es que no vas a ser libre, ¿quién te obliga? Si no es X ni es Y sino el Estado el que te obliga. Pero ¿qué es el Estado? El Estado eres tú y los otros como tú, todos buscando el bien común.” En consecuencia nos explica Berlin, “Rousseau desarrolla su concepto de voluntad general que comienza con la noción inofensiva del contrato como un acuerdo voluntario, para después subir gradualmente a la idea de la voluntad general como la personificación de la voluntad de una gran entidad super-presonal”, y nos advierte Berlin, “no en el sentido del Leviatán de Hobbes, sino en algo como un equipo o un algo-más-grande-que-yo en lo que hundo mi personalidad sólo para encontrarla de nuevo.” Más adelante explica el filósofo “hay un momento místico en el que Rousseau misteriosamente pasa de la noción de un grupo de individuos con relaciones entre ellos voluntarias y libres, cada uno persiguiendo su propio bien, a la noción de la sumisión en algo que soy yo mismo, pero al mismo tiempo, es mayor que yo –la totalidad, la comunidad.” El problema que encuentra Berlin en esta construcción, y por la que cuenta a Rousseau como un enemigo de la libertad, es que la idea de la voluntad general, basada en la premisa de la armonía natural y la racionalidad de los hombres naturales lleva a la imposición del bien. Es decir, cuando uno se pregunta ¿qué es lo que yo deseo?, la respuesta racional siguiendo a Rousseau debe ser, aquello que satisface mi naturaleza y como debe haber armonía, la satisfacción de un hombre no puede chocar con la satisfacción verdadera de ningún otro hombre. Ahora, si yo sé que estoy bien, y sé que lo que busco es el bien verdadero, entonces quienes se oponen a mí están en un error. “Sin duda que ellos también piensan que buscan el bien, pero buscan en el lugar equivocado. Por ello, yo tengo el derecho de prevenirlos... Y este derecho lo obtengo en virtud de que si ellos supieran dónde buscar el bien, ellos buscarían lo que yo busco.” Y como se puede inferir, en virtud de que no todos los hombres saben dónde buscar el bien verdadero, pues no todos son racionales, ni naturales, entonces habrá que tratarles como incompetentes básicos y cabrían aquí conductas paternalistas justificables, es decir, que los hombres que sí han encontrado la verdad moral pueden hablar por ellos, en su nombre. Y es esta para Berlin la doctrina central de Rousseau, “la doctrina que lleva a la servidumbre y por esta ruta del endiosamiento de la noción de la libertad absoluta, gradualmente se alcanza la noción de despotismo absoluto.”
Un gobierno que pone “el interés superior de la nación” por encima de los intereses particulares se ubica como el hombre moralmente superior de Rousseau que sabe mejor que otros lo que es bueno o verdadero. La retórica no habla sobre compromiso, consenso, búsqueda de soluciones adecuadas, sentido común y respeto mutuo, respeto por los deseos de los demás, diálogo, tolerancia; no, habla de la voluntad general, de la voluntad común de todos, del interés superior de la nación, de la patria que requiere que los confundidos, corruptos, irracionales de nosotros dejemos de buscar satisfacciones equivocadas, no verdaderas.
Eso de "auspiciar una manera de vivir, sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria" nos dice que hay dejar a un lado nuestra libertad de expresión y pensamiento, nuestra ideología, nuestra filosofía de vida o nuestra religión, nuestras convicciones, porque según él todo eso hace daño a México, a los intereses superiores de la nación, de esa unidad en la diversidad, de ese equipo que formamos los mexicanos y que nos representa a todos, que es nosotros, pero que es superior a nosotros, que representa el bien común que todos debemos perseguir, si somos racionales. Se confunde las partes con el todo.
Isaiah Berlin explica que según Rousseau, “el hombre que no ha podido reconocer la verdad, estará agradecido con el que sí la ha logrado descubir y se la pueda mostrar para descubrir su verdadero ser” y agrega “este es el corazón de su famosa doctrina y no hay dictador en occidente que en los años posteriores a Rousseau no haya usado esta monstruosa paradoja para justificar su comportamiento. Los Jacobinos, Robespierre, Hitler, Mussolini, los comunistas, todos ellos usan este mismo argumento que asegura que hay hombres que no saben lo que realmente quieren y por ello, al quererlo por ellos y en su nombre, les damos lo que en algún sentido oculto y sin que ellos lo sepan, ellos realmente quieren.”
jueves, 28 de julio de 2011
Nueva Ley de Partidos
miércoles, 3 de noviembre de 2010
Academia Mexicana de Ciencias llama al respeto de los DDHH

Desplegado de la Academia en el periódico Reforma del 3 de noviembre de 2010, pag. 19 Nacional.
ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES
La Academia Mexicana de Ciencias Penales, que tiene a su cargo el estudio del sistema penal mexicano y la formulación de puntos de vista sobre esta materia, ha observado el preocupante deterioro de las condiciones de seguridad pública y la afectación de derechos humanos con motivos de algunas acciones emprendidas por diversas autoridades.
Los datos que permiten sustentar esas afirmaciones son del dominio público. Figuran en los medios de comunicación social y han sido expuestos por fuentes oficiales, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reconocemos la necesidad de actuar con energía y eficacia en la recuperación de la seguridad perdida, pero rechazamos cualquier exceso que menoscabe el régimen de Derecho establecido en la Constitución General de la República.
Preocupan la reaparición o reiteración de hechos tales como la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el curso de investigaciones penales, la desaparición forzada de personas, los arraigos, cateos y visitas domiciliarias ilegales, el uso de cuarteles como centros de detención de indiciados, las pésimas condiciones de vida y seguridad en muchos reclusorios del país, los abusos en perjuicio de migrantes y el maltrato a menores de edad en conflicto con la ley penal.
Los académicos que suscriben esta comunicación se dirigen, con el debido respeto, a las autoridades competentes para requerir la eliminación de disposiciones y la supresión inmediata y definitiva de prácticas que afecten los derechos humanos.
No omitimos expresar extrañeza y rechazo con respecto a ciertas apreciaciones que pretenden confundir la denuncia de violaciones a derechos humanos con actitudes de benevolencia hacia delincuentes. En una democracia, la exigencia de observar las reglas propias del Estado de Derecho constituye una garantía para la sociedad y sus integrantes.
Sergio García Ramírez
Presidente
Victoria Adato Green, Miguel Oscar Aguilar Ruiz, Alicia Beatriz Azzolini Bincaz, Pedro Pablo Carmona Sánchez, Luis de la Barreda Solórzano, Marco Antonio Díaz de León, Rodolfo Félix Cárdenas, Ricardo Franco Guzmán, Fernando García Cordero, René González de la Vega, Julio Hernández Pliego, Olga Islas de González Mariscal, Sara Mónica Medina Alegría, Rafael Moreno González, Jorge Nader Kuri, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Ojeda Velázquez, Miguel Ontiveros Alonso, Antonio Sánchez Galindo, Elisa Speckman Guerra, Ruth Villanueva Castilleja, Jesús Zamora Pierce.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Soldaten Sind Mörder!
photos by Horst Faas, Henri Huet, Sal Veder, Rick Merron, Bill Ingraham, John Nance, Nick Ut.El título de esta entrada es una frase de Kurt Tucholsky de la Glosa Der bewachte Kriegsschauplatz (el vigilado escenario de la guerra), quien la publicó en la revista Die Weltbühne en 1931:
"Da gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich: Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.“– Kurt Tucholsky(Durante cuatro años hubo metros cuadrados de tierra donde el homicidio era obligatorio, mientras que a apenas una media hora de distancia, estaba estrictamente prohibido. Yo dije: Homicidio? naturalmente, homicidio. Los soldados son asesinos.)
Y para festejar la militarización del país, perdón, el BiCentenario, pues qué mejor que ¡¡¡Más Soldados!!! ...qué padre, lástima que no estaré en el país para festejar esto tan único, tan tan... lindo, tan ad hoc tan shalalalá. Creo que a Franco o a Hitler, a Mussolini, o a Pinochet les hubiera fa-sci-na-do un desfile así. Nacionalista y con soldaditos de todos colores, batallones, la guerra imaginaria, toda ella pasando, marchando, alrededor de la Plaza de la Constitución, ¡ay! Deberán saludar al Presidente cuando pasen frente a él?
Ahora mexicanos, no sólo podrán deleitarse al ver su ciudad o los caminos cerca de su ciudad llenos de retenes militares, sin estrategia, sin plan, sin límite de tiempo, sin reglas. Retenes peligrosos, claro, para una buena aventura á la mexicana, si uno se pasa el retén, a diferencia de otros países, los soldados tienen permiso de disparar a los ciudadanos, si se equivocan, no importa! con que pidan disculpas y la CNDH les emita una recomendación "no vuelvas a hacerlo soldado", total, la justicia militar los exonera, es una tarea peligrosa y por eso el Estado mexicano no quiere tocarla.
Y qué se le ocurre al Gobierno Federal para conmemorar a los ya casi 30mil muertos? pues ¡¡claro!! celebrarlo con soldados de todo el mundo, para que veamos que los soldados son asesinos, que ese es su trabajo, matar, y que lo están haciendo bien y esto nos demostrará Calderón, que en cualquier país, no importa la nacionalidad, todos son asesinos.
Ahora, nada más y nada menos que nuestro Presidente, el general de cinco estrellas, Don Felipe Calderón, no sólo ha autorizado la quema de dinero a manos llenas en el Zócalo de la ciudad con foquitos y estelas de luz, cancioncitas cursis y espejitos, también habrá"lounges" muy modernos para que los funcionarios públicos "no mezquinos ni pecadores ni divisores" festejen estos 200 años de libertad y 100 de bienestar social. Porque la Independencia y la Revolución eso trajeron a que no?
Lo peor, tenemos un Senado con la misma fascinación por los soldados, que en lugar de cuestionar la medida, se queja por la premura. Quisiera yo saber cuándo cuestionará el Congreso la presencia del ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública.
Qué no hubiera sido mejor traer a las sinfónicas de esos 16 países? grupos de danza? de teatro? escritores, intelectuales? pero soldados? en serio, soldados?
Senado aprueba desfile de tropas extranjeras
Ricardo Gómez y Elena Michel
El Universal
Ciudad de México
Martes 07 de septiembre de 2010
El pleno aprobó la entrada de 16 ejércitos para el desfile militar del próximo 16 de septiembre
No sin críticas por la premura del tiempo, el Senado aprobó la solicitud de permiso del Ejecutivo federal para el ingreso a México de contingentes militares de 16 países que participarán en el desfile militar del próximo 16 de septiembre, con motivo del Bicentenario de la Independencia de México.
El pleno aprobó la entrada de los ejércitos extranjeros por 89 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Los ejércitos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela participarán en los festejos del Bicentenario de la independencia de México, en el desfile del próximo 16 de septiembre.
Por el tiempo, debido a que hoy comienza el ingreso de militares de cinco países, se consideró el tema de urgente y obvia resolución, y se dispensaron los trámites por el pleno de la cámara alta.
El senador del PRD Pablo Gómez criticó el procedimiento. Por la premura del tiempo afirmó que el Congreso no está "a la hora del Ejecutivo".
Echó en cara que apenas hoy se dictamine la petición de permiso, ya que hoy mismo está programada la entrada de militares de cinco ejércitos: España, China, Colombia, Rusia y Francia.
Sin embargo, se pronunció porque el Senado apruebe la solicitud.
El vicepresidente del Senado, Francisco Arroyo Vieyra (PRI), informó que el permiso llegó ayer por la noche.
En su turno, el coordinador del PT Ricardo Monreal dijo que es el tercer año consecutivo en que se tramita un permiso a destiempo.
Criticó que desde hace dos meses corrieron las invitaciones a los ejércitos de otros países y apenas hoy se pide permiso.
El presidente de la comisión de Marina, Sebastián Calderón Centeno (PAN), habló a favor del dictamen.
En total participarán 575 efectivos de esos países, que incluyen los festejos del centenario del inicio de la Revolución.
El presidente Felipe Calderón pidió permiso al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI para que puedan ingresar las tropas extranjeras a México, como lo pide la ley.
La solicitud de permiso aparece publicada hoy en la Gaceta del Senado de la República.
En la petición al Congreso, se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional extendió formal invitación a institutos armados de 16 países con la finalidad de que participen en el desfile del próximo 16 de septiembre.
Se alojarán en instalaciones del Colegio Militar y abandonarán territorio nacional entre el 17 y el 20 de septiembre.
Comparto totalmente la siguiente nota de Lorenzo Córdova:
Derechos y guerra al crimen
Lorenzo Córdova Vianello
El Universal
Miércoles 08 de septiembre de 2010
El fallecimiento de civiles en el contexto del combate al crimen organizado corre el riesgo de convertirse en un componente cotidiano del trágico paisaje que nos está dejando la oleada de violencia que ha azotado al país en los últimos años.
La muerte violenta de una persona ajena a los enfrentamientos es de por sí condenable, con independencia de si es cometida por grupos del crimen organizado o por las fuerzas de seguridad. Pero en este segundo caso, el tema es más complejo porque lo que se pone en cuestión es el eventual abuso de la fuerza que legítimamente se concentra en manos del Estado. Para decirlo de otra manera, en un caso estamos ante un asunto que penalmente se considera un homicidio, en el otro estamos, además, frente a una violación de derechos humanos, es decir, un uso indebido y excesivo de la autoridad pública.
Lo peor es que ante la desbocada crisis de seguridad, y los efectos que sobre la cohesión social provoca, se ha abonado el terreno para justificar como “inevitables” las muertes de inocentes que son abatidas en los fuegos cruzados o por los cada vez más frecuentes errores de las fuerzas del orden. Parecería que los márgenes de exigencia del respeto de los derechos y del uso racional y proporcional de la fuerza por parte de las policías y los militares son cada vez más estrechos y que su transgresión eventualmente puede ser justificada como un mal menor frente a la consecución de un bien superior.
Es cierto que en las semanas recientes, el Presidente ha abandonado la desafortunada expresión de “guerra al narcotráfico” con la que gustó de caracterizar durante los primeros tres años y medio de su gobierno, a la estrategia gubernamental de combate al crimen. Fue un peligroso abuso lingüístico que alimentó una lógica de confrontación, polarización y excepcionalidad en la que era aceptable adoptar e ideas como el que el mismo gobierno usó para justificar las bajas de inocentes: “daños colaterales”. Ésa es una idea y concepto inaceptable en democracia constitucional, pero que hoy es recurrente y parece haberse instalado en el imaginario colectivo como algo natural e inevitable. Seamos claros, nadie pretende que el Estado claudique en perseguir los delitos y confrontar al crimen, pero eso, o bien ocurre en el marco del respeto absoluto de los derechos fundamentales, o bien estamos ante una crisis del Estado mismo (entendido como un Estado constitucional).
La muerte de dos miembros de la familia De León, acontecida el domingo pasado, en la carretera Monterrey-Laredo, a manos de efectivos militares, es el último episodio de una serie de casos de irracional (ab)uso de la fuerza que de ninguna manera puede justificarse y frente a los cuales no debemos perder la capacidad de indignación.
Desafortunadamente, esos casos son los que evidencian de modo dramático lo equivocado de una estrategia unidimensional de confrontar de manera primordial (y prácticamente exclusiva) un fenómeno complejo y multidimensional como lo es el crimen organizado.
Históricamente, las fuerzas armadas mexicanas han demostrado (a diferencia de casi todas sus homólogas latinoamericanas) una profunda vocación institucional. Salvo el lamentable episodio de la “guerra sucia” de los años setenta (que se explica por el sesgo autoritario que caracterizaba el antiguo régimen), su actuación había sido respetuosa de la ley y de la institucionalidad. Ello redundó en el generalizado aprecio social que las investía.
Pero desnaturalizar la función del Ejército al utilizarlo en tareas de policía para las que no está preparado (ni concebido), significa exponerlo a una situación en la que la presencia de abusos y violaciones a derechos humanos de su parte era sólo cosa de tiempo. El problema es que todo ello se traduce, poco a poco, en un gradual y peligroso desprestigio social de las fuerzas armadas que a nadie conviene.
Lejos de lo que podría pensarse en la lógica prevaleciente en muchos de los circuitos gubernamentales, la mejor estrategia para impedir ese desprestigio de nuestra milicia (en tanto no se le saca de las calles) es castigar los abusos, exigir responsabilidades, suprimir el fuero militar y, con ello mandar el mensaje, de que en la defensa de la seguridad pública no todo se vale y el respeto de los derechos es algo intransigible.
Investigador y profesor de la UNAM
lunes, 5 de julio de 2010
Dos notas para hoy 5 de julio de 2010 #postelectoral
Imperativo de Estado
Jesús Silva Herzog Márquez
REFORMA
La gran derrota de México en los 10 años de panismo es haber sido incapaz de conciliar Estado y diversidad. Acción Nacional nació para combatir un régimen que pretendía subordinar todos los órganos de la representación a los dictados de un partido. Nació para afirmar el pluralismo, para impedir la incautación de la diversidad. Se opuso tenazmente a un autoritarismo de vocación incluyente y pericias corruptoras. Desde hace 10 años, ese partido ocupa la Presidencia de México. Impulsó cambios y se benefició de ellos. Hoy, con el recuerdo de la elección del 2000 y la cercanía de las elecciones de ayer podemos decir que no ha sido capaz de conducir el cambio para que las rivalidades del pluripartidismo se acoplen a la serenidad del Estado.
Se trata, por supuesto, de una responsabilidad compartida. Las tres fuerzas políticas han sabido de rivalidad pero no han acertado en la avenencia. Ningún partido ha sabido defender el presupuesto de su parcialidad: la plataforma de reglas e institutos que permite la competencia. Hablo, por supuesto, de un compromiso con el Estado, no con algún paquete de políticas concretas. No existe un verdadero pacto por el Estado, no hay contrato de legalidad y sin estos convenios, nada puede asentarse con firmeza en el país. La fragilidad del Estado mexicano es antigua pero, desde hace un lustro, adquiere implicaciones dramáticas. Lo más grave es que ni las alarmas más estridentes hacen reaccionar a la clase política. Aún lastimada directamente, sigue gobernada por la inercia. El crimen organizado ha ensangrentado ya la política electoral. No se puede seguir diciendo -como si fuera consuelo- que la sangre es de ellos, de los delincuentes. La sangre sale de todos. Que brote del cuerpo de quienes gobiernan o aspiran a gobernar agrega gravedad colectiva a la muerte porque es intimidación al resto: tentativa de un secuestro nacional.
Ante la emergencia, el Presidente pronunció palabras que merecen adhesión. Suscribo y por eso transcribo lo dicho por Felipe Calderón: "Este problema exige que actuemos con visión de Estado, sumando todas las voluntades para generar, precisamente, un ambiente de colaboración; un clima en el que, sin menoscabo de los diferentes puntos de vista que tenemos, encontremos los consensos necesarios en lo esencial y que prevalezca, finalmente, el interés nacional. Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi Gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país".
Pero la unidad no se asoma por ningún sitio. Lejos de mostrar en símbolos y decisiones cohesión frente al crimen, los actores políticos siguen sirviendo a sus rencores. La dirigente del PRI pronunció un discurso engreído y mezquino que pasa lista a sus resentimientos. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, se mostró dispuesto a dialogar finalmente con el gobierno de Felipe Calderón, con la única condición de que el gobierno adopte la política económica de Andrés Manuel López Obrador. El sepelio del candidato ultimado debió haber sido ceremonia de Estado: fue un acto de campaña.
El convocante a la unidad de Estado no parece ser, a estas alturas de su gobierno, promotor eficaz de la causa. La gestión de Felipe Calderón ha estado atrapada precisamente por la contradicción entre las intenciones y los instintos. Calderón ha buscado proyectar, desde el primer minuto de su gobierno, imagen de estadista pero no tiene esa estatura. Felipe Calderón no dejará de ser, ante todo, un hombre de partido. Restituyó seriedad a la institución presidencial y se ha envuelto casi obsesivamente de los emblemas marciales, retóricos y textiles del Estado. Pero sus impulsos lo han llevado a boicotear sus propósitos. Su equipo delata una estrechez francamente facciosa. Obstaculizar el retorno del PRI desplaza en su agenda cualquier otra prioridad. Las reformas que defiende en el discurso son repelidas por sus obsesiones electorales. La legitimación de su estrategia contra el crimen insiste en la altanería de proclamarse el Adán de la legalidad. Suscribo lo dicho por el presidente Calderón: el desafío de la violencia exige visión de Estado. Porque las firmo, creo que esas palabras demandan acciones. Si Felipe Calderón quiere ser leal a su convocatoria, debe matar al hombre de partido. Sólo de ese suicidio puede nacer el estadista.
*****
Estado en crisis y la necesidad del diálogo
Jorge Javier Romero
El Universal
El Estado mexicano está en crisis. La seguridad es el tópico de hoy, el lugar común reiterado que ha sacudido la conciencia de lo destartalada que se encuentra la organización estatal de la sociedad mexicana. Porque el Estado es eso: una organización social; su historia arranca de la existencia de bandidos errantes depredadores de las primeras comunidades agrícolas. Cuando uno de esos bandidos en lugar de arrasar con todo, decide establecer a su banda en una comunidad conquistada y ofrece sus servicios de protección contra las bandas enemigas a cambio de una parte de lo producido. El Estado es, en sus orígenes, un bandido que se estaciona y comienza a brindar servicios; y el primero, que justifica su existencia, es que brinda la seguridad de que ningún otro bandido va a atacar a la población.
De ahí que la seguridad sea la medida más evidente de la eficiencia del Estado; por eso hoy se hace evidente su incapacidad para controlar el territorio y garantizar su monopolio de la violencia. Pero los Estados contemporáneos son más que simples monopolios de la violencia. Son las organizaciones encargadas de garantizar la certidumbre en las relaciones sociales, las que obligan al cumplimiento de reglas que se suponen aceptadas por la sociedad. El funcionamiento de la economía requiere de la certeza de que los contratos serán respetados y los litigios se resolverán en los tribunales. La circulación del tráfico requiere de los servicios del Estado, lo mismo que el transporte público, la infraestructura urbana, la educación, la salud o las pensiones, ya sea como gestor directo o como regulador de su funcionamiento. El aprovechamiento adecuado del medio ambiente, la recolección de basura, la conservación, la provisión de bienes públicos, sería imposible sin Estado.
Y en efecto, el Estado mexicano hace todas esas funciones. Pero todas las hace de manera mediocre, cuando no francamente mala. Podemos tomar uno a uno los ámbitos de acción estatal a los que de manera desordenada me refiero antes y en cada uno de ellos hay algo en común que funciona mal: las reglas. El mal mayor del Estado mexicano es que se constituyó como una agencia vendedora de privilegios y de negociación de la desobediencia de sus propias reglas. De ahí que por todos lados el control estatal de la violencia y la depredación se base en acuerdos informales y tolerancia disimulada de la violación de las reglas formales. En México las leyes han ido por un lado y la realidad por otro.
Por eso lo que está en crisis en México es el arreglo institucional mismo, los supuestos en los que se basa la legitimidad del control estatal. El principal servicio que debe dar un Estado, que se deriva directamente de su ventaja en la violencia, es el de poner las reglas del juego de los grupos sociales, eso que llamamos instituciones. Las reglas del juego son las que generan los incentivos que determinan la manera en la que los humanos nos relacionamos y distribuimos el bienestar. El Estado es el regulador principal de la convivencia y el intercambio y en México siempre ha sido débil en esa función, pues el cumplimiento de la ley siempre está en negociación y su aplicación depende de capacidad y los recursos de cada individuo o grupo.
La crisis de México es de reglas. Hoy el Estado no puede garantizar la seguridad de las personas, pero tampoco la educación de calidad o las certidumbres suficientes para un desempeño económico eficaz con distribución de los beneficios pues la debilidad histórica del Estado mexicano ha sido su pertinaz incapacidad de cobrar impuestos. El bandido estacionario mexicano se reprodujo como un arreglo mafioso o, si se prefiere, patrimonial, donde el control territorial iba acompañado de poco sueldo pero mucha capacidad de interpretación particular de las reglas que se debían ejecutar y con enorme tolerancia para el cobro privado de los servicios de interpretación ofrecidos; lo que se dice corrupción.
Los narcotraficantes eran unos más entre la multitud de actores sociales que cotidianamente en México negocian la tolerancia de su incumplimiento de la ley; sólo pagaban mejor y se cobraban más caro las faltas a los acuerdos. Pero Calderón decidió hacerles la guerra en nombre de la ley y el orden y los convirtió en competidores. El objetivo pudo ser loable, pero erró la estrategia. Si se iba a empezar por ahí a aplicar la ley, se debió comenzar por la depuración y reforma de todo el sistema judicial y, sobre todo, del ministerio público. Se debió comenzar por rediseñar los mecanismos del Estado para hacer cumplir la ley y hacer las cosas conforme a derecho, incluso con sus reformas ad hoc a las garantías constitucionales. Comenzó por sacar los soldados a la calle y descarnó su pretensión de monopolio, pero resultó que los malos decidieron retarlo a campo abierto. En el camino, parece que está arrollando, como daño colateral, a la posibilidad de construcción de un nuevo marco institucional más equitativo y con mayor consenso a través de la democracia.
El Presidente ha llamado al diálogo. Sería bueno que, ahora sí, se dieran todos cuenta de que es lo que se debe discutir, más allá de la salida acordada a la crisis inmediata. Ahora sí se hace necesaria la reforma del Estado, porque sin Estado nadie puede gobernar, y para ello es indispensable comenzar a discutir una nueva constitución, consensual y democrática, que dote de nueva legitimidad al poder del Estado, porque si no, van a ganar los malos.
martes, 15 de diciembre de 2009
¿Reelegir a estos? #reelecciónnecesaria
Argumento 1: “¿Para qué reelegir a los legisladores si son realmente pocos los comprometidos con el pueblo que los eligió?”.
Argumento 2: “Los congresistas mexicanos son soldados de los partidos políticos, no representantes populares”.
Argumento 3: “El Congreso no asume un papel constructivo; reelegirlo sería perpetuar la ineficiencia”.
Argumento 4: “Nos regresaría a tiempos porfiristas. La Revolución Mexicana se libró bajo el principio de ‘Sufragio Efectivo, No Reelección”.
Argumento 5: “Al no haber reelección nos aseguramos de que sólo se queden en el puesto –y roben en él– tres o seis años”.
Argumento 6: “Más que la rendición de cuentas, la reelección sería la rendición ante las cuotas de representación”.
Argumento 7: “La reelección de alcaldes sería una invitación abierta para el desvío del presupuesto con fines electorales, políticos y personales”.
Argumento 8: “Nuestra democracia no es lo suficientemente buena para adoptar la reelección; no estamos listos”.
Argumento 9: “La reelección es un argumento ‘políticamente correcto’ y México no tiene por qué apoyarlo”.
Argumento 10: “Con la reelección, el narcotráfico y los poderes fácticos se infiltrarían en las elecciones”.
Argumento 11: “No se debe promover la reelección porque la población se opone a ella”.
Argumento 12: “La reelección no resolvería los múltiples problemas de la democracia mexicana”.
Esta lógica perpetúa el excepcionalismo contraproducente del “Como México no hay dos”.
¿Para qué emular a los demás?
¿Para qué aspirar a ser mejores?
¿Para qué renunciar al orgullo de la extravagancia?
¿Para qué ser como esos países que dan derechos a sus ciudadanos y les rinden cuentas?
¿Para qué ser como esos gobiernos que generan el crecimiento económico y combaten la corrupción y promueven el interés público?
Si México es tan excepcional gracias a la no reelección…
Es cierto, la reelección legislativa no resuelve el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo; no resuelve la falta de acuerdos.
Tampoco cura el acné o previene la caída del cabello.
Pero
Por ello México no cambia aunque sus habitantes quieren que lo haga.
Y no cambiará mientras su clase política siga imponiendo la voluntad de algunos sobre el destino de muchos.
Mientras haya tantos que no quieren someterse al escrutinio de los electores, que no quieren enfrentarse a quienes votaron por ellos, que no quieren regresar a sus distritos para explicar lo que hicieron con su tiempo y con el dinero de los contribuyentes.
viernes, 31 de julio de 2009
El lado oculto del PRI: sus aciertos (segunda y última parte)
| Debido a mi ausencia, se retrasó algo la publicación de la segunda parte de las reflexiones de Odracir y Felipe, mil perdones... aquí se las dejo. Hasta el lunes...
El lado oculto del PRI: sus aciertos (segunda y última parte) (Odracir Barquera Saláis y Felipe Serrano Llarena) En la entrega pasada nos enfocamos en la estabilidad y en la apertura democrática. En ésta tocaremos brevemente otros temas, como: la construcción, consolidación y respeto de la institucionalidad de México; creación de la red de infraestructura; una política exterior efectiva; y el prestigio internacional. El PRI se concibió en 1929 (como PNR) por iniciativa del Gral. Elías Calles, quien buscaba detonar la institucionalidad de México después del desgastante proceso de la Revolución y sus secuelas de caudillismos. Ese proceso devino de una dictadura de 33 años, precedida por la inestabilidad y violencia posteriores a la Independencia. Así, el gran reto era dotar a México de instituciones sólidas para implementar la vanguardista Constitución de 1917, para estabilizar al país y evitar el regreso a la ingobernabilidad. Entre los primeros pasos hacia la consolidación de la institucionalidad estuvo relevar al Ejército de las tareas electorales, transitando eventualmente hacia un sistema sólido y autónomo que culminó en instituciones como el IFE y el TEPJF. Pero los esfuerzos de institucionalización del país se hicieron en muchos otros ámbitos también; aquí sólo mencionaremos algunos ejemplos. En el ámbito económico, se profesionalizaron los cuadros de la SHCP y el Banco de México, consolidando a éste como uno de los bancos centrales más respetados a nivel internacional y dándole autonomía en 1994. También se crearon y consolidaron las instituciones de la Banca de Desarrollo del país. En el social, se diseñó el sistema de seguridad social que hasta hoy rige, creando del ISSSTE y el IMSS. Se abrió la Secretaría de Desarrollo Social, donde se diseñó la política social que en términos generales sigue vigente, creando programas como Solidaridad o como PROGRESA (hoy Oportunidades), que se ha replicado en 25 países y en la ciudad de Nueva York. En educación, se dio autonomía a la Universidad Nacional, fomentando su expansión y profesionalización, llevándola a máxima casa de estudios del país, la principal de América Latina, y de las 100 más reconocidas en el mundo. Paralelamente, se crearon universidades públicas autónomas en todos los estados. En gobernabilidad, la Secretaría de Gobernación se consolidó como el eje rector de la seguridad y la estabilidad política del país, contando con instrumentos especializados como el CISEN. Se coadyuvó a la profesionalización de las Fuerzas Armadas y se creó la Policía Federal Preventiva. En gestión pública, se creó la Secretaría de Control y Desarrollo Administrativo (hoy SFP), y como contrapeso se consolidó y profesionalizó la Contaduría Mayor de Hacienda (hoy ASF). En el año 2000, congruente con el respeto a la institucionalidad, el PRI asumió su derrota y dio paso a un proceso de alternancia pacífico y ordenado, apoyando al nuevo gobierno en la transición. Y ya como oposición, en 2006 demostró su responsabilidad desde el Congreso asegurando el quórum para permitir la toma de protesta del Pdte. Felipe Calderón, con el objetivo de evitar una crisis social y política mayor dada la polarización agudizada durante el periodo electoral. Sobre la infraestructura, si bien existen aún muchos retos, cabe recordar que se construyó la red carretera que a la fecha sigue intercomunicando al país, y que poco ha crecido en los últimos años. Se construyeron los puertos del país, que siguen operando. Se detonaron los principales complejos turísticos del país. Se levantaron las principales instalaciones, que siguen funcionando, tanto de PEMEX como de la CFE; llevando a ésta última a ser una empresa reconocida internacionalmente por su calidad y cobertura. Finalmente, en política exterior, durante los 71 años del PRI se delinearon los principios y preceptos que le valieron reconocimiento internacional a México. Se consolidó el Servicio Exterior Mexicano, generador de grandes cuadros diplomáticos. El país jugó importantes roles en diversos asuntos históricos, como Bretton Woods o el Tratado de Tlatelolco. Asimismo, medió en diversos conflictos en Centro y Sudamérica. Se hicieron contribuciones significativas al sistema internacional, como la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados o, en el ámbito partidista, la creación de la Confederación Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL). México vivió una época de amplio reconocimiento y prestigio internacional apoyado por diversos logros. Impulsó y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, primero en su tipo en el mundo. Firmó el Acuerdo de Asociación Económica, Cooperación Política y Cooperación con la Unión Europea, el primero con algún país de la región. Fue el primer país en vías de desarrollo en ser miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, hoy liderada por un mexicano). Con esto finalizamos esta segunda entrega. Consideramos que, así como hubo errores y excesos en los gobiernos del PRI, como se puede ver en las dos partes del artículo también hubo muchos aciertos cuyos beneficios seguimos viendo hasta la fecha, a 9 años de haber dejado la Presidencia. Como comentamos en la primera entrega, no es responsable sólo enfocarse en lo malo de un partido, particularmente cuando es sólo a ese partido al que se le exige la autocrítica, e incluso autodenigración. Al PRI se le ha asumido incapaz de cambiar de actitud y modernizarse. Pero en los hechos se ha demostrado lo contrario. Sin embargo, ese cambio que tanto se exige no es necesariamente visible en quienes con tanto ahínco lo demandan. Esto nos lleva a una reflexión: ¿no será que son precisamente aquellos que tanto nos cuestionan los que siguen en el pasado, incapaces de evolucionar y cambiar? Cerramos con este párrafo de "El valor de nuestra estirpe", discurso de la Lic. Beatriz Paredes en el 79 Aniversario del Partido: "Razones existen para sustentar nuestro orgullo de pertenencia al continuo Revolución–PNR–PRM–PRI, formamos parte del legado de la corriente histórica que estableció el principio de igualdad de todos frente a la ley; la libertad de los mexicanos de pensar, de escribir, de expresar y de crear, de reunirnos y asociarnos; la libertad de conciencia y de culto; que forjó al Estado mexicano como un estado laico, democrático y federal; que consagró a la educación pública y el libro de texto gratuito; que distribuyó más de la mitad del territorio nacional a través de la reforma agraria y reconoció patrimonio y espacio social a los campesinos; que reivindicó la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos; que perfiló un sistema de economía mixta alentando la inversión privada con sentido social; que consagró el derecho de huelga; que instituyó la seguridad social; que impulsó la Reforma Política para alcanzar un régimen de competencia electoral abierta; que, en síntesis, estableció las instituciones del México moderno". Los autores somos dos priistas jóvenes, que sí habemos aunque algunos lo duden, que estamos con el partido por convicción y abriéndonos espacios sin ser hijos de renombrados personajes. Estamos comprometidos con nuestro país, y vemos en el PRI la oportunidad de hacer algo por él. Es por eso que, aún con oportunidades e invitaciones de otros partidos, colaboramos desde nuestros espacios con el PRI, manteniendo siempre la apertura al diálogo y la colaboración, claves en el México de hoy. |



