Encuentro esta nota publicada en el Washington Post y en la newsletter semanal de Human Rights Watch y a primera vista parece una postura un tanto exagerada o quizá malinchista. El titular decía "Releasing the funds now would betray an important bilateral commitment to human rights and signal that the requirements weren't meant to be taken seriously." Pero si uno lee la nota y lo piensa con la cabeza fría, Castañeda tiene mucha razón. Por qué? muy sencillo, por que el Estado de Derecho en el que Calderón pretende basar su lucha contra el Narco está siendo minado al no respetarlo. La lógica calderonista se limita a decir "los malos no pueden violar la ley porque cometen actos malos, los buenos sí podemos porque nuestro fin es bueno" De ésta forma el Estado de Derecho se relativiza y se abre a las excepciones. "Podemos violar derechos humanos en la medida en que esas violaciones no sean muy graves y nos ayuden a llegar a nuestro fin: recuperar la gobernabilidad del país." Pero Calderón olvida dos cosas, que en la medida en que el Gobierno no respete el principio de legalidad, México deja de ser un Estado de Derecho y al dejar de serlo, todos pueden dejar de cumplir la ley. La percepción es "todo se vale, porque cada quien tiene sus motivos para actuar."
Un Estado de Derecho descansa en la aceptación por parte de todos de que no hay excepciones, de que la ley se debe obedecer (por los motivos que sean), y en la medida en que se acepte que el Estado de Derecho admite excepciones, éste deja de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado de hechos basado en la moral del más fuerte, del más valiente o de la mayoría. Porque si preguntamos a los cárteles sus razones para violar la ley, seguramente encontraremos que son también "válidas" desde su punto de vista, porque delinquen para subsistir o porque les parece bueno. Igual que las razones de Calderón y su gabinete y el ejército, para pasar por encima de la Constitución, "si se violentan las normas constitucionales, pero al final acaban con el Narco" piensan algunos "entonces, está bien." No, no está bien. Si México quiere ser un Estado de Derecho, debe, siempre, respetar las normas. No, no hay quien nos obligue, ni tampoco hay cárceles mundiales para los pueblos que deciden darse una Constitución y no obedecerla después. Pero es una contradicción lógica decir que queremos ser una democracia constitucional, y después simplemente actuar de forma ilegal.
Castañeda lo dice muy claro, si Estados Unidos otorga los recursos, enviará la señal "de que no se toma muy enserio los compromisos para respetar los Derechos Humanos" y eso sucede con Calderón. Al negar las violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, envía la señal de que no se toma muy enserio a la Constitución y a los Derechos Humanos y así, no hay lucha que valga, porque Sr. Presidente, el fin no justifica los medios. El Estado de Derecho no admite excepciones. Nunca. Y no hay "violaciones aisladas".
El artículo 29 de nuestra Constitución establece de manera clara que el Presidente con aprobación de su Gabinete y del Congreso podrá podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.
El Estado de Derecho implica que la autoridad SIEMPRE actúa conforme a las normas y en consecuencia, los individuos tendremos certeza sobre qué esperar de ella. Por qué no pensar en determinar un estado de excepción en donde se limiten por medio de una ley del Congreso ciertos derechos (como el de tránsito por mencionar uno que es violentado a diario por los retenes), donde se determine en qué medida puede reacomodarse el federalismo en una situación excepcional como la que vivimos, donde se nos diga qué pueden y qué no pueden las policías y soldados y donde se establezca las atribuciones del ejército en un caso como este.
Quienes reclamamos el apego estricto a la Constitución y a las leyes, no queremos que el Gobierno se cruce de brazos, pero sí esperamos que combata ilegalidad con legalidad y sobre todo, que se tome muy enserio los Derechos Humanos.
Derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico en México
by Jorge G. Castañeda y Kenneth Roth
August 18, 2009
Publicado en el Washington Post
La nota editorial del 13 de agosto (Mexico’s Drug War) afirma que sería “contraproducente” que Estados Unidos permita que la entrega de fondos para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico se demore por preocupaciones de derechos humanos. En realidad, la situación es exactamente inversa.
Las violaciones de derechos humanos representan un importante obstáculo para que México pueda mejorar la seguridad pública y contener la violencia vinculada con el narcotráfico. Mediante el abuso de la población civil, los soldados mexicanos han contribuido al clima de desorden y violencia que permitió la proliferación de los carteles. Los abusos también desalientan la cooperación pública que es esencial para combatir el tráfico de drogas.
Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron explícitamente incluir las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida con el propósito de ayudar a poner fin a esta peligrosa dinámica. No obstante, el Gobierno de México aún no ha cumplido con requisitos clave, como garantizar que los abusos militares sean investigados por autoridades civiles.
Entregar los fondos en este momento vulneraría un importante compromiso bilateral con los derechos humanos y enviaría la señal que estos requisitos no fueron creados para ser tomados en serio. Para México, representaría un grave revés para la política exterior (iniciada durante el gobierno de Fox) que fomenta los compromisos internacionales de derechos humanos y que propone utilizarlos para impulsar las reformas necesarias a nivel interno. También socavaría la credibilidad de los esfuerzos de Estados Unidos para promover derechos humanos.
Gran parte (el 85 por ciento) de los fondos de Mérida ya han sido autorizados, de modo que exigir el cumplimiento de estos requisitos de derechos humanos no supondría suspender la ayuda estadounidense para la lucha de México contra los carteles. Por el contrario, permitiría que estos fondos se utilizaran más eficientemente.
Jorge G. Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México y miembro de la Junta Directiva de Human Rights Watch, y Kenneth Roth, Director Ejecutivo, Human Rights Watch.
Also available in: English
http://www.hrw.org/en/news/2009/08/18/derechos-humanos-en-la-lucha-contra-el-narcotr-fico-en-m-xico
Un Estado de Derecho descansa en la aceptación por parte de todos de que no hay excepciones, de que la ley se debe obedecer (por los motivos que sean), y en la medida en que se acepte que el Estado de Derecho admite excepciones, éste deja de ser un Estado de Derecho para convertirse en un Estado de hechos basado en la moral del más fuerte, del más valiente o de la mayoría. Porque si preguntamos a los cárteles sus razones para violar la ley, seguramente encontraremos que son también "válidas" desde su punto de vista, porque delinquen para subsistir o porque les parece bueno. Igual que las razones de Calderón y su gabinete y el ejército, para pasar por encima de la Constitución, "si se violentan las normas constitucionales, pero al final acaban con el Narco" piensan algunos "entonces, está bien." No, no está bien. Si México quiere ser un Estado de Derecho, debe, siempre, respetar las normas. No, no hay quien nos obligue, ni tampoco hay cárceles mundiales para los pueblos que deciden darse una Constitución y no obedecerla después. Pero es una contradicción lógica decir que queremos ser una democracia constitucional, y después simplemente actuar de forma ilegal.
Castañeda lo dice muy claro, si Estados Unidos otorga los recursos, enviará la señal "de que no se toma muy enserio los compromisos para respetar los Derechos Humanos" y eso sucede con Calderón. Al negar las violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, envía la señal de que no se toma muy enserio a la Constitución y a los Derechos Humanos y así, no hay lucha que valga, porque Sr. Presidente, el fin no justifica los medios. El Estado de Derecho no admite excepciones. Nunca. Y no hay "violaciones aisladas".
El artículo 29 de nuestra Constitución establece de manera clara que el Presidente con aprobación de su Gabinete y del Congreso podrá podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo.
El Estado de Derecho implica que la autoridad SIEMPRE actúa conforme a las normas y en consecuencia, los individuos tendremos certeza sobre qué esperar de ella. Por qué no pensar en determinar un estado de excepción en donde se limiten por medio de una ley del Congreso ciertos derechos (como el de tránsito por mencionar uno que es violentado a diario por los retenes), donde se determine en qué medida puede reacomodarse el federalismo en una situación excepcional como la que vivimos, donde se nos diga qué pueden y qué no pueden las policías y soldados y donde se establezca las atribuciones del ejército en un caso como este.
Quienes reclamamos el apego estricto a la Constitución y a las leyes, no queremos que el Gobierno se cruce de brazos, pero sí esperamos que combata ilegalidad con legalidad y sobre todo, que se tome muy enserio los Derechos Humanos.
Derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico en México
by Jorge G. Castañeda y Kenneth Roth
August 18, 2009
Publicado en el Washington Post
La nota editorial del 13 de agosto (Mexico’s Drug War) afirma que sería “contraproducente” que Estados Unidos permita que la entrega de fondos para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico se demore por preocupaciones de derechos humanos. En realidad, la situación es exactamente inversa.
Las violaciones de derechos humanos representan un importante obstáculo para que México pueda mejorar la seguridad pública y contener la violencia vinculada con el narcotráfico. Mediante el abuso de la población civil, los soldados mexicanos han contribuido al clima de desorden y violencia que permitió la proliferación de los carteles. Los abusos también desalientan la cooperación pública que es esencial para combatir el tráfico de drogas.
Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron explícitamente incluir las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida con el propósito de ayudar a poner fin a esta peligrosa dinámica. No obstante, el Gobierno de México aún no ha cumplido con requisitos clave, como garantizar que los abusos militares sean investigados por autoridades civiles.
Entregar los fondos en este momento vulneraría un importante compromiso bilateral con los derechos humanos y enviaría la señal que estos requisitos no fueron creados para ser tomados en serio. Para México, representaría un grave revés para la política exterior (iniciada durante el gobierno de Fox) que fomenta los compromisos internacionales de derechos humanos y que propone utilizarlos para impulsar las reformas necesarias a nivel interno. También socavaría la credibilidad de los esfuerzos de Estados Unidos para promover derechos humanos.
Gran parte (el 85 por ciento) de los fondos de Mérida ya han sido autorizados, de modo que exigir el cumplimiento de estos requisitos de derechos humanos no supondría suspender la ayuda estadounidense para la lucha de México contra los carteles. Por el contrario, permitiría que estos fondos se utilizaran más eficientemente.
Jorge G. Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México y miembro de la Junta Directiva de Human Rights Watch, y Kenneth Roth, Director Ejecutivo, Human Rights Watch.
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